Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135795
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.795, "Primo Casciola -particular damnificado- y Galán, Fernando Luis -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal-. Recurso extraordinario de nulidad y de inaplicabilidad de ley en causa n° 102.153 y su acum. 102.160 del Tribunal de Casación Penal, Sala II, seguida a Pesciallo, Cintia Edith", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Kogan , Soria , Torres, Maidana.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de mayo de 2021, rechazó -por mayoría- los recursos interpuestos por los abogados del particular damnificado y por la fiscalía contra la sentencia de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes que revocó la decisión del Juzgado de Garantías n° 3 de dicha ciudad y dispuso el sobreseimiento de Cintia Edith Pesciallo con sustento en la garantía contra el doble juzgamiento (v. fs. 80/87).
Contra ello, el fiscal ante la aludida instancia, doctor Fernando Luis Galán, y la abogada Valentina Pappalardo Jiménez, apoderada del particular damnificado Primo Casciola, presentaron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad respectivamente (v. fs. 89/96 vta. y 98/101 vta.).
El Tribunal de Alzada declaró la admisibilidad de ambas impugnaciones (v. fs. 102/106).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 135/138 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 140) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad presentado a favor del particular damnificado?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Ministerio Público Fiscal?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La apoderada del particular damnificado Primo Casciola denunció que el voto mayoritario del Tribunal de Casación omitió tratar dos cuestiones esenciales planteadas en el recurso de su especialidad, a saber:
a) La condición de delitos instantáneos que tendrían tanto el ilícito por el que fue sobreseída Pesciallo (falsificación de documento público -confección de la Escritura n° 114 en carácter de autora-), como aquel por el que luego fue citada en los términos del art. 308 del Código de rito (confección de la Escritura n° 227 -poder general para estar en juicio- instrumento con el que se dio inicio a varios juicios en perjuicio del particular damnificado, hechos calificados como uso de documento público falso y estafa procesal).
b) Ampliación indebida del objeto de juzgamiento que se tuvo en cuenta al momento de ser dictado el ulterior sobreseimiento respecto de la imputada, con sustento en la garantía que prohíbe la doble persecución, "...toda vez que la Escritura n° 227 confeccionada por Pesciallo fue utilizada con fecha 27-X-2017, es decir, con posterioridad al 5-XII-2016, fecha en que la misma fuera sobreseída por la confección de la Escritura n° 114".
La recurrente sostuvo que tales agravios llevados a conocimiento del revisor son de carácter esencial, que no pueden considerarse desplazados y que de haber tenido acogida favorable podrían haber variado la suerte de lo resuelto.
Insistió en que "...la conducta por la cual la imputada Cintia E. Pesciallo resultó sobreseída es autónoma en relación a aquella por la que actualmente es investigada toda vez que se trata de delitos instantáneos"; explicó que el perjuicio radica en que "...se extienden los efectos del sobreseimiento -de fecha 5-XII-2016- al hecho ilícito objeto de investigación" que se cometió con posterioridad (27-X-2017).
Concluyó que dichos planteos, que estimó como esenciales, se desarrollaron en diversos tramos del recurso de casación y que, pese a ello, no fueron abordados por el a quo . Con cita de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, agregó que el fallo en crisis carece de "fundamentación legal adecuada".
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al reclamo (v. fs. 135/138 vta.). No coincido con lo dictaminado.
III.1. El juez doctor Mancini, cuyo voto concitó la adhesión del juez doctor Kohan, conformando así la mayoría de opiniones en el fallo recurrido, concordó con los fundamentos del tribunal inferior en cuanto a que el fiscal pretendió perseguir a la encartada por el delito de estafa "...desdoblando lo que en esta ocasión [se] presenta como un hecho único...".
De esos términos resulta que el tribunal revisor se pronunció -en sentido adverso- sobre la pretensión de la parte de tener a los actos cuestionados como configurativos de "...delitos instantáneos de carácter autónomo".
Claramente resulta de ese pronunciamiento que el a quo se expidió críticamente respecto de la pretensión fiscal de desdoblar, reitero, aquello que "...en esta ocasión [se] presenta como un hecho único...".
De ese modo descartó implícitamente el planteo referido al carácter instantáneo y autónomo que en opinión de la particular damnificada tendrían las dos conductas que atribuyó a la encausada.
Refuerza esa interpretación la afirmación del tribunal revisor relativa al acierto que entendió presente en la sentencia de Cámara al decir que "...se verifica en el caso la identidad de objeto más allá del intento de proponer una nueva significación jurídica para el hecho", y que "Tampoco hace mella en la decisión impugnada la referencia a una nueva escritura que se reputa como apócrifa, pues en cualquier caso la conducta atribuida a la nombrada se reconduce a la falsificación de la escritura pública de fecha 18 de mayo de 2005, pues solo a partir de ella se podría considerar falsa la de fecha 18 de julio de 2006". Tuvo así por debidamente establecido que la conducta por la que fue llamada posteriormente la notaria (art. 308, CPP) "se reconduce" (destaco el sentido etimológico de "reconducir", esto es, "volver a llevar") a la misma cuestión objeto de la anterior decisión.
Con igual interpretación corresponde descartar la denuncia de omisión de tratamiento del agravio sobre la extensión de los efectos del sobreseimiento a otro hecho ilícito objeto de investigación posterior.
Pues quedó establecido por el a quo que ambas conductas "remontan a un mismo hecho", desplazando así la invocada indebida extensión de los efectos del mencionado sobreseimiento.
Del contenido de la decisión del juzgador puede colegirse el tratamiento implícito de los planteos formulados por la parte o bien su desplazamiento. De modo que, en tanto el tribunal ha estructurado la solución del caso con arreglo a derecho, no es dable predicar una preterición que haga pertinente el recurso de nulidad (doctr. causas P. 93.196, sent. de 29-X-2008; P. 106.168, sent. de 17-III-2010; P. 116.699, sent. de 1-VI-2016; P. 132.095, sent. de 20-X-2020; P. 135.529, sent. de 15-XII-2022; e.o.).
Por lo demás, si la recurrente pretendió cuestionar el acierto o profundidad de lo decidido, tales extremos -que quedan al margen de cualquier opinión en la presente cuestión- resultan ajenos al acotado marco de la vía impugnativa intentada (conf. doctr. causas P. 95.797, sent. de 31-X-2007; P. 93.939, sent. de 25-III-2009; P. 108.232, resol. de 4-VIII-2010; P. 106.347, resol. de 16-XI-2011; P. 123.902, sent. de 4-V-2016; P. 125.988, sent. de 14-VI-2017; P. 126.826, sent. de 11-IV-2018; P. 123.706, sent. de 13-VI-2018; P. 136.096, sent. de 23-III-2023; e.o.).
En consecuencia, los reclamos son improcedentes (doctr. art. 168, Const. provincial).
III.2. La misma suerte ha de seguir la denuncia de trasgresión del art. 171 de la carta magna de esta provincia.
Ello así pues de la simple lectura del fallo recurrido se aprecia que se encuentra fundado en ley, habiéndose respetado entonces la exigencia prevista en la citada norma constitucional.
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria , Torres y Maidana , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Fernando Luis Galán, denunció que, al confirmar el sobreseimiento dispuesto por la Cámara, el fallo recurrido incurrió en absurdo y arbitrariedad por haber sustentado esa decisión en afirmaciones dogmáticas, sin atender los planteos de las partes y con prescindencia de las constancias del caso.
I.1. En primer lugar, argumentó sobre la alegada arbitrariedad por fundamentación aparente. Sostuvo que la mayoría del tribunal intermedio, al efectuar el análisis de la triple identidad necesaria para la aplicación del principio ne bis in idem , "...omitió la consideración de un aspecto sustancial de la hipótesis delictiva planteada por los acusadores y receptada por el juez de primera instancia -cuya resolución denegatoria del sobreseimiento revocó- esto es lo vinculado con la conducta de la imputada al otorgar la escritura n° 227 en el año 2006 y, eventualmente, su posterior intervención en su utilización ardidosa", siendo ello precisamente -expresó- de lo que se habían agraviado ambos recurrentes ante la instancia de casación.
El impugnante afirmó: "...queda claro que la conducta por la cual resultara sobreseída por prescripción la imputada Pesciallo (falsificación de la escritura pública nro. 114 del año 2005) difiere por completo, es decir no guarda identidad objetiva alguna, de las endilgadas en el llamamiento a prestar declaración en los presentes actuados...". Y agregó que si bien en ese llamado en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal el fiscal hizo referencia a la mencionada escritura n° 114 "...ello fue al solo efecto de brindar cabalmente el sustrato fáctico que conlleva a su adecuación típica.//En otras palabras, dicha escritura fue utilizada como un elemento probatorio -de mucha importancia- a los fines de dar sustento a la posible participación delictiva de Pesciallo en las conductas por las cuales continuaron las investigaciones (estafa procesal y falsificación de instrumento público -en relación con la escritura N° 227-)".
De seguido, cuestionó que el a quo resolviera la debida fundamentación del fallo de Cámara y la insuficiencia de los recursos interpuestos contra esa decisión. A su respecto, el recurrente reiteró la denuncia de haberse dictado la sentencia casatoria mediante afirmaciones dogmáticas, desentendidas de los planteos de las partes y de las constancias objetivas del expediente.
I.2. Por otro lado, criticó que la mayoría del tribunal revisor haya interpretado que "...en cualquier caso la conducta atribuida a la nombrada se reconduce a la falsificación de la escritura pública de fecha 18 de mayo de 2005, pues solo a partir de ella se podría considerar falsa la de fecha 18 de julio de 2006." (transcripción parcial de la sentencia de casación efectuada en el recurso en examen).
El fiscal cuestionó esa "aseveración" del a quo manifestando que "...ello equivaldría a sostener que no merece reproche alguno la utilización indefinida e ilimitada -en una serie de ilícitos- de una escritura apócrifa, sólo por el hecho de la dispensa de la responsabilidad penal para su autor -en el caso sobreseimiento por prescripción-...", lo que estimó absurdo.
I.3. En suma, el impugnante solicitó que se deje sin efecto el fallo casatorio y que se devuelvan los autos para el dictado de un nuevo y correcto pronunciamiento.
II. El señor Procurador General también dictaminó a favor de la procedencia del recurso en análisis. No concuerdo con su opinión.
III. A fin de dar respuesta a los agravios traídos, estimo que se hace necesaria una sucinta referencia al trámite de esta causa, en particular, en lo que resulte relevante para el responde de la presente cuestión sometida a votación.
III.1. El Juez de Garantías n° 3 de Mercedes rechazó la excepción de falta de acción y, consecuente, sobreseimiento incoados por la defensa particular de la imputada Cintia Pesciallo. Entendió que si bien la encausada había sido sobreseída en orden al delito de falsificación de instrumento público -acta notarial n° 114 de 2005- (extinción de la acción por prescripción), nunca había sido juzgada por los delitos por los cuales posteriormente había sido llamada a prestar declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal -estafa procesal y uso de instrumento público falso en concurso ideal-.
III.2. La defensa de Pesciallo apeló esa resolución con sustento en que la prohibición del doble juzgamiento se refiere a hechos y no a calificaciones, destacando la triple identidad que debe estar presente para hacer efectiva esa prohibición, esto es, de sujeto, objeto y causa, y que en el caso tales identidades -a su entender- eran evidentes. Reclamó la revocación del fallo del juez garante y el sobreseimiento de su asistida.
III.3. Por su parte, la Sala III de la Cámara departamental hizo lugar al planteo sobre la violación al principio ne bis in idem y, en su consecuencia, procedió a sobreseer a la encausada en estas actuaciones.
Para así decidir hizo mención a los sucesos que se tuvieron en cuenta al momento del dictado del sobreseimiento de Cintia Edith Pesciallo en orden al delito de falsificación de instrumento público (IPP n° 09-00-5022-16/00), por encontrarse extinguida por prescripción la acción penal respecto del ilícito allí investigado, decisión firme y consentida por el Ministerio Público Fiscal.
A continuación, y para dar razón a la parte apelante, entendió que entre una y otra imputación medió "...una superposición fáctica que conlleva a tener por configurada la triple identidad requerida para que proceda la excepción de cosa juzgada invocada". Agregó: "En efecto, no puede desconocerse que la encausada ha sido perseguida penalmente por la presunta falsificación de la Escritura Pública n° 114 Folio 844/845 y ahora el representante de la vindicta pública pretende perseguir nuevamente a aquélla. Precisamente por su conducta de falsificar la mentada Escritura, pero no como delito autónomo sino como un aporte indispensable realizado para que María Paladino pudiera iniciar y continuar los autos 'Casciola Francisco c/Casciola Primo s/División de Condominio expte. 75884' y todas las actuaciones judiciales derivadas y las resoluciones consecuentes dictadas, advirtiéndose sin mayor esfuerzo la identidad que media entre el suceso, entendido como conducta concreta atribuida a Pesciallo, por el que la nombrada fue sometida a proceso y sobreseída anteriormente y la actual imputación".
Concluyó el Tribunal de Apelación que "...no obstante lo que pueda predicarse en torno a la acreditación de los extremos que permitirían sustentar la nueva acusación, lo cierto es que el señor Agente Fiscal persiguió a la encausada por la falsificación del instrumento público que ahora se le reprocha como parte de las maniobras que configurarían el ardid ilícito de estafa, desdoblando lo que en esta ocasión [se] presenta como un hecho único, por lo que independientemente del acierto [o] error del temperamento seguido, no es posible volver a juzgar tal accionar, pues más allá del juicio de subsunción legal en una y otra imputación, ambas remontan a un mismo hecho como acontecimiento histórico".
En definitiva, con cita de fallos de la Corte federal referidos a que la garantía en cuestión no veda únicamente la aplicación de una nueva sanción por un hecho anteriormente penado, sino también la exposición al riesgo de que ello ocurra mediante un nuevo sometimiento a juicio de quien ya lo sufrió por el mismo ilícito, declaró que en el caso se afectó el principio de ne bis in idem y, por lo tanto, dispuso el sobreseimiento de Cintia Edith Pesciallo en orden al suceso ahora en juzgamiento.
III.4. En lo que aquí interesa, el representante del Ministerio Público Fiscal recurrió esa decisión ante el Tribunal de Casación.
Esencialmente, sostuvo en esa impugnación que la conducta posteriormente descripta para efectuar el llamado a prestar declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal es absolutamente diferenciada de la anterior y no guarda "identidad objetiva" alguna, sino que refiere al uso de instrumento falso y estafa procesal a partir del otorgamiento de una segunda escritura de fecha 18 de julio de 2006 (escritura n° 227), conteniendo un poder especial que Estela María Paladino otorgó a sus letrados representantes para actuar en juicio, en la cual se invocó la suscripta el 18 de mayo de 2005 (nro. 114), a sabiendas de su falsedad. Mencionó que en la referida anterior actuación notarial a la nombrada Paladino le había otorgado poder general su cónyuge Francisco Casciola.
Entendió acertada la apreciación del Juez de Garantías y resaltó que el acto notarial por el que se extendió la segunda escritura por parte de la escribana Pesciallo constituyó una nueva conducta que enmarcó en la utilización de un instrumento falso.
En definitiva, denunció que fue errónea la interpretación que la Cámara realizó del principio ne bis in idem desde que -según su opinión- no existiría "identidad de objeto de persecución", porque no se trataría de una imputación idéntica contra la encausada Pesciallo.
III.5. Se llega así al pronunciamiento impugnado en la articulación en análisis.
En lo que resulta pertinente, vale tener por reproducida la reseña del fallo del tribunal intermedio efectuada en la cuestión anterior (v. esp. pto. III.1.).
En el marco del tratamiento al presente interrogante, cabe destacar que, en el pronunciamiento recurrido, con voto del juez Mancini con más la adhesión del juez Kohan, se estableció la coincidencia con el Tribunal de Alzada en cuanto a que el fiscal apelante había pretendido perseguir a la notaria Pesciallo por el delito de estafa "...desdoblando lo que en esta ocasión [se] presenta como un hecho único...". Asimismo, se concordó en la verificación en el caso de la discutida "identidad de objeto más allá de proponer una nueva significación jurídica para el hecho" y que, en definitiva, la supuesta nueva conducta imputada vinculada con la escritura nro. 227 (otorgada el 18 de julio de 2006) "se reconduce" a la anterior nro. 114 (de fecha 18 de mayo de 2005), sobre cuya atribuida falsedad no fue posible ninguna otra decisión judicial que no fuese el sobreseimiento de la nombrada por prescripción de la acción penal. En suma, el a quo resolvió -por mayoría- que ambas conductas "remontan a un mismo hecho", validando -en consecuencia- la aplicación del instituto del ne bis in idem por haberse verificado "...la identidad de objeto de persecución, conjuntamente con la identidad de persona perseguida e identidad de causa de persecución...".
IV. Luego del sucinto relato del derrotero procesal de esta causa, llego a la conclusión de que la impugnación en examen debe ser rechazada por insuficiente.
IV.1. A los fines de evidenciar la errónea aplicación al caso del principio ne bis in idem, el fiscal acudió a la estrategia de insistir en la existencia de una desdoblada conducta de la acusada que ameritaba una nueva persecución, valiéndose para ello de la reiteración y reedición de los argumentos expuestos ante la instancia anterior, sin reparar en las razones que para el a quo bastaban para desestimar la misma pretensión.
Es decir, conforme fuera reseñado, para el tribunal intermedio resultó decisiva la vinculación que encontró existente entre ambas conductas, al punto de convalidar la cuestionada identidad de objeto sosteniendo que una "se reconduce" a la anterior de manera inescindible, esto es, como "hecho único" tal como lo había establecido la Cámara ante similar agravio contenido en la apelación.
De modo que el fiscal ahora recurrente acudió a la técnica de volver a argumentar, de igual manera a co
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.