Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala VI · Causa 88257
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala VI del Tribunal de Casación Penal, el 12 de marzo de dos mil diecinueve se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo R. Maidana y Mario E. Kohan (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa nro. 88.257, caratulada: “Grassi, Julio César s/Recurso de Casación”, conforme al siguiente orden de votación: Maidana - Kohan.
El 25 de octubre del año 2017, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Morón, resolvió declarar mal concedidos los recursos de apelación interpuestos por los representantes de los particulares damnificados doctores Juan Pablo Gallego y Sergio Daniel Piris; rechazar el presentado por el doctor Ricardo Walter Malvicini, en su carácter de Defensor Particular de Julio César Grassi, confirmando, por mayoría, la resolución del 2 de mayo de 2017 del Tribunal en lo Criminal nro. 1 en cuanto aprobara el cómputo de pena, modificando su vencimiento al dejar establecido que operará el día 7 de agosto de 2026.
Contra dicho pronunciamiento, interpusieron recursos de casación, el doctor Sergio Piris, en su carácter de letrado apoderado del particular damnificado Oscar Aguirre (fs. 77/83); el doctor Juan Pablo Gallego como apoderado del particular damnificado Federación de Comités de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Argentina –C.A.S.A.C.I.D.N.- (fs. 83/98vta.); el doctor Ricardo Walter Malvicini, como defensor de Julio César Grassi (fs. 103/112) y el Fiscal General del Departamento Judicial Morón, doctor Federico G. Nieva Woodgate (fs. 113/117).
El Fiscal ante el Tribunal de Casación, doctor Carlos Arturo Altuve, solicita el rechazo del recurso de casación interpuesto por la Defensa al estimar garantizada la doble instancia. Comparte lo resuelto por la Alzada acerca de que las medidas alternativas a la prisión preventiva no deben computarse en los términos del artículo 24 del CP. En lo demás adhiere a los fundamentos esgrimidos por el Fiscal (fs. 137/138).
Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto por la Defensa?
Segunda: ¿Resultan admisibles los recursos de casación interpuestos por los Particulares Damnificados?
Tercera: ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal?
Cuarta: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor Maidana, dijo:
Sostiene la Defensa de Julio César Grassi que el recurso ha sido interpuesto en legal tiempo y forma contra una sentencia definitiva. Denuncia que en el pronunciamiento atacado se han aplicado erróneamente los artículos 14.5 del PIDCyP; 8.2.h. de la CADH; 18, 75 inciso 22 de la CN; 168, 171 de la Const. Prov. Bs. As.; 24 del CP; 1, 3, 159 y 160 del CPP. Refiere que la libertad locomotiva de su defendido se vio seriamente comprometida con motivo de las reglas (arts. 159 y 160 del CPP). Reseña que en fecha 28 de diciembre de 2005 se ordenó que se controle, sin previo aviso el cumplimiento de las medidas de coerción dispuestas, destacando que dichos exámenes se llevaron a cabo en reiteradas ocasiones. Alega que tanto el instituto de la prisión preventiva como el de su alternativa o morigeración presentan semejante naturaleza jurídica, diferenciándose únicamente en la etapa en que proceden. Manifiesta que la medida coercitiva a la que fue sometido su asistido desde el 22 de noviembre de 2002 afectó su libertad y derechos individuales, por lo que tales limitaciones debieron ser computadas como tiempo de encierro; ello así atendiendo a una interpretación restrictiva de toda disposición que coarte la libertad personal (art. 3 del CPP y doctrina del fallo “Llabres” de la SCBA). Solicita se case el fallo arbitrario de la Alzada, y se compute el lapso sufrido por su asistido bajo el instituto de la alternativa a la prisión preventiva (conforme el art. 24 del C.P.). Formula reserva del caso federal.
El recurso no habrá de prosperar.
Preliminarmente cabe resaltar que el A Quo juzgó ajustado a derecho el cómputo de pena aprobado por el Tribunal, y sólo estableció una diferencia que se traduce en la fecha de vencimiento y caducidad registral, de esta manera determinó que los períodos de encierro a contabilizar son los siguientes:
“ - del 24/10/2002 hasta 21/11/2002, resultan 29 días.” (lapso de detención que comprende hasta el dictado de la medida alternativa a la prisión preventiva).
“-del 7/3/2012 hasta el 31/5/12, resultan 2 meses y 24 días.” (período en el que permaneció en prisión domiciliaria, hasta la revocación efectuada por la Alzada, oportunidad en la que se reanudó el régimen de la medida alternativa a la prisión preventiva).
“- y luego a contar desde el 23/9/2013 en adelante ininterrumpidamente.” (prisión preventiva).
Dispuso que: “De acuerdo a lo establecido por el artículo 7 de la ley 24.390, los primeros dos años de encierro se contarán simples. Dicha cuenta arroja que el 31/5/2015 se completaron los dos años, y desde allí el tiempo debe computarse doble hasta el día 21/3/2017 (fecha en que adquirió firmeza la sentencia) arrojando éste período un total de 1 año, 9 meses y 22 días, que traducidos resultan en definitiva en 3 años, 7 meses y 14 días. Al sumar entonces ambos períodos, concluyo en que se cumplieron al día de la firmeza de la condena, 5 años, 7 meses y 14 días de encierro.
Entonces, teniendo en cuenta lo cumplido y lo que falta por cumplir de la condena de 15 años de prisión, en definitiva, la pena impuesta vencerá el día 7/8/2026 y su caducidad registral operará el día 7/8/2036.” (fs. 41vta./42).
Por último, la Cámara decidió, por unanimidad, que: “ … el tiempo en que Julio César Grassi estuvo en libertad cumpliendo la medida alternativa a la prisión preventiva, no puede ser computado como cumplimiento de pena, y solo el período en que estuvo sometido a encierro preventivo será válido a los fines que informa el art. 24 del Código Penal, de tal modo que también corresponde incluir el tiempo de detención domiciliaria.” (fs. 28).
Sentado lo anterior, más allá de que, conforme lo dispuesto en el art. 433 del CPP, corresponde a la Cámara de Apelación y Garantías evaluar si la resolución era recurrible, junto a los demás requisitos que la norma prevé, a esta altura, se impone examinar lo resuelto por el A Quo a fs. 119/121, en relación a la presentación articulada por la Defensa.
La aprobación de un cómputo de pena, en tanto fija sus alcances concretos, constituye parte del fallo de condena, poniendo fin a la cuestión atingente al modo de contabilizar el tiempo que insumirá la ejecución de la sanción impuesta, resulta complementaria de una sentencia condenatoria y conforme lo sostiene la SCBA “…es equiparable a sentencia definitiva” (cfr. P.105.638 sent. de 7-X-2009, Ac. 60.798, sent., del 17-X-1995, P. 62.754, sent. del 28-III-2001, P.86.333, sent. del 19-XI-2003; y RP 116.563, sent. 07-III-2012, e/o.).
En rigor, a través del cómputo de pena se fija en forma inalterable la cantidad de sanción conmensurable en los términos del art. 24 del C.P.
Conforme me he expedido en plurales precedentes (TCP, Sala Sexta, causa nro. 71.050, caratulada: “Martínez, Pedro Francisco s/Recurso de Casación”, sent. del 5/7/16, Reg. 378/16, entre otras); el carácter definitivo que ostenta el decisorio de la Alzada, no resulta suficiente para tornar admisible el recurso de casación cuando la impugnada es una resolución confirmatoria de la Cámara de Apelación y Garantías, ya que ésta no integra la nómina de las que son susceptibles de dicho recurso conforme lo establece el art. 450 del CPP. De tal modo que la apertura de la vía intentada solo operará en los supuestos de admisibilidad del recurso extraordinario federal y siempre que este cuerpo resulte el tribunal intermedio llamado a habilitar la eventual posterior intervención de la Suprema Corte como superior Tribunal de la causa en los términos del art. 14 de la ley 48 (cfr. CSJN, doctrina Fallos 308:490, “Strada” y 311:2478 “Di Mascio”, entre otros).
En principio, cabe señalar que del primer párrafo del art. 450 del CPP, que expresa: “ … podrá deducirse el recurso de casación contra las sentencias condenatorias dictadas en juicio por jurados y contra las sentencias definitivas de juicio oral, juicio abreviado y directísimo en lo criminal, …”, se desprende que no están incluidas en tales hipótesis, decisiones provenientes de las Cámaras de Apelación y Garantías (cfr. art. 21, CPP; art. 38, ley 5827, texto según Ley 13.634).
Una interpretación contraria que habilitara a revisar ante este Tribunal de Casación los cómputos de pena efectuados por los órganos jurisdiccionales de juicio o de ejecución, que ya fueron controlados y confirmados por la Cámara con motivo del recurso de apelación (art. 500, CPP), resultaría, además, sistemáticamente inconsistente, pues implicaría que el veredicto y la sentencia en materia criminal, que es donde se resuelven las cuestiones esenciales relativas a la existencia del injusto y sobre la culpabilidad y, en su caso, se determina la pena aplicable (arts. 371, 375 y cc., CPP), estarían sujetos a una sola instancia ordinaria de control, mientras que la resolución que solo aprueba el cómputo de esa sanción contaría con otra adicional.
Ahora bien, ha de destacarse que la misma solución procede cuando se alega que el cómputo confirmado en segunda instancia por la Cámara repercute en la privación de la libertad del penado y, en consecuencia, se pretende la aplicación del último párrafo del artículo 450 del CPP que, en su redacción vigente, establece que podrá interponerse recurso de casación contra “los autos dictados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal cuando denieguen la libertad personal, incluso en la etapa de ejecución”.
Ello así, pues, aquí también el objetivo es garantizar el derecho al recurso, en casos donde la libertad personal es denegada por primera vez por la Cámara y admitir su tratamiento, pese a que dicho derecho haya sido ejercido y exista doble conformidad judicial, cuando se verifique una situación de gravedad institucional o concurra alguna cuestión constitucional que posibilite la apertura de la instancia extraordinaria federal (ver Sala VI, c. 54.752, rta. 13 de noviembre de 2012, Sala II, c. 36.257, rta. 1 de septiembre de 2009 y Sala III, c. 40.814, rta. 18 de marzo de 2010, e. o.).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han realizado un desarrollo conteste con lo expuesto atendiendo, en un principio, a la sentencia condenatoria y, luego, a otros autos procesales relevantes.
En efecto, el control de los autos procesales relevantes que no constituyen sentencia fue confiado tradicionalmente al recurso de apelación, el que satisface con amplitud los requerimientos reclamados por aquéllos, extendiendo dicha función al recurso de casación para circunstancias donde, por razones vinculadas al estadio del procedimiento, aquél no lograba satisfacer la garantía en cuestión (cfr. CSJN, Fallos 320:2326, 319:585, 321:3630, 322:3225 y 324:4076).
Desde esta perspectiva, es posible afirmar que la garantía mencionada se encuentra observada en los presentes obrados, de allí adelanto que la impugnación interpuesta no encuentra asidero en lo normado por el artículo 450 del CPP.
Ello porque el pronunciamiento dictado con fecha 25 de octubre de 2017 (fs. 44/68) contiene una expresión de conformidad con la decisión que sobre el fondo del asunto tomó el Tribunal en lo Criminal (fs. 2/9).
Hay, entonces, dos pronunciamientos en un mismo sentido, por lo que el auto de la Cámara no resultó revocatorio del de primera instancia sino, precisamente, todo lo contrario (art. 450, segundo párrafo, a contrario sensu , del CPP).
Sin embargo, como se adelantó, estimo que corresponde a este Tribunal establecer si existe gravedad institucional, o cuestión federal en condiciones de ser examinada en la instancia extraordinaria, a tenor de los requisitos previstos en el art. 14 de la Ley 48, en cuyo caso deberá atender los motivos de agravio del recurso a fin de posibilitar su tránsito hacia el superior tribunal de la causa.
La Corte Federal retornó al tradicional principio del derecho constitucional argentino –cfr. Fallos 327:619, 327:3488, entre otros- según el cual ningún tribunal de justicia puede negarse a examinar aquellas cuestiones constitucionales que eventualmente podrían ser tratadas por el órgano a través del recurso extraordinario y, consecuentemente, no son válidas las restricciones procesales que impiden a las instancias anteriores cumplir esta obligación que surge del artículo 31 CN (Fallos 33:162, 308:490 y 311:2478, entre otros).
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en forma concordante, afirmó que debe darse respuesta a las eventuales cuestiones federales que se susciten a fin de posibilitar el tránsito de la causa por las instancias superiores locales, extendiendo los supuestos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (Ac. 95.296, 4-XI-2006, 102.374, 28-IX-2011, Ac. 100.512, 31-X-2007; Ac. 101.795, 13-V-2009; 101.263, 17-VI-2009, entre muchos otros).
La pretensión de innecesariedad de que exista cuestión federal o gravedad institucional para ingresar al tratamiento del recurso, cuando se encuentre comprometida la libertad de una persona, introduce asimetrías difíciles de justificar al sistema recursivo e invertiría el orden de prelación establecido por la CIDH y la CSJN, al habilitar más oportunidades para impugnar ciertos autos procesales importantes que las previstas para cuestionar la sentencia, inconsistencia que, tal como se ha mencionado, se presenta respecto de la resolución que aprueba el cómputo de pena.
Por eso, atendiendo únicamente las omisiones que pueden obedecer a la instancia por la que se encuentra transitando el proceso, deben tenerse en consideración los diversos requisitos que, conforme ha sido desarrollado por la Corte, hacen a la admisibilidad formal de este remedio y que han sido sistematizados en la Acordada 4 del 2007, a la que me remito en honor a la brevedad.
Tampoco, desde la perspectiva indicada, el recurso podrá de ser admitido.
En primer lugar, entiendo que el decisorio impugnado no aborda una cuestión de gravedad institucional, al no exceder el interés individual de las partes, afectar a la comunidad toda, comprometer la expedita prestación de un servicio público, o poner en juego la preservación de principios básicos de la Constitución Nacional (Fallos 255:41; 290:266; 292:229 y TCPBA, Sala VI, c. 56.538, rta. 28 de diciembre de 2012).
Luego, más allá de la alegada infracción al bloque federal de constitucionalidad, lo cierto es que el impugnante centra sus embates en la inteligencia y alcance de normas no federales, de derecho común y procesal –vgr. 24 del CP; 159 y 160 del CPP– lo que denota que, en la especie, la controversia no se halla conectada centralmente a una temática constitucional y, por ende, configura materia ajena a la jurisdicción extraordinaria (art. 15 Ley 48 y Fallos 164:110; 18:205: 324:1344, 311:647 y 311:667, e. o.).
Por lo demás, la resolución impugnada no es susceptible de la descalificación por arbitrariedad, pues la Cámara examinó en detalle el caso. Adviértase que evaluó de manera exhaustiva las reglas de conducta que le fueron impuestas a Julio César Grassi en ocasión de dictarse la medida alternativa a la prisión, en consonancia con los arts. 144, 159 y 160 del CPP, a saber: “a) presentarse el primer día hábil de cada mes ante éste juzgado o ante el órgano jurisdiccional interviniente, b)constituir domicilio real en el ámbito de esta provincia y fuera de cualquier sede o dependencia de la Fundación Felices los Niños, c) la prohibición de ausentarse de su domicilio por un lapso mayor a las 24 horas, sin autorización jurisdiccional previa, d) el compromiso de no presentarse solo en las sedes o dependencias de la Fundación Felices los Niños, debiendo hacerlo en el horario de 8:30 a 18:30 hs y bajo la responsabilidad y acompañamiento de la persona que él designe (pudiendo a su vez, el cuidador delegar su función a un tercero), quien quedará sujeta a la previa aprobación de la suscripta y deberá concurrir a labrar el acta de estilo, e) la prohibición de tener contacto con alguna persona menor de edad, en lugares privados y a solas, f) la exigencia de no acercarse, referirse públicamente, no comunicarse intencionalmente con las víctimas, ni con cualquier otra persona íntimamente vinculadas a ellas, g) la promesa de someterse a proceso”. Luego, también ponderó las nuevas obligaciones decididas al tiempo de dictarse la sentencia de primera instancia -confirmada por este Tribunal con fecha 14 de septiembre de 2010-: la prohibición de salir del país e ingresar a la Fundación Felices los Niños.
Sobre el punto el A Quo explicitó que las citadas reglas no importaron un real menoscabo de la libertad ambulatoria y, en lo que interesa reseñar, consideró que los controles a los que se vio sometido, se alejan de las estrictas restricciones que conllevan la detención domiciliaria. En definitiva, no se tratan de situaciones asimilables, conforme lo pretendiera la defensa.
Por lo demás, agrego que la doctrina del pronunciamiento del Máximo Tribunal Local que cita el impugnante (“Llabrés”, causa P-92.518 del 11/3/05), no es de aplicación al caso, tal como lo estableciera la propia SCBA en causa P-125.992 (sent. del 26 de octubre de 2016) al resolver que: “… el tiempo en el que el procesado se halla sometido a una libertad caucionada durante la sustanciación de la causa no es una detención ni una prisión preventiva computable como pena según el artículo 24 del Código Penal”. “En este sentido sólo el tiempo de excarcelación cumplido por el imputado en términos de libertad condicional, esto es con la verificación ex ante de los requisitos legales (art. 13, párr. 1 del CP) y con las consecuentes condiciones fijadas para su curso (ib. Art. 13, aps. 1 a 6) es el que, por analogía con aquel instituto del derecho de fondo, ha sido mayoritariamente asimilado por esta Corte como tiempo de cumplimiento hábil a los fines del cómputo de la pena. ” (del voto de la doctora Kogan).
En definitiva, la Defensa no logra demostrar que la resolución carezca de base legal (cfr. CSJN, Fallos: 297:462), se apoye en normas inaplicables (cfr. CSJN, Fallos: 297:106, 250 y 442; 298:327; 300:207), o que haya omitido considerar situaciones que debieron tenerse en cuenta para decidir el pleito (cfr. CSJN, Fallos: 297:109, 280 y 354; 299: 105). Es que la doctrina de la arbitrariedad reviste carácter excepcional (CSJN, Fallos: 297:561; 300:982; 302:1574), y por esa razón exige únicamente que las sentencias sean derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (CSJN, Fallos: 297:100; 298:360 y 299: 226), circunstancias cuyo incumplimiento la parte no consiguió evidenciar.
Por lo que si bien el impugnante ha invocado que la resolución causa gravamen irreparable, no ha conseguido demostrar el compromiso de una cuestión federal suficiente y vinculada directa e inmediata a los hechos aquí debatidos (Fallos 310:1542 y 325:2129).
En resumen, el recurso de la Defensa deviene inadmisible, ya que más allá del carácter de definitivo del pronunciamiento sobre el cómputo de la pena, ante la existencia de doble conformidad judicial, la resolución recurrida no encuadra en ninguna de las hipótesis del artículo 450 del CPP; no existe gravedad institucional, ni cuestión federal suficientemente planteada, que permita habilitar el tránsito hacía el Máximo Tribunal Federal.
Finalmente, de u
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