Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 94124
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, a los 01 días del mes de Noviembre de dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces, doctores Ricardo Borinsky y Víctor Horacio Violini, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en la causa Nº 24.925 (Registro de Presidencia Nº 94.124), caratulada “Guglielmetti, Alejandro Benjamín s/ recursos de casación interpuestos por [el] Agente Fiscal y por [el] Defensor Particular”, conforme al siguiente orden de votación: VIOLINI-BORINSKY.
1. El Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Bahía Blanca condenó a Alejandro Benjamín Guglielmetti a ocho (8) años y nueve (9) meses de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por haber sido cometido contra una persona menor de edad y aprovechándose de la situación de convivencia preexistente (artículos 12, 19, 29 inciso 3°, 40, 41 y 119, párrafos segundo y cuarto, inciso “f” del Código Penal).
2. Contra dicho pronunciamiento, interpuso recurso de casación la Defensa Particular, denunciando absurdo en la valoración de la prueba, afectación al principio de congruencia, y violación de las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio (fs. 90/100).
En primer término alega que el decisorio impugnado no cuenta con fundamentos suficientes para ser considerado un acto jurisdiccional válido pues la prueba colectada carece de suficiencia cargosa para enervar la presunción de inocencia que ampara al acusado.
En ese sentido señala que la condena se construye a partir de un único aporte directo, el testimonio de la damnificada, que se encuentra contradicho por su asistido, indicando que los informes de los especialistas en psicología no permiten establecer que los trastornos de ansiedad detectados en la víctima respondieran a los hechos denunciados, visto que la sintomatología mencionada no se vincula únicamente a hechos de índole sexual y además, la víctima ya tenía severos problemas psicológicos preexistentes.
Agrega que el resto de los testimonios que se reproducen en el fallo no hacen más que recoger la aislada versión de la menor y conviene que no se verifica en autos un estado de certeza que abastezca la condena, por lo que, citando el artículo 1 del Código Procesal Penal, reclama la absolución de su defendido.
Siguiendo con su desarrollo discursivo, y en un segundo orden de pensamientos, refiere violentado el principio de congruencia, manifestando que la primera parcela de la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal debió ser descartada en el debate por ausencia de corroboración, mientras que aquella que se entendió probada resultó modificada, tanto en lo atinente al horario de los hechos, como en su repetición en el tiempo y finalmente su determinación con relación a la edad de la menor.
También postula la existencia de numerosas contradicciones en el testimonio de la damnificada, marcando que aquella refirió sentir temor del imputado pero que conservó fotografías de Facebook junto al acusado que dan cuenta de lo contrario, resaltando que la hipótesis que se pudo ir construyendo a lo largo del debate es que “todo fue armado por la propia denunciante, para ser el centro de atención y para tener el cariño de los padres”, citando los testimonios de Sonia Eustaquia Lucero, Sofía Guglielmetti, Adriana Rodríguez y Adriana Bertoni en sustento de su postura.
En paralelo, afirma que existen notorias discrepancias entre los testigos sobre el modo y el orden en que se enteraron de los sucesos que damnificaron a A. y que tampoco media coincidencia entre los distintos dichos vertidos por la propia víctima a lo largo de la instrucción en punto a la cantidad de veces en que habría sido abusada por Guglielmetti; y alega que aunque la licenciada Unamuno dijo que la nombrada no fabulaba, también aseveró no poder determinar si mentía o no, destacando que no se detectaron signos de perversidad en su ahijado procesal, y que el fallo debe ser revocado.
De forma subsidiaria, cuestiona la corrección del encaje, alegando que al no haberse acreditado acceso carnal, los episodios abusivos narrados deben subsumirse en los postulados del primer párrafo del artículo 119 del Código Penal, en forma reiterada.
3. Contra ese mismo pronunciamiento, vino también en casación el Agente Fiscal, agraviándose de la medida de la pena impuesta (fs. 102/109 vta.).
En prieta síntesis alega que la pena impuesta resulta nimia o exigua en atención a la “grave afectación del… bien jurídico y a la forma en que fueron cometidos los hechos, la extensión del daño causado a la víctima, la realización de las acciones en un contexto de violencia de género, la edad del imputado con relación a la de la víctima [y] la peligrosidad del imputado por no haber estado a derecho”; puntualizando que de todas las posibilidades que ofrecía la escala, el a quo optó por imponer una pena que representa poco más del mínimo, sin fundar adecuadamente la sentencia.
Así también refiere que la violencia psicológica sufrida por la víctima constituye una clara situación de violencia de género que excede los términos típicos y que debe ser estimada como pauta agravante de la conducta, puesto que se advierte que los permanentes insultos proferidos hacia la víctima lograron doblegarla y atemorizarla, permitiéndole al imputado actuar sobre seguro.
Finalmente señala que la diferencia de edad entre la víctima y el imputado marca una superioridad física de éste con respecto a aquella que juega un rol fundamental en la perpetración de los hechos, colocando a la agredida de una situación de vulnerabilidad que no puede ser desconocida al momento de graduar la pena.
Con base en lo expuesto, peticiona que se case parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal de la instancia, condenando a Guglielmetti a la pena de dieciocho años de prisión originalmente solicitada.
4. Radicadas las actuaciones en esta Sala con trámite común (fs. 122), cursadas las notificaciones correspondientes (fs. 122 vta./128), y convocadas las partes para la celebración de la audiencia que estipula el artículo 458 del Código Procesal Penal (fs. 131), finalmente, por voluntad de la Defensa la misma no se oficializó (fs. 137), optando entonces las partes por presentar sendos memoriales sustitutivos por medio de los cuales ratificaron sus respectivas posturas (fs. 138/141 y 142/153).
4. Encontrándose la causa en condiciones de dictar sentencia definitiva, se tratan y votan las siguientes,
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto por la Defensa? ¿Lo es el recurso interpuesto por el Fiscal?
Segunda : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Violini dijo:
I.-
Liminarmente, cabe señalar que es doctrina inveterada de esta Sala que el acusador público está facultado a recurrir en aquellos supuestos en los que la propia normativa lo autoriza, encontrándose limitado su derecho a obtener un segundo pronunciamiento jurisdiccional por las pautas establecidas en el ordenamiento procesal.
Vale decir que el Fiscal posee la facultad de impugnar el pronunciamiento que lo agravia conforme los parámetros estrictos del artículo 448 y siguientes del Código Procesal Penal, y con limitaciones que se evidencian en el inciso 2° del artículo 452 respecto del recurso de casación y en el artículo 494 segundo párrafo en lo que hace al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Y esa facultad –restringida- que el legislador provincial expresamente le ha reconocido con fundamento en los principios de bilateralidad e igualdad de armas, no resulta contraria a nuestra Constitución ni a las Convenciones Internacionales suscriptas por el Estado Nacional que gozan de la misma jerarquía (artículos 33 y 75 inciso 22° de la Constitución Nacional y 29 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
En efecto, el alcance de la garantía receptada en el artículo 14 inciso 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que determina que “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país”, replicada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 8 inciso 4º reza que “El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”, no se contrapone con la potestad del agente fiscal de impugnar la sentencia de un tribunal, manteniendo su pretensión ante una instancia superior, siempre que la misma permanezca vigente, es decir, en el decurso de un único proceso.
Es por ello que, no sobra decirlo, no se ha acordado al acusador la facultad de enervar una sentencia absolutoria mediante acción de revisión; precisamente, porque la lesión constitucional a la prohibición de doble valoración sólo se verifica en caso de procederse a una nueva persecución, por el mismo hecho, tras el dictado de una sentencia absolutoria pasada en autoridad de cosa juzgada.
Por lo demás, esta potestad asignada al Agente fiscal para impugnar el pronunciamiento que lo agravia en los casos taxativos que la legislación enuncia, tampoco conculca la garantía de doble instancia.
Es que, aun sin soslayar la inveterada doctrina sentada por la Suprema Corte de Justicia en la causa P. 96.779, “C., R.A. Injurias” del 17 de agosto de 2007, más recientemente el Superior Tribunal Provincial ha reconocido que en aquellos casos en que las vías extraordinarias de impugnación locales resulten inidóneas para garantizar la revisión de la condena con la amplitud exigida por el ordenamiento constitucional y la doctrina del precedente “Casal”, el derecho a la doble instancia judicial se garantiza con un reenvío a este Tribunal para que una nueva sala emprenda la revisión integral del fallo (conf. P. 108.199, causa “Carrascosa, Carlos Alberto s/ Recurso de casación. Recurso extraordinario de nulidad contra Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Pcia. de Bs. As.”, del 24 de junio de 2015).
En mérito a las consideraciones efectuadas, y encontrándose debidamente salvaguardados los derechos y garantías que asisten al imputado, no emerge objeción constitucional alguna que pueda predicarse respecto del reconocimiento de potestades recursivas en cabeza del agente fiscal (artículos 18 y 75 inciso 22º de la Constitución Nacional; 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos; 210, 373, 448 y 452 inciso 1º del Código Procesal Penal).
Luego, no se puede obviar que en el presente, la potestad recursiva del acusador público encuentra cauce en la hipótesis fáctica que recepta el artículo 452 del Código adjetivo, en su segundo inciso, pues la lectura del pronunciamiento impugnado permite evidenciar que la pena privativa de la libertad impuesta al imputado (en ocho años y nueve meses de prisión) resulta inferior a la mitad de la de dieciocho años de prisión que fuera requerida por el fiscal en el ejercicio de su Ministerio; con lo que la presentación impugnativa articulada por el representante de la vindicta pública ante esta Sede resulta admisible.
II.-
Al término del debate, el tribunal estimó legalmente acreditado que el aquí imputado, Alejandro Benjamin Guglielmetti, aprovechando la situación de convivencia preexistente, en el interior de la vivienda del **, casa **, de la localidad de Punta Alta, efectuó tocamientos en la vagina y la cola de la entonces menor, A.F., al menos una vez por semana, desde que la nombrada contaba con 14 años de edad y hasta los 15 años, primero por encima de la ropa y luego por debajo de sus prendas, llegando incluso a introducirle los dedos en la cavidad vaginal, todo ello, bajo amenazas de separarla de su madre para que no contara nada.
III.-
Por cuestiones de estricto orden lógico, corresponde principiar el presente análisis dando tratamiento a la denuncia de afectación de la congruencia articulada por la Defensa, y que guarda prelación con los restantes agravios, señalando que la garantía constitucional invocada no se advierte vulnerada.
Pletóricamente, lo primero que se impone destacar es que el planteo de nulidad referido ya fue sometido al control del a quo , que discurriendo acabada y razonadamente sobre el contenido de los actos procesales de imputación y los términos de la acusación final, concluyó que no se verificó en autos una modificación sustancial de los hechos que integraron la acusación contra Guglielmetti; conclusión que los argumentos de la Defensa no logran revertir.
En efecto, es sabido que “lo que resguarda el principio de congruencia está dado porque la sentencia que se dicte sea sobre el mismo hecho materia de acusación y que tanto la defensa como el imputado hayan podido tener conocimiento y de tal suerte, resistirla sin sorpresas” (conf. S.C.B.A. causas P. 99.586, sent. de 16-VII-2014 y P. 120.665, sent. de 9-XII-2015); circunstancia que, como acertadamente lo marca la Fiscal Adjunta ante esta instancia, analizada a la luz de la imputación atribuida al aquí imputado en ocasión de recibirle declaración testimonial en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal, y luego replicada al requerir la elevación a juicio, ha sido debidamente respetada por el a quo , que más allá de lo argüido por la parte, ciñó la condena de Guglielmetti a la representación conceptual de un acontecer histórico esencialmente idéntico, pero más acotado, que aquel que inicialmente se le atribuyera.
Abundando, cabe consignar que al comienzo del debate y en ocasión de formular los lineamientos de la acusación, la representante del Ministerio Público Fiscal, reeditando sustancialmente el contenido del auto de imputación y del requerimiento de elevación a juicio, definió el hecho penal sindicado en los términos siguientemente citados: “el imputado Alejandro Benjamín Guglielmetti entre los años 2008 y 2010, en circunstancia en que le enseñaba a manejar un automóvil a su hijastra A.F. –cuando ella tenía 13 años de edad y hasta sus 15 años-, la llevó por el camino que va a la playa de la localidad de Punta Alta, con la excusa de enseñarle a manejar, sentó a la joven sobre su regazo, la hizo tomar el volante y practicó movimientos masturbatorios. Así también en el mismo período temporal considerado y en la misma localidad, en la habitación de A.F. en la casa en la que convivían –casa ** del Barrio ***, le efectuó tocamientos a la víctima en la vagina, cola y pechos de la niña y le introdujo sus dedos en la vagina de la misma, bajo amenaza de separarla de su madre… [los que por] su naturaleza… así como las circunstancias de realización de los mismos, la corta edad de la víctima, el tiempo de duración y la relación de confianza que la unía con el imputado –padrastro- configuran un grave ultraje contra la integridad sexual de la niña” (ver fs. 2 vta./3); relato de los hechos que luego fue reeditado por la fiscal al alegar en los términos del artículo 368 primer párrafo del código ritual, pero de forma más acotada, excluyéndose de la imputación el tramo correspondiente a los sucesos que habrían ocurrido en el interior del automóvil del imputado, y permaneciendo incólumes los restantes aspectos, relativos a los abusos perpetrados en el interior del domicilio en que la víctima convivía con el imputado, los que pudieron ser mejor definidos desde la perspectiva temporal, circunscribiéndose tanto la edad de la damnificada al momento de los hechos como así también, las ocasiones en las que aquellos se produjeron (ver fs. 24 vta.), facilitando así el ejercicio de la Defensa.
Luego, visto que al sentenciar, el a quo respetó la plataforma fáctica así definida en la acusación, que le sirve de continente, absteniéndose de introducir variaciones sorpresivas que obstaculizasen o menoscabasen el debido proceso y defensa en juicio del imputado que, por lo dicho, siempre supo cuáles fueron los hechos imputados y tuvo posibilidad real de controvertirlos, los reclamos interpuestos con base en el presunto avasallamiento de las garantías citadas, que, como dije, no se patentizan vulneradas, deben ser rechazados (artículos 18 y 75 inciso 22° de la Constitución Nacional; 210, 373, 374, 448, 450, 451, 454 inciso 1°, 456 y 459 del Código Procesal Penal).
IV.-
Sentado ello, e ingresando entonces al control de constitucionalidad del veredicto, adelanto que las renovadas críticas de la esforzada defensa por conmover la condena del encartado, no logran la casación peticionada.
En efecto, el a quo desarrolló la plataforma de convencimiento a partir de la categórica declaración prestada por A.F. , quien con los dones del contradictorio, relató las circunstancias de modo, tiempo y lugar en los que se sucedieron los ataques contra su integridad sexual a manos de su padrastro.
En lo medular, manifestó que cuando la nombrada contaba con nueve años de edad, su mamá formó pareja con el imputado, con quien un año más tarde empezaron a convivir, indicando que al comienzo, esa convivencia fue buena, pero que con el paso del tiempo fue empeorando, explicando que le decía que estaba gorda, que le impedía estar con su mamá, que también le impedía a su padre biológico hablar con su progenitora, y que los obligaba a hacer siempre lo que el encartado quería, destacando las actividades en la playa.
Recordó que cuando se desarrolló, alrededor de los doce años, Guglielmetti comenzó a llevarla por detrás de los tamariscos, donde prácticamente no había gente, y a obligarla a levantarse la remera, para ver como se le iban desarrollando los pechos, y refirió que también adquirió la costumbre de desatarle el nudo de la malla, “como jugando”, alegando que no podía saber que eso estaba mal.
Siguió diciendo que a partir de ese momento, todo se complicó aún más, fue tomando mayor intensidad, señalando que su padrastro empezó a perseguirla aún más, revisando sus carpetas, su placard e incluso su teléfono celular, y también a controlar si jugaba con los amigos del barrio, evocando que si la veía jugar con varones, le espetaba “¡cómo te gusta el olor a bolas a vos!”.
Abundando, refirió que luego de que la nombrada tuviese su primera menstruación, Guglielmetti comenzó a decirle a su madre que ya tenía que empezar a depilarse, añadiendo que empezó a inspeccionar la ropa interior que usaba, y en particular, si se usaba corpiños push-up.
Al mismo tiempo aludió a las actitudes desubicadas del encartado, afirmando que “siempre le gustaba andar en bolas por la casa, tapado por un tallón, que por ahí se le caía, o… en calzoncillos”, incluso frente a sus amigos, y que en una ocasión lo vio bailando completamente desnudo con su hermanita, volviendo nuevamente sobre sus hábitos de desatarle el corpiño de la malla y dejarla “desnuda en la playa llena de gente”.
Luego, y en oportunidad de referirse puntualmente a los abusos padecidos a manos de su padrastro, la testigo se quebró y con marcada angustia, evocó que a partir de los 13 años, Guglielmetti comenzó a tocarla. Refirió que ello ocurría por las noches, cuando su mamá iba a bañarse, y el nombrado, con la excusa de dejar a su hermanita dormida en la cucheta de abajo, aprovechaba para acercarse a su cama, la hacía poner de espaldas y le tocaba la vagina y la cola, amenazándola con alejarla de su madre si decía algo.
Asimismo explicó que aunque inicialmente, los tocamientos tuvieron lugar por encima de las prendas, con el paso del tiempo el nombrado comenzó a tocarla por abajo, afirmando que durante el último año de convivencia con el imputado, y para cuando la dicente contaba con quince años de edad, él ya la tocaba por abajo, e incluso le metía los dedos en la vagina; estimando que los hechos se repetían aproximadamente una vez por semana.
Dijo que cuándo esos hechos ocurrían, solo atinaba a llorar, asegurando que por el temor que
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