Abriendo la norma
Corte Suprema · Causa FSM 063507/2025/3/1/1/RH003
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar a la queja, se declara admisible el recurso extraordinario, se deja sin efecto la sentencia apelada y se declara que resulta competente el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (artículo 16, segunda parte, de la ley 48). Remítase la queja al tribunal de origen a sus efectos.
Vistos los autos “Recurso de hecho deducido por el Ministerio Público Fiscal en la causa Pantano, Luciano Nicolás s/ incidente de recurso extraordinario”, para decidir sobre su procedencia.
1. Que en la denuncia que dio inicio a las presentas actuaciones se atribuyó a Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte haber adquirido, a través de la firma Real Central SRL, un inmueble ubicado en la calle Misiones 4097 de la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, sin que existiera —según los denunciantes— capacidad económica suficiente para justificar dicha operación. Sobre esa base, se postuló la posible comisión del delito de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal. El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 3 de esta ciudad, ante el cual quedó radicada inicialmente la causa, se declaró incompetente y remitió las actuaciones al fuero Penal Económico, que rechazó la atribución de competencia, quedando así configurada una primera contienda negativa de competencia, la cual fue resuelta por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que atribuyó la competencia al fuero Penal Económico, sin perjuicio de señalar que debía examinarse también la cuestión relativa a la competencia territorial. A partir de ello, la defensa promovió una inhibitoria ante el Juzgado Federal de Campana, por considerar que ese órgano era el territorialmente competente al encontrarse el inmueble investigado dentro de su jurisdicción. La pretensión de la parte fue acogida favorablemente por el referido juzgado, que requirió al Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 10 que se inhibiera de seguir interviniendo. Este último rechazó el requerimiento Buenos Aires, 19 de noviembre de 2026 con base en que el núcleo de la investigación no se centraba en el inmueble de Pilar, sino en las alegadas maniobras económicas ligadas a la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) —vinculadas a la presunta administración fraudulenta de los directivos de dicha entidad en perjuicio de la misma (delito precedente)— cuyo domicilio se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, circunstancia que justificaba la intervención del fuero Penal Económico por razón de la materia y del territorio.
Se suscitó, en consecuencia, una contienda positiva de competencia, que fue resuelta por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín en favor del Juzgado Federal de Campana. Contra esa decisión, el Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de casación y luego queja por su denegatoria, la cual motivó la primera intervención de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que, por mayoría, anuló el pronunciamiento impugnado y dispuso remitir las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico para que resolviera la contienda. Recibidas que fueron las actuaciones por la Sala A de la referida cámara, esta asignó la competencia al Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 10.
En contra de dicha decisión, la defensa interpuso recurso de casación y luego queja ante su denegatoria en la que planteó diversos agravios, principalmente referidos a cuestiones territoriales. Dicha presentación directa fue admitida por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, la cual, en su segunda intervención, hizo lugar al recurso de casación y declaró competente al Juzgado Federal de Campana.
2. Que contra esa decisión interpuso recurso extraordinario federal el representante del Ministerio Público Fiscal, cuya denegatoria dio lugar a la presente queja.
En su apelación federal el impugnante argumenta que en el caso se ha suscitado una cuestión federal vinculada a la arbitrariedad de la sentencia, por proponer una exégesis irrazonable de las reglas sobre competencia, consagradas en los artículos 37 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, de conformidad con los estándares fijados por esta Corte en el análisis de cuestiones de competencia vinculadas con la naturaleza del delito y los momentos ejecutivos del mismo, el principio de economía procesal y la preeminencia del juez que previno. En esa dirección, señala que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal incurrió en un exceso jurisdiccional, infringió el principio de no contradicción, realizó un análisis fragmentado y aislado de los hechos y pruebas existentes sin visión de conjunto, emitió una decisión que no constituye una unidad lógica-jurídica y omitió pronunciarse sobre argumentos oportunamente propuestos y conducentes para la correcta definición de la competencia territorial. Ello importa, aduce, una severa violación a las reglas del debido proceso, por constituir una fundamentación meramente aparente, apoyada en conclusiones dogmáticas e inferencias sin base fáctica y jurídica. Todo lo cual deriva, en opinión del impugnante, en una “palmaria violación a la garantía del juez natural”. Entiende además que el caso tendría gravedad institucional.
En sustento de esos planteos el recurrente señala, en primer lugar, que lo expresado por uno de los jueces que integró la mayoría del tribunal a quo (Mariano Borinsky) en orden a la admisibilidad de la queja por casación denegada intentada por la defensa —que derivó en la apertura de la instancia casatoria y el dictado de la sentencia apelada— contradice lo señalado por ese mismo magistrado en orden a la anterior presentación sobre el mismo asunto y en el mismo expediente, ocasión en la que, en similares circunstancias, se había desestimado el recurso por considerar que la resolución recurrida (referida a cuestiones de competencia) no constituía una sentencia definitiva ni equiparable a tal.
En segundo lugar, el recurrente cuestiona que en la sentencia apelada se haya adoptado, tácitamente, la tesis defensista, según la cual la competencia territorial debería determinarse exclusivamente a partir del lugar donde se encuentra ubicado el inmueble adquirido por la firma Real Central S.R.L., por considerar que ese sería el principal hecho investigado y, por ende, el acto típico relevante a los fines del artículo 37 del Código Procesal Penal de la Nación. Entiende que lo resuelto es arbitrario, toda vez que la referida tesis “…no encuentra respaldo en las constancias de la causa y parte de una reconstrucción parcial del objeto procesal que prescinde de la evolución que tuvo la investigación desde sus inicios”. Considera que una lectura integral de las actuaciones permite advertir que no se investiga “exclusivamente la adquisición de un inmueble emplazado en la localidad de Villa Rosa, sino una presunta maniobra de lavado de activos que, desde su origen, fue concebida como una operatoria de naturaleza económica y financiera desarrollada mediante la utilización de personas jurídicas, modificaciones societarias y diversas operaciones patrimoniales”. En tal contexto, la existencia del inmueble constituyó según el impugnante “únicamente, el hecho que motivó la denuncia inicial y el primer indicador patrimonial que permitió inferir la posible existencia de aquella operatoria, pero de ningún modo abarca el objeto de investigación”.
En tercer lugar, el recurrente sostiene que habría una omisión deliberada de tratar los argumentos relativos a la existencia de indicadores objetivos que determinan la competencia territorial de los jueces federales con jurisdicción en esta ciudad. Aduce, en ese sentido, que debe darse intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 3 de esta ciudad. Por último, el representante del Ministerio Público Fiscal asevera que el caso en estudio “…indudablemente reviste interés institucional suficiente (Fallos: 253:465; 256:62; 263:135 y 299:249, entre otros), habida cuenta que se ha denunciado nada menos que a la Asociación del Fútbol Argentino, ente de indudable e indiscutible interés de la comunidad toda, ya que trasciende el marco natural de la causa y los intereses de las partes aquí comprometidas (art. 36 CN, cf., Fallos: 343:168)”.
mutatis mutandi, 3°) Que al mantener el recurso interpuesto por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal, el señor Procurador General interino argumenta que resulta evidente que “no existen puntos de contacto jurídicamente relevantes con la jurisdicción territorial de Campana, pues que allí se encuentre un inmueble cuya adquisición se sospecha que pudo ser una inversión de dinero proveniente de un delito sólo podría justificar la intervención del juez del lugar si, a falta de mayor información sobre el hecho, allí hubiera comenzado el trámite por denuncia o prevención; y únicamente a fin de practicar la investigación suficiente para conocer las circunstancias que permitieran pronunciarse de manera fundada acerca de la competencia. Sin embargo, surge de los antecedentes narrados en la apelación federal (y también en el expediente vinculado CCC 66191/2025 actualmente sometido a la consideración de V.E.) que, por el contrario, el sumario se inició ante el juzgado federal de la ciudad de Buenos Aires y que hubo repetidos e infundados intentos de desplazar la competencia hacia la sede de Campana, pese a estar establecido que ninguna acción con relevancia típica fue cometida en esa jurisdicción, ni existen otros elementos que puedan ser tenidos en cuenta para favorecerla, conforme los criterios imperantes en la materia (domicilio de las personas humanas o jurídicas, sede de la administración, lugar de celebración de los actos jurídicos importantes, etc.)”.
4. Que los pronunciamientos que resuelven cuestiones de competencia no autorizan, por regla, la apertura de la instancia del artículo 14 de la ley 48, pues dichas decisiones no constituyen sentencia definitiva en tanto no impiden la prosecución del proceso ni se pronuncian de modo final sobre el fondo del asunto, salvo que medie denegatoria del fuero federal (lo que no se verifica en el caso) o que haya circunstancias excepcionales que permitan equiparar esos interlocutorios a pronunciamientos definitivos (Fallos: 302:1626; 315:66, entre muchos otros). En esa línea, el Tribunal tiene resuelto que es equiparable a definitiva la sentencia que afecta de modo severo e inequívoco a la garantía del juez natural (artículo 18 de la Constitución Nacional), supuesto en que el problema exige una consideración inmediata por tratarse de la única oportunidad para su tutela adecuada.
Así, en “Scania Argentina S.A.” (Fallos: 330:4094) consideró equiparable a la sentencia definitiva lo resuelto acerca de la competencia a los fines del recurso extraordinario, pese a no mediar denegación del fuero federal, porque lo decidido en torno a la competencia comportaba un evidente apartamiento de las constancias de la causa y la normativa aplicable, que no admitía otra vía de revisión. Se dijo allí que el “caso presenta sub examine particularidades que justifican hacer excepción de dicha doctrina, ya que la decisión apelada atribuye competencia a la justicia federal de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, en desmedro de la del juez nacional con competencia en lo comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pactada expresamente por las partes, sobre la base de un razonamiento que se aparta de las disposiciones legales aplicables y no admite otra vía de revisión (Fallos: 313:1272 y sus citas)... en tales condiciones, la sentencia recurrida carece de adecuada fundamentación y traduce un obrar con evidente apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, lo que -aun cuando se exterioriza en un conflicto entre tribunales federales y nacionales- ratifica la necesidad institucional de la intervención de esta Corte para arbitrar las medidas destinadas a encauzar y corregir los excesos deformantes del trámite del litigio (doctrina de Fallos: 327:3515, considerando 9°; Competencia N° 598.XLIII. 'Multicanal S.A. y otro c/ CONADECO - 527/05 y otro', sentencia del 12 de junio de 2007)”. Concluyó en virtud de ello que estaban vulneradas las garantías de debido proceso y juez natural invocadas por el recurrente (considerando 6°). En “Freire Díaz” (Fallos: 342:278), con base en el supuesto de excepción referido, esta Corte dejó sin efecto un pronunciamiento que declaró la competencia de la justicia federal de Mendoza para investigar una estafa procesal sin “ningún argumento válido”, pues “esta(ba) fuera de discusión que la referida causa tramitó ante la justicia federal de Rosario (Provincia de Santa Fe), y que todos los actos desarrollados por los imputados se vincularon a las actuaciones allí radicadas”, por lo que “va de suyo que el presunto delito se habría cometido dentro de la jurisdicción del fuero federal de aquella ciudad y provincia, motivo por el cual solo aquel puede resultar competente para entender”.
En “Kirchner” (Fallos: 345:440) el Tribunal volvió a examinar la cuestión. Analizó un conjunto de precedentes relativos al alcance de los supuestos en que corresponde equiparar a definitiva, de modo excepcional, una sentencia que no reviste tal carácter —supuestos entre los cuales figura de modo primordial la afectación de la garantía del juez natural, tal como surge de las decisiones allí citadas— y llegó a la conclusión de que una “prístina y grosera violación a las reglas de competencia” puede justificar la intervención de la Corte antes de la finalización del pleito, como único remedio eficaz (considerando 11, in fine).
5. Que este supuesto de excepción se verifica en el caso, pues la garantía de juez natural se ha visto afectada de modo severo e inequívoco a través de una prístina y grosera violación a las reglas de competencia y un evidente apartamiento de las constancias de la causa y la normativa aplicable, que no admite otra vía de revisión y, por ello, justifica la intervención del Tribunal para evitar los excesos deformantes del trámite del litigio.
6. Que la sentencia apelada ha incurrido en esos déficits al sostener que la competencia territorial debería determinarse exclusivamente a partir del lugar donde se encuentra ubicado el inmueble adquirido por la firma Real Central SRL, por considerar que ese sería el principal hecho investigado y, por ende, el acto típico relevante a los fines del artículo 37 del código referido. Si se atiende a las constancias de la causa y a la evolución que tuvo la investigación desde sus inicios, es claro que se trata de una pesquisa compleja de lavado de activos, a través de un presunto entramado societario y financiero destinado a canalizar, administrar y legitimar activos de origen presuntamente ilícito mediante la utilización coordinada de diversas personas físicas y jurídicas.
La existencia del inmueble constituyó el hecho que motivó la denuncia inicial y el primer indicador patrimonial que permitió inferir la posible existencia de aquella operatoria pero, contrariamente a lo que afirma de manera dogmática el tribunal apelado, de ningún modo abarca el objeto de investigación. Una lectura integral de las actuaciones permite advertir, en efecto, que no se investiga exclusivamente la adquisición de un inmueble emplazado en la localidad de Villa Rosa, sino una presunta maniobra de lavado de activos que, desde su origen, fue concebida como una operatoria de naturaleza económica y financiera desarrollada mediante la utilización de personas jurídicas, modificaciones societarias y diversas operaciones patrimoniales.
A medida que avanzó la pesquisa, el objeto procesal fue ampliándose mediante sucesivos requerimientos de instrucción fiscal, a partir de nuevas denuncias y de los elementos que fueron incorporándose al expediente. Así, se comenzó a investigar a otras personas físicas y jurídicas, nuevas sociedades comerciales, relaciones patrimoniales, transferencias de fondos, vehículos de alta gama, inmuebles, sociedades constituidas en distintas jurisdicciones e incluso circuitos financieros internacionales presuntamente vinculados con la administración de recursos de la Asociación del Fútbol Argentino y el desvío de fondos en su perjuicio. Varias de las personas jurídicas involucradas registraban domicilios legales u operativos en esta ciudad, y la Asociación del Fútbol Argentino —entidad alrededor de la cual se habría estructurado parte de la hipótesis investigativa— también poseía su sede social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (calle Viamonte 1366/76 de esta ciudad).
La hipótesis investigada comprende también entonces la constitución y modificación de sociedades, la cesión de participaciones, la ampliación de capital, la administración de personas jurídicas y la adopción de decisiones comerciales vinculadas con la adquisición y utilización de diversos activos. La mayor parte de esos elementos aparece territorialmente asociada con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tenían sede las sociedades involucradas y donde se habrían desarrollado actos centrales de la operatoria. Estas circunstancias integran un cuadro objetivo que deja en evidencia que el Partido de Pilar no era en modo alguno el centro de dirección y desenvolvimiento de la actividad bajo investigación. La vinculación de esa jurisdicción con el caso deriva únicamente de la ubicación de un inmueble, el cual estaría inscripto a nombre de personas que se sospechan testaferros de los verdaderos autores del delito, pero no sirve para dirimir la competencia territorial cuando la hipótesis delictiva consiste en la presunta existencia de una red internacional de intermediarios que habrían operado entre los años 2021 y 2025, a los efectos de canalizar fuera del circuito bancario argentino fondos obtenidos por la AFA mediante un complejo circuito financiero. Se denunció, asimismo, que los activos mencionados precedentemente habrían seguido circulando, ya sea mediante la conversión de remesas en efectivo o la realización de actos como la compra de propiedades (entre ellas, la quinta sita en la calle Misiones 4097 de la localidad de Villa Rosa, Pilar, Provincia de Buenos Aires), vehículos (54 vehículos a nombre de Real Central SRL, algunos de colección, entre otros), caballos árabes y de pura sangre, y otros bienes de valor en el mercado.
La decisión apelada, en suma, prescinde de modo manifiesto de las constancias de la causa al sostener que la competencia territorial debe determinarse exclusivamente a partir del lugar donde se encuentra ubicado el inmueble adquirido por la firma Real Central SRL.
La sentencia se aparta también de la normativa legal aplicable. El tipo previsto en el artículo 303 del Código Penal reprime una pluralidad de conductas —entre otras, convertir, transferir, administrar, vender, gravar bienes provenientes de un ilícito— que, tratándose de maniobras complejas de legitimación de activos, normalmente se desarrollan mediante una sucesión de decisiones económicas y jurídicas que exceden ampliamente la mera adquisición de un bien determinado. En ese marco, es claro que la investigación de una organización destinada a canalizar fondos mediante sociedades comerciales, ampliaciones de capital, modificaciones societarias, adquisiciones patrimoniales y otras operaciones económicas, abarca un universo mucho más amplio que la compra de un inmueble, para convertirse en la pesquisa de una maniobra unitaria de lavado de activos cuya ejecución comprende numerosos actos sucesivos e interrelacionados. Por ello, la determinación de la competencia territorial no puede hacerse tomando únicamente en cuenta el lugar donde se encuentra uno o algunos de los bienes involucrados, en tanto la maniobra puede desarrollarse mediante una sucesión de decisiones societarias, operaciones comerciales, actos de administración, movimientos de fondos e instrumentaciones jurídicas de variada naturaleza y realizadas en distintas jurisdicciones.
7. Que la sentencia apelada ha omitido también pronunciarse sobre argumentos oportunamente propuestos y conducentes para la correcta definición de la competencia territorial. Centró su análisis en la competencia en razón de la materia —competencia del fuero federal o del penal económico— pero pasó por alto los agravios del Ministerio Público Fiscal relativos a la competencia territorial, según los cuales corresponde que intervenga la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El juez Barroetaveña ignoró lo planteado por el fiscal Villar en torno a la competencia territorial, mientras que el juez Borinsky, tras aludir a “las alegaciones efectuadas por el Fiscal General ante esta Cámara en el acápite V de sus breves notas”, afirmó que “de su lectura se advierte que el propio Fiscal admite que las supuestas circunstancias allí alegadas '…no se circunscriben al recurso aquí presentado por la defensa de Pantano y Conte', motivo por el cual, en tanto excede el objeto de la presente incidencia de competencia, no corresponde efectuar consideraciones al respecto”.
En definitiva, la cámara de casación, al reseñar el recurso del fiscal general Villar, reconoció que el Ministerio Público había planteado la existencia de elementos objetivos que, a juicio del órgano fiscal, eran suficientes para vincular territorialmente el hecho con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que debía investigarse en el fuero de excepción de esta jurisdicción, pero omitió deliberadamente analizar sus argumentos.
8. Que corresponde que esta Corte determine, a los fines de encauzar el litigio y corregir los excesos deformantes de su trámite (Fallos: 330:4094), cuál es el juzgado que debe intervenir en razón del territorio.
9. Que, previo a todo, debe señalarse que la competencia federal del delito de lavado de activos de origen ilícito nunca estuvo controvertida. Tanto la defensa como la acusación postularon su carácter federal (cf. Fallos: 341:1607; 345:384; en el mismo sentido, CSJ 3441/2015/CS1 “Olivetto, José Luis y otro s/ infracción art. 303 inc. 2A”, sentencia del 10 de mayo de 2016; CFP 4557/2021/3/CS1 “Recagno, Federico Juan s/ incidente de incompetencia”, sentencia del 25 de junio de 2024). De manera que el único punto que esta Corte debe determinar es qué juzgado federal, concretamente, debe intervenir en la presente causa.
Toda vez que la competencia penal en razón del territorio se establece atendiendo al lugar donde se ha consumado el delito que se encuentra bajo investigación y que los hechos tuvieron lugar en diferentes jurisdicciones territoriales, la contienda debe resolverse teniendo en cuenta los distintos lugares donde se habrían desarrollado actos con relevancia típica (Fallos: 340:891 y sus citas).
Las propias constancias de esta causa proporcionan elementos objetivos suficientes para vincular territorialmente el hecho con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Real Central SRL, sociedad a través de la cual se habría adquirido el inmueble, registraba su sede social en esta ciudad. La adquisición del inmueble a través de la escritura pública n° 66, de fecha 30 de mayo de 2024, mediante la cual se habría formalizado la venta a Central Park Drinks SRL, fue celebrada en un domicilio situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A ello debe sumarse que en este ámbito se encontraba radicada la sede de la AFA al momento de la comisión de los hechos (calle Viamonte 1366/76 de esta ciudad), y con actividad constatada allí hasta principios de este año. En ese lugar fue donde se habrían llevado a cabo los actos de gobierno de la entidad, de disposición y administración de los fondos vinculados a su actividad institucional, y de aquella actividad marginal de su dirigencia y/o allegados que habría implicado el desvío de fondos, ocultamiento a la propia institución AFA y a las autoridades estatales (ARCA, IGJ, entre otras). Además de ser el ámbito capitalino aquel donde se encuentran los domicilios de las empresas y personas denunciadas (cf. Fallos: 271:121; 306:1422; 316:820; 329:1921; 330:187 y 330:205, entre otros), es también donde se habrían cometido hechos precedentes (administración infiel, desbaratamiento de derechos acordados, etc.). A todo ello se suma que la justicia federal de esta ciudad fue la que previno.
10. Que, por añadidura, también cabe tener presente que recientemente esta Corte Suprema ha sido llamada a ejercer la función que le confiere el artículo 24, inciso 7°, del decreto-ley 1285/58 en contiendas de competencia vinculadas a los hechos objeto de este proceso. Así, el 5 de noviembre de este año se declaró la competencia de la justicia nacional penal ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para seguir investigando una denuncia contra dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de la entidad, que serían constitutivas de la denunciada administración fraudulenta de los directivos de dicha entidad en su perjuicio, como así también para continuar la pesquisa respecto del delito de balance falso que se atribuyó a algunos directivos de la misma asociación. Con independencia de la naturaleza de los delitos investigados, en lo que aquí interesa, el Tribunal llegó a esas conclusiones sobre la base del análisis de elementos de orden fáctico que vinculan de manera directa las actividades investigadas con el ámbito territorial de esta Capital Federal y que, por ello, resultan relevantes para resolver la cuestión aquí examinada.
Así, al resolver la Competencia CCC 66191/2025/4/CS1 “Gillette, Gabriela Érica y otros s/ incidente de competencia”, esta Corte rechazó el planteo de inhibición formulado por el Juzgado Federal de Campana y determinó la competencia del fuero nacional en lo criminal y correccional de esta ciudad, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino. El referido dictamen compartió e hizo propias las “buenas razones” esgrimidas por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad al revocar la decisión adoptada en sentido opuesto por la jueza de grado y rechazar la inhibitoria planteada por el juez federal de Campana. En esa decisión, al analizar la competencia en razón del territorio, la cámara de apelaciones destacó que la gestión de la AFA (a cuyos directivos se les atribuye, según la hipótesis de los acusadores, ser titulares de los presuntos fondos de origen ilícito objeto de la maniobra de reciclaje investigada) tenía asiento real en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por más que una de las variadas aplicaciones de fondos e inversiones que se analizan como posibles casos de lavado de activos se haya materializado en la localidad de Pilar, mediante la adquisición de la quinta de Villa Rosa. El análisis de esos elementos vinculados al ámbito territorial en el que se habrían desarrollado los hechos fue, como se dijo, compartido por esta Corte. A su vez, en la causa CPE 286/2026/1/CS1 "Tapia, Claudio Fabián y otro s/ incidente de competencia", iniciada por la denuncia presentada por Guillermo Tofoni por el delito de balance falso (artículo 300, inciso 2°, del Código Penal), este Tribunal también declaró la competencia del fuero nacional en lo criminal y correccional de esta ciudad. El Tribunal decidió, de conformidad con el dictamen de la Procuración General de la Nación, que la omisión que se denuncia en los balances de la AFA se refiere a movimientos relacionados con la administración fraudulenta que se investiga en la causa CCC 66191/2025/4/CS1, ya citada, razón por la cual mantuvo la competencia en el citado fuero nacional, siempre dentro del ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
11. Que, en suma, el decisorio apelado no cumple con la exigencia que demanda que las sentencias constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias efectivamente comprobadas en la causa (Fallos: 311:948; 311:2402; 311:2547; 313:559; 315:2969; 316:2718; 319:103 y 321:1909), lo que impone que sea dejado sin efecto.
12. Que, dado que la investigación y delimitación fáctica y jurídica de los hechos denunciados se encuentra en una etapa preliminar, que evidentes razones de economía procesal así lo imponen, y teniendo en cuenta lo que surge del primer párrafo del considerando 9°, corresponde a la justicia federal que previno continuar con el trámite de las actuaciones, sin perjuicio de lo que resulte ulteriormente en orden al establecimiento con mayor exactitud de los hechos denunciados, su alcance y su significación jurídica.
Por ello, se hace lugar a la queja, se declara admisible el recurso extraordinario, se deja sin efecto la sentencia apelada y se declara que resulta competente el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (artículo 16, segunda parte, de la ley 48). Remítase la queja al tribunal de origen a sus efectos. Notifíquese y cúmplase. Firmado Digitalmente por ROSATTI Horacio Daniel Firmado Digitalmente por ROSENKRANTZ Carlos Fernando Firmado Digitalmente por LORENZETTI Ricardo Luis Recurso de queja interpuesto por Mario Alberto Villar, Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Tribunal de origen: Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.
Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 10.
Fin de la sentencia