Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 123391
1402-71154-2
123.391
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala V de este Tribunal de Casación Penal, Manuel Alberto Bouchoux y Fernando Jorge Mateos, a fin de dictar sentencia en la presente causa N°123.391 , caratulada “PACHELO RYAN NICOLAS ROBERTO Y MARASCO MATIAS OSVALDO S/ RECURSOS DE CASACION//PACHELO RYAN NICOLAS ROBERTO S/RECURSOS DE CASACION INTERPUESTOS POR PARTICULAR DAMNIFICADO Y FISCAL” , conforme el siguiente orden de votación: BOUCHOUX-MATEOS. A N T E C E D E N T E S
En lo que interesa destacar, el 2 de diciembre de 2022 los integrantes del Tribunal en lo Criminal N°4 del departamento judicial San Isidro, luego de realizado el debate oral, decidieron -por mayoría- absolver a Nicolás Roberto Pachelo con relación al hecho N°1 en el que resultara víctima María Marta García Belsunce.
Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal y los particulares damnificados, María Laura García Belsunce y Carlos Carrascosa, por medio de sus letrados apoderados, interpusieron recurso de casación, que con fecha 27 de marzo de 2024, los colegas de la Sala II de este Tribunal, encontraron procedente.
Consecuentemente, decidieron dejar sin efecto “ el fallo absolutorio decidido por la mayoría respecto del denominado hecho N°1, convalidando el veredicto condenatorio de la minoría respecto del hecho antes individualizado con el alcance fijado en este pronunciamiento, condenando a Nicolás Roberto Pachelo Ryan como autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma y homicidio criminis causae agravado por el uso de arma de fuego, quien entonces queda condenado en orden a estos delitos y los que oportunamente fijara el tribunal de origen por resultar autor penalmente responsable del delito de robo agravado por haberse cometido con efracción reiterado en cuatro oportunidades con relación a los hechos N° 2, 3, 6 y 9; y autor penalmente responsable del delito de robo simple reiterado en dos oportunidades con relación a los hechos N°8 y 10, todos ellos en concurso real, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas ”.
Dicho pronunciamiento fue impugnado por los defensores particulares del acusado, Raquel Pérez Iglesias y Marcelo Rodríguez Jordán.
Efectuadas las vistas correspondientes y encontrándose la presente en condiciones de ser resuelta, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto? Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez Bouchoux dijo:
I. Los recurrentes denuncian violados o interpretados erróneamente los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución nacional (principios de legalidad, debido proceso, defensa en juicio y jerarquía constitucional de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos); 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (doble conforme); 25 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (principio de legalidad); 45, 51, 62, 80 inciso 7, 165 del Código Penal; 1, 3 , 106, 209, 210 y 373, 211 y 371 del Código Procesal Penal.
En primer lugar, plantean la extinción de la acción penal por prescripción.
Sostienen que, en el evento, no habría mediado sustracción o desapoderamiento y que, de haber existido, no se ha probado que el autor o autora de la muerte violenta haya sido la responsable de los bienes denunciados como presuntamente desapoderados.
Consideran que este Tribunal no meritó con justicia la determinante presentación del Dr. Sergio Pizarro Posse, apoderado de la asociación “Damas del Pilar”, concretada con posterioridad al hecho el 5 de mayo de 2003, en la que claramente afirmó que nada faltó en la entidad.
Señalan que dicha aseveración contrasta con las testificales de Inés Haydée Burgueño y de María de las Mercedes Pieres, quienes consideraron que la caja metálica con valores de la asociación, no fue hallada en ocasión de ser buscada en momentos del hecho.
Añaden que el propio Carlos Alberto Carrascosa no recordó haberla visto y que Guillermo Bártoli, una de las primeras personas en asistir a María Marta, no advirtió que le faltara objeto alguno de valor (medallas y relojes).
Opinan que el sentenciante no aclara cuál es la cuestión dirimente para dar por acreditada la faltante por sustracción y no por extravío. Aseveran que se esfuerza con insistencia especulativa en tener por demostrada la sustracción que serviría de basamento al homicidio criminis causae.
Concluyen que, si el homicidio no aparece agravado, la posibilidad de atribuírselo a Pachelo Ryan ha fenecido por cuanto fue indagado en los términos de lo normado en el artículo 308 del ceremonial con fecha 6 de octubre de 2017, mientras que el suceso principal investigado acaeció el 27 de octubre de 2002 (arts. 62 y concs., Cód. Penal).
Sin perjuicio de ello, estiman que, aún en el imaginario supuesto en que se considerara una sustracción (que fue descartada por la licenciada en criminalística María Eugenia Cariac, testigo de la acusación cuando declaró en el juicio el 29/8/22), el fallo atacado no hizo ninguna observación en torno a la distinción entre el homicidio criminis causae del artículo 80 (con amenaza de reclusión o prisión perpetuas) y la figura del homicidio en ocasión de robo del artículo 165 del código de fondo.
Esgrimen que, por duda, debe aceptarse el delito con menor reproche punitivo, cuya acción penal también estaría extinguida por prescripción.
Por otra parte, alegan que se trae el pasado de su asistido incorrectamente, lo cual en su criterio constituye una intromisión y una injerencia inaceptables generadas por la imprecisión del objeto procesal al alejarse, la acusación, de la noción de culpabilidad y del llamado “derecho penal de acto”.
Afirman que el juicio fue impulsado por una ciega y obsesiva imputación, lo que ha significado y representado una persecución estatal inadmisible por arbitraria basada en las características de un “autor fabricado” y no en las acciones u omisiones punibles presuntamente achacables a una persona determinada.
Además, dicen que media un abierto menosprecio a la confidencialidad e intimidad al comunicarse penas que han caducado (cfr. arts. 43, Cons. nac.; 25, CADH; 20.3, Cons. prov.; 7.4, ley 25.326 en concordancia con la ley provincial 14.214; comentarios de Gregorio Badeni: “Tratado de Derecho Constitucional”, La Ley, segunda edición, Buenos Aires, 2006, tomo II, p. 1209 y ss.; Adrián González Charvay: “La protección constitucional de la intimidad”, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2012, p. 190 y sigs.).
Como otro planteo, invocan la violación al principio de inmediación y la arbitrariedad en la valoración probatoria.
Argumentan que la falta de contacto de primera mano con la prueba producida llevó a incurrir en absurdos fácilmente comprobables. En ese sentido, mencionan que párrafos enteros fueron construidos sobre el prejuicio de la inexistencia de un camino que, en cambio, para todos los que participaron de la diligencia de inspección del escenario del hecho y sus adyacencias, quedó perfectamente en claro no sólo su cabal existencia y perfecto estado de conservación, sino que por el mismo inclusive podrían pasar vehículos de porte.
Se agravian los impugnantes de la falta de inmediación de los jueces de la Sala respecto de la producción de los testimonios apreciados como de cargo en infracción al artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto, consideran que se dictó una sentencia condenatoria, tras revocar la absolución, con base en la reinterpretación del sentido otorgado a fuentes personales de prueba. Entienden que ello resulta violatorio de la propia doctrina sentada por este mismo Tribunal conforme a la cual no procede la casación positiva en esos casos. Cita en apoyo de su postura la causa N°88.660.
Refieren que los videos del debate cubren fragmentos de declaraciones en tanto ciertas manifestaciones se produjeron sin mediar micrófonos, ya sea debido a que las partes se acercaban al estrado o porque los testigos señalaban en dispositivos o gráficos que los obligaban a deshacerse de los micrófonos por extensos minutos de sus deposiciones.
En cuanto al tramo del fallo que reprocha a los magistrados que conformaron la mayoría de la sentencia absolutoria el no haber valorado el testimonio del periodista Jorge Lanata, indican que no resultó testigo en el debate -la Fiscalía desistió de su citación- y no se incorporó por lectura su declaración prestada en la IPP. En consecuencia, aducen que, si el Tribunal no hizo mérito de sus declaraciones (las prestadas en entrevistas cuyo contexto de producción no es dado), ello es lo que corresponde atento a que tampoco los dichos prestados por fuera del proceso conforman una declaración juramentada, requisito ineludible para su apreciación.
Sumado a lo expuesto, señalan que no pudieron llevar a cabo el más mínimo derecho al contra examen, confronte exigido por los art. 8.2.f. y 14.3.e de la CADH y del PIDCP respectivamente. Esgrimen que, ausente el contralor y sin sometimiento al principio de contradicción, el dato en cuestión no es pasible de ser considerado técnicamente como “prueba”. Coligen que el fallo resulta arbitrario en sus consideraciones sobre Jorge Lanata, extendidas a lo largo de f s. 380 a 384 y particularmente a fs. 381.
En otro agravio, reclaman la arbitrariedad del fallo basada en la supuesta ausencia de conformación de la debida mayoría del resolutorio revocado.
Señalan que la decisión que cuestionan (fs. 251 y sigs. y 256) “achaca a los dos votos que conforman la mayoría del Tribunal de Juicio no haber alcanzado una mayoría legalmente conformada en sus fundamentos”.
Luego de reseñar los votos de los magistrados que conformaron la mayoría, concluyen que en esta sede debe evaluarse el razonamiento empleado por los sentenciantes sobre la valoración de la prueba quedando circunscripto a la determinación de absurdo o arbitrariedad. Estiman que dichos vicios lógicos no pueden atribuirse a los sólidos votos que conformaron la mayoría del fallo del Tribunal de Juicio.
Sostienen que el fallo bajo examen tergiversa todo la prueba producida para llegar a conclusiones divorciadas de la realidad: no hubo secuestro del arma de fuego empleada en poder de Pachelo; no fueron hallados rastros de él en el interior de la vivienda de los Carrascosa-García Belsunce; no hubo conversación telefónica que lo incrimine a pesar de ser investigado desde el inicio; ningún objeto o animal perteneciente a la víctima ha sido individualizado o habido en su poder; el Tribunal en lo Criminal N°6 no ordenó la extracción de testimonios a su respecto como tampoco el N°1 ni las distintas Salas de la Casación provincial que se han pronunciado en diferentes momentos.
Puntualizan que el fallo construye un círculo de autores posibles partiendo de la “lógica del cuarto cerrado”, incurriendo en un yerro inadmisible ya desde sus premisas.
Afirman que, por ejemplo, a fs. 228 y 283, se asegura que el perímetro no fue intrusado ese día domingo 27 de octubre de 2002. Sin embargo, aducen que consta incorporado por lectura e l informe producido por la empresa de seguridad del country, del cual surgen las fallas de la seguridad vigentes al día del hecho y la vulnerabilidad de la seguridad del Carmel en la que el defensor de Carrascosa tanto insistió (ver videos del debate oral de Carrascosa celebrado en junio de 2007 incorporados por lectura).
Añaden que el mismo Maciel recordó que la alarma sectorizada perimetral no andaba muy bien, que las cámaras no funcionaban bien, que les faltaba mantenimiento, que las del fondo no funcionaban.
Advierten que González del Cerro hizo hincapié en la ventana de franja horaria en que se cortó la cámara del sector de lo de Carrascosa y en la falla de los sensores del perímetro que sacaron a “la sombra” ese día.
Destacan que se determinó que las alarmas perimetrales fueron desactivadas a las 18 horas por orden del vigilador Vera y que la cámara 15 que enfocaba las inmediaciones de la casa, fue apagada a las 16:29 horas y no la volvieron a encender.
Asimismo, dicen que la Auditoría determinó que no funcionaban las zonas 11, 12 y 13 de los sensores perimetrales y la cámara 15 y que incluyó un informe de seguridad del 4 de octubre de 2002, por un intento de ingreso al domicilio del Puma Goity.
Expresan que, en el debate, comparecieron como testigos el periodista Carlos Strione y el Dr. Pablo Fernández, los cuales a la fecha del hecho hicieron notas en el lugar constatando aperturas del alambrado perimetral, tanto así que uno de ellos ingresaba por allí al interior del country sin control alguno.
Opinan que el testimonio del Sr. Sergio Félix López fue importante.
Respecto a los vigiladores, esgrimen que, al cambiar la hora de muerte a las 18:30 horas, resulta evidente que si se investigaba esa pista debió investigarse a los vigiladores del grupo que salían y no a los que entraban, como el caso de V era sobre quien se dijo que fue quien apagó los sensores y las cámaras ese día, además de enviar a Villalba a Martinica con su hermano y autorizar a Mato a que se fuera antes porque tenía vigiladores de más.
Estiman que, si se liberó la zona, Nicolás Pachelo no tuvo nada que ver.
Por otra parte, con respecto a la caja metálica, dicen que parece incuestionable el escrito (incorporada por lectura) presentado el 5 de mayo de 2003 por el propio representante de la Asociación Amigos del Pilar, Dr. Sergio Pizarro Posse, en donde consignó que “vengo a poner en conocimiento del Sr. Fiscal la inexistencia de robo, fraude y/o desaparición de suma de dinero alguna perteneciente a mi representada”.
Destacan que la denuncia por robo fue archivada y que, pese a lo expuesto, el fallo (ver fojas 213), extrañamente concluye que quedó acreditada la faltante a pesar del claro tenor de la presentación formulada por la Asociación.
Con respecto a los mozos de la Esso, Mantovani y Monzón, señalan que sus testimonios fueron adoptados como prueba de cargo.
Aluden que, para ello, el Tribunal descalificó lo dado a conocer por la empleada doméstica de su defendido, Balbina Elva Ávila, quien había afirmado que, en el horario al que se hacía referencia, el acusado dormía.
Cuestionan que, si el Ministerio Público es único, cómo es posible que unos acusen a Carrascosa y a sus próximos y otros, a Nicolás Pachelo. Sobre el punto, refieren que John Broyad es el actual Fiscal General de San Isidro, jefe de los acusadores de hoy y, sin embargo, participó, junto con Molina Pico, Grau y Apolo, en la acusación contra Carlos Alberto Carrascosa por homicidio y encubrimiento. Se preguntan si ello constituye un supuesto de gravedad institucional.
Plantean que, al apreciar las expresiones de Balvina Elva Ávila fuera del marco circunstancial que impulsara la férrea vigilancia personal de la que era objeto el acusado, se arriba a conclusiones desproporcionadas, arbitrarias e injustas, y se evalúan incorrectamente “fuentes personales de prueba” las que “el señor Juez de la casación no suele analizar en otros fallos”.
Alegan que, más allá de la diferencia en el horario señalado claramente atribuible a los más de catorce años de diferencia con los que prestó declaración, Ávila dio cuenta de que Pachelo, en el horario en que otros testigos dicen haberlo visto en la estación de servicios, estaba presente y durmiendo en su casa, lo cual siempre fue dicho en los mismos términos en una u otra declaración por la testigo. Postulan que debe darse absoluta preeminencia a las particularidades expuestas por la sincera testigo en su primera declaración debido a la proximidad temporal con el acaecimiento de las circunstancias sobre las que depuso.
Desde otro andarivel, exponen que todos los llamados de Pachelo durante esa mañana fueron captados por las antenas que cubrían Carmel, concretamente la antena 215, emplazada en calle 10 entre 11 y 12 del Parque Industrial de Pilar que, si bien cubre Carmel, a cuatro kilómetros no alcanza a la Estación Esso. Señalan que Carmel está en el medio entre la antena, por un lado, y la Esso en el otro extremo, distante la estación de servicios a diez kilómetros. Sostienen que parece evidente que la apertura de esa antena hasta las 14:00 horas muestra que no circuló por la Esso ni por las intermediaciones y descarta que lo declarado por el testigo Monzón hubiera ocurrido ese día.
Aseguran que, a partir de que la familia lo involucró públicamente, Pachelo comenzó a ir a la Estación de Servicios a leer el diario para ver que decían de él, no antes.
Aducen que, contra toda lógica y dos meses después, los mozos recordaron una alusión de Pachelo a una mujer que mataron en el country. Sin embargo, resaltan que esa misma mañana no la vincularon a la noticia que recibieron referida a que María Marta García Belsunce había fallecido en un accidente.
Coligen que, como sea, su asistido nunca estuvo a las seis de la mañana en la Esso y menos aún en la mañana del lunes 28 de octubre, circunstancia que estiman también se acredita por la ausencia de modulaciones a su respecto en esa mañana y de registros de su salida o regreso en los accesos del Carmel.
Invocan que, en este punto, el fallo rechaza la defensa más categórica en favor de Pachelo relativa a que “siempre hay un vigilador fijo ubicado en las cercanías de la vivienda, a unos veinte metros de distancia, sin perjuicio de las recorridas de otros vigiladores” (fs. 246 del fallo).
Dicen que la inmediación falló a la hora de ver los videos de las jornadas con la prueba producida por la defensa que demuestra que desfilaron todos los vigiladores que perseguían a Pachelo y, en especial, l os afectados durante el día domingo 27 de octubre y en la mañana del lunes 28 de octubre de 2002.
Señalan que la Fiscalía se limitó a llevar al juicio sólo a Villalba -que no era el vigilador asignado el día del hecho- para demostrar que por sus problemas de visión el monitoreo a Pachelo no fue tal. Argumentan que la decisión que critican, al hacer referencia sesgadamente a las “capacidades” de ese vigilador, incurre en arbitrariedad. Añaden que, pese a que se auto percibió como el vigilador asignado al puesto 5, extrañamente el día del hecho lo movieron a La Martinica.
En apoyo de su postura, afirman que Nicolás Pachelo no tenía trato ni vinculación con los guardias y ni siquiera conocía sus nombres, es decir, no sabía siquiera quiénes eran los que lo seguían. Así, destacan que, en las escuchas de Pachelo con Ribas, surge que quería averiguar quién estaba ese día como "sombra" y que no sabía cómo contactarlos debido a que la empresa Cazadores había sacado a los vigiladores del Carmel y no brindaban sus datos. Concluyen que si Pachelo y los vigiladores hubieran estado vinculados de alguna manera como pretende la Fiscalía, esas conversaciones no tendrían razón de ser.
Con respecto al supuesto móvil del perro Tom, mencionan que a fs. 254 del fallo se lee que “en lo personal, la señora García Belsunce adjudicaba directa intervención en la sustracción de un perro de su propiedad y reclamos dinerarios para proceder a su devolución”. Mencionan que la cuestión se retoma a fs. 3 26.
Aducen que, al abrirse los diskettes de la computadora de María Marta, se demostró cómo era la verdadera historia detrás de la desaparición del perro Tom, contada por la propia María Marta.
Pese a ello, consideran que la sentencia atacada recoge los testimonios recortados todos con la misma tijera, pues “es evidente su parigual hechura -lo que el Tribunal de mérito en la mayoría conformada lo advirtió-, aducen todos ellos que el teléfono consignado era el celular y agrega el fallo bajo censura, como particular suspicacia, que precisamente los socios del country -tal como lo era Pachelo- eran los únicos que podían pedir la lista de los teléfonos fijos de sus vecinos del co
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