Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132716
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.716, "Barrionuevo, Leandro Ernesto y Gutiérrez, Carlos Alfredo s/ Recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley en causa n° 91.203 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 25 de septiembre de 2018, rechazó el recurso homónimo interpuesto por el defensor particular de Leandro Ernesto Barrionuevo y Carlos Alfredo Gutiérrez contra la sentencia dictada, mediante el procedimiento de juicio abreviado, por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que condenó al primero de los nombrados a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo y autor del de amenazas; y al segundo mencionado a la pena de doce años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo (arts. 40, 41, 45, 149 bis y 165, Cód. Penal; v. fs. 84/97).
Contra lo así resuelto se alzó el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, mediante sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 120/132 vta. y 152/164 vta.), los que fueron concedidos por el tribunal intermedio (v. fs. 166/168 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 173/178 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 179) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Debe declararse de oficio la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de amenazas respecto de Leandro Ernesto Barrionuevo?
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos por el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal respecto de Carlos Alfredo Gutiérrez y Leandro Ernesto Barrionuevo a fs. 120/132 vta. y 152/164 vta.?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Previo al tratamiento de los recursos interpuestos por el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, esta Corte debe analizar si se encuentra o no vigente la acción penal en orden al delito de amenazas, por el que fuera responsabilizado Leandro Ernesto Barrionuevo.
En primer lugar, corresponde establecer que aun cuando dicho ilícito no fue específicamente cuestionado por la defensa al interponer el recurso de casación, de la lectura del pronunciamiento del tribunal intermedio surge que le fueron sometidos, entre otros planteos, agravios concernientes a los índices comunes de mensura de la pena aplicados en la instancia originaria (arts. 40 y 41, Cód. Penal) y, en definitiva, al monto de la pena aplicable. De modo tal que, desde esa arista, aunque sea indirectamente, el delito en estudio formó parte del reclamo (conf. causa P. 108.962, sent. de 9-XI-2011).
II. Es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; e.o.).
Y ello debe ser resuelto por esta Corte, aun en el estrecho marco de su competencia extraordinaria, cuando se encuentren verificados todos los requisitos positivos y negativos que establece la ley para su procedencia, a efectos de evitar la continuación de un juicio innecesario (conf. CSJN Fallos 186:396; 318:2481). Estos son: i) el transcurso del plazo pertinente (art. 62, Cód. Penal); y ii) la inexistencia de causales de interrupción (art. 67, Cód. Penal).
La ley 25.990 (B.O. 11-I-2005) -vigente al momento del hecho, ocurrido el 5 de noviembre de 2014- modificó los párrafos cuarto y quinto del art. 67 del Código Penal, sustituyendo del primero de ellos la expresión "secuela del juicio", como causal interruptora de la prescripción de la acción penal, por un catálogo taxativo de actos procesales que producen ese efecto (incs. "b", "c", "d" y "e").
En el régimen actual, el último acto con entidad para enervar el curso de la persecución penal es "El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme" (inc. "e", cit.). De ese modo, la ley 25.990 vino a modificar sustancialmente el instituto relativo a la prescripción de la acción penal, restándole virtualidad interruptora a muchos actos que -según jurisprudencia de esta Corte- revestían esa entidad en la instancia recursiva (por ejemplo: el llamamiento de los autos para dictar sentencia, conf. doctr. causas P. 76.237, sent. de 19-III-2003; P. 83.147, sent. de 14-IV-2004; e.o.). También lo hizo respecto de los actos que poseían esa aptitud en la instancia ordinaria, sea en la etapa preliminar o en la contradictoria.
III. Por otro lado, esta Suprema Corte venía sosteniendo de manera reiterada que el fallo revisor de la sentencia de condena interrumpía el curso de la prescripción, doctrina que fue sentada en la causa P. 121.979, "Salinas" (resol. de 16-VIII-2015) conforme los lineamientos que habían sido establecidos en las causas P. 84.431, sentencia de 31-X-2007; P. 90.959, sentencia de 3-IX-2008; P. 90.736, sentencia de 30-IX-2009 y P. 105.309, sentencia de 29-IV-2015; entre otras.
IV. Sentado lo anterior, si bien recientemente ese criterio se dejó de lado en las causas P. 131.745, "Villafañe" (sent. de 21-VII-2020) y P. 132.525, "Godoy" (sent. de 23-VII-2020), a cuyos términos remito en cuanto a la decisión de adoptar los lineamientos sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, en el caso "Farina, Haydée s/ homicidio culposo" (sent. de 26-XII-2019), referido a la interpretación del art. 67, inc. "e" del Código Penal (ley 25.660) y en el sentido de considerar que el último acto interruptivo de la prescripción al que se alude en esa norma es (únicamente) "...el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme", en el caso es innecesario efectuar mayores disquisiciones al respecto pues, aun bajo el amparo de la doctrina anterior (causa P. 121.979, cit. y su progenie), la acción penal en orden al delito de amenazas (art. 149 bis, primer párr., Cód. Penal) de todos modos está prescripta.
En efecto, sea que se compute el término legal de la prescripción desde la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca (8-III-2018, v. fs. 33/58) o se lo haga a partir del fallo del Tribunal de Casación que confirmó aquella decisión (25-IX-2018, v. fs. 84/97), en esta causa la conclusión es la misma, esto es, que el plazo prescriptivo ha transcurrido fatalmente de acuerdo con los arts. 62 inc. 2 y 67 del Código Penal (según ley 25.990).
V. Por otra parte, efectuadas las constataciones pertinentes, no se verifica la causal prevista en el art. 67, cuarto párrafo, inc. "a" (ley 25.990) -actual sexto párrafo inc. "a", según ley. 27.206, B.O. 10-XI-2015-, a tenor de los informes de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal que obran a fs. 189/199.
Por ello, habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción de la acción penal, corresponde declarar de oficio su extinción respecto del imputado Leandro Ernesto Barrionuevo en orden al delito de amenazas por el que -junto con el de homicidio en ocasión de robo- venía condenado (arts. 62 inc. 2, 67 y 149 bis, primer párr., Cód. Penal).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión previa planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a la propuesta del doctor Torres de declarar de oficio la prescripción de la acción penal respecto del delito de amenazas (art. 149 bis, Cód. Penal).
En mi opinión el punto de partida para computar el plazo es la sentencia de casación del 25 de septiembre del 2018 pues tal acto integra el concepto establecido por el legislador en el art. 67 inc. "e" del Código Penal, de acuerdo con la doctrina interpretativa vigente en ese entonces (conf. causa P. 121.979, "Salinas", resol. de 16-VIII-2015 y su progenie). El criterio interpretativo de la Corte federal adoptado con posterioridad al acto que aquí revistió calidad interruptora (causa CSJ 2148/2015/RH1 "Farina, Haydée s/ homicidio culposo", sent. de 26-XII-2019) no puede retroactivamente privarlo de ese efecto.
Aun con tal salvedad llego a igual conclusión pues desde la fecha que indiqué (25 de septiembre del 2018) hasta el presente, ha transcurrido el plazo previsto en el art. 62 inc. 2 del Código Penal, en relación con el delito tipificado en el art. 149 bis, sin que se verifique la causal prevista en el art. 67, cuarto párrafo, inc. "a" (ley 25.990) –actual, sexto párrafo, inc. "a", según ley 27.206, B.O. 10-XI-2015-, a tenor de los informes de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal que obran a fs. 189/199.
Por ello, habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción de la acción penal adhiero al voto del colega indicado y a la presente cuestión voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la cuestión previa también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Cabe aclarar inicialmente que, conforme la resolución de admisibilidad de fs. 166/168 vta. y dado que los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos en favor de Carlos Alfredo Gutiérrez y de Leandro Ernesto Barrionuevo esgrimen idénticos agravios y argumentos, estimo pertinente reseñarlos en forma conjunta.
I.1. El recurrente denunció la violación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos (v. fs. 154).
Adujo que la decisión impugnada constituyó un tránsito aparente por la instancia revisora, incurrió en arbitrariedad al desestimar circunstancias atenuantes solicitadas por la defensa y frustró el derecho al doble conforme del imputado (v. fs. 154 vta.).
Señaló que esa defensa había solicitado en primera instancia que se valoren como atenuantes "la carencia de antecedentes" y "el buen concepto informado", pero el tribunal de juicio los descartó por extemporáneos y porque no habían sido bilateralizados en el acuerdo (v. fs. cit.).
Afirmó que tal razonamiento contraría la lógica de la normativa del procedimiento de juicio abreviado, porque el acuerdo establece un techo que no puede ser modificado por el juez en perjuicio del imputado pero sí en su beneficio y "De hecho, puede incluso dictarse un veredicto absolutorio..." (fs. 155).
Añadió que el criterio adoptado se enfrenta con las disposiciones que establecen la obligación del órgano revisor de tomar contacto de visu con el imputado, ello a partir de una interpretación armónica entre la manda del art. 398 del Código adjetivo y la última parte del art. 41 del Código Penal (v. fs. 155 vta.).
Alegó que la sentencia revisora también era arbitraria e insuficiente, por cuanto "...se limitó a reeditar las razones dadas por la sentencia de mérito y sólo afirmó que el pedido [de que se consideraran atenuantes] resultaba extemporáneo por no haber formado parte del acuerdo de juicio abreviado" (fs. 156).
Consideró que ello no solo no satisface el derecho a la doble instancia, sino que también conspira contra el derecho de defensa en juicio en la instancia de revisión (v. fs. cit.).
En definitiva, solicitó que se case la sentencia impugnada y se reenvíe al a quo a fin de que, debidamente integrado, dicte un pronunciamiento ajustado a derecho (v. fs. 156 vta.).
I.2. Por otro lado, la defensa denunció la errónea revisión de la sentencia de condena en cuanto a la ausencia de fundamentación del monto de pena (arts. 8.2.h, y 14.5, cit.; v. fs. 156 vta.). Centró su crítica en dos aspectos: el proceso de construcción de la pena y el requisito de "fundamentación" de una pena de prisión (v. fs. 157 vta.).
Sobre el primero sostuvo que, en el recurso de casación, la defensa se había agraviado del excesivo monto de pena impuesto; luego el órgano revisor consideró acertada la sanción aplicada; sin embargo, "...de ninguno de los dos fallos surge cómo se llegó a determinar dicho monto punitivo", y "No se advierte cuál ha sido la escala penal construida ni su proceso de formación para el caso concreto..." (fs. 157 vta.).
Citó el voto minoritario del doctor Zaffaroni en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Estévez" e indicó que "...extraída la escala legal aplicable para adecuarla al caso en concreto, se obtiene un punto fijo del cual partir a los efectos de ponderar desde allí las atenuantes y agravantes". Ese punto de ingreso, a su criterio, sería el mínimo legal y luego debería evaluarse la existencia de agravantes y atenuantes (v. fs. 158 vta. y 159). Una vez enumeradas cada agravante y atenuante, correspondería asignarles "...un monto de punición para luego de sumados y debitados ellos llegar al monto fijo final que será la pena a aplicar" (fs. 159).
Con relación a la fundamentación de una pena de prisión, alegó que la Casación no elaboró ningún tipo de análisis ni sobre la escala penal ni sobre el modo en que impactaron las pautas atenuantes y agravantes ponderadas (v. fs. 159 vta.).
En su parecer, el tribunal intermedio efectuó un examen parcial y arbitrario al estimar adecuada la sanción impuesta, a la vez que no brindó una respuesta aceptable a los agravios de la defensa, lo cual habría vulnerado el derecho a una revisión amplia del fallo de condena (v. fs. 159 vta. y 160).
Explicó que el tribunal revisor debió verificar la razonabilidad de la pena impuesta brindando la fundamentación que omitió detallar el tribunal de juicio sobre la pena calificada como excesiva, desproporcionada e infundada por parte de la defensa, y que "La falta de análisis y respuesta [...] constituyen un tránsito aparente por la instancia revisora..." (fs. 161 y vta.).
Puso de relieve que tal forma de proceder afectó los derechos constitucionales de debido proceso y defensa en juicio en su vinculación con el derecho del imputado a obtener un examen integral de la sentencia condenatoria, conforme lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" (v. fs. 161 vta.) y trajo a colación el precedente de esta Corte P. 83.260, "Ruiz", sent. de 8-IX-2004, y los antecedentes "Miara, Samuel" y "Squilario, Adrián" de la Corte federal (v. fs. 162 vta./163 vta.).
Concluyó que, ante la omisión de fundamentación, el tribunal intermedio debió descalificar la sentencia de condena como acto jurisdiccional válido respecto de la determinación del monto de pena (v. fs. 164).
II. El señor Procurador General propició el rechazo de ambos recursos (v. fs. 173/178 vta.). Coincido parcialmente.
III. Dado el resultado al que se ha arribado en la cuestión previa, en la cual se declaró de oficio la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de amenazas por el que había sido condenado Leandro Ernesto Barrionuevo, y atento a que se deberán remitir los autos a la instancia anterior para fijar una nueva pena, deviene inoficioso ocuparse de los planteos traídos por la defensa con relación al nombrado, en tanto se encuentran dirigidos a cuestionar aspectos vinculados al quantum de la sanción aplicada (arg. art. 481, CPP).
IV. Sentado lo anterior, corresponde analizar los agravios traídos por la defensa con relación a Carlos Alfredo Gutiérrez.
IV.1. El primero de los planteos no prospera.
Cabe recordar que el tribunal intermedio, en respuesta al reclamo vinculado con la omisión en la valoración de las aludidas pautas atenuantes en violación a los arts. 40 y 41 del Código Penal, resolvió que "...de la simple lectura de los presentes autos, surge que el representante del Ministerio Público Fiscal, propuso la abreviación del proceso en orden a los delitos en cuestión, y en su pretensión punitiva nada dijo sobre la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes de sanción, por lo que estimó adecuada la imposición de catorce (14) años [de] prisión para Leandro Ernesto Barrionuevo y doce (12) años y seis (6) meses de prisión, respecto del coencausado Carlos Alfredo Gutiérrez" (fs. 93 y vta.).
Continuó señalando que "Concordantemente con lo solicitado, los aquí imputados -con el debido asesoramiento- de manera conjunta con su defensa técnica, adhirieron a la propuesta de la fiscalía, momento en el que no formularon objeción alguna, limitándose a prestar su conformidad con la propuesta de juicio abreviado en lo que concierne a la calificación legal otorgada a los sucesos en tratamiento y a los montos de pena requeridos" y que "...el 'a quo' procedió a dictar sentencia de condena respecto de ambos acusados sobre la base de la calificación acordada por las partes, imponiendo sendas penas privativas de la libertad acorde a lo pactado, tomando como referencia la ausencia de pautas severizantes o diminuentes de la sanción a determinar en el caso en concreto, sin que se advierta que haya incurrido en afirmaciones absurdas o arbitrarias" (fs. 93 vta.).
Destacó que asimismo "...la magistrada de grado puso de resalto que las atenuantes invocadas por el esmerado defensor resultaron extemporáneas y por tanto ajenas al acuerdo de juicio abreviado oportunamente celebrado, de modo tal que las mismas carecen de virtualidad en esta instancia, toda vez que no permiten demostrar los vicios lógicos denunciados, o que lo resuelto por la Juez de mérito no se ajuste a las constancias de la causa, razón por la cual [...] la sentencia impugnada resultó ajustada a Derecho" (fs. cit.).
En ese discurrir, estimó oportuno recordar que conforme la llamada teoría de la responsabilidad por los actos propios "...las partes, no pueden contradecir sus propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces. Tal principio torna inadmisible la pretensión incoada que coloca a la parte en contradicción con su comportamiento jurídico anterior..." (fs. 94). Concluyó este punto señalando "...no advierto que lo resuelto por la sentenciante haya sido el fruto de una decisión arbitraria, sino todo lo contrario, la misma explicó sobradamente los motivos por los cuales desechó la concurrencia de aquellas circunstancias atenuantes invocadas por la defensa de ambos encartados" (fs. 93 vta. y 94).
IV.2. El tratamiento así brindado, a tenor de lo efectivamente acontecido en este expediente, no constituye una infracción a la revisión de la sentencia de condena en los términos de la normativa supranacional que cita el recurrente (arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP), en tanto el tribunal intermedio dio adecuada respuesta acomodando su tarea revisora a los parámetros mencionados.
Por lo que la afirmación de la defensa en torno a que el escrutinio llevado a cabo por la Casación significó un "tránsito aparente" que frustró el "derecho al doble conforme", no se condice con lo sucedido en el caso, ya que el a quo abordó los planteos formulados.
Asimismo, con referencia a la arbitrariedad invocada, no se demuestra en lo resuelto por el Tribunal de Alzada la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que ava
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