Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 134019
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.019, "Altuve, Carlos Arturo -fiscal- y R., M. S. -particular damnificada- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 97.244 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 26 de diciembre de 2019, hizo lugar al recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de O. L. R. contra la decisión de la Sala IV de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata que revocó la decisión del Juzgado de Garantías n° 3 que declaró la prescripción de la acción penal seguida al nombrado en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal. En consecuencia, casó el pronunciamiento impugnado y mantuvo el resolutorio del órgano de mérito en cuanto declaró la extinción de la acción penal (v. fs. 58/68).
Contra lo así decidido, la doctora Sofía Helena Caravelos, en su carácter de patrocinante de la particular damnificada M. S. R., y el Fiscal ante la aludida instancia, doctor Carlos Arturo Altuve, presentaron los respectivos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 83/94 vta. y 110/116 vta.).
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 16 de junio de 2020, admitió ambas impugnaciones (v. fs. 117/119 vta.). En primer lugar, afirmó que la decisión es definitiva en los términos del art. 482 del Código Procesal Penal. En segundo término, puntualizó que las partes denunciaron como cuestión federal el incumplimiento de los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 4 y 7 de la Convención de Belém do Pará; 3 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional. Agregó que, por su parte, la particular damnificada tachó de arbitrario el fallo y se agravió de la violación del principio de legalidad y plazo razonable; por otro lado, el fiscal agregó que lo resuelto podría generar responsabilidad internacional del Estado por haber incumplido con las obligaciones de investigar y sancionar la violencia contra la mujer, así como también garantizar el acceso a procedimientos legales justos y eficaces. Concluyó que los mencionados tópicos de pretenso cariz federal se desarrollaron con la fundamentación suficiente para superar la etapa de admisibilidad (conf. CSJN "Strada", "Di Mascio" y "Christou").
Oído el señor Procurador General, quien se pronunció por la procedencia del reclamo (v. fs. 139/142 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en favor de la particular damnificada?
2ª) ¿Lo es el deducido por el Ministerio Público Fiscal?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La doctora Sofía Helena Caravelos, patrocinante de la particular damnificada M. S. R., en el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley, denuncia, como primer motivo de agravio, la inobservancia de la jurisprudencia internacional de Derechos Humanos sobre prescripción. Explicó que el fallo de casación argumentó que los delitos como el investigado en la presente no son imprescriptibles cuando ello no había sido cuestionado en el caso (v. fs. 86).
A continuación, trajo a colación el caso "Bulacio vs. Argentina" en el que la Corte Interamericana resolvió que no resultaba posible oponer la prescripción para impedir la investigación de delitos que configuran graves violaciones a derechos humanos, sin que para ello se hubiera declarado la imprescriptibilidad del delito en cuestión. Sostuvo que, en dicho precedente, entre otros de la Corte, se estableció en qué casos el Estado incurre en responsabilidad internacional (v. fs. 87).
De seguido, citó el caso "González y otras (Campo Algodonero) vs. México" (CIDH, sent. de 16-XI-2009) y destacó que, en este, por primera vez, se analizaron crímenes cometidos por particulares y se responsabilizó al Estado por haber incumplido con su función de protección frente a una situación de "...riesgo previsible y evitable" ante un contexto de violencia, discriminación e impunidad de hechos cometidos contra las mujeres (v. fs. 87 vta. y 88).
En función de ello, insistió en que "...resulta ajena al presente la discusión sobre el estatuto de 'imprescriptibilidad' de los crímenes denunciados, pues [...] la prescripción es interpretada por el [Sistema Interamericano de Derechos Humanos] como una norma de derecho interno que no puede ser alegada, frente a hechos donde aparece clara la responsabilidad del Estado, en orden a sus obligaciones de protección de derechos lo que -a su entender- no se limita a hechos cometidos por funcionarios públicos" (fs. 88 vta.).
I.2. En segundo término, denunció la errónea aplicación de la prescripción (arts. 59 y 62, Cód. Penal) y del plazo razonable (arts. 7.5. y 8.1., CADH).
En tal sentido, cuestionó que el Tribunal de Casación Penal abordó ambos institutos como si fueran lo mismo cuando no lo son. Explicó que mientras en la prescripción se trata de regulaciones abstractas y rígidas, en el plazo razonable se deben analizar las particularidades del caso en concreto. Trajo a colación el fallo "Genie Lacayo" de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (v. fs. 88 vta.).
Sostuvo que "Si el plazo razonable se integra/mide a partir y con las obligaciones del Estado, es necesario establecer los alcances de la 'ley aplicable' para poder establecer cuál es la legitimidad temporal del Estado frente a la persecución de delitos. Resulta arbitrario invertir la deducción, tal como lo hacen los jueces en el fallo [impugnado]: como el delito que se analiza en la sentencia no es 'imprescriptible' ni para el derecho interno, ni para la jurisprudencia interamericana, entonces no cabe ninguna excepción a la prescripción, y en consecuencia se debe aplicar la ley interna, para respetar el principio de plazo razonable, que consagra la Convención Americana [sobre Derechos Humanos]" (fs. 90).
Concluyó que "...la prescripción no resulta ser un derecho en sí mismo, sino una derivación del plazo razonable y que en ese sentido, ésta en tanto operacionalización de aquel principio, se integra a partir de las obligaciones y responsabilidades de Estado" (fs. 90 vta.).
I.3. Como tercer punto, se agravió de la inobservancia y errónea aplicación del principio de legalidad (art. 18, Const. nac. -v. fs. cit.-).
Manifestó que dicho principio, además de contemplar las normas sobre prescripción, también debe abarcar los Tratados y Convenciones Internacionales y el bloque constitucional en general.
Criticó que el Tribunal de Alzada no haya tenido en consideración las obligaciones asumidas por el Estado al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño.
Afirmó, además, que para el momento de los hechos estaba vigente la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (ley 23.179), de la que surge la obligación de investigar los delitos contra la integridad sexual de mujeres y niñas, más allá de eventuales normas internas sobre la prescripción que no podrían contraponerse como obstáculo (conf. art. 31.1., Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados -v. fs. 91 y vta.-).
En su apoyo, citó la Recomendación General n° 12 de 1989 del Comité de la CEDAW y la Observación General n° 19 y, una vez más, el caso "Bulacio vs. Argentina" para concluir que resulta inadmisible que mediante una disposición de prescripción se impida la investigación y sanción de los responsables de las violaciones a derechos humanos (v. fs. 91 vta./92 vta.).
I.4. Por último, denunció arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa y desconocimiento de la causal de interrupción de la prescripción (v. fs. 93).
En tal sentido, recordó los dichos de la víctima en cuanto denunció que los abusos sexuales, cometidos mediante el uso coactivo e intimidatorio por mediar una relación de autoridad, comenzaron cuando tenía trece años de edad y los abusos sexuales con acceso carnal a sus catorce años. Como consecuencia de ello, en el año 2000, sufrió una crisis psiquiátrica que derivó en su internación domiciliaria, contexto en el que develó en su entorno familiar la violencia sexual infligida por el aquí imputado. La particular damnificada explicó que "A partir de esta situación, permaneci[ó] incapacitada. Fu[e] medicada y durante ese tiempo no [pudo] realizar una denuncia con los alcances del Código Civil vigente en ese momento" (fs. 93).
De seguido, citó textualmente los dichos de M. S. R. en cuanto manifestó que el diagnóstico que recibió fue "...trastorno bipolar tipo II, episodio hipomaníaco", a raíz de lo cual fue medicada con estabilizadores del humor. Destacó que sufrió caída del pelo y subió mucho de peso; gradualmente fue saliendo a la calle y comenzó a tomar menos medicación (v. fs. 93 y vta.).
Por lo expuesto, solicitó que se suspenda el curso de la prescripción durante el tiempo que la víctima se vio imposibilitada de denunciar, argumentando que durante el período que duró la internación domiciliaria, no tuvo "...capacidad de hecho dado que su voluntad se encontraba viciada" debido a la crisis sufrida y a la medicación que le fuera administrada (v. fs. 93 vta. y 94).
II. El señor Procurador General propuso hacer lugar a la impugnación (v. fs. 139/142 vta.).
III. No comparto ese temperamento, pues el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la patrocinante de la particular damnificada es insuficiente (conf. art. 495, CPP).
Me explico.
III.1. La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el voto del juez Carral al que adhirió simplemente el doctor Maidana, hizo lugar al recurso de la defensa oficial de O. L. R. y reimplantó la declaración de prescripción de la acción penal oportunamente decretada en la instancia (v. fs. 58/68).
En primer lugar, recordó que los hechos investigados son anteriores a las leyes 26.705 y 27.206 que reformaron el régimen de prescripción de las acciones para la modalidad de ilícitos como el aquí investigado, extremo que no fue controvertido a lo largo del proceso. Agregó que tampoco se alegó alguna causal prevista en la ley susceptible de interrumpir el curso de la prescripción (v. fs. 59 vta.).
En segundo término, explicó que la discusión compromete la aplicación del principio de legalidad en orden a la vigencia de la ley penal (conf. arts. 9, CADH; 15.1., PIDCP; 11.2., DUDH; 2, Cód. Penal; CSJN "Mirás" -v. fs. 60/61).
De seguido, recordó que el instituto de la prescripción funciona como una autolimitación al ejercicio del poder punitivo y, al mismo tiempo, sirve para garantizar el derecho a ser juzgado en un plazo razonable (v. fs. 61).
Destacó que la decisión impugnada, con sustento en la ley 23.849 que aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño (B.O., 22-XI-1990), incorporada con jerarquía constitucional en 1994, afirmó que la obligación asumida por el Estado de respetar el "interés superior del niño", estaba vigente tanto para el momento en que se cometieron los hechos como para la época en que se dictaron las leyes 26.705 y 27.206. A su vez, trajo a colación el voto del doctor Hornos en un precedente de la Casación federal, así como también fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la imprescriptibilidad en casos de graves violaciones de derechos humanos (v. fs. 61 vta.).
Frente a ello, afirmó que las condiciones de vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no contemplan la aplicación de la excepcional regla de imprescriptibilidad para delitos ordinarios, sino para "...delitos graves o muy graves violaciones a los derechos humanos" (fs. 63). En su apoyo, citó el precedente "Albán Cornejo y otros vs. Ecuador" en el que la Corte Interamericana afirmó que no operaba la exclusión de prescripción "'...porque no se satisfacen los supuestos de imprescriptibilidad reconocidos en instrumentos internacionales' (párrafo 111)" (sent. de 22-XI-2007, fs. 63).
A continuación, se remitió al voto del doctor Carubia en la sentencia del Tribunal Superior de Entre Ríos en el marco de la causa "Ilarraz, Justó José s/ promoción a la corrupción agravada - Incid. de extinción por prescripción s/ Impugnación extraordinaria" y citó textualmente el tramo en que el citado magistrado hizo referencia al caso "Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia" (sent. de 3-IX-2012) de la Corte Interamericana en el que se resolvió que no todo caso de violación de Derechos Humanos sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos permite excepcionar las reglas de la prescripción (v. fs. 63 vta.).
Luego, manifestó que "El criterio diferenciador que ya se veía claro desde el reconocido precedente de 'Barrios Altos vs. Perú' (14-III-2001), fue nuevamente ratificado en la sentencia 'Suárez Peralta vs. Ecuador' (21-V-2012, párrafo 176)".
En función de todo lo expuesto, afirmó que "...es posible corroborar cuál es el extremo de interpretación que se impone para delimitar en qué casos, ciertamente desde la doctrina de la Corte IDH, se ha habilitado excepcionar el principio de legalidad": cuando hay responsabilidad del Estado a partir de la conducta de alguno de sus agentes que implique graves violaciones a los derechos humanos, en casos tales como desaparición forzada de personas, ejecución extrajudicial, tortura, conforme surge del caso "Vera Vera y otra vs. Ecuador" (sent. de 19-V-2011, párrafo 117; v. fs. 64 vta.).
Frente a ello, sostuvo que no se advierte ninguna invocación de responsabilidad de agentes estatales en los hechos objeto de denuncia (v. fs. 64 vta.).
Conforme lo previamente analizado, tachó de arbitrario el fallo de la Cámara en cuanto aseveró que el Estado podría incurrir en responsabilidad internacional pues a su entender "...no logra explicar más allá de invocaciones generales, las razones que validarían excepcionar la garantía que deriva del principio constitucional de legalidad" (fs. 65).
Concluyó que las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño no resultan suficientes para neutralizar o mitigar la vigencia de iguales reglas de protección a las que también el Estado se obligó a observar y que se quebrantarían con la aplicación retroactiva de leyes que impiden la extinción de la acción penal por quebrantar el principio de legalidad (v. fs. 65 y vta.). En su apoyo, citó diversos precedentes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y de la Casación Criminal y Correccional que fallaron en ese sentido (v. fs. 65 vta. y 66).
Por último, "...ya por fuera de los límites del recurso, [señaló] que no se [le] escapan las características y ribetes que rodearon los hechos denunciados, así como las consecuencias personales y limitaciones que pudo haber enfrentado la víctima, es por ello que entiend[e] que, sin que esto implique emitir opinión, puede resultar necesario que se evalúen si las circunstancias de los sucesos bajo examen son en algún punto asimilables a los antecedentes donde nuestra Corte Federal, siguiendo en esto el dictamen de la Procuración General, sostuvo la prescripción de la acción penal pero al mismo tiempo señaló que no se podía desatender la obligación del Estado de 'asegurar el derecho a conocer la verdad de los hechos' (CSJN, 'Funes', causa F.294.XLVII, rta. 14-X-2014), causa que en su caso debería tramitar por acción independiente" (fs. 66 y vta.).
III.2. Ante los argumentos desarrollados por el Tribunal de Alzada, las manifestaciones de la parte resultan genéricas y, como tales, no logran conmover eficazmente lo resuelto en el caso (art. 495, cit.).
III.2.a. En primer lugar, el planteo referido a la "...inobservancia de la jurisprudencia internacional" en materia de prescripción, con cita de los casos "Campo Algodonero" y "Bulacio" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no trasciende de una mera alegación dogmática.
Cabe recordar que el Tribunal de Alzada sostuvo que conforme las condiciones de vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el caso no se dan los requisitos necesarios para excepcionar las reglas de la prescripción de la acción penal y junto con ello el principio de estricta legalidad (conf. arts. 18, Const. nac.; 9, CADH y 15.1., PIDCP). Afirmó que de la interpretación conjunta de los casos "Albán Cornejo", "Vélez Restrepo", "Barrios Altos", "Suárez Peralta", "Vera Vera y otros", se desprende que para que no se aplique el instituto de la prescripción es necesario que la responsabilidad internacional del Estado se origine en hechos cometidos por agentes estatales que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, tales como desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales y torturas; extremos en modo alguno configurados en el presente, pues los presupuestos fácticos son muy disímiles.
Ante lo así resuelto, la recurrente no hizo ningún esfuerzo por evidenciar de qué manera, pese a que en el caso los hechos investigados no se endilgan a agentes estatales ni se trata de delitos como los expresamente citados por el a quo - conforme la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- , habría que soslayar las reglas de la prescripción.
En efecto, se limitó a citar el precedente "Bulacio vs. Argentina" sin demostrar de qué forma lo allí decidido para un contexto fáctico tan diverso, resultaría aplicable al sub lite . Repárese, precisamente, que los hechos investigados en ese caso (privación ilegítima de la libertad de una persona menor de edad seguida de muerte) fueron cometidos por agentes estatales, presupuestos que el Tribunal de Casación Penal destacó ausentes en el presente, razón por la cual consideró que no correspondía excepcionar las reglas de prescripción, decisión esta que la recurrente -en lugar de remover- terminó reafirmando con la invocación de esa cita.
De igual manera, la mención de "González y otras (Campo Algodonero)" tampoco resulta eficaz a los fines pretendidos. En primer lugar, en el citado caso no se discutió la aplicación del instituto de la prescripción de la acción penal. En segundo término, mientras en dicho precedente se cuestionó la deficiente actuación de los órganos del Estado encargados de investigar por incurrir en mora y desinterés, en el sub lite ello no sucedió pues la prescripción de la acción penal se originó antes de que la víctima instara la acción penal (conf. art. 72 inc. 1, Cód. Penal). Por tales motivos, la recurrente debió hacer un esfuerzo mayor por demostrar de qué manera lo allí debatido y resuelto, en particular, lo que atañe a la violación de los arts. 7.b. y 7.c. de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y de los arts. 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -normas que la parte ni siquiera citó- podría extenderse al presente a pesar de las diferencias fácticas entre ambos.
En definitiva, la denuncia de "...inobservancia de la jurisprudencia internacional" en materia de prescripción no cuenta con fundamentación suficiente que le de sustento (doctr. arts. 495, CPP y 15, ley 48).
III.2.b. En segundo lugar, el planteo de "...inobservancia y errónea aplicación de la prescripción (arts. 59 y 62, [Cód. penal]) y el plazo razonable (arts. 7.5. y 8.1., [CADH])", tampoco procede.
Conforme surge de la reseña, la recurrente comienza su planteo sosteniendo que la prescripción y el plazo razonable son institutos distintos y critica que el tribunal a quo los haya tratado -a su criterio- de modo análogo. Sin embargo, al finalizar su agravio, incurre en una contradicción en sus propios términos al concluir que la prescripción "...no resulta se
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