Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130622
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 130.622, "Storne Zárate, Eder Juan Carlos; Quintana, Brian Eric y Giménez, Alfredo Edgardo. Recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley en causa n° 76.391 y sus acum. 76.392 y 76.399 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Soria, de Lázzari.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 14 de diciembre de 2016, en lo que interesa destacar, rechazó los recursos homónimos interpuestos en favor de Eder Juan Carlos Storne Zárate, Brian Eric Quintana y Alfredo Edgardo Giménez, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Martín que condenó al primero de los nombrados a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio criminis causae (hecho III) en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego reiterado en dos oportunidades (hechos I y II) , robo agravado por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma y abuso sexual agravado por el uso de arma en grado de tentativa (hecho VII); a Quintana, a la de prisión perpetua, multa de mil quinientos pesos ($1.500), accesorias legales y costas procesales por encontrarlo coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio criminis causae (hecho III), robo agravado por el uso de arma de fuego reiterado en dos oportunidades (hechos I y II), robo agravado por el uso de arma de fuego (hecho V) y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil (hecho VI), todos los que concurren en forma real entre sí; y a Giménez, a la de prisión perpetua, accesorias legales y costas procesales, por hallarlo coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio criminis causae (hecho III) en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego reiterado en dos oportunidades (hechos I y II) y tenencia ilegal de arma de guerra (hecho IV; v. fs. 257/275).
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante esa instancia -doctor Nicolás Agustín Blanco- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en beneficio de Brian Eric Quintana y Alfredo Edgardo Giménez (v. fs. 296/325 vta.); por su parte, la señora defensora oficial adjunta ante aquella instancia, doctora Susana Edith De Seta, hizo lo propio respecto de Eder Juan Carlos Storne Zárate (v. fs. 345/357), los que fueron declarados parcialmente admisibles por el tribunal intermedio (v. fs. 373/378 vta.). Contra dicha decisión, el señor defensor oficial de Quintana y Giménez dedujo queja (v. fs. 507/520 vta.), a la que esta Suprema Corte hizo lugar declarando admisibles los restantes motivos de agravio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de aquellos (v. fs. 522/525).
Oída la Procuración General (v. fs. 529/537), dictada la providencia de autos (v. fs. 538), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor defensor oficial adjunto de Brian Eric Quintana y de Alfredo Edgardo Giménez a fs. 296/325 vta.?
2ª) ¿Lo es el presentado por la señora defensora oficial adjunta de Eder Juan Carlos Storne Zárate a fs. 345/357?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 296/325 vta., el señor defensor de casación adjunto de los coimputados Brian Eric Quintana y Alfredo Edgardo Giménez formuló tres motivos de agravio.
I.1. Denunció inicialmente la violación de los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por revisión aparente de la sentencia de condena (v. fs. 298 vta.).
Adujo que la decisión del tribunal intermedio constituyó respecto de los hechos I, II, III y IV, un tránsito aparente por esa instancia que frustró el derecho de los imputados a obtener la revisión de la sentencia condenatoria, pues habiendo acudido en procura de la revisión de la convalidación de las órdenes de allanamiento y detención de los imputados, así como la acreditación de la autoría de los mismos, la respuesta consistió en una reiteración de las razones del a quo, a la que se agregaron algunas afirmaciones genéricas y abstractas desvinculadas del caso concreto (v. fs. cit.).
Mencionó el alcance que la Corte federal atribuyó al derecho al recurso del encartado con cita de lo fallado en "Casal", y efectuó diversas consideraciones en torno al "método histórico" (v. fs. 299 y vta.).
Luego efectuó una reseña de los agravios formulados ante la instancia intermedia, y el tratamiento dispensado a los mismos por dicho órgano jurisdiccional.
I.1.a. Con relación a las aludidas órdenes de allanamiento y detención, adujo que había planteado que las mismas se apoyaban exclusivamente en un llamado anónimo recibido en sede policial y en tareas de inteligencia de funcionarios policiales que daban cuenta de entrevistas efectuadas con personas que no fueron individualizadas.
Asimismo, había reclamado la insuficiencia del indicio emergente del hallazgo del vehículo Fiat Uno en el que se desplazaban los autores de los tres primeros hechos en el barrio de Quintana y Giménez, bajo el argumento de que en dicho barrio eran abandonados innumerable cantidad de vehículos producto de hechos ilícitos (v. fs. 300 y vta.). Añadió que en la audiencia de informes (art. 456, CPP) había invocado el precedente "Quaranta" de la Corte federal, con relación al respaldo objetivo que deben contener dicho tipo de resoluciones (v. fs. 301/302).
Alegó que el tribunal intermedio "...se limitó a adherir a lo resuelto por el tribunal criminal y a transcribirlo, sin examinar los agravios llevados a su conocimiento" en violación del derecho de los imputados a recurrir la sentencia condenatoria (v. fs. 302).
I.1.b. A continuación, el recurrente reseñó los agravios con los que fundó la denuncia de arbitraria valoración de la prueba para tener por acreditada la autoría de los nombrados Quintana y Giménez en los hechos I a IV (v. fs. 302 y vta.).
Con relación a las críticas presentadas respecto del indicio extraído a partir del mencionado llamado anónimo y de las tareas de inteligencia, así como al hallazgo del aludido automóvil Fiat Uno, volvió a objetar que ningún análisis se efectuó en el fallo impugnado de los cuestionamientos y argumentaciones de la defensa expuestos en el recurso de casación y en la audiencia de informes "...con excepción de la afirmación inexacta [...] en punto a que el llamado anónimo no fue valorado por el órgano de juicio como prueba en contra de los imputados" y que "Lo único que se señaló -mas no se analizó o examinó en el fallo del órgano casatorio- fue que la testigo Santillán dio cuenta de las tareas de inteligencia que realizó, de los comentarios del barrio y de la negativa a declarar de una testigo..." (fs. 304).
Recordó además los cuestionamientos sobre el valor asignado a los reconocimientos en rueda y fotográficos de personas (v. fs. 304/305), así como las críticas que -sobre el punto- efectuara en la oportunidad de la audiencia oral ante el tribunal intermedio (v. fs. 305 y vta.). Discutió la credibilidad del testigo Shildhaver en cuanto a lo manifestado acerca de que a Giménez no lo había reconocido en la rueda porque lo confundió con el que matara a su hijo, y que luego en su casa se dio cuenta que era aquel que aguardaba en el auto y dijo "ya está, vamos laucha" (v. fs. 305 vta.).
Sobre dichos argumentos vinculados con la falta de acreditación de la autoría de los nombrados dijo que no recibieron el más mínimo tratamiento del Tribunal revisor (v. fs. 305/306).
Lo propio señaló respecto de los planteos llevados ante la instancia intermedia que objetaba la atribución a Giménez de la tenencia del arma con la que se diera muerte a Shildhaver (v. fs. 306) y tal arma fuese sin margen de duda la utilizada en el hecho (v. fs. 306 vta.).
Afirmó que ni una sola consideración efectuó el tribunal revisor a la queja de esa parte acerca de que a Quintana lo apodaban "laucha", toda vez que ello fue tomado como indicio de cargo a partir de lo declarado por Shildhaver en el juicio (v. fs. 307).
Por último, cuestionó que se le restara valor desincriminante a las huellas dactilares de Franco Lorenzo halladas en el vehículo Renault Symbol que fuera sustraído en el primero de los hechos (v. fs. 307/308). En ese discurrir, adujo que las mismas no fueron halladas en "cualquier vehículo remís" o que pertenecieran a "cualquier ocasional pasajero o ciudadano", sino que en aquel vehículo se desplazaron los autores de los tres primeros hechos juzgados y que "...pertenecen a un sujeto al que, no sólo los imputados señalaran como uno de los responsables de los hechos ventilados en la causa, sino que viene probado que fue uno de los que quemara el vehículo Fiat Uno sustraído en el 'hecho II', y que el testigo Shildhaver al serle exhibida su fotografía en el juicio dijo que podría ser uno de los que participó en el hecho que acabara con la vida de su hijo" (fs. 308; el destacado figura en el original).
Concluyó este tramo de la queja exponiendo diversas consideraciones con relación a la afectación al doble conforme y al principio in dubio pro reo, y solicitó la absolución de sus asistidos Quintana y Giménez respecto de los hechos I, II, III y IV (este último sólo con relación a Giménez) por los que vienen condenados, y en subsidio, solicitó que se mande dictar un nuevo pronunciamiento que, revisando la decisión de origen y acogiendo o respondiendo de manera eficaz las críticas del casacionista, resulte acorde a derecho (v. fs. 310/311 vta.).
I.2. En segundo lugar, el recurrente denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 y la inobservancia del art. 165, ambos del Código Penal (v. fs. 311 vta.).
Adujo que, en el caso, la ultrafinalidad consistente en matar para consumar el robo "...no se demostró porque se efectuó el disparo, debiendo descartarse que se haya producido a raíz de la respuesta de Alejandro Shildhaver al requerimiento de los autores, ya que dicha respuesta era claramente facilitadora de la consumación y garantizaba el despojo con mayor rapidez" (fs. 311 vta. y 312).
En concreto, indicó que pretende demostrar que dicho elemento subjetivo no se compadece con los hechos probados "...donde la conducta homicida aparece como una contingencia del robo emprendido, cometido en ocasión del mismo, a raíz de la rapidez con que ocurrieron los acontecimientos y el estado de nerviosismo propio con que normalmente se viven situaciones como las aquí juzgadas" (fs. 313 vta.).
Concluyó que "...el homicidio doloso en cualquier caso resultó un exceso del autor del disparo (no determinada su identidad con certeza) por el cual los restantes coautores del robo no deben responder" (fs. 314 vta.).
Se refirió al precedente P. 114.722 (sent. de 3-X-2012) de esta Corte -que reseñó-, y reiteró la errónea significación jurídica al no concurrir los elementos que nutren la elaboración dogmática empleada para atribuir el homicidio a los imputados en carácter de coautores (v. fs. 314 vta. y 315).
I.3. Por último, le causa agravio a la defensa que el Tribunal de Casación haya desestimado el pedido de declarar la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua aplicada a sus asistidos.
Recordó la argumentación esgrimida ante la instancia anterior acerca de que se trata de una sanción de perpetuidad efectiva, como resultado de la aplicación de los arts. 13 y 80 inc. 7, todos del Código Penal, con la consecuente afectación del fin resocializador de las penas privativas de la libertad, y vulnera la prohibición de imponer penas que resulten crueles, inhumanas y degradantes (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac. y 5.2 y 5.6, CADH; v. fs. 315 y vta.).
Con consideraciones sobre el control de convencionalidad, que según expresa no constituye un obstáculo que dicha cuestión no hubiera sido planteada en las instancias anteriores de conformidad con las exigencias de interpretación de un recurso extraordinario federal, alegó que las afirmaciones del tribunal revisor resultan arbitrarias (v. fs. 316), y que viola el derecho a la vida (art. 4.1, CADH) la pena impuesta por ser "...efectivamente perpetua que sólo culmina con la muerte de la persona condenada..." (fs. 317 vta.).
Citó el caso "Baldeón García vs. Perú" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando que dicho Tribunal "...no se ha limitado a concebir el derecho a la vida exclusivamente en términos biológicos, sino que ha extendido el mismo al derecho a vivir con dignidad, al de desarrollar un proyecto de vida y aún de procurar un sentido para su propia existencia" (fs. 318).
Describió la realidad carcelaria de la Provincia de Buenos Aires advertida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que registra "...hacinamiento y malas condiciones materiales", trayendo a colación lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Lori Berenson Mejias vs. Perú" (v. fs. 318 vta. y 319).
Sostuvo que "...en el presente caso, la afectación al derecho a la vida que ocasiona el encierro a perpetuidad, convierte a la sanción penal en una verdadera 'pena de muerte' paulatina pues, en definitiva, la vida de la persona se agotará en manos del Estado". En tal sentido, citó lo fallado por el citado tribunal internacional en los casos "Hilaire, Constantine y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago" y el antes referido (v. fs. 319 y vta.).
Por otro lado, denunció la violación del art. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 320 vta.). En torno a ello, explicó que el encierro de por vida aplicado "...se trata de una pena de eliminación social", pues sus asistidos "...son apartados para siempre de la sociedad", lo que "...impide toda posibilidad de acceder a la libertad, resulta incompatible con el derecho a la integridad personal que determina que toda pena debe tener como finalidad la reforma y readaptación social del condenado" (fs. 320 vta. y 321).
Remarcó que la pena impuesta, al impedir a sus asistidos acceder en algún momento a la libertad, contraría el fin resocializador de las penas privativas de la libertad consagrado constitucionalmente "...lo que resulta contrario a la finalidad constitucional y convencionalmente asignada a la pena" (fs. 321 vta.).
Puso de manifiesto que hace a la dignidad humana que la pena tenga por finalidad el retorno de la persona a la sociedad, lo cual no podría cumplirse si la imposición de una pena a perpetuidad "...solo culminara cuando se extinga su vida..." (fs. 322).
Aludió a la prohibición expresa del art. 18 de la Constitución nacional, respecto a las penas crueles, inhumanas, degradantes o infamantes, y que, en función del art. 75 inc. 22 de la misma, la Convención que lleva ese nombre porta ese mismo rango supralegal (v. fs. 322 vta. y 323).
Con base en tales argumentos solicitó que se declare su inconstitucionalidad y el consecuente reenvío de las actuaciones a fin de que se fije una nueva pena, respetuosa de los derechos humanos que se reputan violados (v. fs. 323 vta.).
Finalmente, refirió a la oportunidad del planteo, la inconveniencia de diferir la decisión sobre el punto para un "...futuro incierto", expresando que "...mantener la incertidumbre acerca de si recuperarán alguna vez su libertad es [...] un trato cruel que aquí puede hacerse cesar" (fs. 324 vta.).
II. Coincido con la Procuración General en cuanto se pronunció por el rechazo de la queja traída (v. fs. 529/537).
III.1. En cuanto al primero de los planteos reseñados, según se verá, la decisión del a quo cumple con los estándares emergentes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal", y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia.
En efecto, del contenido del decisorio cuestionado se advierte que el aludido tribunal intermedio dio respuesta a la totalidad de los reclamos de la defensa.
III.1.a. Veamos. En contestación a la crítica referida a la falta de fundamentación de las mentadas órdenes de allanamiento y detención, luego de destacar que dicho tema había sido abordado como cuestión preliminar del veredicto y que el mismo no había prosperado, coincidió con el tribunal de mérito en que "...no hubo una sola línea de investigación, vacía de aval objetivo: en el caso concurrió la misma línea de investigación por vía de dos grupos investigativos diferentes, la DDI de San Martín y la Seccional policial de Caseros, que por diversas vías llamado telefónico anónimo, tareas de inteligencia -recabaron los nombres y apodos de los aquí imputados como presuntos autores de los hechos-, lo que a su vez se encontraba avalado por un dato objetivo: el secuestro del rodado Fiat uno en el interior del Barrio denominado Carlos Gardel, lugar donde se domicilian los tres sindicados, resultando ello suficiente como para sostener las órdenes solicitadas por la Fiscalía..." (fs. 261).
Sostuvo que el a quo "...al analizar el llamado anónimo que da a conocer los nombres y apodos de los imputados, los calificó como mera información, o comunicación, no constituyendo prueba de cargo, por lo que no corresponde el control por las partes, por no acreditar ninguna circunstancia" y que "Con la denuncia, se recibieron datos que con posterioridad fueron corroborados con elementos de prueba incorporados al proceso" (fs. 261 vta.).
Por último, resolvió que conforme lo establece el código de forma "...la acción penal no podrá suspenderse, interrumpirse, ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la ley, en consecuencia la noticia 'criminis' es el puntapié inicial de la puesta en marcha de la investigación judicial", y que en el caso fue "...la comunicación telefónica efectuada a la comisaria de Caseros, sindicándose los nombres de los autores, circunstancia que dio inicio a la investigación en la zona aledaña al barrio Carlos Gardel, obteniéndose los datos de los domicilios que con posterioridad fueron allanados" (fs. 261 vta.).
III.1.b. Asimismo concluyó que quedó legalmente probada la coautoría penalmente responsable de Storne Zárate, Quintana y Giménez en los hechos I, II y III (v. fs. 266).
Previo a ello, con apoyo en la sentencia de mérito, reseñó la materialidad ilícita de los hechos atribuidos a los aquí encausados, a saber:
"HECHO N° I: el día 13 de julio de 2013, siendo aproximadamente las 2,55 hs., en circunstancias en que Martin Galarza se desplazaba a bordo del rodado Renault Symbol dominio IHÜ 286 por la arteria 3 de Febrero y Colectora Autopista del Oeste de la localidad de Villa Sarmiento, Pdo. de Morón, detuvo la marcha para que bajase la pasajera Melina Soledad Salar, momento en el cual fue sorprendido por los aquí imputados Eder Juan Carlos Storne, Brian Eric Quintana y Alfredo Edgardo Giménez, que se desplazaban a bordo de una camioneta Jeep Cherokee bajándose dos de ellos quienes mediante intimidación con sendas armas de fuego, se apoderaron ilegítimamente del rodado, de una billetera blanca con la suma de $500, documentación personal de Galarza, teléfonos celulares de ambos, dándose a la fuga logrando disponer de los elementos sustraídos" (fs. 262 y vta.}.
"HECHO N° II: que el mismo día, siendo aproximadamente las 3,30 hs., en circunstancias en que Eros Iván Gómez se desplazaba a bordo de su rodado Fiat Uno dominio WER 004 en compañía de Lautaro Federico Juan Farace y Lucía Milagros Pascal, es que al llegar a la intersección de las arterias Spandonari y Esteban Merlo, de la localidad de Ca
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