Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129172
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de Carlos Manuel Luna, con costas (art. 486 bis y concs. del CPP y art. 31 bis de la ley 5827).
"Luna, Carlos Manuel s/ Recurso de queja, en causa n° 71.169 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Plata, 6 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 129.172-RQ, caratulada: "Luna, Carlos Manuel s/ Recurso de queja en causa n° 71.169 del Tribunal de Casación Penal, Sala V",
I. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 6 de junio de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Carlos Manuel Luna, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Dolores, que lo condenó a la pena de tres años y tres meses de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se ha tenido por acreditada, dictando la pena única de siente años de prisión comprensiva de la anterior y de la pena recaída en la causa n° 259/2753 y sus acumuladas (v. fs. 47/50).
II. Frente a ello, el señor defensor oficial Adjunto ante la aludida instancia -doctor Daniel Aníbal Sureda- dedujo recurso de queja (v. fs. 53/57).
Recordó que en el carril extraordinario local se había denunciado la arbitrariedad del fallo casatorio por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en franca afectación de la defensa en juicio -derecho a ser oído- y del debido proceso (v. fs. 54 vta./55).
En ese discurrir, entendió que el Tribunal revisor "no realizó una revisión amplia e integral de la sentencia de condena". Así, se remitió a lo esgrimido en el recurso de inaplicabilidad de ley deducido y concluyó en la presencia de una cuestión federal que amerita el tratamiento por parte de ésta Corte, a tenor de lo resuelto por la Corte federal in re "Strada", "Christou" y "Di Mascio" (v. fs. cit.).
Sostuvo que al desplegar el juicio de admisibilidad conferido por el art. 486 del digesto adjetivo, el a quo "no [hizo] más que encubrir su propia omisión". En abono de su postura, trajo a colación lo resuelto en la causa P. 85.977 y alegó que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve sea el mismo que analiza si incurrió en las deficiencias enunciadas en el art. 494 del Código Procesal Penal, pues esa labor debe realizarla un superior (v. fs. 55 vta./56). Agregó que -de lo contrario- se vería comprometido el principio de imparcialidad de los jueces previsto en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Sostuvo que la decisión que declara inadmisible el recurso extraordinario local con base en la pretendida falta de aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que podrían estar involucradas cuestiones federales no puede considerarse, en el caso, válida y suficiente para cancelar la vía intentada (v. fs. cit. y vta.).
Concluyó que se vedó a su asistido el acceso a la jurisdicción en tiempo útil para el tratamiento de una cuestión constitucional (v. fs. cit.).
III. La queja no prospera.
1. En efecto, la sede casacional, aludió a lo normado por el art. 494 del Código Procesal Penal y afirmó que la situación en análisis no encuadraba en los requisitos objetivos referidos al monto de pena y a la índole de los reclamos (v. fs. 48 vta./49).
De seguido, entendió que el recurrente no había exhibido, más allá de su genérica alegación, que en el caso estuviese involucrada de manera directa e inmediata una cuestión susceptible de excitar la competencia revisora del Superior Tribunal federal, como tránsito adecuado para acceder eventualmente al remedio federal contemplado en el art. 14 de la ley 48. En este sentido, expuso que los desarrollos contenidos en la impugnación se vinculaban con cuestiones de neto corte procesal y derecho común como es la interpretación de normas del ordenamiento adjetivo y la evaluación de una pauta atenuante, las que por su naturaleza resultan impropias de una cuestión federal.
En cuanto a la crítica dirigida a la decisión de ese Tribunal de no tratar el agravio relativo a la pena, invocado novedosamente ante ese Tribunal por el señor Defensor Adjunto de Casación, destacó que lo que haya planteado el defensor de la instancia en el debate no resulta un motivo de agravio contra la sentencia como pretende el recurrente (v. fs. cit.)
Por último, expuso que de lo resuelto en el precedente "Casal" no surge que se hayan derogado -aun de manera implícita- las normas adjetivas que reglamentan la oportunidad procesal para introducir los agravios ante las instancias revisoras y al fijar la doctrina de la capacidad de revisión o del máximo rendimiento lo hizo en función de la profundidad de la revisión, mas no respecto de la extensión de los agravios llevados obligando a los tribunales intermedios a revisar aspectos consentidos por las partes o remediando -fuera de los supuestos de indefensión de imputado- las omisiones de éstas (v. fs. 49 vta.). Concluyó que el recurso no presentaba la aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que, en el caso, se encontraran involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales que debieran ser atendidas por el superior tribunal de la causa (v. fs. cit.).
2. De lo reseñado, se aprecia que los agravios traídos en la queja no logran conmover el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio.
Ello, por cuanto la defensa ha circunscrito la vía directa a insistir sobre el pretendido cariz federal de sus agravios, desentendiéndose de los motivos por los cuales la sede casatoria obturó su progreso.
A mayor abundamiento, y más allá de la ineficacia de los argumentos desarrollados por el quejoso para revertir el juicio negativo en punto a los agravios que fueran desestimados por novedosos, lo cierto es que -en línea con lo expuesto por el a quo - la defensa no logró evidenciar la relación directa e inmediata entre la limitación temporal impuesta por el art. 451 del Código Procesal Penal y la pretensa afectación de la garantía prevista en los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (conf. P. 78.901, sent. de 7-XI-2001; P. 75.534, sent. de 21-XI-2001; P. 77.329, sent. de 10-IX-2003; P. 81.725, sent. de 16-IX-2003; P.83.841, sent. de 9-X-2003; P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; P.99.549, sent. de 8-VII-2008; e.o.; art. 31 bis de la ley 5827).
Asimismo, el agravio vinculado con la afectación al principio de imparcialidad del juzgador -art. 8.1 de la CADH- no prospera, en razón de que los argumentos desarrollados son genéricos y no logran demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho que dice vulnerado y lo debatido y resuelto en el caso -art. 15 de la ley 48-.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de Carlos Manuel Luna, con costas (art. 486 bis y concs. del CPP y art. 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
Lucia Jofre
Subsecretaria
Registrada bajo el n°2737
Fin de la sentencia