Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 139794
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 139794 (IPP 1600-10032-21) caratulada “A. M. A., A. G. A., G. B. L. y G. J. D. S/ RECURSOS DE CASACION INTERPUESTOS POR LAS DEFENSAS Y POR PARTICULAR DAMNIFICADO”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
Llegan estas actuaciones para conocimiento del Tribunal a raíz de los recursos de casación interpuestos por los particulares damnificados, y por las defensas de M. A. y G. A. A., B. L., G. y J. D. , G., contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Nicolás -con fecha 22 de abril de 2025 e integración unipersonal-, a través de la cual se condenó a M. A. A. a la pena de cinco (5) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable de los delitos de incendio, lesiones leves, amenazas agravadas, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y abuso sexual; a G. A. A., a tres (3) años de prisión de ejecución condicional y costas, más el cumplimiento de ciertas reglas de conducta por igual plazo, por resultar coautor responsable de los delitos de incendio, lesiones leves y abuso sexual; y a B. L., G. y J. D., G., a las mismas penas y reglas de conducta señaladas en último término, por resultar coautores responsables de los delitos de incendio y lesiones leves (arts. 55, 89, 119, 149 bis párr. primero segunda parte y 189 bis inc. 2, Cód. Penal).
En el recurso interpuesto por el abogado de los particulares damnificados -el cual se encuentra incorporado al expediente electrónico del legajo casatorio-, el letrado refiere que se encuentran abastecidos los requerimientos del inciso 5 del artículo 80 del Código Penal, desde que el medio elegido puso en peligro la seguridad de una multitud de personas que transitaban el predio conocido como “L. Q.”.
Luego, considera que se debió aplicar el inciso 6 del referido artículo 80, en la medida en que “todo el material de los diferentes expedientes incluidos en esta causa” (Sic.) y la internación de B. C. con un corte en la cabeza demostrarían que una gran cantidad de personas estuvieron en el inmueble, además de que I. C. “es la muestra de la violencia de género más específica” (Sic.), en los términos del inciso 11 del citado artículo.
En el capítulo titulado “Incendio Art. 186.4 Peligro de muerte”, destaca que no caben dudas de que el grupo de más de treinta personas no midió consecuencias, siquiera contemplaron la presencia de menores, mientras sostiene que “no hubo muertes por la grandeza de Dios” (Sic.), dado que la explosión de garrafas “o similares” pudieron generar esquirlas mortales.
Por otro lado, aduce que a M. C., previo al incendio, le robaron una gran cantidad de objetos mediante la utilización de armas, consistentes en caños metálicos con cadenas en la punta.
Tras aludir al relato de C. con relación a los abusos y a los dichos de la doctora Clarisa Hernández referidos a lo mismo, así como a la pericia psicológica de Silvia Liliana Serrano, sostiene que se acreditó la introducción de los dedos en la vagina de la víctima, lo que debió ser calificado como “abuso sexual agravado por la penetración de partes del cuerpo humano en vagina, en banda” o, en subsidio, como un abuso sexual gravemente ultrajante, por su duración o por las circunstancias de su realización, dado que -según refiere- G. la sostenía de los brazos, mientras G. apartaba a los niños, además de que la violencia quedó demostrada “en todo el proceso” y también la participación activa de los cuatro en los tocamientos.
Finalmente, solicita que ajusten las penas aplicadas, en función de que “la cantidad de delitos y los agravantes” imponen aplicar, al menos, el mayor de los mínimos.
En el recurso interpuesto por el letrado particular de G. A. A. y J. D., G. -igualmente agregado al expediente electrónico-, el defensor sostiene que no se acreditó la materialidad ilícita del abuso sexual simple, debido a que habría quedado demostrado en el debate que la denunciante se condujo con mendacidades muy relevantes, las cuales permitirían descartar tanto el valor probatorio de su relato como la existencia misma del delito.
Detalla que aquellas mendacidades se vincularían con la presencia de Y. A., la cantidad de personas que ingresaron a la casa, la paliza alegada, la variación en la modalidad del abuso y al presunto incendio de la vivienda de “P.”.
Asimismo, indica que también incurrió en inconsistencias, dado que, cuando fue revisada por las lesiones en la cabeza, no habría mencionado los abusos a la médica Fernández, ni al médico de policía Iturriaga, y -con igual sentido- destaca que no se hallaron lesiones compatibles con la agresión sexual denunciada en zona paragenital, ni defensivas que pudieran ser indicativas de la violencia de género o de índole traumática sexual y, en sustento, alude a los dichos del perito médico legista Foresi.
De igual manera, denuncia que la sintomatología compatible con el abuso sexual referida por la juzgadora se encontraría infundada, a la vez que el contexto de violencia de género no acreditaría el abuso.
Considera que resulta evidente el motivo que tuvo la víctima para mentir sobre el abuso -esto es, la venganza-, dado que M. A. A. había denunciado a la pareja de la denunciante C., F. C., por un abuso sexual con acceso carnal agravado cometido contra su hija, por el cual, antes del debate, resultó condenado a una pena elevada.
Igualmente, sostiene que la juzgadora efectuó una grave discriminación probatoria con relación a la prueba aportada por la defensa para sostener su hipótesis, “sin fijarse que tanto los C. como P., C., A. A., C. y otros eran pareja, parientes e hijos entre ellos y declararon abierta y manifiestamente en contra de A. y los demás imputados incluso mintiendo sin que la Juzgadora dijera nada a ese respecto” (Sic.).
Con ese sentido, cita las testificales de “C.”, de “la madre y la hermana” de G., “O. padre y su hijo”; e indica que G., en el debate, admitió que fue la que se introdujo en la casa y se peleó con la víctima, lesionándola en la cabeza.
En conclusión, entiende que no quedó demostrada la materialidad ilícita y solicita que se absuelva a los acusados por ese delito.
Con relación a las lesiones constatadas el 15 de septiembre por la perita oficial Hernández, sostiene que se descartó que correspondieran a una “paliza” como la denunciada o que se hubieran producido como consecuencia de un ataque como el que dijo haber sufrido la víctima en su casa, debido a que eran de distinta data y que no se correspondían con mecanismos de defensa, sumado a que, por sus ubicaciones, tampoco se corresponderían con una agresión sexual del tenor denunciado.
Tales conclusiones, en su parecer, desvirtúan la autoría y robustecerían su hipótesis de que la única pelea la protagonizó G. con el resultado ya indicado, por lo que correspondería absolver a sus defendidos por tal delito.
En cuanto al incendio, plantea que, a raíz de lo declarado por “P.”, no es cierto que se hubiera incendiado la vivienda de la víctima, a la vez que aclara que el incendio que se aprecia en el video al que alude la magistrada ocurrió a suficiente distancia de la casa de la víctima como para que pudiera ocurrir un contagioígneo.
Igualmente, destaca que ningún testigo dijo haber visto a alguno de sus asistidos llevar consigo algún elemento que pudiera provocar un incendio, ni los vio participar activamente o estar cerca del lugar “donde estaba ubicada la casilla de madera y el auto” (Sic.), a diferencia de M. A., D. B. o D. C., quienes sí fueron vistos con un bidón de nafta.
Denuncia que la afirmación de la jueza respecto de que “el incendio de la vivienda de D. C. distante a varios metros se propagó a las vecinas” (Sic.) también resultaría infundada y contradictoria con el testimonio del “bombero C.”.
Afirma -en suma- que sólo en base al testimonio de la víctima en el debate puede considerarse que G. y G. A. participaron, en forma activa y dolosa, de las lesiones y el incendio, a la par que señala que la atribución de una coautoría funcional carece de pruebas que lo sostengan.
En ese sentido, refiere que el hecho de haber participado G. A. en la pelea no lo convierte en participe o coautor de los hechos que M. A. y otras personas pudieran haber cometido, por lo que solicita la absolución de sus asistidos por el delito de incendio.
En cuanto a la configuración de ese delito, agrega que no se generó un peligro común para otras personas o bienes ajenos, dado que “el bombero C.” indicó que la casilla incendiada no tenía mobiliario en su interior, estaba separada de las otras viviendas y, además, ninguna prueba habría indicado que el fuego se hubiera propagado de manera de afectar bienes de terceros o hubiera puesto en riesgo la vida de los hijos de la denunciante.
Concluye el recurso solicitando que se revoque el fallo y se absuelva a sus defendidos por los delitos atribuidos o, subsidiariamente, por algunos de ellos, ajustándose la pena si correspondiere.
En el recurso interpuesto en favor de M. A. A. y B. L., G. -también incorporado al expediente-, la defensa denuncia la vulneración al principio de congruencia, debido proceso y defensa en juicio, toda vez que la sentencia habría tenido por probados hechos que no habrían sido materia de acusación y, en particular, refiere que en el primero de los hechos imputados la jueza adicionó la existencia de un disparo.
Respecto del segundo hecho, cuenta que se modificaron las características del arma, dado que la fiscalía habría señalado que se trataba de un “revolver marca Tiver calibre 22”, mientras que la magistrada describió un “revólver calibre 38”.
Con relación al tercer hecho, plantea que nunca le fue intimada una tenencia de arma de fuego, sino que se le había adjudicado una portación de un arma de fuego para proferir amenazas, lo que -en definitiva- constituye un hecho nuevo con afectación a los artículos 359 y 374 del CPP.
En cuanto a los demás hechos imputados -situados el 10 de septiembre de 2021-, alega que la magistrada alteró el lugar de comisión, perjudicando su derecho de defensa, al situarlo en “P. xxx”, sin precisar cuál de las múltiples viviendas halladas en ese predio se incendió, ya que todos los esfuerzos defensistas habían estado dirigidos a demostrar que la vivienda que se decía incendiada, esto es, la de I. C., no se había incendiado.
Por tales argumentos, solicita que se declare la nulidad del pronunciamiento y se absuelva a sus defendidos por los hechos imputados.
En otro orden de ideas, denuncia la absurda valoración de la prueba en que habría incurrido la magistrada sentenciante para tener por acreditada la existencia de los hechos, así como la participación de los acusados, en razón de que los indicios ponderados no resultarían suficientes -por escasos y equívocos-, además de contradictorios con la prueba rendida en el debate, concretamente, con las declaraciones vinculadas con las pericias médica y de bomberos, y de los funcionarios policiales.
Al mismo tiempo, sostiene que la sentencia se basó en los dichos de la denunciante C. y su grupo familiar, los cuales no tendrían corroboración periférica y, además, resultarían contradictorios con sus declaraciones previas, la pericia médica y de bomberos.
En ese sentido, refiere que el móvil de las denuncias fue que -el mismo día de la denuncia inicial- M. A. A. y B. G. realizaron una denuncia contra F. C. por el abuso sexual de su hija menor, la cual concluyó con la condena del nombrado, quien es la pareja de I. C. y padre de sus hijos, y -además- familiar directo de los restantes testigos de cargo. Ello demostraría la enemistad manifiesta de los testigos con los imputados y, al mismo tiempo, permitiría dudar de la veracidad de lo denunciado.
En suma, considera que la sentencia se basa en los dichos de los citados testigos, lo cual se encontraría vedado en virtud de la doctrina del “testigo único”, déficit que habría sido -además- omitido por la magistrada.
Por tales motivos, considera que no se habría logrado derribar el estado de inocencia de los imputados con suficientes elementos de cargo y, en consecuencia, requiere la absolución de sus defendidos.
A mayor abundamiento, y luego de transcribir los hechos denominados “1” y “2”, señala que esos eventos ocurrieron en el domicilio del imputado cuando las víctimas fueron a increpar a M. A. por la denuncia de abuso que éste había realizado, a la vez que reclama que las amenazas sean contextualizadas “en el marco de un altercado verbal y de ningún modo de seriedad suficiente como para configurar el delito que se pretende” (Sic.).
Igualmente, destaca que, en una declaración anterior en sede fiscal, C. omitió mencionar la utilización de armas, amén de que tampoco pudo dar detalles, ni le fue exhibida alguna en el debate.
En lo concerniente al segundo hecho del día 28 de agosto de 2021 a las 22.30, alega que la sentenciante descartó, sin fundamento alguno, las manifestaciones de los funcionarios policiales “E.” y “C.”, quienes desmintieron los dichos de los denunciantes A. Á., N. C. y J. A. P., los cuales habían referido que las amenazas y el disparo con armas habían ocurrido en presencia de un policía de la comisaría segunda, llamado Agustín.
También, destaca -como un indicio de mendacidad- que, cuando realizó la denuncia a las 23.30 del mismo día, N. C. no había mencionado el segundo hecho ocurrido una hora antes y, por otro lado, que el revólver calibre 22 peritado por la acusación no fue exhibido a ninguno de los testigos que declaró en el debate para su eventual reconocimiento, entonces la acreditación de ese extremo se apoyaría únicamente en los dichos de C..
Respecto del arma, denuncia que la jueza incurrió en un sesgo de confirmación cuando estableció que el hallazgo del revólver calibre 22, marca Tiver, podía ser imputado en concepto de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal, al igual que las municiones encontradas.
En cuanto al hecho 3, amén de reiterar la denuncia de afectación al principio de congruencia, sostiene que no se acreditó que M. A. A. hubiera tenido a su disposición un arma de fuego, desde que ni siquiera se habría acreditado -en el debate- que el arma peritada fuera la secuestrada en el allanamiento.
Con igual sentido, refiere que el policía Iturriaga declaró que en la vivienda de A. no se secuestró ningún arma, sino que el arma la había traído la oficial “G.” de una construcción lindera, en donde residía “D. B.”, mientras que el policía “C.” explicó que el arma la había traído un pariente cuando estaban finalizando el allanamiento, sin poder identificarlo.
También en apoyo de su posición, cita la declaración de D. B., quien habría dicho que el arma era de su propiedad y que había sido retirada por los policías de un armario de su domicilio, a la par que habría aclarado que su hermano M. A. A. nunca tuvo armas, todo lo cual fue también mencionado por el mismo acusado A..
Luego, cuestiona la justificación de la sentenciante para otorgar preeminencia a lo volcado en el acta de allanamiento frente a lo declarado en el contradictorio por B. y el policía C., sumado a que tal acta no integraría -según denuncia- el material probatorio disponible, ni habría formado parte de los acuerdos probatorios presentados por las partes.
Por otro lado, en cuantos a los hechos 4 y 5, denuncia que, para tenerlos por acreditados, la jueza recurrió únicamente a la denuncia de I. C., sin dejar de aclarar que, pese a las inconsistencias y contradicciones en su relato, y la falta de lesiones en la zona genital y paragenital, igualmente tuvo por probados los delitos de lesiones y de abuso sexual.
Tras ello, identifica las contradicciones en los dichos de C. con las declaraciones previas y las declaraciones de los restantes testigos, a saber: la supuesta presencia en el lugar de Y. A., el incendio de su domicilio, la introducción de dedos en el ano y, fundamentalmente, con respecto a las características del ataque que dijo haber padecido, el cual habría sido rebatido con los dichos de la doctora Hernández y de Iturriaga, quien no habría constado lesiones compatibles con esa mecánica del hecho, ni tampoco con la agresión sexual denunciada.
Al mismo tiempo, critica los fundamentos de la magistrada de la instancia para descartar que las lesiones hubieran sido producto del solitario accionar de G. y, en consecuencia, confirmar la imputación fiscal, en la medida en que resultarían contrarios a las conclusiones de los médicos que revisaron a la víctima.
Más adelante, discute que, por sus dimensiones y las cosas que dijo que había dentro del inmueble, hubieran podido ingresar entre quince y veinte personas a la vivienda de C. para perpetrar los hechos denunciados.
Cita la evaluación psicológica de la licenciada Silvia Serrano, en cuanto no pudo expedirse sobre la veracidad de la declaración de C. en términos de certeza, pudiendo estar asociada -en el parecer del recurrente- la angustia con el hecho de que su pareja se encontraba detenido al momento de la evaluación.
En suma, considera que no se probó, por fuera de toda duda razonable, la existencia del abuso sexual y de las múltiples lesiones, ni la participación de todos los imputados en los hechos.
En relación al hecho 6, comienza denunciado que la imprecisión en la descripción del evento vulneró el derecho de defensa y, luego, sostiene que las inferencias de la sentenciante, respecto de la propagación del incendio a distintas viviendas, entre ellas, la de C., resultaría contraria a la prueba producida en el juicio, en particular, a la declaración del perito bombero C., las fotografías del lugar y las testificales de “P.” y “C.”, a la vez que señala que P. habría reconocido en el debate que anteriormente había efectuado una falsa denuncia respecto del lugar incendiado.
En cuanto a los videos aportados por el particular damnificado, alega que no puede afirmarse a qué fecha o lugar corresponden, ni tampoco se habría verificado su originalidad, dado que no se habría practicado ninguna pericia informática al respecto.
En cualquier caso, entiende que la magistrada omitió cotejar esos videos con la pericia planimétrica realizada por la policía científica.
Finalmente, advierte que se acudió a la coautoría funcional porque no existe una sola prueba directa que indique que alguno de los acusados emprendió el incendio de la casilla de madera, basándose en meras sospechas, rumores o conjeturas.
Sobre el punto, señala que la jueza “adolece de una contradicción insuperable” (Sic.), dado que, si toma por ciertos los dichos de C., en cuanto a que los acusados se fueron del lugar y cesaron con la agresión cuando empezó a entrar humo, entonces ninguno de ellos inició el incendio.
En la misma dirección, plantea que ningún testigo de la acusación ubicó a los acusados provocando el incendio, ni tampoco las filmaciones y videos aportados por el particular damnificado, siendo que la única que habría dado cuenta de ello sería M. C., la cual habría dado una versión plagada de inconsistencias y contradicciones con la pericia de bomberos -las cuales identifica-.
Critica que el plan criminal desplegado por los acusados hubiera sido probado únicamente con los dichos del testigo N. C., el cual tampoco resultaría confiable, dado que -según dice la parte- mintió en las ocasiones que detalla en el recurso.
Tras ello, alude a las versiones exculpatorias de G. y M. A. A. para sostener que son varios los elementos probatorios que brindaron credibilidad a sus dichos -los menciona-, amén de cuestionar los motivos de la magistrada para descartar las conclusiones de la pericia
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