Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137477
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.477, "Ortiz Vargas, Juan Manuel y Figueroa, Gastón s/ Recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley en causa n° 98.638 y su acum. n° 98.703 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres , Kogan , Violini , Mancini .
El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, por sentencia dictada el día 6 de junio de 2019, en la causa 1.574/18 (IPP 01-00-01345-17/00), condenó a Gastón Nicolás Figueroa a la pena de veintiocho (28) años de prisión, accesorias legales y costas, con declaración de reincidencia, por considerarlo coautor responsable del delito de homicidio en ocasión de robo agravado por el empleo de un arma de fuego (arts. 41 bis, 45, 50 y 165, Cód. Penal); y a Juan Manuel Ortiz Vargas a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado criminis causae y por el empleo de arma de fuego (arts. 41 bis, 45 y 80 inc. 7, Cód. Penal), por el hecho ocurrido el día 31 de julio de 2017 en la ciudad de Bahía Blanca, en perjuicio de Ariel Barragán y Ramiro Germán Barragán.
Dicha decisión fue impugnada por las respectivas defensas oficiales de los imputados y por la particular damnificada, Alicia Pereyra.
El día 6 de mayo de 2021, la Sala V del Tribunal de Casación Penal, tras examinar los agravios postulados en los respectivos recursos, rechazó por improcedentes los de las defensas oficiales de Gastón Nicolás Figueroa y Juan Manuel Ortiz Vargas, e hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad presentado por el representante de la particular damnificada, sin costas. En consecuencia, casó la sentencia dictada por el tribunal de grado en torno a la calificación legal de los hechos imputados a Juan Manuel Ortiz Vargas, la que se fijó como homicidio agravado criminis causae y por el empleo de arma de fuego en concurso real con robo agravado por el empleo de arma de fuego, en los términos de los arts. 41 bis, 45, 55, 80 inc. 7 y 166 inc. 2 párrafo segundo del Código Penal. En lo demás, rechazó por improcedente el recurso del referido representante de la particular damnificada.
Frente a lo así resuelto, los señores defensores oficiales adjuntos ante dicha instancia, doctores Ignacio Juan Domingo Nolfi y José María Hernández, interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley en favor de los nombrados Figueroa y Ortiz Vargas, respectivamente, los que fueron declarados parcialmente admisibles por el órgano intermedio, sólo en cuanto señalan infracción a normativa sustantiva. Tales decisiones fueron cuestionadas por las partes mediante queja, que tramitaron ante esta Corte como causas P. 136.729-Q y P. 137.926-Q, y fueron rechazadas (v. resols. digitales de 9-V-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictámenes digitales de 1-XI-2023 y 29-V-2024), dictada la providencia de autos (v. proveído de 30-V-2024 y su ampliación de 12-VIII-2024) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en beneficio de Gastón Nicolás Figueroa?
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado en favor de Juan Manuel Ortiz Vargas?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. A tenor del alcance de la resolución de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, corresponde analizar los agravios de la defensa por infracción a la ley sustantiva, esto es, el vinculado con la inobservancia del art. 47 del Código Penal, y con la errónea aplicación del art. 41 bis respecto del art. 165, ambos del mismo digesto sustantivo.
I.1. En cuanto al primero, el recurrente denuncia la inobservancia del art. 47, primer párrafo del Código Penal, en el entendimiento de que su asistido solamente quiso participar de un delito menor que el cometido por su consorte de causa.
Aduce que no se ha probado la existencia de un supuesto plan en común entre los intervinientes para justificar la coautoría atribuida; y que únicamente hay certeza de que el sujeto que tuvo la intención de matar —y así lo hizo— no fue su asistido, pues su único interés se concentró en el ilícito contra la propiedad.
Expresa que no se puede acreditar suficientemente que Figueroa "...hubiera conocido y querido que Ortiz le disparara a la víctima de autos", sino que —a su juicio— existe un estado de duda sobre el punto, que debió derivar en la aplicación del aludido art. 47 del Código Penal.
A su entender, una interpretación respetuosa del principio de culpabilidad exige que en el art. 165 del Código Penal sólo pueden quedar contemplados los homicidios que encuadran en el art. 79 del citado cuerpo de leyes.
A lo largo de su exposición, insiste en que, eventualmente, la acción que quisieron llevar adelante en conjunto los coimputados habría sido la prevista en el delito contra la propiedad, y que Figueroa no quiso cooperar en el hecho resultante de homicidio en ocasión de robo que se le endilga.
Sostiene que "...el acuerdo previo de voluntades estaba [...] direccionado a cometer un robo (aun un robo calificado por el uso de armas, como medio de intimidación empleado a tales fines)", y que su defendido "...no tuvo completo dominio de aquel ilícito (en los términos resultantes); pues el desenlace lesivo fue un exceso a ese acuerdo previo; o, al menos y a todo evento, nadie ha probado certera e indubitablemente lo contrario".
Por tales motivos, solicita la subsunción de los hechos en la figura del art. 166 inc. 2 del Código Penal: robo agravado por la utilización de un arma de fuego.
I.2. En segundo término, reclama que debe descartarse la agravante genérica contemplada en el art. 41 bis del Código Penal en relación con el delito de homicidio en ocasión de robo, pues dicha figura "...abarca íntegramente los elementos típicos y el disvalor de la agravante genérica por el uso de arma".
Destaca que el hecho juzgado encuadra objetivamente en las previsiones de los arts. 165 y 166 inc. 2 del Código Penal (siempre que el robo y el homicidio hayan sido cometidos mediante el empleo de un arma de fuego), y que, dada la condición de figura compleja del primero, debe llevar a estimar que la aplicación del art. 41 bis genera una superposición con la agravante del referido art. 166 inc. 2, al menos en lo que respecta al tramo del injusto referido al homicidio.
En aval de su postura reproduce un extracto del precedente "Fernández" de la Sala II del Tribunal de Casación Penal (causa 12.065, sent. de 4-X-2003).
En ese sentido y con relación al caso, agrega que, de no haberse dado la muerte, el robo se hubiera agravado por la figura del art. 166 inc. 2, segundo párrafo del Código Penal.
Esgrime que el sentenciante, en ejercicio del iura novit curia, debió aplicar al caso los arts. 55, 79 y 166 inc. 2 del Código Penal reduciendo la pena a imponer a un monto idéntico o cercano al mínimo legal de la escala penal, lo que deja expresamente peticionado.
Finalmente estima que tampoco se ha verificado en el caso la existencia del "plus" que exige la agravante para que sea aplicada, es decir, que no se acreditó la violencia o intimidación con el arma de fuego.
En subsidio del agravio anterior, postula que se recalifique el hecho en los términos del art. 165 sin la agravante del art. 41 bis, del mismo plexo legal.
II. El señor Procurador General dictaminó y aconsejó el rechazo del recurso interpuesto. Postura con la cual coincido.
III.1. El tribunal de juicio tuvo por comprobado que "...el día lunes 31 de julio de 2017, siendo alrededor de las 20:00 horas dos sujetos de sexo masculino, a sabiendas y con la intención de cometer un robo a mano armada entre ambos, a bordo de una motocicleta marca Zanella, modelo ZB 110 Z1 cilindrada de 110 cc. de color negra, sin patente colocada", arriban al comercio del rubro almacén y sucursal Rapipago, sito en la intersección de las calles que se indican, de la ciudad de Bahía Blanca, en el cual se hallaba Ariel Claudio Barragán; que al local ingresa el que llevaba "...un casco colocado, portando consigo un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, marca 'Bersa mini Thunder' con nro. de serie 13-736391", mientras el otro sujeto aguardaba fuera del local; y, tras amenazar —el que ingresó— con el arma al nombrado Barragán, sustrajo dinero en efectivo de la recaudación —entre tres y cinco mil pesos— y al salir del comercio, ya estando en la vereda, se encontró con Ramiro Germán Barragán —dueño del negocio— quien, al advertir el robo en curso, trató de impedirlo tomando por detrás al sujeto armado, logrando este último zafarse, previo forcejeo, tras lo cual y "...para concretar la finalidad delictiva y asegurar el resultado de tal apoderamiento", hallándose la víctima tirada en el piso, le disparó con el arma de fuego. Luego, tanto quien portaba y disparó el arma, como el restante que aguardaba en la moto durante todo el tiempo de perpetración del robo y a pocos metros de distancia del almacén, se escaparon del lugar en el indicado motovehículo. Pudo determinarse que el proyectil disparado con el arma de fuego "...impactó en la zona del límite superior del glúteo derecho con el flanco región lumbar de la víctima, con orificio de entrada sin salida, siguiendo el proyectil una trayectoria de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro, provocándole lesiones de tal magnitud que provocaron la muerte de Ramiro Germán Barragán, por los graves traumatismos internos padecidos con compromiso de órganos vitales, como ser, cresta ilíaca derecha vena ilíaca derecha, asas intestinales, tejidos musculares y celular subcutáneo, lo que provocó hemoperitoneo masivo (sangre intra-abdominal) con necrosis intestinal y estomacal, determinando shock hipovolémico".
Por ese hecho —en lo que aquí importa— el tribunal encontró a Figueroa coautor penalmente responsable de homicidio en ocasión de robo (art. 165, Cód. Penal), agravado por el empleo de un arma de fuego (art. 41 bis, Cód. Penal).
III.2. La defensa interpuso recurso de casación en el que cuestionó dicha calificación legal, en términos similares a los que porta el remedio bajo estudio. En definitiva, se queja de que no puede considerarse partícipe del delito de homicidio a quién acompañó al autor del mismo, cuando la plena convergencia intencional existió solo con relación a un robo planeado por ambos. Por ello plantea la errónea aplicación del art. 165 y la inobservancia del art. 47, ambos del Código Penal; y, en subsidio, de la agravante genérica del art. 41 bis del mismo digesto sustantivo en orden al mentado art. 165.
III.3. La Sala V del Tribunal de Casación Penal, en oportunidad de resolver tales planteos, los rechazó.
En cuanto a la peticionada recalificación del hecho como robo agravado por el uso de armas, señaló que "...de las pruebas valoradas" se desprendían claramente los elementos de la coautoría: existencia de un plan común entre los imputados para cometer el robo, división de roles y de tareas que coejecutaron del modo previamente delimitado. "A Figueroa le cupo el rol de efectuar el traslado al lugar de comisión del delito, esperar a que Ortiz ejecutara de mano propia el robo con un arma en condiciones de inmediato uso, y luego conducir la moto permitiendo la huida del lugar de ambos agresores con la res furtiva. Figueroa tenía efectivo conocimiento de que Ortiz portaba una pistola 9 mm cargada y en condiciones de efectuar disparos. Su conocimiento de ese extremo, la voluntad manifestada en el despliegue de las acciones lesivas comprobadas, fundan adecuadamente los elementos típicos de la figura del art. 165 del C.P.".
Adunó a ello, que esa Sala ha sostenido que "[l]a referida figura constituye un robo y no un homicidio y basta que la muerte se produzca con motivo u ocasión de aquél para que queden incursos en la figura todos los partícipes en el desapoderamiento violento siendo irrelevante el grado de participación en el homicidio puesto que la misma sólo debe analizarse con respecto al robo", debiendo excluirse de ese encaje "...aquellos supuestos en que el resultado calificante aparezca como un hecho accidental subjetivamente desvinculado del autor".
Luego descartó la objeción concerniente a la indebida aplicación de la aludida agravante genérica siguiendo la doctrina de esta Corte, en cuanto establece que el art. 165 no comprende como parte constitutiva o calificante de su estructura típica a la violencia o intimidación en las personas conformada por el uso de armas de fuego, y que cuando la norma expresa "...con motivo u ocasión del robo" y no "...de un" robo, hace referencia, desde una interpretación gramatical, a la acción base descripta en el art. 164 del Código Penal, sin relevar más elementos típicos que los allí estipulados.
IV. Como adelanté, el recurso no prospera.
IV.1. Frente a similares planteos a los ahora traídos, el órgano a quo confirmó la aplicación del art. 165 del Código Penal.
Las consideraciones del recurrente acerca del tipo de aporte brindado por el imputado Figueroa —a su juicio, exclusivamente ceñida a la participación en el delito de desapoderamiento— y la invocación de que habría existido un exceso del otro interviniente en la muerte de Ramiro Germán Barragán, con la pretendida aplicación de la regla del mentado art. 47 de la ley penal, no solo se desentiende de los fundamentos esgrimidos en la sentencia puesta en crisis, sino que tampoco logra evidenciar el desajuste normativo que le reprocha, todo lo cual inviabiliza el progreso de su reclamo (doctr. art. 495, CPP).
En especial, el recurrente no opuso argumentos válidos para desvirtuar aquello que el Tribunal de Casación confirmó del fallo de la instancia en cuanto estableció que Figueroa tomó intervención en (coejecutó) un robo en el que tenía efectivo conocimiento de que Ortiz portaba una pistola 9 mm cargada y en condiciones de efectuar disparos, de manera tal que resultaba previsible su efectivo empleo y que de este derivara la muerte del sujeto pasivo.
Conforme lo ha establecido esta Suprema Corte "...la decisión común es el vehículo que determina la conexión de los diversos aportes al hecho llevados a cabo por distintas personas, permitiendo imputar a cada uno de los intervinientes la parte de los otros (conf. por muchos, Stratenwerth, Derecho penal, parte general, I, Madrid, Edersa, 1982, 814, p. 248). Ciertamente, no siempre es sencillo distinguir si tal o cual modalidad de aporte objetivo atribuye realmente el dominio del hecho, a fin de imputar coejecución o simplemente otra forma de cooperación. Sin embargo, hay consenso generalizado en afirmar la coautoría cuando quien ejecuta junto con otro u otros el evento criminoso lo hace en virtud de un acuerdo previo por el cual cada uno conoce la acción de los demás y distribución de funciones. Justamente, esto es lo que caracteriza la coautoría de las demás formas de intervención a través de pluralidad de autores. En aquella el hecho no es dominado por uno de los intervinientes, sino por el conjunto o 'colectivo'. Importa, pues, el despliegue de una parte del suceso típico en combinación con el aporte de los otros. Por ello, rige en la coautoría la imputación recíproca de todas las contribuciones al suceso que tienen lugar en el marco del común acuerdo..." (conf. doctr. —en lo pertinente— causas P. 82.042, sent. de 30-III-2005; P. 104.036, sent. de 11-V-2011; P. 121.582, sent. de 29-III-2017 y P. 133.140, sent. de 10-VI-2021).
Es que el art. 165 del Código Penal prevé una pena más severa para el autor o partícipe en el robo por el hecho de desencadenar (a través de ese obrar violento que provocó con su actividad) la serie de eventos que culminan con una muerte.
En definitiva, "...basta que la muerte se produzca con motivo u ocasión del robo para que queden incursos en la figura todos los partícipes en el desapoderamiento violento, pues el grado de participación debe analizarse con respecto al robo y no respecto de la muerte" (causa P. 96.014, sent. de 28-VIII-2013).
Por lo demás, la discusión que introdujo la defensa referida al versari in re ilícita , así como a la configuración de un estado de duda sobre la posibilidad de conocimiento y representación de Figueroa de que podía darse el desenlace fatal acaecido, tal como ahora se la intenta, no fue llevada ante las instancias anteriores, a pesar de que tal planteo ya tenía actualidad a ese momento (art. 451, CPP).
Por consiguiente, sentada su calidad de coautor en función de las contribuciones que se le endilgan en el evento bajo análisis, su accionar resultó bien encuadrado en los términos del ya mencionado art. 165 del Código Penal.
IV.2. El agravio sobre la errónea aplicación de la agravante genérica del art. 41 bis del Código Penal, corre la misma suerte adversa.
Como lo expuse en ocasión de emitir mi voto en las causas P. 100.072 (sent. de 12-XI-2008) y P. 102.647 (sent. de 19-VIII-2009), entre muchas más, al incorporarse el art. 41 bis al Código Penal a través de la ley 25.297 (B.O. de 22-IX-2000), se estableció en la Parte General del digesto una "agravante genérica" o referencia típica destinada a integrar como elemento calificante ciertos delitos de la Parte Especial. Ello supuso una elevación de la escala penal de los ilícitos que contemplan en su núcleo típico la violencia o intimidación contra las personas, cuando tuvieren lugar mediante el empleo de un arma de fuego.
El legislador aclaró en el mismo texto que esta agravante no será aplicable "...cuando la circunstancia mencionada en ella ya se encuentre contemplada como elemento constitutivo o calificante del delito de que se trate".
Tal como destaca el señor Procurador General, es doctrina de este Cuerpo que el art. 165 no comprende como parte constitutiva o calificante de su estructura típica a la violencia o intimidación en las personas conformadas por el uso de armas de fuego (conf. doctr. arts. 41 bis y 165, Cód. Penal; causas P. 111.421, sent. de 18-VI-2014; P. 117.046, sent. de 11-III-2015; P. 114.298 y P. 116.693, sents. de 1-IV-2015; P. 119.415, sent. de 15-IV-2015; e.o.), por lo que su empleo queda captado por el art. 41 bis, que agrava la escala penal y deja el caso fuera del alcance de la excepción del segundo párrafo.
Al respecto, viene al caso reiterar lo expresado por la doctora Kogan al emitir su voto en la referida causa P. 119.415, al que adherí. En esa oportunidad la colega citada puntualizó, en referencia a los arts. 166 inc. 2 y 165 del Código Penal, que "...[s]i bien ambos delitos resultan dependientes del robo (art. 164 del Cód. Penal), al que agravan o califican —uno por el medio empleado, el otro por el homicidio resultante—, entre ellos no existe relación de consunción ni de subsidiariedad alguna que justifique tener por abarcado en el robo con homicidio al robo con armas". Más adelante explicó que "...un robo con resultado homicidio puede ocurrir sin armas de por medio. De ahí que pueda concluirse que ambas figuras son independientes en cuanto a sus elementos configurativos, no obstante el modo en el que concurran".
En virtud de lo dicho, la aplicación de la agravante genérica al robo con resultado homicidio no configura doble valoración prohibida.
Por lo demás, siendo doctrina de esta Corte que al homicidio cometido mediante la utilización de armas de fuego le es aplicable la agravante del art. 41 bis (causa P. 102.647, sent. de 19-VIII-2009; e.o.), no resultaría lógico aplicar esa agravante genérica al homicidio cometido mediante la utilización de un arma de fuego, pero no hacerlo cuando el mismo injusto tiene lugar en ocasión de un robo (causa P
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