Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133212
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.212, "Gómez, Mirta Celia y Baldini, Claudia Noemí. Recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley en causa 54.388 y su acum. 54.397 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Soria.
La Sala I de Transición del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante pronunciamiento del día 29 de agosto de 2018 (luego del reenvío dispuesto por esta Corte en el marco de la causa P. 123.409, sent. de 4-VIII-2016) rechazó los recursos interpuestos por las defensas oficiales contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Azul que condenó a Mirta Celia Gómez a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar partícipe necesaria del delito de homicidio calificado por alevosía (arts. 45 y 80 inc. 2, Cód. Penal) y a Claudia Noemí Baldini a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, más declaración de reincidencia, por ser coautora responsable del delito de homicidio calificado por alevosía y autora del delito de tenencia ilegal de arma de guerra, en concurso real (arts. 45, 55, 80 inc. 2 y 189 bis inc. 2 párr. segundo, Cód. Penal; v. fs. 322/364 vta.).
Frente a lo así resuelto dedujeron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor José María Hernández, a favor de Mirta Celia Gómez (v. fs. 412/433), y la señora defensora oficial adjunta ante el mismo tribunal, doctora Ana Julia Biasotti, a favor de Claudia Noemí Baldini (v. fs. 439/469), los que fueron concedidos por el órgano recurrido (v. fs. 471/478 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 490/504, dictada la providencia de autos a fs. 505 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial adjunto a favor de Mirta Celia Gómez?
2ª) ¿Lo es el formulado por la señora defensora oficial adjunta a favor de Claudia Noemí Baldini?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el acápite "A" de su recurso la defensa denunció infracción a la garantía de la doble instancia y derecho a ser oído (arts. 1, 18 y 33, Const. nac.; 8.1 y 8.2.h, CADH y 14.1, PIDCP) y arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa (v. fs. 417).
Sostuvo que los agravios planteados en el recurso de casación referidos a la colisión de la pena prisión perpetua con los fines constitucionales a los que debe aspirar fueron respondidos mediante afirmaciones genéricas que se desentienden de las constancias de la causa, ya que debieron haber sido abordados sin prescindir de las particulares circunstancias de la condenada (edad que debe alcanzar para solicitar la libertad condicional; v. fs. 418 vta.).
Denunció infracción al derecho a ser oído derivado del derecho de defensa en juicio y solicitó que se resuelva el caso teniendo en consideración la amplitud recursiva establecida en el art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En apoyo de su reclamo invocó los fallos "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Herrera Ulloa versus Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 419 vta./420 vta.).
En el acápite "B" indicó que la sanción impuesta resulta desproporcionada con los fines establecidos constitucional y convencionalmente y que constituye una pena cruel, inhumana y degradante a la luz de la expectativa de vida de la imputada, puesto que suprime toda posibilidad de elaborar y ejecutar un plan vital (v. fs. 421).
Adujo que Gómez tenía cincuenta y seis (56) años al momento de su detención y que deberá vivir hasta los noventa y un (91) años para alcanzar la mera posibilidad de acceder a la libertad condicional (conf. art. 13, Cód. Penal), y como mínimo hasta los ciento un (101) años para que se agote la pena impuesta (conf. arts. 13 y 16, Cód. Penal). De ello derivó que la sanción en examen conlleva la privación de todo plan vital y le niega a su asistida la condición de persona humana (v. fs. 421 vta. y 422).
Criticó desde dos aristas que se haya considerado que el agravio era "conjetural" y no "actual" a fin de diferir su tratamiento. Por un lado, porque con ello se reclama algo "casi imposible": que la imputada sobreviva en encierro hasta los noventa y un (91) años. Por otro lado, porque genera la incertidumbre en la condenada acerca de si en algún momento de su vida podrá recuperar la libertad y reintegrarse a la sociedad, circunstancia que constituye un trato cruel en sí mismo (v. fs. 423 y vta.).
Trajo a colación el caso Mendoza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y consideró que no es posible restringir su aplicación solo al régimen de los menores, porque por principio la vida de los adultos se extingue antes que la de los niños (v. fs. 424 vta. y 425).
Aseveró que la sanción impuesta a Gómez "...persigue únicamente su neutralización sine die como 'peligro' para los bienes jurídicos ajenos en clara oposición al único fin constitucionalmente admisible de la prevención especial", desconoce el carácter de persona humana de la condenada y le da trato de cosa peligrosa (v. fs. 430 y vta.).
Afirmó que la pena privativa de la libertad "realmente perpetua" lesiona la intangibilidad de la persona humana en razón de que genera graves trastornos de personalidad, lo que deviene incompatible con el art. 18 de la Constitución nacional (v. fs. 430 vta.). Y que ello resulta extensible sin lugar a dudas a la situación de su asistida por la pena que se le ha impuesto, nominalmente temporal pero materialmente perpetua (v. fs. 432 vta.).
En consecuencia, solicitó se anule la sentencia impugnada y se dicte o mande dictar un nuevo pronunciamiento en el que se fije una pena de prisión temporal que le permita a la acusada acceder a la libertad condicional, teniendo en cuenta su edad y las expectativas normales de vida (v. fs. cit.). Precisó que una vez declarada la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua aplicada al caso en los términos de los arts. 45 y 80 inc. 2 del Código Penal, la pena debe fijarse de acuerdo a la escala penal prevista para el homicidio simple (art. 79, Cód. Penal; v. fs. cit. y 433).
Acompañó sus reclamos con cita de los fallos "Descole", "Verbitsky" y "Giménez Ibañez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
II. El dictamen de la Procuración General aconsejó el rechazo del agravio esgrimido por la defensa (v. fs. 490/492 vta.).
III. El recurso no prospera.
Para una mejor comprensión corresponde que inicialmente efectúe una breve reseña del derrotero procesal de la causa.
III.1. Conforme surge de fs. 25/86, el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Azul dictó sentencia el día 26 de junio de 2012 y condenó a Mirta Celia Gómez a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como partícipe necesaria del delito de homicidio calificado por alevosía; mientras que a Claudia Noemí Baldini la condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, más declaración de reincidencia, como coautora responsable del delito de homicidio calificado por alevosía y autora del delito de tenencia ilegal de arma de guerra, en concurso real.
III.2. La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante decisorio del día 18 de marzo de 2014, por mayoría, rechazó los recursos de la especialidad presentados por las defensas oficiales de las imputadas (v. fs. 162/175).
III.3. Esta Corte dictó sentencia el día 4 de agosto de 2016 (causa P. 123.409), hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa, dejó sin efecto la sentencia del tribunal intermedio en lo relativo a la coimputada Mirta Celia Gómez y devolvió las actuaciones al tribunal de origen a fin de que, integrado con jueces hábiles, dictase un nuevo fallo ajustado a derecho que asegurase el cumplimiento de la garantía de la doble instancia en toda su amplitud (doctr. art. 496 y concs., CPP). Asimismo, hizo lugar parcialmente al recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la señora defensora oficial de la coimputada Claudia Noemí Baldini y devolvió las actuaciones a los mismos efectos explicados anteriormente (doctr. art. cit.). Finalmente, rechazó por improcedente el recurso de la defensa de Baldini en cuanto denunció la errónea aplicación del art. 50 del Código Penal (v. fs. 275/287 vta.).
Cabe destacar que en el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa de Mirta Celia Gómez la parte había formulado tres planteos que portaban como denominador común la errónea revisión de la sentencia de condena (arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP). En primer lugar, dijo haber denunciado ante la instancia casatoria la violación del principio de congruencia, en cuanto se tuvo por configurada la alevosía mediante circunstancias fácticas que excedían los hechos del requerimiento de elevación a juicio y la acusación; y que el tribunal intermedio se limitó a responder ese agravio de manera dogmática. En segundo lugar, adjudicó idéntico defecto al tratamiento del agravio de errónea valoración de la prueba por la cual se tuvo acreditada la participación de su asistida en el hecho. Por último, se agravió del rechazo dogmático del planteo de cambio de calificación legal por no haberse configurado -a su juicio- la agravante del inc. 2 del art. 80 del Código Penal (v. fs. 223/229).
Se advierte así que la parte guardó silencio sobre la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, pese a que el órgano recurrido se había expedido sobre el punto (v. fs. 167 vta./170).
III.4. Efectuadas las notificaciones pertinentes, los autos reingresaron a la Sala I de Transición del Tribunal de Casación Penal, que fue integrada con los doctores Mancini, Carral y Kohan (v. fs. 315). En oportunidad de contestar la vista pertinente, la señora defensora oficial adjunta en representación de Claudia Noemí Baldini presentó escrito, donde sostuvo los agravios del recurso de casación formulados por la defensa de origen y además planteó, como situación sobreviniente con impacto en la medida de la pena, que debía considerarse circunstancia atenuante el tiempo excesivo que demoró el proceso, especialmente en su trámite casatorio (v. fs. 316 y vta.).
III.5. El órgano intermedio, por sentencia del día 29 de agosto de 2018 , rechazó los recursos homónimos oportunamente interpuestos por las defensas oficiales de ambas imputadas.
Para así decidir, se ocupó de la totalidad de los planteos efectuados por la defensa de Gómez, y en lo que aquí interesa, respecto a la petición de inconstitucionalidad de la pena perpetua (v. fs. 128 vta./132 vta., pto. 5, recurso de casación) señaló: "En primer lugar se observa que el plafón que sustenta los postulados traídos por la defensa -que contraría el fin constitucional de la pena al no garantizar la resocialización, por cuanto, por la edad de Gómez, gozaría del instituto de la libertad condicional a sus noventa y un años, y que por tanto, una condena cuyo agotamiento coincida con el de la vida de quien debe cumplirla, equivale conceptualmente a la pena de muerte y por tanto se trataría de una pena cruel, inhumana y degradante-, sería la prohibición de las penas perpetuas en sentido estricto, es decir que el cuadro constitucional, integrado por los diversos instrumentos internacionales mencionados, conllevaría la inconstitucionalidad de las penas 'realmente' perpetuas. Pero dicha premisa es errada, en tanto nuestro ordenamiento legal prevé la posibilidad jurídica de cese de la coerción personal en cierto momento de la ejecución de la pena en el establecimiento penitenciario, mediante el cumplimiento de ciertos requisitos o condiciones" (fs. 357 vta.).
Descartó la tesis de que la sanción impuesta al acusado es "...'cruel, inhumana y degradante' por su eternidad, en tanto más allá de la vía a través de la cual el recurrente pretende introducir la cuestión, lo cierto es que el planteo resulta prematuro, pues el eventual perjuicio de la imputada recién se produciría -a todo evento- cuando se estime procedente el acceso a la libertad condicional, momento en el cual recién operarían las incidencias en el sentido en que se postulan" (fs. 357 vta. y 358).
Adujo que "...la actividad de la jurisdicción en temas de semejante importancia como es la declaración de inconstitucionalidad obliga, tanto al operador de grado como al órgano revisor, a tener bien en claro el objeto de la actuación interpretativa que a dichos órganos corresponde, con miras a evitar posibles intromisiones en áreas que pertenecen al dominio de otros poderes, por lo que consecuentemente, resulta imprescindible delimitar el ámbito de injerencia en que se autoriza dicha actividad revisora sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma" y que "...no hay que perder de vista que esta preocupación relativa a eventuales intromisiones en esferas de poder reservadas a otros sectores -que resulta plenamente válida como criterio general, según el cual la tipificación de conductas y los mínimos y máximos establecidos en las escalas penales emergentes resultan topes vinculantes para el juzgador- puede ser excepcionado en los casos en que se encuentre comprometida su constitucionalidad" (fs. 358 cit. y vta.). Destacó que "...para ello es imprescindible que dicho enfrentamiento entre normas de diferente rango resulte claro, palmario, contundente y verificado, y que, en consecuencia, quede justificada suficientemente tan delicada actividad jurisdiccional", por lo cual estimó que la petición no abastecía la exigencia mencionada, "...desde que no se ha evidenciado la configuración de colisión normativa alguna que justifique la solución peticionada, en tanto no mereció ninguna objeción que la pena perpetua aplicada en el caso, con la que está conminado el delito previsto en el art. 80 inc. 2 del CP, no guarde racional vinculación con la gravedad del ilícito juzgado" (fs. 358 vta. y 359).
También refirió que se compartan o no las críticas vinculadas con la implementación de la pena de prisión perpetua, "...lo cierto es que no alcanzan para poner en crisis la validez del trámite parlamentario ni la vigencia de esa norma" (fs. 359 cit.).
Aseveró que "...no fueron siquiera comprobadas [...] otras circunstancias particulares (debería decir particularísimas) del hecho o del autor que habiliten la solución peticionada, todo lo cual evidencia la ineficacia del planteo limitado a esbozar una supuesta contrariedad constitucional y a formular ponderaciones genéricas de política criminal, inhabilitando así el ingreso a un procedimiento de excepción, como lo es la no aplicación de la pena cuestionada" (fs. cit. y vta.).
Finalmente, descartó que el decisorio incurriese en la violación de los preceptos que se denunciaron transgredidos, "...desde que la pena impuesta en el marco de la escala penal prevista en las figuras en las que se encuadró el hecho por el que se condenó a Mirta Celia Gómez no resulta -en cuenta de las particularidades del hecho y de la participación que vienen establecidas en el pronunciamiento impugnado- irrazonable ni, por ende, cruel o mortificante" (fs. 359 vta. cit.), y concluyó en la ausencia de mérito para acceder al planteo de inconstitucionalidad formulado.
IV. Cabe señalar que, sin perjuicio de la oportunidad del planteo, el confronte del contenido resolutivo antes reseñado con las alegaciones traídas en el recurso bajo examen permite constatar el sinsentido de la arbitrariedad y afectación del derecho al recurso que la parte atribuyó a lo decidido; como también la falta de explicitación de una crítica concreta y razonada que atienda las líneas argumentales en que la casación sustentó su postura sobre la validez constitucional de las penas perpetuas, más allá de la opinión personal discrepante expuesta (art. 495, CPP). Esta Corte tiene dicho que no es factible una decisión del alcance y trascendencia institucional que importa una declaración de inconstitucionalidad de la norma cuestionada, sin que a tales efectos hayan sido plasmados argumentos suficientemente concluyentes para revertir la evaluación con apoyo en la cual la instancia anterior falló en sentido contrario al pretendido (causas P. 131.924, sent. de 11-IX-2019; P. 128.646, sent. de 20-XI-2019; e.o.).
Los argumentos que se refieren al cercenamiento de las posibilidades de resocialización tampoco evidencian esa contradicción con normas de rango superior pues se ha dicho, siguiendo jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, que aun para el caso de las penas perpetuas estas no son realmente tales, porque de lo contrario lesionarían la intangibilidad de la persona humana; por lo cual deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento (CSJN causa "Giménez Ibáñez", sent. de 4-VII-2006; SCBA causas P. 84.479, sent. de 27-XII-2006; P. 94.377, sent. de 18-IV-2007; P. 133.630, sent. de 28-X-2020; e.o.), más allá de la posibilidad de acceso a algún instituto del régimen de progresividad.
Desde ese prisma, los planteos del recurrente no se asientan en la existencia de un perjuicio actual, porque recién ante una eventual denegatoria del acceso a algunos de los regímenes del período de prueba -de corresponder- o derechamente a la libertad cuando se estime agotada la pena, es que cobrarían actualidad los reclamos postulados.
Por lo demás, la parte no ha desarrollado argumentos que resulten suficientemente concluyentes como para justificar una decisión de tal gravedad institucional, último recurso del orden jurídico, como sería declarar la inconstitucionalidad de la especie de pena cuestionada (causa P. 132.755, sent. de 25-XI-2020).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. La señora defensora oficial adjunta denunció, en primer lugar, la desnaturalización de la tarea revisora de la sentencia de condena (arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 455 vta.). Sostuvo que el tribunal intermedio no cumplió a cabalidad con ese cometido al limitarse a reeditar lo dicho por el de grado en su decisión, sin realizar un análisis propio y amplio de la totalidad de las constancias de la causa.
Luego de transcribir -en lo que estimó pertinente- los agravios llevados por el señor defensor de la instancia ante el órgano casatorio (v. fs. 456/457) y la sentencia atacada (v. fs. 457 y vta.), señaló que el tribunal revisor, en vez de brindar respuesta a los planteos de la defensa "...sobre que los indicios no fueron tales o no fueron unívocos y la crítica de la falta de certeza de ellos", afirmó que no merecían acogida favorable (v. fs. 458).
Indicó que si bien se acreditó que el teléfono móvil terminado en 0888 se habría activado en una antena de Olavarría entre las 09:00 y las 21:00 hs., no se pudo probar que fuese Baldini quien lo utilizó (v. fs. 458 vta.).
Adujo que "...el indicio de relación preexistente entre Gómez y Baldini, relación que también tuvo Gómez con Severino y Severino con Baldini" no alcanza para fundar la autoría de su asistida (v. fs. 459). Agregó que tampoco puede afirmarse la existencia de llamadas entre ambas imputadas al tiempo del hecho, porque lo que se acreditó fue que se entablaron comunicaciones entre el teléfono celular de Gómez y el terminado en 0888, pero no que el último fuera utilizado ese día por Baldini (v. fs. cit.).
Destacó la falta de prue
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