Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 93703
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Sala III del Tribunal de Casación, doctores Víctor Horacio Violini, Ricardo Borinsky y Ricardo Maidana, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver la causa número 93.703 (Registro de Sala número 26.473), caratulada “Lara Bobadilla, Wilder Ricardo s/ recurso de queja (art. 433 CPP) interpuesto por (el) Fiscal Gral.”, conforme el siguiente orden de votación: BORINSKY - VIOLINI - MAIDANA.
En lo que interesa destacar, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro confirmó la resolución del Juez de Garantías en cuanto se declaró la nulidad del acta policial que dio inicio a las actuaciones y todo lo obrado en consecuencia en los términos de los artículos 210, 225, 294, 321, 322 y 323 del Código Procesal Penal.
Contra dicho pronunciamiento el Fiscal General interpuso recurso de casación, cuya denegatoria motivó la presente queja (fs. 25/27vta.).
Radicadas las actuaciones con debida noticia a las partes, la Sala se encuentra en condiciones de resolver, por lo que se tratan y votan las siguientes
Primera: ¿Es admisible la queja traída?, en su caso, ¿es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
Primero. El recurso de casación fue interpuesto en forma tempestiva, por quien se encuentra legitimado a hacerlo y contra una resolución equiparable a sentencia definitiva, pues la nulidad de las actuaciones que dan inicio a la investigación preparatoria pone fin a la acción, no constando en el expediente otras pruebas independientes que permitan acreditar, en principio, el hecho que se investiga, por lo que corresponde, con dichos fundamentos, declarar admisible la queja traída por el Fiscal General, haciendo decaer lo manifestado por la Defensa sobre el punto (artículos 433, 450 y 452 del Código Procesal Penal).
Luego, en cuanto al pedido de nueva vista intentado por el Defensor Oficial ante esta Sede a fs. 31, el mismo es improcedente pues el presente se trata de un supuesto de trámite abreviado (artículos 464 y 465 del ritual), por lo que la parte debió verter sus argumentos sobre la improcedencia del recurso de casación en la primera oportunidad.
Segundo. La vía que se intenta contra la nulidad declarada por la Cámara respecto de la requisa policial llevada a cabo y que diera inicio a estas actuaciones seguidas contra Wilder Ricardo Lara Bobadilla y Gustavo Sandoval Pérez por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y todo lo actuado en consecuencia, deviene a todas luces procedente. Voy a las razones.
Contrariamente a lo sostenido por dicho Cuerpo, los funcionarios policiales intervinientes tenían motivos suficientes para actuar como lo hicieron, sin haberse vulnerado principio ni derecho alguno como se afirma desde la instancia anterior, es decir que existía una causa probable en palabras de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Cuenta Corwin (La Constitución de los Estados Unidos. Fraterna. Bs. As. 1.987, páginas 442 y siguientes) y aquí lo expongo, como lo vengo haciendo en numerosos precedentes, que durante años la definición aceptada generalmente de la palabra “arresto” fue la “puesta bajo custodia de una persona con el fin de que pudiese citársela a responder por la comisión de un delito”.
Pero la Corte amplía brusca y enfáticamente el concepto diciendo que en el uso de términos como detener y cachear hay cierta sugerencia en el sentido de que esa conducta policial escapa al alcance de la Cuarta Enmienda, porque ninguno de esos actos se eleva al nivel de una búsqueda o secuestro de acuerdo con el sentido de la Constitución, y considera como muy evidente que la Enmienda gobierna los apoderamientos de personas que no desembocan en un viaje a la estación de policía y la iniciación de un juicio por delito.
Agrega que con ello no se desdice de sus precedentes en el sentido de que, siempre que ello sea practicable, la policía debe obtener la previa aprobación judicial de las búsquedas y los secuestros mediante el procedimiento del mandamiento, pero que aquí se trata de un rubro entero de la conducta policial –la acción necesariamente rápida basada en las observaciones inmediatas del funcionario en la calle– lo que históricamente no estuvo y desde el punto de vista práctico no puede estar sometido al procedimiento del mandamiento -“Terry v. Ohio”, 392. U.S. 1,20 (1968)-.
Por tanto, los arrestos pueden continuar y continúan basándose en una causa probable, como es el caso, en el que, los agentes de policía que recorrían la zona por prevención, ven a dos hombres (uno de ellos Lara Bobadilla) discutiendo en forma muy alterada, observándose en sus cuerpos lesiones físicas productos de una riña y con el fin de evitar consecuencias delictivas ulteriores (artículo 293 del ritual) proceden a la identificación y requisa personal, momento en el que al nombrado se le encuentra entre sus ropas sustancias estupefacientes.
Por otras palabras, los policías actuaron en el desarrollo de tareas específicas por lo que resultó legítimo interceptarlo, registrarlo, aprehenderlo y secuestrar lo que consigo llevaba, como así el posterior procedimiento practicado a consecuencia de lo observado por el funcionario policial al cumplir con la certificación del domicilio de Lara Bobadilla que le fuera ordenada, es decir que las circunstancias que motivaron la actuación policial resultaron idóneas para ser consideradas “causas probables” que justifiquen dicho accionar, necesario para confirmar o descartar las sospechas generadas con lo observado por los agentes actuantes ante las conductas de los imputados y no sea todo ello fruto de un capricho de los agentes actuantes (doctrina de los artículos 293 y 294 incisos 5° del Código Procesal Penal).
Con todo lo expuesto, alcanza para hacer lugar a la peticionado por el Ministerio Público Fiscal y casar la decisión impugnada, con devolución de jurisdicción al Juez de Garantías interviniente para la prosecución del trámite, lo que así postulo al Acuerdo (artículos 18 de la Constitución Nacional; 293, 294 inciso 5°, 448, 450, 452, 460, 465, 530 y 532 del Código Procesal Penal) y, a esta cuestión, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión, el señor juez doctor Violini dijo:
Debo abrir respetuosa disidencia con el colega que abre el Acuerdo, visto que aún cuando se entendiera que la impugnada constituye una resolución equiparable a sentencia definitiva (en cuanto determina la imposibilidad de prosecución de la acción), el recurso no progresa.
El artículo 294 inciso 5º primer párrafo del ritual sienta la regla general de las requisas urgentes, las que deberán disponerse con arreglo al artículo 225, para cuyo caso sujeta la procedencia de la medida a la existencia de “motivos suficientes”, de lo que cabe deducir que, por más amplia que pueda ser la consideración de esos “motivos”, éstos deben existir en forma previa a la ejecución de la medida y ser alegados por quien invade esferas de intimidad constitucionalmente protegidas.
En el caso y sin perjuicio de que los numerarios policiales intervinieron al advertir un conflicto en la vía pública (discusión muy alterada entre dos sujetos), lo cierto es que al cese de ese accionar, no existía comportamiento alguno que mereciera injerencia estatal y que hubiera motivado la actuación policial, pese a lo argumentado por el recurrente, en cuanto justifica el cacheo preventivo en la ropa de los sujetos a los efectos de resguardar su propia seguridad, ante la posible existencia de algún elemento ofensivo, situación que tampoco surge del acta procedimental, por lo que, al no fundarse o acreditarse objetivamente el motivo por el cual los preventores lo requisaran, identificaran y trasladaran a la seccional policial, se desvanece la idea del actuar mediante razones de necesidad, razonabilidad y urgencia.
Menos aún, si posteriormente y con la finalidad de certificar el domicilio de Bobadilla, ingresan a su vivienda, nuevamente bajo la premisa de “razones de urgencia” al observar la presencia de un sujeto masculino que en el intento para darse a la fuga ingresa a la vivienda mencionada y arroja tres envoltorios de nylon, cuando nada impedía requerir la orden correspondiente, con lo que voy diciendo que concuerdo con el “a quo” en cuanto concluyó que lo actuado vulneró no sólo el derecho a la intimidad de Bobadilla, sino también las reglas del debido proceso legal (artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional).
En este andarivel, no surgiendo de las circunstancias comprobadas de la causa razones que habilitaran a los efectivos policiales para actuar como lo hicieron, el acto es nulo, por lo que entiendo que corresponde, y así lo propongo al Acuerdo rechazar la queja interpuesta, sin costas (artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional; 59, 201, 203, 207, 209, 210, 211, 219, 220, 222, 320, 433, 450, 465, 530 y 532 del Código Procesal Penal), y a esta primera cuestión, VOTO POR LA NEGATIVA.
A la misma primera cuestión, el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero al voto del doctor Borinsky, por sus fundamentos, y, a esta cuestión, también me pronuncio POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión que antecede corresponde hacer lugar a la queja y recurso de casación intentados por el Fiscal General, sin costas y casar la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal confirmatoria de la de primera instancia por la que se declaró la nulidad del procedimiento que diera inicio a las presentes actuaciones y todo lo actuado en consecuencia, con devolución de jurisdicción al Juzgado de Garantías número 3 de San Isidro para la prosecución del trámite (artículos 18 de la Constitución Nacional; 293, 294, 448, 450, 452, 460, 465, 530 y 532 del Código Procesal Penal). ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Violini dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Borinsky.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo dictando el Tribunal, la siguiente
R E S O L U C IÓ N
I. HACER LUGAR a la queja traída y al recurso de casación intentado por el Fiscal General, sin costas.
II. CASAR la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro confirmatoria de la de primera instancia por la que se declaró la nulidad del procedimiento que diera inicio a las presentes actuaciones y todo lo actuado en consecuencia.
III. DEVOLVER JURISDICCIÓN al Juzgado de Garantías número 3 de San Isidro para la inmediata prosecución del trámite.
Rigen los artículos 18 de la Constitución Nacional; 293, 294, 448, 450, 452, 460, 465, 530 y 532 del Código Procesal Penal.
Regístrese, notifíquese y remítase a origen para su archivo.
Suscripto y registrado en la ciudad de La Plata, bajo el N° , en la fecha indicada en la constancia de la firma digital del actuario (Ac. 3975/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/08/2020 11:36:29 - BORINSKY Ricardo -
Funcionario Firmante: 26/08/2020 11:51:56 - VIOLINI Víctor Horacio -
Funcionario Firmante: 26/08/2020 14:05:08 - MAIDANA Ricardo Ramón -
Funcionario Firmante: 26/08/2020 14:26:12 - ECHENIQUE Andrea Karina -
Fin de la sentencia