Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130821
En la ciudad de La Plata, a 28 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.821 "Rodríguez, Silvio Emilio; Rodríguez, Gisela Luján; Presta, Graciela Nieves y Carpio, Lucio Osmar s/ Recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, en causa n° 76.600 y sus acumuladas n° 75.387 y n° 75.634 del Tribunal de Casación Penal, Sala I".
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 11 de octubre de 2016, rechazó los recursos homónimos incoados por las defensas contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás que, en lo que interesa destacar, condenó a Gisela Luján Rodríguez, a Graciela Nieves Presta y a Lucio Osmar Carpio a la pena de veinte años de prisión, multa de cincuenta mil pesos y accesoria del art. 12 del Código Penal por considerarlos coautores de los delitos de asociación ilícita, facilitación de la prostitución de menores agravada y reducción a la servidumbre -víctimas M. F. L. y V. S. C.-, en concurso real; y a Silvio Emilio Rodríguez a la pena de veintiún años de prisión, multa de cincuenta mil pesos y accesoria del art. 12 por los mismos delitos (arts. 45, 55, 125 bis -t.o. ley 25.087-, 140 -t.o. ley anterior- y 210, todos del Cód. Penal; v. fs. 139/164 vta.; legajo 76.600).
Contra esa decisión, se alzaron el defensor particular de Silvio Rodríguez, Gisela Rodríguez y Graciela Presta, doctor Aquilino José Giacomelli, mediante la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (v. fs. 231/238 vta.), y el señor defensor oficial adjunto de Casación dedujo la misma vía de impugnación a favor del coimputado Lucio Osmar Carpio (v. fs. 241/243 vta.), recursos que fueron concedidos en la instancia intermedia (v. fs. 244/248 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 290/296, dictada la providencia de autos a fs. 297, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 231/238 vta.?
2. ¿Lo es el deducido a fs. 241/243?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa de Gisela Luján Rodríguez, Silvio Emilio Rodríguez y Graciela Nieves Presta formula los agravios que siguen contra la sentencia de casación que confirmó la de condena dispuesta por el tribunal del juicio.
I.1. En primer lugar, sostiene que no surge de la prueba producida que sus defendidos hayan ejercido, de manera alguna, pleno dominio sobre la voluntad de las damnificadas en los hechos que se les imputan. Por el contrario, aduce que de todo lo acreditado por el a quo surge clara y nítidamente que sus asistidos "...no efectuaron ninguna de las conductas típicas y antijurídicas" reprochadas; pues "...no realizaron conducta alguna tendiente a facilitar o promover la prostitución de las víctimas, sino que sólo explotaban económicamente el ejercicio de la prostitución..." (fs. 233).
En ese entendimiento, denuncia que se ha aplicado erróneamente la norma legal de fondo a los hechos acreditados, siendo la adecuada tipificación de las conductas de sus defendidos Silvio Rodríguez y Gisela Rodríguez en la figura prevista en el art. 127 del Código Penal, según ley 25.087, vigente al momento de los hechos, deviniendo en consecuencia erróneamente aplicado el art. 2 del Código Penal, en virtud de ser aquélla la ley penal más benigna para el caso (v. fs. 233 y vta.).
I.2. Cuestiona asimismo la significación de los hechos en los términos de la figura de asociación ilícita del art. 210, Código Penal (v. fs. 234).
Alude a los tres elementos a considerar a fin de que se configure el delito en cuestión. Refiere que la convergencia de voluntades hacia la permanencia de la asociación es lo que distingue este delito de la convergencia transitoria -referida a uno o más hechos específicos, como lo es el caso de autos-, propia de la participación.
Así, no se trata de que los miembros de la asociación no sepan qué delitos van a cometer, sino que tengan en su mira una pluralidad de planes delictivos que no se agote en uno determinado, con la concreción de uno o varios hechos, en el caso son dos únicos delitos con dos víctimas, por lo tanto no se encuentra tipificado el ilícito en cuestión (v. fs. 234 vta.).
I.3. Por último, se agravia del monto de la pena impuesta, habiéndose infringido las reglas destinadas a determinar la individualización de la pena ya que no ha existido una expresión razonada del motivo de aumentar la graduación de la sanción, violándose el principio ne bis in ídem al efectuar una doble ponderación de la circunstancia agravante vinculada con la forma y modo de comisión para todos los imputados y la extensión por seis meses, vale decir, que la circunstancia agravante, es sólo una y es la extensión en el tiempo por seis meses; "...pues la forma y modo de comisión, son exactamente los elementos constitutivos del tipo y de esa manera [...] estáínsito en la escala penal establecida en el Código Penal, al momento de tipificar el delito y graduar la posible pena a imponer..." (fs. 236 vta.).
Por otra parte, si bien se ha mencionado como atenuante la carencia de antecedentes, reputa que ello no se ha visto reflejado al momento de graduar las penas. Tampoco se ha tenido en cuenta la edad de Graciela Nieves Presta, quien en la actualidad cuenta con setenta años (v. fs. 237).
I.4. Solicita en definitiva que se haga lugar al reclamo adecuándose la calificación legal atribuida bajo las previsiones de los arts. 125 bis respecto de Graciela Presta, y del art. 127 con relación a los coimputados Rodríguez, adecuándose las penas impuestas a la primera mencionada en diez años de prisión; respecto de Gisela Rodríguez en tres años de prisión, y con relación a Silvio Rodríguez en la de tres años y seis meses de la misma especie (v. fs. 238 vta.).
II. El señor Procurador General aconseja el rechazo del presente reclamo (v. fs. 290/296). Coincido con su opinión.
III.1. El escrito bajo estudio reedita los mismos planteos llevados ante el tribunal inferior mediante el recurso de casación obrante a fs. 96/102 del legajo 76.600, desentendiéndose la parte de la decisión del tribunal recurrido, omitiendo así hacerse cargo de lo entonces resuelto y replicar sus fundamentos (v. fs. 139/164 vta.).
En efecto, el tribunal revisor confirmó lo decidido por la instancia de mérito en cuanto tuvo por probado que "...'Graciela Nieves Presta, Lucio Osmar Carpio, Gisela Luján Rodríguez y Silvio Emilio Rodríguez, tomando parte de una asociación ilícita destinada a cometer delitos entre el mes de septiembre de 2005 hasta el mes de marzo de 2006, en el local llamado 'El Rosedal' ubicado en la zona rural de Arrecifes a la altura del km 175,5 de la ruta 8, redujeron a la servidumbre mediante intimidación, violencia física y psíquica a M. F. L. y a V. S. C. de catorce (14) y quince (15) años de edad respectivamente, y facilitaron la prostitución de las menores contando para ello con la colaboración de Ricardo Héctor García y de Facundo Nahuel Rodríguez'..." (fs. 145).
Destacó que "...no caben dudas que la conducta infraccionaría realizada por los acusados, configura el delito de promoción de la prostitución agravada, prevista en el artículo 125 bis del Código Penal, que en su texto vigente al momento de los hechos -ley 25.087- establecía: 'El que promoviere o facilitare la prostitución de menores de dieciocho años, aunque mediare el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez años. [...] Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de diez a quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción...'" (fs. 153).
Puntualizó que la pareja integrada por Silvio Rodríguez y Gisela Rodríguez eran los dueños y encargados del local "El Rosedal" ubicado en la zona rural de Arrecifes, al que las víctimas M. F. L. y V. S. C. "...fueron trasladadas en forma engañada desde Santa Fe, cuando tenían catorce y quince años de edad respectivamente..." (fs. 153 y vta.). Que allí las obligaron a mantener relaciones sexuales con todos los clientes que así lo solicitaran, bajo amenaza de dañar a sus familias, mediante ejercicio de golpes y violencia contra las propias víctimas, a las cuales mantuvieron encerradas en ese local en contra de su voluntad (v. fs. cit.).
Añadió que también se acreditó que "...el dinero que abonaban los 'clientes' que usufructuaban los servicios de las víctimas era recibido, en su totalidad, por los sujetos activos del delito" (fs. cit.).
En cuanto al delito previsto en el art. 140 del Código Penal, precisó "...que la norma contempla los casos en los que el sujeto activo ejerce su pleno dominio sobre la voluntad del sujeto pasivo, como así también aquellos en los que sin verificarse un sometimiento pleno, la víctima padece estados análogos propios de la servidumbre: '...la inexistencia de condiciones mínimas de salubridad e higiene laborales, acompañado de malos tratos; la reducción sexual de la víctima a los caprichos del autor, circunstancia que encierra en la mayoría de los casos el tráfico de personas con el propósito de prostituirse, etcétera'..." (fs. 154).
Concluyó el sentenciante que la evidencia era harto demostrativa de que, "...en el marco de la explotación sexual a la que fueron sometidas, las víctimas permanecieron encerradas en el local durante aproximadamente seis meses, lapso durante el cual sólo accedían a las condiciones mínimas para subsistir (comida y vestimenta) si previamente cumplían con el 'trabajo' que debían realizar durante extensas jornadas, con escasas horas para dormir, recibiendo multas o castigos que consistían en golpes y baños con agua fría [...], y siéndoles negada todo tipo de asistencia médica" (fs. 154 y vta.).
En el apartado siguiente se abocó el órgano revisor al tratamiento de la intervención en los hechos de Gisela Luján Rodríguez, Silvio Emilio Rodríguez y Graciela Nieves Presta, argumentando que "...no caben dudas que los dos primeros eran los principales impulsores de la actividad que se desarrollaba en el local del que eran dueños..." (fs. 154 vta. cit.).
"El imputado Silvio Emilio Rodríguez, funcionario policial, era la persona que daba las directivas, y quien concurría habitualmente a retirar las ganancias que obtenían por la explotación sexual a las que eran sometidas las víctimas. Así lo manifestaron con c. M. F. L., V. S. C. y V. S. R." (fs. cit.).
"El descargo del acusado (fs. 75 vta./76), en el que intentó deslindar su responsabilidad afirmando que únicamente retiraba el dinero que se obtenía de las 'máquinas' instaladas en el bar, fue acertadamente descartado por los señores jueces de la instancia, habida cuenta la entidad de la evidencia reunida en su contra. En esa dirección, se tuvieron en cuenta no solamente los dichos de los testigos, sino también el secuestro de documentación en su domicilio con anotaciones referidas a la actividad ilegal que se le adjudica..." (fs. 155).
En cuanto a la situación de Gisela Luján Rodríguez, aludió que "...fue señalada por la víctima C., como quien le entregó dinero a la persona que la interceptó en la ciudad de Santa Fe. Tanto C. como L. y R. la sindicaron como quien concurría junto a su pareja -Silvio Emilio Rodríguez- a retirar las ganancias del local, además de venderles ropa que les 'descontaba'. Se agrega a todo ello, que en su domicilio -que compartía con el coacusado Rodríguez- se incautó documentación indudablemente ligada a la actividad ilícita que desarrollaba en el bar 'El Rosedal'..." (fs. cit. y vta.).
Y, por último, en cuanto a Graciela Nieves Presta, coincidió en que la prueba reunida permitía sostener que era quien "...estaba a cargo del local en horas de la tarde, maltrataba física y psicológicamente a las menores obligándolas a limpiar, cocinar, y mantener relaciones sexuales con los clientes. Así lo dijeron M. F. L., V. S. C. y V. S. R., a quienes los señores jueces del tribunal de la instancia reconocieron entera credibilidad, por los motivos que explicaron fundadamente en el fallo (ver fs. 53, 63 vta. y 66 vta.)" (fs. 155 vta.).
Finalmente, concluyó que dichos testimonios resultaban concordantes con el resultado de las averiguaciones practicadas por el comisario inspector Demaestri, de las que surgió que el bar "...era un cabaret atendido por Carpio y Graciela Presta", en el cual se ejercía la prostitución (v. fs. cit. y 156).
III.2. Las denuncias de la parte aluden a la ausencia de elementos de cargo para sostener la decisión condenatoria que objetan, remitiendo a cuestiones de hecho y prueba (en el caso: prueba de la participación de los encartados en los eventos en examen), fiscalizable en casación, en razón de la garantía de la doble instancia cumplida a cabalidad (doctr. art. 8.2, "h", CADH); mas ajena a la competencia reglada de esta Suprema Corte (conf. doctr. art. 494, CPP), salvo la invocación y real demostración de los vicios de absurdo o arbitrariedad, que en el caso no ha tenido lugar (art. 495, CPP cit.).
Por lo demás, el cambio de calificación propuesto por la parte dependía, en rigor, del previo progreso de las cuestiones vinculadas con la acreditación de los hechos, por ende, también decae (art. 496, CPP).
IV.1. En cuanto a la impugnación de la atribución de miembros de una asociación ilícita, el Tribunal de Alzada consideró -al igual que el de mérito- reunidos los elementos exigidos por la figura prevista en el art. 210 del Código Penal, con base en diversas evidencias (v. fs. 158 vta.).
"En primer término detalló los vínculos estrechos -familiares y de amistad- que unían a los cuatro acusados por el delito en cuestión (ver fs. 69 vta., 72/73)" (fs. cit.).
"Como segundo elemento demostrativo de la organización constituida por los imputados para delinquir, valoró la documentación secuestrada en el domicilio de la pareja Graciela Nieves Presta y Ricardo Héctor García, en el hogar de Gisela Luján Rodríguez y Silvio Emilio Rodríguez, y en el comercio y vehículo de estos dos últimos" (fs. cit. y 159).
Añadió que en esas diligencias "...se comprobó que los acusados 'conservaban documentación del Bar El Rosedal, de Carpio, notas de pases donde se consignan nombres de chicas, pases, copas, fotocopias de libretas sanitarias, envíos de dinero y que prueban la estrecha vinculación entre ellos en actividades ilícitas y su pertenencia al grupo..." (fs. 159 cit.).
También ponderó "...el intento del imputado Silvio Emilio Rodríguez de regularizar la documentación referente a la propiedad del bar en el que se desarrollaban las actividades ilícitas (ver fs. 73/vta.)" (fs. cit.).
Asimismo, adunaron el testimonio del comisario Demaestri, "...en cuanto dijo haber constatado que en el bar funcionaba un cabaret que 'lo regenteaban Carpio y Presta, y que era propiedad de Silvio Emilio Rodríguez', evidenciando la coordinación entre ellos; como así también destacaron que se comprobó la intervención de los cuatro acusados en los hechos que tuvieron como víctimas a M. F. L. y a V. S. C...." (fs. 159 y vta.).
Con tales elementos reseñados, el juzgador estimó "...'suficientemente acreditada la cohesión entre los imputados, el ánimo corporativo, la pertenencia al grupo y la planificación para cometer delitos'" (fs. 159 vta.).
Argumentó el sentenciante que "La prueba reunida en la causa indica que las víctimas L. y C. fueron explotadas sexualmente por los acusados, en las condiciones detalladas precedentemente, por un lapso de tiempo de seis meses aproximadamente" (fs. 159 vta. y 160), no siendo esas dos nombradas las únicas que sufrieron dicha actividad, puesto que había varias más -aproximadamente diez- en las mismas condiciones que aquéllas (v. fs. 160).
Dijo que los acusados "...se encontraban organizados de tal manera que, en todo momento, había una persona 'encargada' del bar (Graciela Nieves Presta y Lucio Osmar Carpio), que se ocupaba de administrar los servicios sexuales que las menores debían ofrecer a los clientes del lugar" (fs. cit.), y que "...una de las 'dueñas' del comercio, Gisela Luján Rodríguez, tenía contacto con las personas que llevaban engañadas a las menores hasta el prostíbulo, a quienes abonaba una suma de dinero" (fs. cit.).
Por otro lado, "...distintos eventos relatados por las víctimas (la fuga frustrada de L., quien fue hallada en la ruta por un móvil policial y devuelta al prostíbulo; los llamados telefónicos que la nombrada logró realizar a la dependencia policial, que recibieron como respuesta el corte de las comunicaciones; el traslado momentáneo de las menores a un lugar alejado del bar, ante un inminente registro judicial), dan cuenta de que la función que cumplía Silvio Emilio Rodríguez como integrante de la fuerza policial, le permitía neutralizar los intentos de huida de las menores, y continuar con la explotación sexual de ellas eludiendo a los funcionarios que practicaban allanamientos en el lugar" (fs. 160 y vta.).
Concluyó en definitiva el juzgador que todos los elementos antes reseñados, "...permiten afirmar que los cuatro acusados no se limitaron a intervenir en los hechos que damnificaron a L. y C., sino que en realidad, tal como lo razonara el tribunal de la instancia, conformaron una organización de carácter estable y permanente destinada a cometer delitos indeterminados, en el que cada uno de los sujetos activos del delito cumplía un rol determinado en pos del mayor éxito de la empresa delictual" (fs. 160 vta.).
IV.2. El recurrente no logra demostrar la errónea aplicación que pregona de la norma en cuestión, porque más allá de su discrepancia con el pronunciamiento, no consigue evidenciar la existencia de defectos graves de razonamiento en el fallo cuestionado, que lo descalifique como acto jurisdiccional válido (doctr. art. 495, CPP).
El impugnante se ha limitado a expresar su disconformidad con el modo en que se ponderó el material probatorio que permitió al tribunal revisor confirmar el fallo de la instancia, al considerar acabadamente probada la configuración de los extremos propios del delito de asociación ilícita (doctr. art. cit.).
Es que los embates dirigidos sobre el alcance del tipo penal en cuanto a la cohesión y modalidad que -a su entender- debe tener el grupo de más de tres personas para conformar una asociación ilícita y demás cuestionamientos formulados sobre el punto, ante la respuesta dada por el Tribunal de Alzada, devienen insuficientes, al desentenderse de los argumentos brindados por el tribunal, actitud ineficaz para conmover el pronunciamiento en crisis (doctr. art. 495 cit.).
Lo así decidido es consecuente con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal en cuanto establece que la mencionada figura penal prevé el acuerdo de voluntades, de cierta permanencia, con la finalidad de cometer delitos indeterminados, sin importar siéstos efectivamente fueron consumados o el grado de desarrollo que alcanzaron; y en el caso, más allá de la prueba específica de los concretos delitos atribuidos y su participación en aquéllos, ese acuerdo de voluntades se tuvo por debidamente justificado a partir de la prueba antes descripta y ponderada, los que actuaron con suficiente grado
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