Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128735
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, con costas, la queja interpuesta por el señor defensor oficial a favor de Carlos Javier Cantero (arts. 486 bis, CPP).
"CANTERO, CARLOS JAVIER S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 73.041 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA IV".
La Plata, 21 de marzo de 2018.
La presente causa P. 128.735-RQ, caratulada: "Cantero, Carlos Javier s/ Recurso de queja en causa N° 73.041 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala IV del Tribunal de Casación, mediante el pronunciamiento del 26 de abril de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la entonces defensa particular de Carlos Javier Cantero contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que rechazó -por improcedente- el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial San Isidro que -en lo que interesa- había condenado al nombrado a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego, en calidad de cómplice o partícipe necesario (v. fs. 57/59).
Para así resolver, en primer lugar expuso que la parte en la vía denegada había denunciado que la queja no consistió en meras discrepancias acerca de la apreciación de los hechos sometidos a su consideración, sino que excedían el marco del simple error para entrar en el terreno de la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, con la consiguiente aplicación errónea de las normas; arbitrariedad en la valoración de los testimonios, lo que conllevó a la vulneración de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y de igualdad ante la ley; y falta de logicidad en la sentencia recurrida.
Sentado ello, luego de aludir a lo normado por el art. 494 del Código Procesal Penal, indicó que no se encontraban abastecidos ni el requisito del monto de pena ni la naturaleza de los agravios vertidos.
De seguido expuso que, si bien el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye -habitualmente- el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, la admisibilidad del reclamo en dicho marco no se satisface con la mera invocación de una cuestión de ese tenor, sino que es menester su correcto planteamiento; situación que no se patentiza en autos, pues la parte se desentiende de lo efectivamente resuelto ante el mismo agravio planteado "sin evidenciar arbitrariedad y falta de fundamentación en lo definitivamente pronunciado" (v. fs. 58 vta.).
Concluyó que la defectuosa formulación de tales planteos descarta la concurrencia de algún supuesto de excepción que imponga que tal precepto sea dejado de lado.
II. Frente a ello, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, articuló recurso de queja (v. fs. 62/69 vta.).
Recordó que en la vía denegada se habían denunciado tres agravios desde la arista de la arbitrariedad: 1) rechazo del planteo de la participación de Cantero en el robo cometido por Villalba y Castro mediante afirmaciones dogmáticas y fundamentos meramente aparentes; 2) vulneración al principio in dubio pro reo; y 3) la falta de logicidad en la sentencia (v. fs. 64 y vta.).
Como fundamento de la vía directa adujo que el recurso fue erróneamente desestimado.
Destacó la aplicación al caso de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio" (v. fs. 65).
Tachó a la negativa de arbitraria "pues se la funda de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas" (fs. 65 vta.).
En primer lugar, señaló que la circunstancia de que el a quo no haya diferenciado el tratamiento de la admisibilidad respecto de los tres planteos formulados, y la utilización de los términos sumamente genéricos empleados, evidencian que la casación no analizó circunstanciadamente cada uno de los agravios invocados y tal déficit vicia la decisión en cuestión e impide tener por válido el control de admisibilidad efectuado. En sustento de ello trajo a colación las causas P 127.513 y P. 126.975 (v. fs. 65 vta.).
Sumó a ello "que dado que no se comprende si los fundamentos expresados se refieren al agravio n° 1 ó n° 2 ó n° 3 o trata los tres agravios conjuntamente, a pesar de ser sustancialmente diferentes y haber sido planteados individualmente en forma fundada, dicho fallo también vulnera el derecho a la defensa en juicio y al debido proceso por resultar arbitrario" (fs. 66).
Por fuera de ello, entendió que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte federal por vía del recurso extraordinario en atención a que: 1) el agravio es de índole federal pues: a) se denunció la arbitrariedad de la sentencia que confirmó el fallo condenatorio que involucraba la vulneración a las garantías constitucionales a la defensa en juicio al debido proceso, en base a afirmaciones dogmáticas que no se ajustaban a derecho; b) se alegó que el Tribunal de Casación emitió un decisorio arbitrario y violatorio del principio in dubio pro reo en tanto arribó a una sentencia condenatoria valorando sólo los elementos de cargo; y c) se debatió en él que aquél dictó una sentencia arbitraria en relación a la falta de logicidad en su fallo; 2) esas cuestiones federales se vinculan de manera directa con la solución del caso; fueron oportunamente planteadas y el gravamen es actual (v. fs. 66 cit./67).
En consecuencia, sostuvo que el límite previsto en el art. 494 del Código Procesal Penal debía ser inaplicado o declarado inconstitucional (v. fs. 67 vta.).
Para más, consideró que el Tribunal de Casación ingresó impropiamente en aspectos que exceden el mero examen de la admisibilidad formal del recurso, en tanto importan pronunciarse sobre el acierto o no del contenido de su propia sentencia, con la consiguiente desnaturalización de la función que le asigna el art. 486 del ritual (v. fs. 68).
También dijo que el a quo sostuvo infundadamente que los planteos federales de la defensa habían sido defectuosamente articulados mediante fórmulas genéricas y abstracta y que dicha afirmación no se ajusta a las constancias de la causa (v. fs. 68).
III. El juicio negativo debe mantenerse.
Ello, en tanto la parte -por un lado- esgrime una opinión discrepante acerca del modo en que el Tribunal de Casación llevó a cabo el juicio de admisibilidad.
Por el otro, no removió con eficacia el obstáculo formal que obturó el acceso a esta instancia, en tanto limitó a reiterar los motivos de agravios formulados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, más no hizo ningún esfuerzo por demostrar que los mismos (v. fs. 47/56 vta.) fuesen continentes de cuestiones federales que -planteadas en forma adecuada- hubiesen tornado imperativo un pronunciamiento sobre el fondo de las mismas, de acuerdo con el criterio sentado por la Corte federal en los precedentes "Strada" y "Di Mascio".
IV. Por último, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal carece de virtualidad en la medida en que lo decidido no se funda, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se hallan exteriorizados de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar, con costas, la queja interpuesta por el señor defensor oficial a favor de Carlos Javier Cantero (arts. 486 bis, CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia