Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128808
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la queja interpuesta por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal y declarar mal denegado el recurso articulado ante la Sala Sexta de dicho órgano (art. 486 bis, CPP).
2Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 26/33 (art. 494, CPP).
"ALTUVE, CARLOS ARTURO S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 62.435 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA VI, SEGUIDA A A.O.A.".
La Plata, 27 de diciembre de 2017.
La presente causa P. 128.808-RQ, caratulada: "Altuve, Carlos Arturo s/ Recurso de queja en causa N° 62.435 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI, seguida a A.O.A.",
I. La Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal hizo lugar parcialmente al remedio de la especialidad interpuesto por la defensa particular del imputado A.O.A. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Dolores que lo había condenado a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración, agravado por la situación de convivencia preexistente. En consecuencia, casó la decisión impugnada a nivel de la adecuación típica y la determinación de la pena, declarando que la calificación legal aplicable era la de abuso sexual agravado por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma y fijando la pena en cinco años de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 18/25 vta.).
II. Ante tal escenario, el señor Fiscal doctor Carlos Arturo Altuve- articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 26/30) el que fue declarado inadmisible por la sede casatoria, mediante el pronunciamiento dictado el 9 de marzo de 2017 (v. fs. 31/33).
Para así decidir, sostuvo que si bien el Fiscal solicitó la pena de quince años de prisión, con lo cual se encontraba cumplido dicho recaudo que exigía el art. 494 del Código Procesal Penal, no ocurría lo mismo con la manda del art. 495 del rito desde que el impugnante esbozaba una mera discrepancia personal sin lograr contrarrestar los fundamentos del fallo atacado, limitándose a afirmar que el pronunciamiento carecía de fundamentación porque se apartaba de lo dispuesto por el Tribunal de origen, pero sin esbozar los fundamentos que sostendrían la inobservancia de la ley sustantiva que aclamaba (v. fs. 31 vta./32).
Señaló que en rigor de verdad, su reclamo apuntaba a cuestiones de hecho y prueba, tema ajeno en principio- al recurso impetrado (v. fs. 32),
De seguido, refirió que la vía articulada constituía el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, a fin de permitirle al impugnante transitar por el superior Tribunal de la causa, como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal, conforme la doctrina emergente de los fallos Strada, Di Mascio y Christou. En tal sentido, agregó que ello no se satisfacía con la mera invocación de un reclamo de esa naturaleza, sino que era menester su correcto planteamiento, pues sólo así la Corte provincial se encontraría obligada a ingresar a su conocimiento.
Afirmó que tal situación no se patentizaba en la especie, pues el embate contenía una mera invocación de la doctrina de la arbitrariedad, desentendiéndose de lo efectivamente resuelto por ese Tribunal. Es así que indicó que "...la Fiscalía no consigue demostrar la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías que estima comprometidas..." (fs. 32 vta.).
Aludió a la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias y concluyó que la cuestión que el recurrente formulaba de naturaleza federal no constituía una crítica concreta y razonada de los argumentos en que esa Sala sustentó el fallo impugnado por lo que el recurso carecía en dicho tramo de fundamentación autónoma. Reforzó lo dicho diciendo que tal requisito no se satisfacía con la exposición genérica y esquemática de causales de arbitrariedad o la aseveración de una solución jurídica distinta cuando no se vinculaban directamente con el contenido del fallo que resolvía tales cuestiones (v. fs. 32/33 vta.).
III. Frente a esta resolución, el Fiscal ante la sede intermedia dedujo recurso de queja (v. fs. 35/43).
Liminarmente, indicó el cumplimiento de los requisitos de tiempo, forma y legitimación para recurrir. Asimismo, reseñó los antecedentes del caso (v. fs. 35/36 vta.).
De seguido, y ya en lo que hace a los fundamentos, denunció el apartamiento de la letra expresa de la ley y el cumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 494 del CPP (v. fs. 36 vta.).
Señaló que en el caso, el fiscal que intervino solicitó la imposición de una pena de quince años de prisión, a la vez que se fundó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la inobservancia del art. 119, segundo párrafo en relación con el primer párrafo y apartado "f" del Código Penal como así también la errónea aplicación del art. 119 primer párrafo en relación con el cuarto inc. "f" y quinto del mismo cuerpo legal (v. fs. 37).
Sintetizó los argumentos dados en la vía extraordinaria y concluyó que no podía afirmarse como lo hacía la casación que el desarrollo de este agravio fuera una mera invocación virtual para esconder una argumentación sobre valoración probatoria, lo cual ponía en evidenciaba el apartamiento por parte de los sentenciantes de la letra expresa de la ley procesal, "...que habilita el remedio interpuesto por la causal invocada, y un avasallamiento de las competencias propias de la SCBA, único órgano habilitado para resolver sobre la procedencia del recurso" (fs. 37 vta.).
Por otra parte, aludió al planteo de cuestión federal suficiente, a la arbitrariedad de la sentencia y a la violación de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional (v. fs. cit.).
Señaló que los doctores Natiello y Maidana contravinieron la doctrina de esta Corte y de la nacional en materia de admisibilidad de recursos extraordinarios.
Afirmó que no consideraron el agravio referido a la arbitrariedad de la sentencia por fundamento aparente y afirmaciones dogmáticas, vicios estos que conforme la doctrina de los tribunales aludidos constituye cuestión federal suficiente a los fines de habilitar la vía extraordinaria (v. fs. 38).
En abono de su postura, trajo a colación numerosos precedentes de este Cuerpo, entre los que citó las causas P. 126.132, P. 125.901; P. 125.564; P. 118.738; P. 120.599; P. 118.188; P. 121.639; P. 111.735; P. 117.093; P. 116.821; P. 117.608; P. 117.082; P. 111.820; P. 117.335 y P. 118.218 (v. fs. 38/40 vta.).
Adujo que este alto Tribunal consideró admisible el carril del art. 494 del Código Procesal Penal interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, aun cuando no reúnen los requisitos que exige dicha norma, siempre que se denuncie adecuadamente la arbitrariedad de la sentencia impugnada, en alguno de los supuestos admitidos pretorianamente por la CSJN (v. fs. 41).
A continuación, entendió que el agravio referido a la arbitrariedad, esgrimido en el recurso local, se enmarcaba dentro de lo que la Corte federal llama arbitrariedad de sentencia por fundamentación aparente, por apartamiento de las constancias de la causa y autocontradicción.
Afirmó que se trataba de una cuestión federal suficiente (compleja directa) que no se limitó como expuso el a quo- a invocar de modo abstracto y genérico, pues en la impugnación interpuesta se hizo referencia concreta a los pasajes del fallo en los que se incurría en ese vicio, indicando también los extremos en los que residía el déficit de fundamentación y las contradicciones (v. fs. 41 vta.).
Finalmente, sostuvo que su embate guardaba relación directa e inmediata con la cuestión a decidir, ya que de no haber incurrido los sentenciantes en el déficit argüido, no se habrían arribado a la decisión cuestionada. A lo que agregó que si los magistrados "...hubieran interpretado y aplicado la ley a la luz de la Convención Internacional de Derechos del Niño y la Convención de Belem Do Pará, no se habría arribado a la misma solución Impugnada" (fs. 42 y vta.).
IV. La queja traída prospera, en tanto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ha sido mal denegado.
De lo reseñado, no puede sino colegirse que la impugnación formalizada ha sido erróneamente descartada pues tal como lo evidenció la presentación en examen- ausentes los requisitos previstos en el art. 494 del Código Procesal Penal, el señor Fiscal denunció con la suficiencia y carga técnica necesarias cuestiones de pretensa índole federal (arbitrariedad de sentencias). Y en el marco de la doctrina de los precedentes de Fallos: 308:490; 310:324 y 311:2478, y su progenie, lo expuesto justifica su tratamiento en esta instancia.
V. En función de ello, más allá de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, corresponde hacer lugar a la queja incoada y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, a fin de asegurar el eventual tránsito del caso hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conf. doctr. cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir la queja interpuesta por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal y declarar mal denegado el recurso articulado ante la Sala Sexta de dicho órgano (art. 486 bis, CPP).
2. Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 26/33 (art. 494, CPP).
Regístrese, notifíquese y requiérase la causa n° 62.435 al órgano a quo mediante oficio de estilo.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia