Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 130773
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Negri, Genoud, de Lázzari, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.773, "Banegas, Alfredo Daniel; Lescano, Héctor Aníbal; Lescano, Jonatan Gabriel y González, Mariano Gastón s/ Recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, en causa n° 72.267 y sus acumuladas n° 72.268 y n° 72.352 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 22 de septiembre de 2016, rechazó los recursos interpuestos contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que condenó a Héctor Aníbal Lescano y Mariano Gastón González a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por resultar coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio calificado por cometerse con el concurso premeditado de más de dos personas y por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa reiterado en cuatro oportunidades, todos ellos calificados por cometerse en ocasión de un espectáculo deportivo; a Jonatan Gabriel Lescano a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por ser coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por el concurso premeditado de más de dos personas y por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por el concurso premeditado de más de dos personas y por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa reiterado en cuatro oportunidades, todos ellos calificados por cometerse en ocasión de un espectáculo deportivo y portación ilegal de arma de guerra, todos ellos en concurso real entre sí; y a Alfredo Daniel Banegas a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por haber sido hallado coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por cometerse con el concurso premeditado de más de dos personas y por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa reiterado en cuatro oportunidades, todos ellos calificados por cometerse en ocasión de un espectáculo deportivo y portación ilegal de arma de uso civil, todos ellos en concurso real entre sí (v. fs. 100/133 vta.).
Mientras el señor defensor oficial adjunto ante dicha instancia -doctor Daniel Aníbal Sureda- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a favor de los imputados Héctor Aníbal Lescano y Jonatan Gabriel Lescano (v. fs. 139/160 vta.), la defensora particular -doctora Liliana Beatriz Zurita- se alzó merced a la misma vía impugnativa a favor del encausado Mariano Gastón González (v. fs. 163/172 vta.). Por su parte, el letrado de confianza del procesado Alfredo Daniel Banegas -doctor Damián Flores Ortigoza- articuló a su favor el carril previsto en el art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 173/187 vta.).
Todos los recursos fueron concedidos por el órgano inferior conforme la resolución que luce a fs. 216/220.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 242/257 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 258 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial adjunto a favor de Héctor Aníbal Lescano y Jonatan Gabriel Lescano?
2ª) ¿Lo es el deducido por la defensa particular de Mariano Gastón González?
3ª) ¿Lo es el articulado por el letrado de confianza de Alfredo Daniel Banegas?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto planteó tres agravios.
I.1. Por el primero, tachó de arbitraria la sentencia del a quo por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes del Superior Tribunal federal, afectando la defensa en juicio y el debido proceso. También denunció inobservancia de los arts. 366 y 367 del Código Procesal Penal; 8 inc. 2 apartado "f" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como así también una revisión aparente del fallo de condena (v. fs. 142).
Cuestionó el modo en cómo el órgano intermedio revisó la decisión de mérito que tuvo por acreditados los hechos atribuidos a sus defendidos, desconociendo la vigencia del límite impuesto por los arts. 366 y 367 del rito relativos al derecho a controlar la prueba y el principio in dubio pro reo que requiere la certeza apodíctica para fundar la condena (v. fs. 142 vta.).
Aclaró que en el caso compartía los argumentos expuestos por la minoría (a través del voto del doctor Ordoqui), en cuanto a que con la incorporación de los testimonios de Alfredo Antonio Villarruel, Sebastián Alexis Desbat, Ramiro Damián Fernández, Walter Daniel Zárate, Karen Elvira Pérez y Pamela Edith Zanazzi, no se encontraba resguardado el derecho de defensa dado que las facultades de confrontación propias del juicio oral y público no se vieron desplegadas (v. fs. 143 y vta.).
Por el contrario, cuestionó que sólo con la directa imputación del testigo Gabriel Alejandro Díaz que -a su entender- no encontró verificación con otros elementos se haya tenido por corroborado que Jonatan Lescano (alias "toti") y Mariano González (alias "culón") formaron parte del grupo que el día del hecho en las inmediaciones del estadio del club Lanús agredió fatalmente a Carlos Sosa y produjo heridas a Ramiro Fernández, Walter Zárate, Leandro Mario Borda y Mauricio Zaracho (v. fs. 144 vta. y 145).
A su juicio, si bien podía afirmarse la existencia de un acometimiento armado, no resultó acreditado que todos los intervinientes hubieran dirigido la agresión hacia el resultado luctuoso, lo que impediría afirmar, fuera de toda duda razonable la coautoría funcional del homicidio premeditado en los términos del art. 80 inc. 6 del Código Penal (v. fs. 145).
En lo que hace a la situación particular de Héctor Aníbal Lescano, sostuvo que los doctores Celesia y Mancini se apartaron del voto del juez Ordoqui en lo que atañe a la doctrina del fallo "Benítez" de la Corte federal, considerando que la postura del juez Celesia, de aceptar la incorporación por lectura de las testimoniales prestadas en la instrucción penal preparatoria por aquellos testigos ausentes al juicio por no determinarse su paradero, importó una interpretación irrazonable del art. 366 del código ritual y por lo tanto errónea, ya que si bien el testigo tiene la obligación de comparecer a juicio, como contrapartida el Estado tiene el deber de procurar el resguardo de los elementos probatorios embistiéndoselo de las facultades específicas (v. fs. 147 vta.).
Expuso también que el criterio sentado desconoce el derecho del imputado a confrontar la prueba de cargo dado que frente a éste no puede oponerse la incapacidad de los poderes de la administración para hacer comparecer a los testigos de cargo, más aun frente a las circunstancias que rodearon el caso.
Recordó que los testimonios de Karen Elvira Pérez y Pamela Edith Zanazzi (valorados para determinar la autoría de sus asistidos) fueron tomados en sede policial y de la fiscalía sin el debido control de la defensa, afectando su incorporación por lectura el principio contradictorio y de igualdad de armas que debe regir en el proceso (v. fs. 147 y vta.).
Agregó que la evaluación de la objetividad de las declaraciones sólo puede concretarse mediante su producción durante el debate oral y nunca merced a la incorporación por lectura. "En el caso, se exige dicha cautela en torno a la ponderación de las declaraciones de Pérez y Zanazzi dado que desde el inicio de las actuaciones se subrayó el delicado contexto en el que se desenvolvieron los hechos, con la concreta posibilidad [de] que los testimonios hayan sido dirigidos a los efectos de incriminar a [sus] asistidos" (fs. 149).
En razón de ello, es que se disconformó con la incorporación por lectura de las mencionadas declaraciones en tanto fueron las que determinaron la autoría de Héctor Aníbal Lescano, lo que importó a su modo de ver, una restricción irrazonable al derecho a controlar en forma útil y efectiva los testigos de cargo a través de la inmediación (v. fs. 150 vta.).
Indicó que lo expuesto por el doctor Celesia determinaría que ante toda declaración testimonial la defensa deba llevar la carga procesal de hacer comparecer al testigo, cuando en definitiva esta carga recae en cabeza de la fiscalía (v. fs. 151).
Entendió que el criterio del tribunal de grado implicó una clara inobservancia al art. 366 del Código Procesal Penal con afectación de la defensa en juicio y el debido proceso, mientras que la revisión del a quo no sólo consagró dicha violación sino que también invirtió la carga de la prueba inobservando el art. 367 del rito, sumado a la transgresión a la revisión integral de los agravios denunciados, lo que se inscribe en una violación al derecho al recurso.
Añadió que el voto mayoritario le asignó valor convictivo sin reparar en la existencia de un conflicto previo entre dos facciones de la barra brava de Lanús, y en la existencia de actuaciones por falso testimonio respecto de Karen Zanazzi (v. fs. 153 vta. y 154).
De seguido, se ocupó de cada una de las pruebas valoradas, aludiendo -en primer lugar- al funcionario Pablo Gutiérrez, quien si bien ubicó a Héctor Aníbal Lescano en el lugar de los hechos, ello no se condijo con otros testimonios (v. fs. 154).
En cuanto a los dichos de Carlos Jorge Molido destacó que no percibió por sí la presencia del imputado en el escenario de los sucesos, sino que se anotició por lo que manifestaron los presentes, lo que -consideró- no se lograba erigir en una plataforma convictiva de fuerza suficiente como para condenar a su defendido (v. fs. 154).
Entendió que tampoco revestía entidad el indicio de oportunidad que podía extraerse de la declaración de Juan Ramón Aguilar, pues si bien afirmó la presencia del imputado en el lugar de los hechos, al referir al acometimiento armado hizo alusión al grupo agresor, sin especificar la conducta que pudo observar como testigo presencial.
En orden al testigo Desbat, destacó que éste vio a los autores del injusto y no indicó entre ellos a Lescano (v. fs. 154 vta.).
Expuso que tales valoraciones no contaron con la aptitud necesaria para vencer la vigencia del principio in dubio pro reo , por lo que solicitó -para el hipotético caso que se considere que la incorporación por lectura no inobservó los arts. 366 y 367 del rito lesionando la defensa en juicio- se haga lugar al agravio haciendo hincapié fundamentalmente en el temor de parcialidad debidamente fundado ante la existencia de un conflicto preexistente y la directa relación del sindicado como jefe de la barra justamente con dos de los testigos ausentes (v. fs. 154 vta. y 155).
También alegó violación al derecho a ser oído por haber prescindido el tribunal intermedio de las razones centrales por las que se denunciara la arbitraria valoración de la prueba, lo que derivó -a su vez- en la arbitrariedad de la sentencia casatoria por apartamiento de las constancias de la causa, frustrando el derecho al doble conforme al vaciar de contenido las razones por las cuales el imputado y su defensa reclamaron la revisión (v. fs. 156).
I.2. Por el segundo, alegó infracción al art. 364 del Código Procesal Penal aclarando que no resultaba una mera inobservancia a las formas en que se desarrollaron los interrogatorios, sino que involucraba el correcto desempeño de la administración de justicia, cuestión de neto corte federal (v. fs. 157).
Indicó que pese a la mentada doctrina de los propios actos citada por el Tribunal de Casación la infracción del art. 364 del ritual importó una nulidad de carácter absoluto y por ello oponible a los actos precluidos dado que puede solicitarse en cualquier etapa del proceso por comprometer garantías esenciales (v. fs. 157).
Explicó que lo contrario importaría consagrar una condena producto de una actuación irregular del órgano jurisdiccional, comprometiendo la garantía de defensa en juicio y debido proceso.
I.3. Finalmente, solicitó la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua dispuesta en el art. 80 del Código Penal (v. fs. cit.).
Indicó que los homicidios previstos en la citada norma impiden al juez considerar circunstancias básicas en la determinación del grado de culpabilidad y en la individualización de la pena, toda vez que se limita a imponer, indiscriminadamente, la misma sanción para conductas que pueden ser muy diferentes, violentando así lo normado en el art. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto establece que el debido proceso requiere que ante la individualización de la pena se consideren todos los elementos atenuantes y agravantes (v. fs. 157 vta.), sin que pueda dejar de valorarse la proporcionalidad de la pena (v. fs. 158).
Adujo que en el caso se computaron como atenuantes la carencia de antecedentes penales, las circunstancias personales y los factores subjetivos que pudieron haber incidido en el comportamiento de los imputados; por lo que -a su entender- resultó absurda la pena impuesta, dado que su ponderación solo podía ser plasmada mediante la imposición de una pena temporal.
Señaló que este modo de actuar afectó el principio de culpabilidad, por obligar a los jueces a tratar a Héctor Aníbal Lescano y Jonatan Lescano como una homogeneidad sometidos a la aplicación ciega e indiferente de la pena, sin permitir individualizarla en base a las características del delito, la participación y la culpabilidad del acusado (v. fs. cit.).
De ahí que afirmó que la pena perpetua prevista era contraria a la Constitución nacional, peticionando que así se declare (v. fs. 158 vta.).
De modo subsidiario, solicitó una sanción numérica que no supere los veinticinco años de prisión, ya que frente a la confirmación del encuadre legal en los términos del art. 80 de la ley sustantiva, desde su punto de vista, la única posibilidad para compatibilizarla con la totalidad del ordenamiento, es efectuar una interpretación in bonam parte (v. fs. cit.).
Por último, entendió que las penas perpetuas, tendrían un máximo de duración de veinticinco años, teniendo en cuenta que el Estatuto de Roma ratificado por la ley 26.200 impuso como máximo de pena para los delitos de genocidio y la violación reiterada e indiscriminada a los Derechos Humanos, la de treinta años. Y si ello fuera así nada obstaría la obtención de su libertad una vez cumplidos los veinticinco de condena, lo que no implicaría un encierro de por vida (v. fs. 159).
Concluyó, así, que la determinación de la pena debía adecuarse y respetar los principios de culpabilidad, lesividad y proporcionalidad (v. fs. 159 vta.).
II. La Procuración General aconsejó desestimar el recurso en trato (v. fs. 247/254 vta.).
III.1. El tribunal intermedio, describió la materialidad ilícita acreditada por el órgano de la instancia. Para ello sostuvo que:
"...Hecho I - 'el día 26 de mayo de 2012, siendo aproximadamente las 16:00 hrs., en las inmediaciones del Estadio del Club Lanús, ubicado en la intersección de las calles Guidi y Arias de la localidad de Lanús, al menos cuatro personas de sexo masculino, en compañía del menor Lucas Alejandro Lescano y Ariel Adrián Cárdenas, en forma conjunta y premeditada, con las armas de fuego que portaban, entre las que se encontraba el revólver calibre 38 marca Smith y Weson nro. de serie 350.954, les efectuaron múltiples disparos, con intenciones de provocar la muerte, a las personas que se encontraban próximas al ingreso del estadio, logrando su propósito respecto de Carlos Daniel Sosa, a quien le ocasionaron heridas de tal magnitud que produjeron su deceso e intentando sesgar la vida de Walter Zarate, Mario David Facundo Zaracho, Ramiro Fernández y Axel Javier Villalba; no logrando su cometido por razones ajenas a su voluntad. Hecho II- Que ese mismo día, instantes después, dos de las personas antes mencionadas, en la intersección de las calles Madariaga y Eva Perón, de la ciudad de Lanús Este, portaban, sin contar con la debida autorización legal, uno de ellos un revólver calibre 38 marca Smith & Weson nro. de serie 350.954 con seis vainas servidas del mismo calibre en su tambor y el restante, una pistola calibre 22 marca Bersa nro. de serie 604.160, con un cartucho intacto del mismo calibre en recámara y seis en el cargador que tenía colocado'" (fs. 106 y vta.).
III.2.a. Ahora bien, en lo que hace al primero de los agravios planteados por el señor defensor, cabe destacar que la posición minoritaria -integrada por el voto del doctor Ordoqui- consideró que el imputado Héctor Aníbal Lescano debía ser absuelto en orden a los delitos reprochados ya que la incorporación por lectura de los testimonios de Pérez y Zanazzi (quienes no pudieron ser halladas al momento del debate) constituía una palmaria lesión al derecho de defensa, toda vez que los recurrentes no tuvieron posibilidad de controlarlos. Cabe aclarar que si bien esta decisión se tomó en razón del reclamo efectuado por el letrado de confianza del coimputado Banegas, el sentenciante estimó que debía hacerse extensiva dicha solución al nombrado Héctor Lescano, mientras que para Jonatan Gabriel Lescano consideró violado su derecho de defensa por no haber podido controlar las citadas declaraciones, lo que -como se verá- no concluía en su absolución (v. fs. 111 vta.).
Además resolvió respecto del primero que ni la declaración del funcionario policial Pablo Gutiérrez ni la de Carlos Jorge Molido -que ubicaron al encausado en el escenario de los hechos- lograban erigir la plataforma convictiva de fuerza suficiente que requiere un pronunciamiento de tal entidad (v. fs. 113 vta.).
III.2.b. Por su parte, el sufragio del juez Celesia, que concitó la adhesión del doctor Mancini, indicó que la incorporación por su lectura al debate de las declaraciones testimoniales prestadas en la etapa de instrucción por las personas que al momento del juicio se encontraron ausentes por no poder determinarse su paradero -circunstancia que fue fehacientemente comprobada-, no merecía censura, conforme lo normado por el art. 366 cuarto párrafo del Código Procesal Penal (v. fs. 125).
Para ello, el magistrado partió de los siguientes argumentos: en primer lugar, entendió que de la simple lectura de la norma, aunado a una postura ya asumida en precedentes de propia factoría, correspondía distinguir la posible nulidad o exclusión probatoria de determinados actos investigativos en virtud de la afectación de derechos constitucionales, de la ulterior posibilidad de incorporarlos por lectura, limitando con ello la oralidad e inmediación que caracterizan el debate previsto para el juicio común en el actual sistema procesal.
Sobre esa distinción explicó que para el caso de testimonios recibidos durante la investigación sin posibilidad de control de la defensa, el eventual perjuicio constitucional derivado de la infracción de los arts. 8.2 "f" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se produciría "...cuando es recibida la declaración o denegada la petición de la defensa de interrogar al testigo y no en el debate cuando, habiéndose tornado ya imposible el ejercicio de aquel derecho, se decide la incorporación por lectura de la diligencia en virtud de la muerte, inhabilitación o ausencia del órgano de prueba" (fs. 125 vta.).
De seguido recordó que la garantía de interrogar a los testigos de cargo presentes
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