Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 134350
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar procedente el recurso de casación deducido por el Agente Fiscal del Departamento Judicial San Martín contra el veredicto absolutorio dictado en favor de los Sr. Acosta y Bustos.
II. Anular el veredicto absolutorio por falta de fundamentación suficiente y reenviar a la instancia para que luego de designar jueces hábiles se proceda a la realización de un nuevo juicio.
Artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; Artículos 248, 293 primer párrafo, 298 del Código Penal, 106, 210, 448, 452 inc. 1°, 461 del Código Procesal.
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala V de este Tribunal de Casación Penal, Manuel Bouchoux y Mario Kohan, a fin de dictar sentencia en la presente causa número 134.350, caratulada “BUSTOS, GABRIEL FERNANDO Y ACOSTA, LUIS ALBERTO S/ RECURSOS DE CASACIÓN INTERPUESTO POR FISCAL” , conforme el siguiente orden de votación: BOUCHOUX-KOHAN.
El Tribunal en lo Criminal Nº 4 del Departamento Judicial de San Martín, con fecha 7 de agosto de 2024, absolvió a Gabriel Fernando Bustos y a Luis Alberto Acosta respecto de la imputación que le cursara el Ministerio Público por la comisión de los delitos de falsedad ideológica de documento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Efectuadas las vistas correspondientes, encontrándose la presente en condiciones de ser resuelta, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez Bouchoux dijo:
I. Llega el Sr. Agente Fiscal a esta instancia denunciando la inobservancia de las reglas de la valoración probatoria contenidas en los arts. 106, 210, 373 del CPP y el absurdo de la decisión recurrida por entender que el tribunal de mérito se apartó de manera patente de las pruebas colectadas en la causa a la hora de absolver -por mayoría- a los imputados.
En esta dirección, en relación al incumplimiento de los deberes de funcionario público, el casacionista sostiene que la prueba del caso acredita de manera meridiana que los imputados sabían que el objetivo de su intervención era recuperar el casco supuestamente sustraído por el damnificado a la Sra. Sánchez y tal conocimiento guió su accionar durante procedimiento policial que se reputa irregularmente desarrollado.
Luego, en relación a la falsedad ideológica, refiere que la misma causó perjuicios concretos al damnificado e indujo a error al agente fiscal de la causa, quien en base a la documentación falsa detuvo al Sr. Pierlorenzi.
II. Sin perjuicio que la admisibilidad no ha sido objeto de encuesta y que el a-quo resolvió correctamente al verificar la hipótesis prevista en el art. 452 inc. 1° CPP, advierto que el Ministerio Público Fiscal, tanto en el recurso originario como en el memorial presentado en esta sede, reclamaron la aplicación de la doctrina del fallo Casal. Por ello, considero atinente realizar una breve caracterización sobre la amplitud que se le asigna al recurso del acusador público en esta sede.
De inicio, habré de señalar que no es posible equiparar el recurso fiscal con aquel que cuenta la defensa, atento que a diferencia de la acusación pública, para el imputado el derecho al recurso, a la doble revisión del mérito de una condena es una garantía constitucional consagrada en nuestro bloque constitucional.
La amplitud del recurso de la defensa y la remoción de toda limitación formal que lo afecte radica en el carácter privilegiado de la protección legal con la que cuentan las personas sometidas a proceso e imputadas de un delito. Por fuera de ellas, los restantes actores del proceso se encuentran sujetos a regulaciones más específicas que, en el caso del Ministerio Público Fiscal, no impide de forma alguna el reconocimiento de las facultades legales para recurrir consagradas en el digesto adjetivo -art. 452 CPP- y las de naturaleza pretoriana elaborados por las cortes provincial y nacional.
Sobre el punto resulta didáctico el voto del Juez Celesia, quien explicó con sencillez que “en el caso del recurso del acusador la revisión no debe estar signada por la teoría del máximo rendimiento, emanada del fallo “Casal” (...) sino que su recurso sólo exige en esta sede el control del cumplimiento normativo, que en materia probatoria no es ni más ni menos que lo normado en el art. 210 del C.P.P. en cuanto exige la convicción sincera sobre la verdad de los hechos con desarrollo escrito de las razones que llevan a aquella convicción” y afirmó que “sólo corresponde abocarse al control del cumplimiento del desarrollo escrito de las razones que llevaron a la convicción declarada y su logicidad, y a todo evento corregir los casos en que resulte, en razón de las deficiencias lógicas del razonamiento o de una total ausencia de fundamento, una arbitrariedad o un absurdo intolerable al principio republicano de gobierno por ausencia de fundamentos.”
Finalmente concluye que “En definitiva, el tratamiento de los recursos interpuestos debe ceñirse a verificar si la ley ha sido bien o mal aplicada -cuando se denuncie violación a la ley sustantiva- o si en la construcción del fallo se ha respetado la ley procesal en el caso de que lo denunciado sea la violación a las formas esenciales del procedimiento o de la resolución, verificando si existe una exposición razonada de los fundamentos que le dan sustento a la conclusión. Este alcance más limitado no inhibe la posibilidad de que en determinados casos sea necesario realizar un análisis de las cuestiones fácticas y del material probatorio ponderado en el fallo, cuando ello resulte ineludible para determinar la logicidad de la construcción del razonamiento sentencial en esta materia.” (TCPBA Causa “Schwartz, Analía Veronica s/ Recursos de Casación interpuesto por Particulares Damnificados y Fiscal”, sent. 27-II-2018)
En esa dirección, el casacionista sostiene que los magistrados de la instancia aplicaron erróneamente las reglas de los arts. 106, 210 y 106 CPP e incurrieron en absurdo al dictar la sentencia apartándose de manera abierta de las conclusiones que se extraen de la prueba producida durante el debate y de las cuales el voto de la minoría resulta una manifestación cabal.
Así las cosas, será con éste enfoque y no desde la teoría del máximo rendimiento, desde el cual se analizará el planteo del recurrente, que adelanto, habrá de ser admitido.
III. A efectos de analizar si en el caso que nos convoca se verificó una distancia inaceptable entre la prueba producida y las conclusiones que se derivaron de ella para proceder a la absolución, daré tratamiento a cada uno de los hechos por separado.
A.- En la imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público el Ministerio Público acusó a los Srs. Acosta y Bustos de no proceder conforme a las reglas de actuación de los arts. 293, 294 inc. 2, 4 y 5 CPP al momento de ejecutar la aprehensión del Sr. Pierlorenzi y el secuestro del casco marca Hawk.
En la sentencia el voto de la mayoría sostuvo que los imputados desarrollaron una actividad prevencional que fue condicionada por la falsa denuncia que realizó la Sra. Sánchez. Es decir, por el relato de que Pierlorenzi había sido uno de los cuatro autores del robo sufrido por la denunciante el día 26 de junio previo al procedimiento y que estaba vendiendo el casco de su propiedad, el cual podía ser identificado por la inscripción del nombre de la Sra. Sánchez en una etiqueta interior del mismo.
Con ese punto de partida, el magistrado que encabezó el voto de la mayoría refirió una dificultad para formar convicción sobre la existencia de dolo directo en el acontecer típico.
Ahora bien, sin perjuicio de que los imputados fueron mutando el contenido de sus declaraciones sobre algunos puntos en la medida en que su situación procesal comenzaba a complicarse, la prueba producida durante el debate permite inferir sin mayores esfuerzos hermenéuticos que los aquí imputados llegaron a la estación de servicio Shell convocados por el Sr. Oliva, que una vez arribados allí se encontraron con el mismo, quien según los dichos de Acosta -y el propio Oliva- mantuvo una conversación con el Sr. Bustos en la que lo interiorizó sobre que su pareja había sido robada y despojada de un casco, que lo había encontrado en una página de compraventa de objetos -MarketPlace- y que habían pactado una compra falsa para recuperar el casco.
En ese escenario, la participación que los Srs. Bustos y Acosta aceptaron tener consistía en ejecutar el procedimiento de aprehensión y secuestro cuando el Sr. Oliva, que se encontraba con la Sra. Sánchez en su vehículo, les diera una señal de inicio al arribo de Pierlorenzi.
Sin perjuicio de tomar en consideración que los imputados no llegaron al escenario del hecho accidentalmente y que actuaron sin habilitación jurisdiccional de los magistrados que intervenían en la instrucción por el robo del 26 de junio y de los que se encontraban de turno en ese momento, no resulta imposible imaginar que los imputados confiaran en la veracidad de la denuncia que realizaba la Sra. Sánchez y para cuyo remedio les pedía asistencia un viejo conocido.
Hasta ese punto la hipótesis de la credulidad, aunque reñida con un accionar policial apegado al código de procedimiento podría encontrar algún mínimo respaldo probatorio. Sin embargo, una vez iniciado el procedimiento de aprehensión y secuestro, no solo no convocaron a un testigo de actuación sino que la video-filmación de las cámaras de la estación de servicio da cuenta que los imputados dejaron que la Sra. Sánchez golpeara a Pierlorenzi, que le sacara su celular, que manipulara el casco y que fuera ella quien lo llevara junto al Sr. Oliva a la comisaría, donde luego se labrarían las actuaciones que conforman la otra porción de la imputación dirigida a los Srs. Acosta y Bustos.
Atendiendo que la prueba de que el casco era propiedad de la denunciante prácticamente se limitaba a constatar la existencia de la escritura del nombre de la Sra. Sánchez en la etiqueta interior del mismo, tanto la falta de cuidado de los rastros materiales del hecho como la ausencia de constatación del estado de la cosa, no solo implicó el concreto incumplimiento de los deberes estipulados por los incisos 2 y 4 del art. 294 del CPP, sino que abrió el escenario para que la Sra. Sánchez adulterara la prueba que le permitiera salvar la circunstancia de que en definitiva el casco que tenía el Sr. Pierlorenzi para vender no era el que le había sido sustraído a ella.
Así, la prueba del dolo radica por un lado en la verificación de la existencia de elementos que acrediten que los imputados sabían que su intervención tenía como objetivo aprehender a Pierlorenzi y secuestrar el casco. Por otro, acompañando a ese conocimiento, en la verificación de la disposición anímica dirigida hacia la efectiva ejecución del procedimiento en el cual de manera abierta y decidida se le permitió a la Sra. Sánchez la administración del bien secuestrado en el procedimiento.
La circunstancia de que el voto de la minoría diera cuenta de forma detallada de la existencia de prueba producida en el debate, que en principio abastece de manera suficiente la acreditación del tipo subjetivo, inevitablemente elevó hacia adentro del acuerdo la exigencia de motivación para sostener la absolución y en el caso aquella exigencia no fue abastecida por el voto de la mayoría.
B.- Avanzando, en lo relativo a la imputación del delito de falsedad ideológica, la sentencia atacada luego de quitarle relevancia a las características del procedimiento policial desarrollado en la estación de servicio, refirió que el acta “ en lo sustancial documenta la imputación de una mujer a un individuo que llegó en un vehículo, como quien intervino en una sustracción de la que había sido víctima” . Asimismo, afirmó que no se acreditó perjuicio en la actuación reprochada y que por ello la situación debía quedar al margen del derecho penal.
Ahora bien, analizado el caso es posible advertir que la información falsa incorporada por los Srs. Acosta y Bustos al labrar las actas de fs. 1 y 7, no solo tuvo el objetivo de disimular la actuación policial irregular, sino que implicó dar por cierto que la etiqueta interna del caso tenía escrito el nombre de Sánchez y tuvo un impacto directo en el mantenimiento de la detención y sometimiento al proceso de Pierlorenzi durante cuatro días por la imputación de un delito grave.
Esta estrategia de ocultamiento de la actuación policial irregular, encontró dos obstáculos que desbarataron el intento. El primero de ellos fue la recuperación de las filmaciones de las cámaras de la estación de servicio y el segundo, la actividad probatoria desarrollada por el amigo -Brian Navas- y la novia -Antonella Saccomanno- del imputado tendiente a acreditar que el casco que tenía Pierlorenzi era propio y que se encontraba publicado para la venta desde una fecha anterior al robo del que fuera víctima la Sra. Sánchez.
Vale señalar que sin estos aportes externos, y en algún punto aleatorios, las posibilidades del Sr. Pierlorenzi de resistir tan grave imputación hubieran disminuido sensiblemente.
La prueba producida durante el debate no sólo dio cuenta que las actas estaban rubricadas por los aquí imputados, sino que de la declaración del Sr. Acosta -fs. 230/233- se desprende que fue él quien redactó inicialmente el acta de procedimiento bajo directas indicaciones del Sr. Bustos y que incluso refirió que lo hizo a pesar de advertir que lo incluido en tal documento no era lo que había ocurrido en la realidad.
Sumado a lo antes dicho, solo los aquí imputados pudieron haber ingresado al proceso la información falsa sobre cómo ocurrieron los hechos, puesto que eran los únicos allí presentes. Paralelamente, tampoco se advierte que la defensa haya llevado al juicio a las personas a las que los imputados atribuyen la redacción de los documentos falseados -Capitan Villegas e Inspector Abalos-.
Asimismo, atendiendo a la función racionalizadora del concepto de bien jurídico en tanto permite realizar con mayor precisión la evaluación de la lesividad, el conflicto ventilado en la presente tiene entidad para debilitar de la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en las fuerzas de seguridad y el sistema de administración de justicia. En particular teniendo en cuenta el elevado valor que se les asigna a las actas formalizadas por el personal policial dentro del proceso penal.
C.- De acuerdo a lo que se viene señalando, se verifica por parte de los magistrados que conformaron la mayoría una llamativa simplificación de los razonamientos que fueron instrumentados mediante afirmaciones escuetas e inmotivadas, en claro apartamiento a los elementos probatorios producidos en el juicio y sí ponderados por el voto de la minoría, que estaban directamente relacionados con los puntos que a criterio de esa misma mayoría determinaron la absolución de los imputados.
En esta dirección, atendiendo que respecto del alcance de la sentencia casatoria la regla general indica que -en principio- ante supuestos de violación o errónea aplicación de la ley procesal se impone la denominada competencia negativa en función de la necesidad de rehacer los actos procesales invalidados, la solución que habré de proponer no sólo fue la expresamente solicitada por el casacionista en los puntos 3° y 4° del petitorio del recurso originario, sino que se impone en tanto no se advierte en el caso que nos convoca alguna situación que habilite a excepcionar aquella regla.
Sumado a lo antes dicho, habiendo transitado el presente por el procedimiento de juicio oral y no contando en el caso concreto con los elementos que permitan emular los niveles de inmediación de aquel juicio, lo que eventualmente habilitaría el ejercicio de la competencia positiva, se hace necesaria la realización de un nuevo debate (art. 461 C.P.P), en virtud de lo cual estimo correcto disponer el reenvío para la realización del mismo.
Así las cosas, como adelanté al inicio, propongo al acuerdo declarar procedente el recurso, anular el veredicto absolutorio por la falta de fundamentación y reenviar a la instancia para que lo antes posible y luego de designar jueces hábiles se proceda a realizar un nuevo juicio. (artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; arts. 248, 293 primer párrafo y 298 del Código Penal, 106, 210, 371, 373, 448, 452 inc. 1°, 461 del Código Procesal Penal del Código Procesal).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada el señor juez juez Kohan dijo:
Adhiero al voto del juez Bouchoux en igual sentido y por sus mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada el señor juez Bouchoux dijo:
De conformidad con el resultado de la votación de la cuestión precedente, propongo al acuerdo declarar procedente el recurso, anular la sentencia absolutoria y reenviar para que luego de designar jueces hábiles se proceda a realizar un nuevo juicio. (artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; arts. 248, 293 primer párrafo y 298 del Código Penal, 106, 210, 371, 373, 448, 452 inc. 1°, 461 del Código Procesal Penal del Código Procesal).
Así lo voto.
A la segunda cuestión el señor juez Kohan dijo:
Adhiero, en igual sentido, al voto del juez Bouchoux.
Así lo voto.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. Declarar procedente el recurso de casación deducido por el Agente Fiscal del Departamento Judicial San Martín contra el veredicto absolutorio dictado en favor de los Sr. Acosta y Bustos.
II. Anular el veredicto absolutorio por falta de fundamentación suficiente y reenviar a la instancia para que luego de designar jueces hábiles se proceda a la realización de un nuevo juicio.
Artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; Artículos 248, 293 primer párrafo, 298 del Código Penal, 106, 210, 448, 452 inc. 1°, 461 del Código Procesal.
Regístrese, notifíquese y oportunamente radíquese en la instancia de origen.
Ante mi.
Firmas
Funcionario Firmante: 23/12/2024 11:05:36 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2024 13:20:30 - BOUCHOUX Manuel Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2024 13:26:46 - ESPADA Maria Andrea - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 23/12/2024 13:28:02 hs. bajo el número RS-1462-2024 por ESPADA MARIA ANDREA.
Fin de la sentencia