Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128611
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja efectuada por el señor Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Alejandro Javier Quevedo, con costas (art. 486 bis del CPP, según ley 14.647).
“QUEVEDO, ALEJANDRO JAVIER S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 63.360 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN, SALA V”.-
La Plata,27 de septiembre 2017
La presente causa P. 128.611-RQ, caratulada: “Quevedo, Alejandro Javier s/ Recurso de queja en causa N° 63.360 del Tribunal de Casación, Sala V”.
I. La Sala V del Tribunal de Casación Penal, merced a la resolución dictada el 3 de noviembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor Defensor Oficial Adjunto a favor de Alejandro Quevedo, contra la decisión de dicha sala, por la que se confirmó el fallo del Tribunal en lo Criminal N° 1 de San Martín, que había dispuesto la condena del nombrado a la pena de siete años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas y declaración de reincidencia, en orden a los delitos de robo calificado por el empleo de arma de fuego y robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, resistencia a la autoridad, abuso de armas y portación ilegal de arma de guerra, en concurso real entre sí, en calidad de coautor, y se dejó sin efecto la unificación de penas dispuesta en el punto III de la parte resolutivo del fallo de primera instancia por haberse aplicado erróneamente el art. 58 del C.P. (fs. 58-60 vta.).
II. El doctor Daniel Aníbal Sureda, Defensor Oficial Adjunto, dedujo queja en los términos del art. 486 bis del CPP (fs. 64-68 vta.)-
Señaló que –luego de indicar encontrarse en una situación de incertidumbre procesal y denegación de justicia- denunció la arbitrariedad de la sentencia por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes de la Corte nacional y de este Tribunal, planteando el quebrantamiento del debido proceso, la defensa en juicio y la prohibición de la reformatio in peius al haberse empeorado su situación procesal sin recurso del acusador público. (fs. 66 vta.).
Expresó que se formuló un planteo de naturaleza federal –la arbitrariedad del fallo- que fue vinculado con las circunstancias específicas de la causa y se mencionó el concreto perjuicio que le ocasiona a Quevedo el pronunciamiento, esto es los posibles efectos que provocaría un nuevo análisis de la unificación de las penas dispuesta en la sentencia, en tanto podría modificar en su perjuicio el cómputo de la pena unificada, por lo que se dan las condiciones de los caos “Strada” y “Di Mascio” para la intervención de esta Corte como recaudo de admisibilidad de un potencial remedio federal (fs. 66 vta.-67 y 54 vta.-57).
Afirmó que en el juicio de admisibilidad el a quo ha tratado de encubrir su propia omisión en transgresión a la garantía de imparcialidad del juzgador y con el consiguiente menoscabo del derecho a la jurisdicción que posee el justiciable (fs. 67-68).
III. La presentación directa resulta improcedente.
En efecto, la Casación cimentó la inadmisibilidad de la vía de inaplicabilidad de ley interpuesta en la ausencia de los requisitos objetivos previstos por el art. 494 del CPP y en el hecho de que el pretendido planteo federal articulado –más allá de su alegación genérica- no exhibe relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto en el caso, en tanto se refiere al cómputo de pena que es un supuesto que no encaja en el art. 14 de la ley 48. Puntualizó, además, que la arbitrariedad adjudicada al fallo no es hábil para configurar en embate que se subsuma en dicha doctrina excepcional y que, en definitiva, el recurso no posee la aptitud y la carga técnica necesarias para dejar de lado los mentados límites de la recurribilidad (fs. 59-60).
Los argumentos traídos para rebatir la motivación del a quo, más allá de su dogmatismo y de su imprecisión, no son suficientes para enervar el juicio negativo efectuado, en tanto sólo ofrecen una perspectiva subjetiva diversa a la del decisorio y no evidencian el pretendido yerro en su fundamentación.
Es más, al sólo cuestionar los posibles efectos negativos de un eventual cómputo de pena que deberá llevarse a cabo una vez que las instancias de mérito apliquen el dispositivo del art. 58 del C.P., sin perjuicio de la definitividad del acto sentencial impugnado, los agravios carecen de un gravamen concreto y actual.
Por último, el agravio formalizado en relación a las previsiones que la ley procesal diagramó para el primer control de admisibilidad sobre los recursos previstos en el art. 479 del CPP y la violación al principio de imparcialidad del juzgador son el producto de una reflexión tardía al no haber sido introducidos tempestivamente en la causa y, por ende, obsta a su atendibilidad en este ámbito en el que el objeto de la impugnación se circunscribe al contenido de la motivación del juicio negativo efectuado por el a quo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar la queja efectuada por el señor Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Alejandro Javier Quevedo, con costas (art. 486 bis del CPP, según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia