Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133029
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.029, "Altuve, Carlos Arturo -fiscal ante el Tribunal de Casación Penal- y G., M. -particular damnificada-. Recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley en causa n° 87.932 y su acumulada n° 87.933 del Tribunal de Casación Penal, Sala II, seguidas a José, Carlos Eduardo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Kogan, Soria.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 22 de mayo de 2018, rechazó los recursos homónimos interpuestos por la Fiscalía y por la particular damnificada, respectivamente, contra el pronunciamiento dictado por la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Martín que revocó parcialmente el auto del Juzgado de Garantías n° 1 departamental y declaró la extinción de la acción penal por prescripción respecto de Carlos Eduardo José en orden a los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13 (v. fs. 35/43 -sent. de tribunal intermedio- en relación con fs. 2/6 -resol. de la Cámara-).
Frente a lo así resuelto, el señor fiscal ante la instancia casatoria, doctor Carlos Arturo Altuve (v. fs. 48/58 vta.) y M. G., por derecho propio, en su carácter de particular damnificada con el patrocinio letrado de los doctores Héctor Francisco Silveyra y Alejandro Albano Stipancic (v. fs. 77/85), interpusieron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, los cuales fueron declarados admisibles por el tribunal intermedio (v. fs. 95/100).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 108/116), dictada la providencia de autos (v. fs. 118), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley articulados por el fiscal ante el Tribunal de Casación y por la particular damnificada?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Cabe aclarar inicialmente que la resolución de admisibilidad dictada por el tribunal a quo declaró admisibles las vías impugnativas extraordinarias en tratamiento, con sustento en la doctrina de la Corte federal emergente de los casos "Strada", "Christou" y "Di Mascio", en función de la pretensa cuestión federal aducida por los recurrentes -arbitrariedad- (v. fs. 95/100).
Y siendo que los recurrentes han traído a conocimiento de esta Corte similares agravios y argumentos, estimo oportuno, por razones metodológicas y de economía procesal, abordar dichos planteos en forma conjunta, a tenor del juicio de admisibilidad llevado a cabo por el órgano intermedio.
II.1. El señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal denunció la arbitrariedad de la sentencia por incongruencia y fundamentación aparente (v. fs. 50/51).
En tal sentido, adujo que en oportunidad de interponer el recurso de casación la señora fiscal "...no efectuó [...] un planteo de imprescriptibilidad de la acción penal respecto de los delitos de abuso sexual cometidos contra menores de edad. Tampoco solicitó -como afirm[ó] el Tribunal de Casación en su sentencia- la aplicación retroactiva de las leyes 26.705 y 27.205 [ rectius : ley 27.206]", sino que -por el contrario- lo solicitado fue la revocación de la sentencia de la Cámara por considerar que las acciones penales emanadas de los delitos imputados en la presente no se hallaban prescriptos en función de dos fundamentos (v. fs. 50 y vta.).
El primero de ellos, estuvo referido a que los ilícitos como los investigados en la causa no debían ser considerados "comunes", en la medida que poseen notas particulares: la condición de niñas de las víctimas cuyo interés superior debería prevalecer, la vulnerabilidad de las damnificadas, el ámbito en que se habrían producido los hechos, la disparidad de poder de aquellas respecto del autor y el ocultamiento de los eventos por parte de la estructura eclesiástica. Por el segundo, consideró que tanto al momento en que se efectuó la denuncia de los ilícitos por parte de las víctimas como a la fecha en que los mismos se habrían cometido, se hallaban vigentes los mismos principios jurídicos fundamentales del ordenamiento jurídico nacional y pesaban sobre el Estado argentino las mismas obligaciones internacionales (v. fs. 50 vta.).
Afirmó, en consecuencia, que el fallo impugnado "...adolece de un vicio de incongruencia por cuanto no responde al planteo efectuado por la parte (correspondencia entre lo pretendido y lo juzgado) resolviendo de modo citra petita , tornando anulable el decisorio por arbitrario" (fs. 51; el destacado figura en el original).
Denunció, en el estricto marco de la cuestión federal traída, el apartamiento de la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de operatividad y exigibilidad de los tratados de Derechos Humanos, así como la vulneración del principio de supremacía constitucional (v. fs. 51 y vta.).
Remarcó que, tal como se argumentó en el recurso de casación, "...las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino de investigar con la debida diligencia y sancionar la violencia contra las mujeres, garantizarle el acceso a procedimientos legales justos y eficaces, proteger a las niñas contra toda forma de abuso sexual, y garantizar a las víctimas la tutela judicial continua y efectiva, se hallan vigentes desde el momento en que acaecieron los hechos que en autos se investigan, al momento de la denuncia efectuada por las víctimas y se mantienen incólumes hasta la actualidad. Y tales obligaciones poseen fuente de jerarquía constitucional (CIDN y CADH) y supralegal (Convención de Belem do Pará)" y que, por lo tanto, "...una norma de inferior jerarquía cual es, en el caso, el art. 62 del C.P., no puede ser invocada para incumplir tales obligaciones internacionales (art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados" (fs. 51 vta.).
Invocó, en relación con el principio de supremacía constitucional, lo resuelto en el precedente "Rizzo" de la Corte federal acerca del modo en que debe ejercerse el control de constitucionalidad y su relación con la interpretación judicial de las leyes (v. fs. 51 vta. y 52).
Criticó, por considerarla arbitraria, la respuesta dada por el tribunal intermedio en cuanto sostuvo que las convenciones internacionales que establecen obligaciones de adecuación para los Estados partes, carecen de imperatividad para modificar la legislación doméstica, y recordó al respecto que la Corte federal desde el año 1992 con el dictado del precedente "Ekmekdjian c. Sofovich" (CSJN Fallos: 315:1492) tiene resuelto que los derechos reconocidos por tratados de Derechos Humanos resultan operativos (v. fs. 52 y vta.).
Adujo, en función de lo expresado, que la interpretación a la que arribó el fallo revisor en cuanto a que no resultan operativos los Derechos Humanos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño -arts. 3.1 y 19-, Convención Americana sobre Derechos Humanos -arts. 8.1 y 25- y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres -arts. 4 inc. "g" y 7 incs. "b", "c" y "f"-, violenta la mencionada doctrina de Máximo Tribunal federal, el bloque de constitucionalidad federal y la interpretación desarrollada sobre el tópico por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos precedentes que se ocupó de mencionar (v. fs. 53/54).
Narró que en el caso "...se investigan reiterados hechos de abuso sexual simple y gravemente ultrajante -en concurso real- realizados por quien fuera sacerdote y representante legal del colegio San Francisco Javier dependiente de la Parroquia San José Obrero, respecto de tres alumnas de entre 8 y 10 años de edad -hechos acaecidos entre los años 1997 y 2008-. Las denuncias efectuadas por las víctimas E. Y. D. G. y M. G., una vez cumplida la mayoría de edad, datan del 6 de abril de 2017 y posteriormente la efectuada por C. S. B. a propósito de su convocatoria a prestar declaración testimonial, oportunidad en la que denunciara los hechos que la tuvieran por víctima e instara la acción penal", y afirmó que, a partir del conocimiento de esos ilícitos, el representante del Ministerio Público Fiscal tenía la obligación indelegable e inexcusable de investigar con la debida diligencia, deber que -a su criterio- "...no puede ser dejado de lado por una regulación de inferior jerarquía, en el caso, el art. 62 del C.P." (fs. 54 y vta.).
Postuló que hacer prevalecer la prescripción de la acción penal conforme la citada norma sustantiva por sobre la obligación de investigar con la debida diligencia y, en su caso, poder sancionar a los responsables, implicaría vulnerar el principio de supremacía constitucional haciendo pasible al Estado argentino de responder internacionalmente por tales incumplimientos (v. fs. 54 vta.).
Explicó que, en el caso, la "demora" de las víctimas en realizar la denuncia no se debe a que hayan dejado de vivenciar conflictivamente el hecho, sino precisamente a obstáculos estructurales dados por la imposibilidad de denunciar oportunamente los hechos en buena medida debido a su triple condición de vulnerabilidad: su edad, género y condición de victimización temprana; y señaló que ignorar tales circunstancias implicaría beneficiar con la impunidad a quién se aprovechó de esos altos niveles de vulnerabilidad, tanto para cometer el delito como para asegurarse mediante el silenciamiento de las niñas de estar exento de una investigación cierta y oportuna, por lo que el Estado debería garantizar a las víctimas una mayor -y no menor- protección de sus derechos y acceso a la justicia, conforme lo expuso (v. fs. 54 vta. y 55).
Recordó que la acción penal emanada de los hechos denunciados resultaba ser, a la fecha de la denuncia -año 2017-, dependiente de instancia privada y que el Ministerio Público Fiscal no se encontraba habilitado a investigar los sucesos de oficio. En ese discurrir, señaló que una vez tomada la fiscalía debida notitia criminis tiene -como órgano estatal- el deber de investigar y que la resolución impugnada "...impide el debido cumplimiento de ese deber, afecta el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas y compromete la responsabilidad internacional del Estado Argentino" (fs. 55 vta.).
Reprodujo a continuación, en aval de su postura, diversos extractos de dos precedentes: "A., J. s/recurso de casación", sentencia de 22-III-2016, de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal e "Ilarraz, Justo José s/ Promoción de la corrupción agravada", sentencia de 18-XI-2018, del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos (v. fs. 55 vta./57).
Concluyó, en definitiva, que la decisión del Tribunal de Casación Penal impugnada, al confirmar la resolución dictada por la Cámara que declaró extinguida la acción penal por prescripción en la presente causa, vulneró obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres, en base a fundamentos aparentes y, en virtud de ello, solicitó que se declare la arbitrariedad del pronunciamiento recurrido, se deje sin efecto la declaración de prescripción y se ordene la prosecución de la investigación de los hechos denunciados en estos actuados (v. fs. 57).
II.2. Finalmente, cabe consignar que el fiscal también denunció -en otra parcela de su queja- la errónea aplicación del art. 62 y la inobservancia del art. 67, ambos del Código Penal (v. fs. 57/58), mas dichos extremos que refieren a la aplicación de la ley sustantiva y tal como fue adelantado al inicio del presente voto -ver apartado I-, se encuentran detraídos del acotado marco revisor en que fue admitido el recurso en examen.
III.1. La particular damnificada M. G. articuló la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, por derecho propio y con patrocinio letrado, en la que previo al desarrollo de sus planteos recordó que el Juzgado de Garantías n° 1 departamental resolvió dictar la prisión preventiva del procesado Carlos Eduardo José en orden a los hechos calificados como abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser el imputado ministro de un culto reconocido y por encontrarse en la guarda de la menor -hecho n° 8- y abuso deshonesto agravado por ser el encausado sacerdote -reiterado en al menos catorce oportunidades -hechos n° 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13- en su perjuicio (v. fs. 77 vta. y 78, en relación con la resolución obrante a fs. 125 y vta. del legajo n° 87.933).
En cuanto a la procedencia de su reclamo, aludió a que si bien la ley 26.705 (B. O., 5-X-2011) -que incorporó el segundo y tercer párrafo al art. 63 del Código Penal- y luego la ley 27.206 (B. O., 10-XI-2015) -en cuanto derogó los mencionados párrafos del art. 63 e introdujo modificaciones al art. 67, ambos del Código Penal-, entraron en vigencia con posterioridad a la fecha de los hechos aquí denunciados, a la época de tales ilícitos "... se encontraban vigentes los principios jurídicos fundamentales que motivaron la reforma introducida por las [referidas] leyes [...], ya que el Estado Argentino había adquirido el rol de Estado Parte en diferentes convenciones internacionales de rango constitucional, especialmente en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -'Convención de Belém do Pará'- (que entró en vigencia el 03/05/95) [-aprobada por ley 24.632, B.O. 9-IV-1996-]" y, en el mismo sentido, invocó la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la ley 23.849 (v. fs. 78 vta. y 79; el destacado figura en el original).
Tildó de errónea y arbitraria la afirmación del tribunal a quo acerca de que las aludidas convenciones internacionales establecen obligaciones de adecuación para los Estados partes, pero carecen de imperatividad para modificar la legislación doméstica, la cual tomó forma con la sanción de las leyes 26.705 y 27.206 -citadas-, ambas posteriores a los hechos investigados (v. fs. 79 y vta.).
III.2. A partir de una reseña efectuada desde un plano teórico, vinculada con la inclusión de los tratados en el derecho argentino, destacó que una de las cuestiones a resolver al adoptarse un sistema monista es determinar el orden de prelación para el supuesto que surjan conflictos normativos (v. fs. 79 vta./80 vta.).
Afirmó, a fin de dar respuesta al interrogante planteado, que frente a "...la posibilidad que un tratado entre en conflicto con la Constitución Nacional, se presume que antes de su aprobación y posterior ratificación, se llevó a cabo el control de concordancia con las normas constitucionales, dado que una vez en vigor, ningún Estado puede invocar su normativa interna para no cumplirlo [...]. Un tratado dotado de jerarquía constitucional que complementa la Constitución, por principio lógico no puede contradecirla ni entrar en conflicto con ella", y que ello sería conteste con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece la supremacía absoluta del derecho internacional por sobre la Constitución nacional – el destacado figura en el original- (v. fs. 81 vta.).
Trajo a colación el caso emanado de la Corte federal "Simón, Julio H. y otros s/ privación ilegítima de la libertad", sentencia de 2-XI-2005, en tanto adujo que ese fallo "...considera que corresponde aplicar el derecho consuetudinario imperativo de la comunidad internacional, pese a que el art. 18 de la Constitución Nacional [...] exige que debe existir una ley, esto es una norma 'scripta, praevia, stricta y certa', para imputar la comisión de algún delito" (fs. 81 vta. y 82; el destacado figura en el original).
En suma, concluyó que "...el Estado argentino adopta para los tratados, un sistema de monismo con supremacía constitucional , con vigencia directa e inmediata en el derecho interno cuando la normativa internacional es de carácter operativo, vale decir que no requiere de reglamentación previa alguna. Y en cuanto a la normativa internacional consuetudinaria, en la medida que se trate de normas del ius cogens , la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoce la supremacía absoluta, aún por sobre la Constitución Nacional" (fs. 82; el destacado figura en el original).
Denunció, en función de esa línea argumental ensayada, que deviene arbitrario lo resuelto por la Casación en su fallo confirmatorio, por cuanto los tratados con jerarquía constitucional aprobados por las leyes 23.849 -Convención sobre los Derechos del Niño- y 24.632 -Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer- se encontraban vigentes con anterioridad a cada uno de los hechos ilícitos que habrían sido cometidos por el procesado, tanto en el ámbito local como internacional, razón por la cual el instituto de la prescripción debía ceder frente a lo establecido en las citadas leyes, a su modo de ver (v. fs. 82 vta.).
III.3. Expresó, con relación a las circunstancias propias del caso, que la parte recurrente -M. G.- era tan solo una niña al momento en que habrían acaecido los eventos atribuidos al imputado, lo que le impidió tener acceso efectivo a la justicia, por lo cual entendió que disponer la extinción de la acción penal por prescripción con fundamento en que la reforma legislativa operada al respecto fue dispuesta con posterioridad a los ilícitos investigados, implicaría contrariar las obligaciones que asumió el Estado argentino al aprobar la "Convención de Belem do Pará" -ley 24.632-, así como también desconocer el interés superior del niño (v. fs. cit.).
Citó, en aval de su reclamo, los fundamentos que acompañaron al proyecto de la ley 26.705 y que se mantuvieron en iguales términos en la posterior ley 27.206 -ambas modificatorias del Código Penal- (v. fs. 83 y vta.).
Por último, reiteró que corresponde rechazar y modificar el fallo impugnado dictado en sede casatoria toda vez que la acción penal incoada respecto de los hechos enjuiciados "...no se encuentran prescriptos, ya que al momento [en] que se formuló la denuncia penal, una vez alcanzada la mayoría de edad [de la víctima], no había transcurrido el plazo previsto en el art. 62, inciso 2, del Código Penal" (fs. 84 y vta.).
IV. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar a los recursos interpuestos por el fiscal y la particular damnificada (v. fs. 108/116).
V. Para dar fundamento a la solución que propicio es menester efectuar un breve repaso de las circunstancias relevantes de la causa:
V.1. Como surge de los antecedentes, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, mediante el dictado de la resolución de 19 de octubre de 2017, revocó parcialmente el auto del Juzgado de Garantías n° 1 departamental que rechazara por improcedente la excepción de prescripción articulada en favor de Carlos Eduardo José y declaró la extinción de la acción penal por prescripción respecto de los hechos n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13 -arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2 y 67 del Código Penal- (v. fs. 2/6).
Para así decidir, sostuvo que disentía con el órgano de grado en cuanto a que resulten aplicables al caso los precedentes "Derecho, René Jesús s/ incidente de prescripción de la acción penal", sentencia de 29-XI-2011, de la Corte federal -por mayoría- y "Bueno Alves vs. Argentina", resolución de 11-V-2007 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 2 vta./3 vta.).
Así, explicó que en mencionado caso tramitado ante dicha Corte (CIDH) "...se investigó el delito de tortura perpetrado por agentes policiales mientras Bueno Alves estaba detenido bajo su custodia y, a
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