Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128646
En la ciudad de La Plata, a 20 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.646, "Rivero Ayala, Pablo Daniel; Gallardo, Mariano Emanuel y Salvatierra, Emilio s/ Recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley en causa n° 47.325 y sus acumuladas n° 47.346 y 47.350 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 23 de junio de 2015, rechazó los respectivos recursos articulados por las defensas de confianza de Pablo Daniel Rivero Ayala, Emilio Salvatierra y Mariano Emanuel Gallardo contra la sentencia del Tribunal Criminal n° 5 del Departamento Judicial de San Martín que los había condenado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas; a los dos primeros nombrados, por encontrarlos coautores responsables de los delitos de tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego -dos hechos- y homicidio criminis causae , en concurso real entre sí; además de dictar respecto de Rivero Ayala, pena única de prisión perpetua, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, comprensiva de la anterior y de la impuesta en la causa n° 720 y su acumulada n° 869 por el mismo tribunal a siete años de prisión, accesorias legales y costas; y a Mariano Emanuel Gallardo, en razón de considerarlo coautor responsable de los delitos de tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego -dos hechos-, homicidio criminis causae y tentativa de robo simple agravado por la intervención de un menor de edad, en concurso real entre sí (arts. 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 41 quater , 42, 44, 45, 50, 58, 80 inc. 7, 164 y 166 inc. 2 segundo párrafo, Cód. Penal; 210, 273, 448, 450, 451, 454 inc. 1, 456, 459, 530, 531 y 534, CPP; v. fs. 209/227).
Frente a lo así resuelto, dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación, doctor Daniel Aníbal Sureda, respecto de Mariano Manuel Gallardo (v. fs. 230/243 vta.); el señor defensor oficial adjunto ante ese mismo órgano, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, en beneficio de Pablo Daniel Rivero Ayala (v. fs. 254/258) y el señor defensor oficial adjunto ante dicho tribunal, doctor Nicolás Agustín Blanco, a favor de Emilio Darío Salvatierra (v. fs. 260/266 vta.). Todas las impugnaciones fueron concedidas por el a quo (v. fs. 281/285).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 302/307), dictada la providencia de autos (v. fs. 308) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en beneficio de Mariano Manuel Gallardo?
2ª) ¿Lo es el deducido respecto de Pablo Daniel Rivero Ayala?
3ª) ¿Lo es el también incoado a favor de Emilio Darío Salvatierra?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
En la impugnación bajo estudio, la defensa de Mariano Gallardo atribuyó arbitrariedad a la sentencia de casación, por basarse en afirmaciones dogmáticas que no abastecen el requisito de fundamentación de los pronunciamientos judiciales. Denunció violado el principio de inocencia y solicitó la adecuación del grado de responsabilidad de su pupilo a tenor de lo normado por el art. 47 del Código Penal; se agravió de la calificación legal por considerar infringido los arts. 80 inc. 7, 165 y 166 inc. 2, todos del Código mencionado; y de la pena aplicada de prisión perpetua, peticionando su inconstitucionalidad (v. fs. 230/243 vta.).
I. Sostuvo que su defendido resultó ajeno a los hechos que se le reprochan, como lo manifestara en la declaración de fs. 307/310 de los autos principales, entendiendo que sobre el punto el fallo reproduce los vicios de razonamiento del tribunal de juicio, en violación a la garantía a la revisión amplia e integral de la condena que contemplan los arts. 8.2."h" de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los principios de debido proceso, defensa en juicio e in dubio pro reo .
Refiriéndose específicamente al hecho que identificó con el n° 2 -el cual corresponde a la causa n° 2.585 y damnificó a Jorge Navarro-, destacó la falta de resultado positivo de los reconocimientos en rueda y de testigos presenciales, que reforzaría la situación de duda para con su defendido; señaló que los testimonios de oídas no pueden ser estimados en esta materia, como así tampoco la supuesta "mala fama" del acusado (v. fs. 234), y que similar agravio articulado en el memorial no había sido tratado por la casación (v. fs. 236). Adujo que fue el coimputado Ayala quien efectuó el disparo que terminó con la vida de la víctima, sin que haya sido acreditada la decisión mancomunada de los coautores de matar al frustrarse el fin de robo, pues ningún señalamiento habría realizado el sentenciante acerca de la conducta desplegada por cada uno de ellos, lo que impide hablar de un plan común (v. fs. cit. vta.).
Consideró que el fallo resulta contradictorio, pues no obstante afirmar aquella autoría del disparo, adjudicó luego esa realización a la pluralidad de consortes para evitar la huida del damnificado; como carente de sustento fáctico y probatorio la tenida finalidad homicida para consumar el desapoderamiento; aseguró que el dolo de Gallardo estuvo ceñido a este último ilícito, y que la aplicación solicitada del art. 47 del Código Penal no pudo descartarse con las referencias a la división de tareas manifestadas por el "apoyo numérico" y "la moto en marcha", pues pueden ser datos determinantes para probar la coautoría del delito contra la propiedad, no así respecto del homicidio calificado (v. fs. 235 y vta. y fs. 237 vta.).
Criticó por absurda la forma en que se tuvo por demostrado el elemento subjetivo esencial para la configuración del tipo del art. 80 inc. 7 del Código Penal, ya que habría sido presumido sobre la base de la supuesta anuencia para matar, ante la actitud de Rivero Ayala en el hecho n° 1, a pesar que en el derecho penal vigente no pueden valorarse presunciones in malam parte (v. fs. 237).
Conforme lo desarrollado, la defensa postuló que la responsabilidad de Gallardo, si se considerara probada su intervención en el hecho en cuestión, debe estar limitada al delito contra la propiedad sufrido por Navarro que quedó en grado de tentado, pidiendo la recalificación en los términos del art. 166 inc. 2 párrafo segundo del Código Penal, por imperar al menos la duda en torno a las cuestiones señaladas (en aplicación del principio favor rei ); en su defecto, en la figura del art. 165 del mismo texto (v. fs. 238 y vta.).
II. A continuación denunció que el órgano revisor, con su competencia abierta se apartó de los principios de culpabilidad por el acto, pro homine , proporcionalidad y razonabilidad de la pena, en cuanto a la imposibilidad de imponer penas fijas, sin brindar fundamentos para ello. Planteó la inconstitucionalidad de la prisión perpetua (v. fs. 238 vta./242 vta.).
Dijo que la revisión emprendida no puso en marcha el mecanismo sentado por esta Corte en el precedente P. 87.172 en cuanto a la revisión amplia de ese capítulo de la imputación en los términos del fallo "Casal" de la Corte federal; en especial porque el planteo de invalidar constitucionalmente la pena perpetua impuesta no habría sido abordado adecuadamente, al desviarse el tema hacia el aspecto vinculado con la especie de pena -art. 5, Código Penal- (v. fs. 239/240).
Trajo a colación el caso "Hilaire, Constantine y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y señaló que el art. 80 del Código Penal impide evaluar circunstancias básicas en la determinación del grado de culpabilidad y la pena, al limitarse a imponer indiscriminadamente la misma sanción para "conductas que pueden ser muy diferentes", lo que viola el art. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. cit. y vta.).
Argumentó que la posibilidad de una interpretación constitucional para la pena fijada consiste en otorgarle un alcance numérico, que no puede superar los veinticinco años de prisión, con invocación de lo establecido en el Estatuto de Roma, ratificado por ley 26.200; de no ser así, reclamó se la declare inconstitucional.
Por último, pidió que en caso de acogerse alguno de sus planteos, las actuaciones sean reenviadas a la sede intermedia para el tratamiento de los agravios que recobrarían virtualidad, tales, los relacionados con el cómputo de agravantes y atenuantes que el sentenciante no examinó por considerarlos abstractos a tenor de la pena indivisible aplicada (v. fs. 242 y vta.).
III. En cuanto a los ilícitos de la causa n° 2.585, las instancias previas dieron por acreditado que "...el 16 de octubre de 2008, cerca de las 21 hs. en inmediaciones de la intersección de las calles Paraná y Sarmiento de la localidad de Loma Hermosa, partido de San Martín, los [...] imputados Pablo Daniel Rivero Ayala, Mariano Emanuel Gallardo y Emilio Salvatierra se movilizaban en una motocicleta color bordó propiedad de Salvatierra e intentaron interceptar a Jorge Norberto Tsabazis para sustraerle efectos personales, lo que no lograron en virtud de que éste, al ver que uno de los imputados -Rivero Ayala- descendía de la motocicleta con un arma de fuego y se le interponía en su camino, aceleró, embistiéndolos para darse a la fuga a pesar de que le efectuaron un par de disparos..."; y que instantes después, "...frente al domicilio de la calle Paraná 6824 de la misma localidad y partido, los mismos tres imputados interceptaron con fines de robo a Jorge Navarro, quien se encontraba ingresando los automóviles de su familia a dicha vivienda, siendo que en tales circunstancias Navarro intentó alejarse del lugar por lo que el imputado Rivero Ayala le efectuó dos disparos con el arma que portaba, que le impactaron en la zona izquierda de su espalda, cercana al hombro, ocasión en la que la víctima alcanzó a subir a su rodado Renault Clío con intención de huir, no obstante lo cual se estrelló contra un cartel a la vuelta de su domicilio, para finalmente fallecer producto de las heridas de arma de fuego" (fs. 211 y vta. del fallo recurrido con relación a fs. 14 de la sentencia de origen).
El restante delito de tentativa de robo simple -víctima Julio César Villamayor- atribuido a Gallardo en grado de coautor, ocurrido el 8 de setiembre de ese mismo año 2008, correspondiente a la causa n° 2.695, no fue controvertido ante la casación, quedando firme ese aspecto de la condena.
El tribunal de juicio justificó la intervención de los acusados en los hechos narrados mediante la valoración que hizo del conjunto indiciario construido a partir de las testimoniales incorporadas por lectura (Carlos Hernán Santillán, Raquel Cuella, Leopoldo Navarro, Lorena Beatriz Masi, Paulina Asunción Maestre, Juana Rosa Robledo, Jorge Marcelo Saucedo, Jorge Norberto Tsabazis, Graciela del Valle Rojas, Oficial Inspector Juan Carlos Chávez, Subteniente Juan Carlos Aranda, Comisario José Luis Flores, Gladys Susana Vargas, Silvia Vanesa Rivero, Teniente Mariano Osvaldo Minaglia); informes que documentan tareas de inteligencia estableciendo la identidad de los encartados y sus declaraciones respectivas (v. fs. 888/889).
Respecto de Rivero Ayala tuvo en cuenta que fue visto por los funcionarios policiales Chávez y Minaglia descender de una moto y correr hacia la villa de emergencia donde fue aprehendido, lugar cercano al que fue ultimado Navarro; el reconocimiento del encausado de llevar una gorrita blanca en coincidencia con lo declarado por la víctima Tsabazis que también detalló su contextura física y la circunstancia de haber blandido un arma de fuego al bajar de la moto -propiedad de la madre del coimputado Salvatierra- que reconoció como la utilizada por las personas que le quisieron robar, la cual fue hallada a la vuelta del sitio en que descendiera Rivero Ayala, habiendo constatado el comisario Flores, pocos minutos después, que el motor "estaba caliente", etc.; consideró el tribunal que ese plexo probatorio daba crédito a lo declarado por Salvatierra en cuanto a que "...'Marianito' (GALLARDO) le contó que con su moto se habían movilizado para cometer el ilícito en el que terminaron matando a NAVARRO y que los involucrados directos fueron RIVERO AYALA y su hermano 'Juanchi'..", dando detalles sobre el consorte de causa que disparó el revólver calibre 22 en coincidencia con los dichos de Tsabazis (v. fs. 38 y vta. causa n° 47.325, cuerpo I).
Con relación a Salvatierra, se valió del reconocimiento positivo de Lorena Masi en rueda de personas, sumado a los indicios derivados de que la moto empleada en los robos fuese suya, extremo reconocido por el nombrado y su madre, descartando sus excusas que no tenían corroboración en dato objetivo alguno, además de haber negado que se lo apodara "Monstruo", circunstancia desmentida por su progenitora, el coimputado Gallardo y los testigos Robledo y Saucedo, quienes también declararon haberlo visto durante esos días en la moto junto a los demás consortes, y que así "andaban robando" según escucharon, incluso el día del hecho, en que lo vieron en horas de la tarde a bordo de una camioneta Fiorino con Rivero Ayala, diciéndose que habían matado a su propietario (v. fs. 39).
En lo que concierne a Gallardo, hizo mérito de su reconocimiento de haberse movilizado esa noche en la motocicleta de Salvatierra, quien lo situó en la escena del crimen junto a Rivero Ayala; a la vez que descreyó de su versión de haberse quedado en la esquina esperando mientras los hermanos Rivero Ayala cometían el robo, pues el dato resultó refutado por los testimonios de Santillán, Cuella y Massi, quienes aseguraron haber visto a los tres sujetos juntos a bordo de la moto igual que lo hizo Tsabazis (v. fs. cit. vta. y 891, expte. cit.).
IV. El Tribunal de Casación, con el voto del juez Violini que obtuvo la adhesión del doctor Borinski, con la salvedad de que la figura del art. 80 inc. 7 del Código Penal no requiere "premeditación" (v. fs. 226), rechazó el planteo de nulidad del procedimiento de allanamiento y posterior secuestro de la motocicleta en el domicilio de Salvatierra -que no ha sido mantenido en esta sede extraordinaria- y luego convalidó las valoraciones probatorias de su antecesor para acreditar la coautoría de los imputados en los hechos que damnificaron a Jorge Norberto Tsabazis y Jorge Navarro.
En primer lugar, tuvo en cuenta que los dos ilícitos se perpetraron con similar modus operandi a sólo tres cuadras entre sí, en el mismo día y cerca del mismo horario (21 hs.); en ambos se trató de tres personas que se movilizaban en una moto, con claras intenciones de robo reveladas por el contexto mismo de los hechos, en que se efectuaron disparos contra las víctimas cuando ellas intentaban huir.
Dio las razones que lo llevaron a coincidir con los jueces de grado en la suficiencia de la prueba reunida para acreditar la participación de los acusados, más allá de los resultados negativos de alguno de los reconocimientos practicados; a la vez que motivó su postura de descartar que la coautoría estuviera fundada en suposiciones basadas en las declaraciones policiales y mantuvo el valor probatorio de las declaraciones testimoniales de las víctimas Tsabazis y Masi (v. fs. 224).
Con esa base, sobre Gallardo meritó que la circunstancia informada en su declaración de haber usado la moto la noche de los sucesos, aparecía corroborada por los dichos de Salvatierra que lo ubicó robando junto a Rivero Ayala; y las declaraciones de los testigos Robledo y Saucedo, que por esa época dijeron haber visto a "Monstruo" (Salvatierra) y a "Marianito" (su primo Gallardo que también aludía a él de esa manera) "juntos en la moto", en la que se decía "andaban robando", también con Rivero Ayala (v. fs. 222 vta./223 vta.).
Luego desechó la aplicación del art. 47 del Código Penal -planteo que la parte introdujo en el memorial de fs. 178/192-, en el entendimiento de que "...la responsabilidad del coautor por el hecho total comienza allí donde su contribución no encuentra otro sentido o explicación que no sea la voluntad -aun súbita- de tener una relación solidaria con los actos de otros encaminados a la consecución de un objetivo que, por esa razón, se muestra o exhibe común"; con lo cual, "...no excluye a los otros imputados el que haya sido Rivero Ayala quien efectuara el disparo. En la división de tareas, los tres interceptaron a Tsabazis, en tanto los otros dos brindaron apoyo numérico al ataque y uno, que conducía la moto, la mantuvo cerca y en marcha, asegurando una rápida huida", ofreciendo idéntico accionar el siguiente ilícito (fs. 224 vta.).
Sobre este hecho segundo que damnificó a Navarro cuando fue interceptado por los acusados en ocasión en que se hallaba en la puerta de su domicilio ingresando los automóviles de la familia, el tribunal a quo coincidió con el órgano de juicio en que la huida clara del nombrado hacia su vehículo provocó los disparos que le impactaron en la espalda, y el goteo dinámico de la sangre en la vereda demostró que se trasladó desde la puerta de su casa hasta donde habría estado estacionado el auto; que los testigos Santillán, Cuella y Masi observaron que mientras la moto esperaba en marcha, dos personas -una armada- corrían hacia ella.
De allí que, para el revisor, de los hechos descriptos "...surge con claridad que ante la huida de Navarro, significativa de la frustración del despojo, los sujetos trataron de impedirlo, disparándole. Esa finalidad, distinta a la del robo, consiste en matar para consumar el delito. Por lo tanto es un homicidio finalmente conexo que requiere dolo directo" en los términos del art. 80 inc. 7 primera parte del Código Penal, en tanto el homicidio resultó el medio para ejecutar el desapoderamiento "...(que en puridad es lo que revela el desprecio por la vida humana y su sujeción a una ventaja de tipo patrimonial)" (fs. 219 y vta.).
Respecto de la mentada ultrafinalidad típica, los jueces a cargo de la revisión acordaron con sus antecesores en la evaluación de la forma similar en que los acusados habían desplegado con inmediata antelación su accionar delictivo respecto del primer ilícito en que quedó acreditado que ante la huida del damnificado Tsabazis, los autores dispararon en dos oportunidades, aunque el hecho se consideró un robo con arma apta en grado de tentado, al no probarse en forma indubitada que esos disparos tuvieran por finalidad matar a la víctima para apoderarse de sus bienes. Sin embargo, estimó distinto el marco fáctico configurado en el siguiente hecho cometido contra Navarro, en que "...ante [su] huida [...], la producción de disparos dirigidos al cuerpo y por la espalda permite inferir el dolo directo de causar la muerte de acuerdo a un plan premeditado que se reitera: en el primer caso, sin lograr ese resultado, que sí se alcanza en el segundo" (fs. cit. vta. y 220).
V. El Tribunal de Casación luego examinó y rechazó el pedido de inconstitucionalidad de la pena perpetua llevado por la defensa en ocasión de los sucesivos memoriales que en virtud de diversas contingencias procesales fueron presentados a fs. 131/132 y fs. 178/192; habiendo entonces alegado su colisión con el mandato resocializador de las penas privativas de libertad y la prohibición de imponer penas crueles e inhumanas; que importa la consagración de la muerte civil, en particular por la edad del acusado que no podría ser entrenado para una vida en libertad cuando justamente carecerá de ella; solicitando la readecuación de la sanción de conformid
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