Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 86648
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso deducido por el Ministerio Público Fiscal, sin costas;
II. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa y confirmar la sentencia atacada en todo cuanto fuera materia del agravio analizado, con costas;
III. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 14 de la ley 48; 40, 41, 41 bis, 45 y 79 Código Penal; 4 de la ley 22.278; 56, 58 y concs. de la ley 13.634; 448, 450, 451, 452, 454, 456, 459, 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
"Registrado bajo el Nro. 1114 Año 2018"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 29 de NOVIEMBRE de 2018 se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 86648 caratulada “A., S. J. S/ RECURSOS DE CASACION INTERPUESTOS POR DEFENSA OFICIAL Y AGENTE FISCAL”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
Llegan estas actuaciones para conocimiento del Tribunal a raíz de los recursos interpuestos por el Defensor Oficial y el Ministerio Público Fiscal, contra la sentencia dictada el 1ero. de julio de 2013 por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil nro. 2 del Departamento Judicial de La Plata, a través de la cual se condenó a S J. A. a la pena de cinco años y cuatro meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego (artículos 41 bis y 79 del Cód. Penal).
I. En apretada síntesis, el defensor denuncia arbitrariedad en la decisión del tribunal que sostuvo la necesidad de imponer una pena al encartado, contrariando – a su criterio - la evolución demostrada oportunamente por el joven A. y los principios legales, constitucionales y convencionales que rigen en el fuero especializado, solicitando se revoque el fallo recurrido y se lo exima de pena.
En subsidio y de entender que procede la imposición de una sanción penal, solicita – siguiendo el voto que quedó en minoría – se establezca su cumplimiento en arresto domiciliario o, en su defecto, en la modalidad de prisión nocturna (ver fs. 16/19).
II. Por su parte, la fiscalía controvierte el procedimiento seguido por el tribunal al determinar el monto de pena impuesto al encartado.
En efecto, alega que a S J. A. se le atribuyó haber cometido un homicidio agravado y que esa conducta es la que debió dar fundamento y medida a la pena, y no – como lo resolvió el tribunal – su proyecto educativo o buen comportamiento posterior al delito. En definitiva, considera que al establecer la pena el tribunal se basó en la conducta post-delictual del joven, incompatible con el principio constitucional de culpabilidad.
Por otro lado, considera que la pena impuesta a A. – determinada en el mínimo legal, de acuerdo con el delito atribuido y la reducción prevista en el art. 4 de la ley 22.278 -, resulta exigua y se contrapone a los propios fundamentos que se dieron en el fallo, donde se valoraron agravantes, solicitando se haga lugar al recurso y se imponga una pena mayor, acorde a la requerida oportunamente por esa parte (fs. 50/52vta).
Hizo reserva del caso federal.
Practicado que fuera el sorteo de rigor, y notificadas las partes (fs. 97/vta.), el recurso radicó en la Sala.
La Defensora ante esta Sede, Dra. Susana Edith de Seta, mantuvo el recurso de casación interpuesto en favor de S J. A., remitiéndose a los argumentos expuestos por su inferior (fs. 99/vta).
A su turno, la Fiscal ante esta Sala, Dra. Daniela Bersi, solicitó la realización de un informe ambiental a fin de conocer la actual situación del joven, en atención al tiempo transcurrido desde el dictado de la sentencia y los motivos de agravios invocados en el recurso del Ministerio Público Fiscal (fs. 99).
Agregado el informe requerido (ver fs. 132/134), sostuvo el recurso interpuesto, remitiéndose a los argumentos desarrollados por la fiscal de la instancia (fs. 156).
Realizada la audiencia del art. 60 de la ley 13.634 (fs. 157/vta) y puestos los autos en condiciones de resolver, el Tribunal decide plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto por la Agente Fiscal?
Segunda: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto por la defensa de S J. A.?
Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
I. Previo a ingresar en el tratamiento de los agravios invocados por ambas partes - en tanto involucran cuestiones relativas a la necesidad y monto de la pena impuesta al encartado -, advierto el tiempo transcurrido desde el dictado de la sentencia originaria (01.07.13), motivado en el trámite de la causa ante otras instancias revisoras – a partir del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra el auto de responsabilidad y el recurso de apelación contra el fallo que impuso la pena -, interpuestos con antelación a la reforma de la ley 13.634 que modificó el trámite recursivo contra las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil, atribuyendo competencia al Tribunal de Casación (arts. 18, 26 y 61 en su nueva redacción según ley 14.765).
II. Sentado lo anterior, observo que el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil nro. 2 del Departamento Judicial de La Plata, luego de celebrar la audiencia en los términos del art. 4 de la ley 22.278, resolvió condenar a S J. A. a la pena de cinco (5) años y cuatro (4) de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
III. La crítica de la fiscalía transita por atacar el método utilizado por el tribunal a fin de expedirse sobre la necesidad y monto de la pena impuesta al encartado. En especial, cuestiona que se hayan ponderado circunstancias posteriores al delito - como su proyecto educativo o buen comportamiento -, considerando que el razonamiento seguido por los magistrados resulta incompatible con el principio constitucional de culpabilidad.
Ahora bien, advierto que la interpretación propuesta por la parte choca abiertamente con las normas y principios que rigen el fuero penal juvenil, en especial con la finalidad eminentemente educativa que debe primar en todo el proceso especializado.
En efecto, en el proceso penal juvenil, una vez determinada la responsabilidad penal rige la denominada "cesura de juicio" dedicada a determinar la necesidad de la sanción penal y – cuando corresponda - su individualización. Así, se faculta al magistrado a examinar con mayor detenimiento la proporcionalidad de la sanción punitiva frente al delito y, en especial, la concreta posibilidad de que el juez eventualmente entienda que no resulta pertinente aplicarla.
En ese sentido, la ley 22.278 - que regula el Régimen Penal de la Minoridad -, dispone en su artículo cuarto los requisitos que deben cumplirse para posibilitar la imposición de pena a un menor alcanzado por esa ley, agregando distintos parámetros que deben ser tenidos en cuenta por el juzgador al momento de decidir la necesidad de aplicar una sanción y – eventualmente – su monto, entre los que se destacan, en lo que aquí importa, “el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez”, circunstancias que aun siendo posteriores a la comisión del hecho ilícito resultan relevantes en la decisión.
Así, al contrario de lo sostenido por la parte, la determinación de la “necesidad de pena” analizada a la luz de la finalidad que persigue la sanción en el fuero juvenil, involucra necesariamente la valoración de circunstancias posteriores al delito, que abarcan – como en el caso concreto - la evolución del joven en el tratamiento tutelar, su posicionamiento subjetivo frente a la infracción de la norma penal y la posibilidad cierta de asumir un proyecto de vida constructivo.
En efecto, resulta un principio fundamental del sistema penal juvenil que las medidas impuestas a los jóvenes deben tener como finalidad fomentar su sentido de responsabilidad y orientarlos en un proyecto de vida digno. A la vez, el sistema dispone la utilización de la privación de libertad como último recurso y durante el período más breve posible (art. 37 b de la CDN).
Estos principios se apoyan en el dato objetivo de que el joven es un sujeto cuya personalidad no se encuentra completamente desarrollada, producto de la falta de evolución de su esfera afectiva, propia de su etapa vital, dato relevante al momento de determinar la consecuencia penal de su conducta.
En efecto, como ha explicado nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Maldonado, Daniel E. y otro” (Fallos 328:4343, consid. 37) “corresponde a un incuestionable datoóntico que [los jóvenes] no tienen el mismo grado de madurez emocional que debe suponerse y exigirse en los adultos (…) Toda la psicología evolutiva confirma esta observación elemental (…) Esta incuestionada inmadurez emocional impone, sin lugar a duda alguna, que el reproche penal de la culpabilidad que se formula al niño no pueda tener la misma entidad que el formulado normalmente a un adulto. Desde este punto de vista, la culpabilidad por el acto del niño es de entidad inferior a la del adulto, como consecuencia de su personalidad inmadura en la esfera emocional”.
A partir de allí, cobra relevancia “la razón por la que la que el legislador concede al juez una facultad tan amplia al momento de sentenciar a quien cometió un hecho cuando aún era menor de 18 años”, pues “se relaciona con el mandato de asegurar que estas penas, preponderantemente, atiendan a fines de resocialización, o para decirlo con las palabras de la Convención del Niño, a ‘la importancia de promover la reintegración social del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad”. (CSJN, Fallos 328:4343, consid. 22).
Sentado lo anterior, observo que la fiscalía se limita a sostener dogmáticamente la violación del principio de culpabilidad, sin ofrecer – a mi juicio - ninguna argumentación seria que lo demuestre y sin reparar en que es la propia ley – art. 4, 22.278 - la que obliga al juez a ponderar el resultado del tratamiento tutelar al momento de decidir la sanción, dato necesariamente posterior a la comisión del delito.
Por lo demás y en orden a la cuantificación de la sanción, advierto que la fiscalía insiste en la gravedad del hecho cometido por el encartado, parámetro que – por cierto – fue ponderado por el tribunal al momento de evaluar la necesidad y monto de la pena (ver fs. 6vta/7), aunque con distintos alcances a los postulados por la acusación; argumentación que por sí sola no demuestra la arbitrariedad denunciada sino un mero disenso con los criterios expuestos por el tribunal al momento de resolver la sanción penal del encartado.
Por ello, en orden a las consideraciones formuladas, propongo al acuerdo RECHAZAR el recurso deducido por la fiscalía, sin costas.
Por lo expuesto a esta PRIMERA CUESTION VOTO POR LA NEGATIVA (arts. 40, 41, 41 bis 45, 79, Cód. Penal; 4, ley 22.278; 56, 58 y concs., ley 13.634, 448, 450, 451, 452, 456, 459, 460, 530 y 531 CPP).
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral y a esta cuestión voto en igual sentido.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
En relación a los agravios invocados por la defensa, advierto que el tribunal realizó un análisis de las normas que dieron sustento a su posición y examinó la necesidad de pena del joven con apego a las constancias de la causa, atendiendo a la finalidad eminentemente educativa que tiene la sanción en el fuero especializado.
En efecto, el tribunal dictó sentencia observando lo dispuesto en los arts. 4 de la ley 22.278 y 58 de la ley 13.634. En ese marco, ponderó los distintos parámetros que tuvo en cuenta al decidirse por la sanción y las razones que lo llevaron a reducir la pena en la forma prevista para la tentativa.
En esa tarea, ponderó el resultado del tratamiento tutelar del joven a partir de los informes incorporados en la causa que - sin desconocer su favorable evolución - dieron cuenta que aún no había cumplido con los fines reeducativos y de integración social perseguidos en la intervención del fuero (ver fs. 6).
Lo anterior permitió al tribunal descartar la pretensión de la defensa cuando invocó que aquellos fines, en relación a S J. A., estaban cumplidos.
En efecto, el a quo valoró la gravedad de hecho atribuido al encartado en el marco de la necesidad de continuar con su abordaje institucional, en aquel entonces orientado a fomentar “el respeto de los derechos de terceros”, asumir “el grado de conciencia sobre el daño causado” y “el reconocimiento de ciertos límites propios de la vida en comunidad”, que – en definitiva - hicieron necesaria la imposición de una sanción, traducida en el mantenimiento de su encierro y abordaje institucional (ver fs. 7).
Así, advierto que la necesidad de pena en el caso concreto se decidió con apego a los principios que rigen la interpretación y aplicación de las normas del proceso penal juvenil, que al disponer sus finalidades propias – en lo que aquí interesa destacar – se orienta a que el joven “asuma una actitud constructiva y responsable ante la sociedad, adquiriendo respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas” (art. 33, ley 13.634).
Luego, no advierto arbitrariedad alguna en la decisión del tribunal que a partir del análisis integral de los parámetros previstos en el art. 4 de la ley 22.278 y de los informes oportunamente practicados al joven (que en lo esencial daban cuenta de un incipiente abordaje psicológico y de su reciente ingreso en el ámbito universitario – ver fs. 6/vta), estableció la necesidad de imponerle una sanción penal considerando que A. no había internalizado las consecuencias de su conducta, estimando adecuada la pena de cinco años y cuatro meses de prisión, determinada así en el mínimo legal de la escala prevista para el delito imputado y de conformidad con la reducción del art. 4 precitado.
En definitiva, los agravios invocados por la defensa al cuestionar la decisión del tribunal no logran demostrar la arbitrariedad denunciada.
Determinado lo anterior y considerando que el joven S J. A. agotó con la medida cautelar dispuesta en la instancia – primero en prisión preventiva y luego en arresto domiciliario – la pena no firme de cinco años y cuatro meses de prisión oportunamente impuesta, no corresponde abordar el planteo subsidiario de la parte que postuló su cumplimiento bajo una modalidad distinta del encierro.
Por ello, en orden a las consideraciones formuladas, propongo al acuerdo RECHAZAR el recurso deducido por la defensa y CONFIRMAR la sentencia impugnada en todo cuando fuera materia del agravio analizado, con costas.
Por lo expuesto a esta SEGUNDA CUESTION VOTO POR LA NEGATIVA (arts. 18 y 75 inc. 22 Const. nac, 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 40, 41, 41 bis, 45, 79, Cód. Penal; 4, ley 22.278; 56, 58 y concs., ley 13.634, 448, 454, 456, 459, 530 y 531 CPP).
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral y a esta cuestión voto en igual sentido.
A la tercera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Conforme el resultado de las cuestiones precedentes, corresponde: I. RECHAZAR el recurso deducido por el Ministerio Público Fiscal, sin costas; II. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa y CONFIRMAR la sentencia atacada en todo cuanto fuera materia del agravio analizado, con costas (arts. 18 y 75 inc. 22 Const. nac, 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 40, 41, 41 bis, 45, 79, Cód. Penal; 4, ley 22.278; 56, 58 y concs., ley 13.634; 448, 450, 451, 452, 454, 456, 459, 460, 530 y 531 CPP).
A la tercera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Que voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. RECHAZAR el recurso deducido por el Ministerio Público Fiscal, sin costas;
II. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa y CONFIRMAR la sentencia atacada en todo cuanto fuera materia del agravio analizado, con costas;
III. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 14 de la ley 48; 40, 41, 41 bis, 45 y 79 Código Penal; 4 de la ley 22.278; 56, 58 y concs. de la ley 13.634; 448, 450, 451, 452, 454, 456, 459, 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
Regístrese, notifíquese y remítase a la Mesa Única General de Entradas para su devolución a origen.
FDO.: CARRAL – MAIDANA.
ANTE MÍ: JORGE ANDRES ALVAREZ.
Fin de la sentencia