Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134879
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.879, "R., M. M. -particular damnificada- y Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación- s/ Recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley en causa n° 103.362 del Tribunal de Cesación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 19 de agosto de 2020, rechazó el recurso homónimo interpuesto por el fiscal general del Departamento Judicial de Azul, contra el pronunciamiento dictado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de dicho departamento judicial que -por mayoría- hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa de J. M. R., revocó la resolución del Juzgado de Garantías n° 1 de Olavarría y declaró prima facie la prescripción de la acción penal en favor del mismo en orden a los delitos de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores en los términos del art. 119 tercer párrafo en función del primero y 125 del Código Penal (v. fs. 181/189 -sent. del tribunal intermedio- en relación con fs. 26/36 vta. -resol. de la Cámara-).
Frente a lo así decidido, M. M. R., en su carácter de particular damnificada con el patrocinio letrado del doctor Gonzalo Peydro (v. fs. 191/215 vta.), y el señor fiscal ante la instancia casatoria, doctor Carlos Arturo Altuve (v. fs. 223/235), interpusieron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley.
El Tribunal de Alzada, el 23 de diciembre de 2020, declaró admisibles ambos remedios extraordinarios. En lo que aquí importa, afirmó que la decisión impugnada era asimilable a definitiva en tanto impedía la prosecución de la causa (conf. art. 482, CPP). De seguido, sostuvo que -en el caso- los recurrentes habían postulado suficientes argumentos de índole federal para su adecuada consideración por medio del recurso de inaplicabilidad de ley, tales como la violación del principio de supremacía constitucional consagrado en el art. 31 de la Constitución nacional mediante la errónea aplicación del art. 62 del Código Penal, vulnerándose las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino al suscribir la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos del Niño y la Convención de Belem Do Pará (v. fs. 237/241).
Oído el señor Procurador General, quien se pronunció por la procedencia de los reclamos (v. fs. 256/259 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 261) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley articulados por la particular damnificada y por el fiscal ante el Tribunal de Casación?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Previo a ingresar al fondo del reclamo, resulta necesario efectuar algunas consideraciones con relación al juicio de admisibilidad realizado por el revisor (conf. art. 486, CPP).
I.1.a. En primer lugar, la equiparación a definitiva de la decisión recurrida no resulta acertada (conf. art. 482, a contrario sensu ).
En efecto, conforme se desprende de la resolución dictada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, la declaración de prescripción en favor del imputado se hizo prima facie , y se ordenó remitir las actuaciones al órgano de la instancia a los fines de verificar si surgían causales interruptivas de la prescripción de la acción previstas en el art. 67 del Código Penal. Sin embargo, no se verifica en el legajo casatorio que se hubieran recabado los informes de antecedentes penales de J. M. R., o que se hubiera dictado la prescripción definitiva.
Frente a ello, cabe recordar que es doctrina reiterada de esta Suprema Corte que la declaración de prescripción de la acción penal prima facie -más allá de su improcedencia sustancial en razón de que solo es dable disponerla cuando se encuentren reunidos con toda patencia los recaudos exigidos por los arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2 y 67 apdos. 2 y 4 del Código Penal- carece de esa nota de definitividad por la pendencia de aquella verificación de los antecedentes penales (conf. P. 128.095, resol. de 4-X-2017; P. 129.905, resol. de 8-XI-2017; P. 122.827, sent. de 27-VI-2018; P. 134.270, sent. de 14-X-2021; e. o., mutatis mutandi ).
I.1.b. Ahora bien, más allá de tal déficit en el análisis de la admisibilidad del recurso (conf. art. 486, CPP a contrario sensu ), lo cierto es que, teniendo en especial consideración que los hechos que se investigan se ubican temporalmente entre los años 1986 y 1993 (v. fs. 28 vta.), sumado a la etapa procesal en que se encuentra el expediente, por economía procesal cabe superar tal escollo y abordar sin más trámite la procedencia de los reclamos (conf. mutatis mutandi P. 129.905, resol. de 8-XI-2017; P. 132.950, resol. de 27-IV-2020; e. o.; art. 2, CPP).
I.2. En segundo término, teniendo en cuenta que, conforme la aludida resolución de admisibilidad, los recurrentes han traído a conocimiento de esta Suprema Corte similares agravios y argumentos (v. -en especial- fs. 237 vta./239 vta.), estimo oportuno, por razones metodológicas y de economía procesal, abordar dichos planteos en forma conjunta.
II.1. Sentado lo anterior, M. M. R. en su carácter de particular damnificada, con patrocinio letrado, tachó a la sentencia recurrida de arbitraria por indebida fundamentación y apartamiento de las expresas disposiciones convencionales a las que se obligara el Estado Argentino -en referencia a la Convención Americana de Derechos Humanos, Convención de los Derechos del Niño y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer-, soslayándose las previsiones de la ley 27.206 que modificó el art. 67 del Código Penal y de la doctrina dictada sobre la materia (v. fs. 191/193).
En cuanto a la procedencia de su reclamo, comenzó efectuando una serie de consideraciones teóricas acerca de la preeminencia -en su criterio- de los tratados internacionales sobre las disposiciones de derecho interno (v. fs. 198 vta./201 vta.).
Destacó que el órgano revisor falló al efectuar el respectivo control de convencionalidad interpretando erróneamente las disposiciones convencionales que obligan al Estado argentino, y que mantener tal criterio podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado (v. fs. 199).
Luego, mencionó las previsiones que consideraba aplicables al caso, tales como los arts. 3.1, 3.2, 19, 34 y 39 de la Convención de los Derechos del Niño; 8, 11.1, 11.2, 11.3 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1, 2, 4, y 7 "f", "g" y "h" de la Convención Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de Belém Do Pará- (v. fs. 201 vta./204 vta.).
Por último, la recurrente se ocupó de la exposición de los agravios ocasionados por el pronunciamiento impugnado. En prieta síntesis, adujo que el órgano revisor debió abstenerse de aplicar los arts. 63 y 67 del Código Penal en su antigua redacción, dado que las expresas disposiciones de los convenios internacionales aludidos "...ya estaban operativas, por lo que el compromiso de evitar que los sujetos destinatarios de dichas convenciones (los niños y las mujeres) fueran víctimas de abusos sexuales, y llegado el caso, llevar adelante la investigación y determinar el/los responsable/s ya era una obligación vigente y de cumplimiento ineludible para la República Argentina" (fs. 205).
Resumió que "...la única derivación razonada del derecho vigente consiste en que ante la denuncia de acontecimientos como los que puse en cabeza de J. R. (cuando era una niña pequeña), al Estado argentino no le queda otra alternativa que llevar adelante su juzgamiento, donde ciertamente podrá ejercer todos los derechos y garantías que le asisten, y el plazo de prescripción de la acción deberá computarse desde que interpuse la denuncia que diera origen a estas actuaciones " (fs. 205 vta.; el destacado figura en el original).
Explicó que la aplicación de la "ley penal más benigna" prohíbe, en rigor, la creación de nuevos tipos penales o la ampliación de las respectivas escalas penales y su aplicación retroactiva. En esa senda, arguyó que la ley 27.206 no creó nuevas figuras penales ni agravó las penas, y que, durante la época en la que ocurrieron los sucesos denunciados, la República Argentina ya había suscripto la Convención sobre los Derechos del Niño (año 1990), por lo que no resultaría siquiera necesario aplicar en forma retroactiva ninguna disposición legal novedosa (v. fs. cit.).
Destacó que la aludida convención prevé que en todo conflicto que involucre a sus sujetos destinatarios (los niños) y a la hora de sopesar los intereses en juego, refiriéndose al instituto de la prescripción por oposición al derecho a que se investiguen los hechos denunciados, debe prevalecer el interés superior del niño, que incluye una vida libre de abusos sexuales o la investigación de tales acontecimientos, además de la adecuación de las disposiciones de derecho interno a los fines establecidos en aquel tratado (v. fs. 207).
Argumentó que "...desde que la República Argentina suscribió la Convención Sobre los Derechos del Niño y la Convención de Belém Do Pará, asumió el compromiso insoslayable de evitar abusos sexuales durante la infancia y de garantizar la realización del juicio oral cada vez que una mujer denuncie un hecho de competencia (de la Convención de Belém Do Pará), y en caso de conflicto de intereses, debe inclinarse hacia el 'interés superior del niño', no pudiendo el Estado invocar un obstáculo de derecho interno como el instituto de la prescripción para incumplir los elevados compromisos asumidos, sin comprometer su responsabilidad internacional" y que "La prescripción es un obstáculo de perseguibilidad que debe [...] removerse, pues no se puede eludir la responsabilidad que el Estado mismo asumió con anterioridad a través de un acto federal más complejo (la firma de un tratado) que la sanción de una norma inferior como el Código Penal de la Nación, a través de una disposición de derecho interno que debió adecuarse oportunamente" (fs. 208 vta.).
En aval a su posición, invocó la doctrina emergente de los fallos "Giroldi", "Ilarraz" y "Gallo López", entre otros, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 209 vta./213).
Concluyó que debe revocarse la resolución impugnada de acuerdo a las disposiciones fijadas en las aludidas convenciones internacionales y la ley 27.206, ordenándose la prosecución de las presentes actuaciones según su estado por no haberse extinguido la acción penal iniciada en contra de J. R. (v. fs. 214 vta.).
II.2.a. A su turno, el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal denunció que la resolución impugnada se encuentra en pugna con los Tratados y Convenciones de Derechos Humanos que el Estado argentino ha ratificado y por medio de los cuales se ha comprometido a investigar y sancionar a los responsables de este tipo de delitos (v. fs. 226 vta.).
Expresó que el art. 62 del Código Penal debe ser interpretado en consonancia con las normas del derecho internacional relevantes, en particular con la Convención sobre los Derechos del Niño (v. fs. cit.).
Con antelación al desarrollo de los fundamentos de su impugnación, efectuó una reseña de los antecedentes del caso (v. fs. 226 vta./227 vta.).
De seguido, adujo que si bien la ley 26.705 (B.O., 5-X-2011) -que incorporó el segundo y tercer párrafo al art. 63 del Código Penal- y luego la ley 27.206 (B.O., 10-XI-2015) -en cuanto derogó los mencionados párrafos del art. 63 e introdujo modificaciones al art. 67, ambos del Código Penal-, entraron en vigencia con posterioridad a la fecha de los hechos aquí denunciados, a la época de tales ilícitos "...se encontraban ya vigentes los principios jurídicos fundamentales que motivaron la reforma en la norma nacional pues el Estado Argentino ya había adquirido, como Estado Parte, en convenciones internacionales de rango constitucional, particularmente la Convención sobre los Derechos del Niño" (fs. 228 y vta.).
Alegó que en los fundamentos que acompañaron el proyecto de la ley 26.705, y en similares términos la ley 27.206, se remarcó que: "La Convención sobre los Derechos del Niño -incorporada a nuestra Constitución Nacional- impone al Estado Argentino la adopción de medidas tendientes a asegurar al menor la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, en tanto que la ley 26061 dispone el derecho del niño, de la niña y del adolescente a proteger su integridad física, sexual, psíquica y moral estableciendo que, cuando existiere conflicto entre los derechos e intereses de los menores frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, deberán prevalecer los primeros" (fs. 228 vta. y 229; la cursiva figura en el original).
En el mismo sentido, invocó lo resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal en la causa n° 191/2012/CFC1 caratulada "A. J. s/ Recurso de Casación" (v. fs. 229/230).
Explicó que, en el caso, la denuncia fue efectuada por la víctima el 15 de junio de 2018 y que, a partir del conocimiento de los hechos por parte del Ministerio Público Fiscal, resulta indelegable e inexcusable el cumplimiento de la obligación de investigar con la debida diligencia reforzada asumida por el Estado argentino en la normativa internacional aludida, lo que "...no puede ser dejado de lado por una regulación de inferior jerarquía, en el caso el art. 62 del Código Penal" (fs. 230).
Con apoyo en el fallo "Arancibia Clavel" de la Corte federal, destacó que -en el caso- la investigación no fue abandonada por inactividad o desinterés estatal, pues el Estado tomó conocimiento de los hechos delictivos en el año 2018 y desde entonces se adoptaron diversas medidas investigativas tendientes a cumplir con las obligaciones internacionales asumidas. De igual modo, señaló que la demora de la víctima en efectuar la denuncia se debió a los obstáculos estructurales que presentan este tipo de hechos y, en buena medida, a su triple condición de vulnerabilidad: su edad, género y condición de victimización temprana (v. fs. 230 vta.).
Citó en su apoyo, entre otros, el aludido fallo "Gallo López" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 231 y vta.).
Finalmente, reiteró que la decisión impugnada vulnera obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño y violenta el principio de supremacía constitucional consagrado en el art. 31 de la Constitución nacional mediante la errónea aplicación del art. 62 del Código Penal (v. fs. 233 vta.).
II.2.b. Luego, denunció la arbitrariedad del fallo recurrido por fundamentación aparente e incongruencia citra petita (v. fs. 233 vta.).
En tal sentido, argumentó que mientras el fiscal general centró su reclamo en que el inicio del plazo para contabilizar la prescripción de la acción penal debía computarse a partir de que la víctima tuvo la capacidad psíquica necesaria para poder instar la acción penal, el órgano revisor hizo referencia a las reformas introducidas por las leyes 26.705 y su modificatoria 27.206, así como a la vigencia del art. 2 del Código Penal que -en consonancia con las normas convencionales (arts. 9, CADH y 15.1, PIDCP)- consagra la aplicación de la ley penal más benigna, e invocando el principio de legalidad concluyó en la declaración de prescripción por el transcurso del tiempo, lo cual -en su parecer- no se correspondía con los agravios vertidos (v. fs. 234 y vta.).
III. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar a los recursos interpuestos por el fiscal y la particular damnificada (v. fs. 256/259 vta.).
IV. Para dar fundamento a la solución que propicio es menester efectuar un breve repaso de las circunstancias relevantes de la causa.
IV.1. Conforme surge de los antecedentes, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul resolvió -por mayoría- hacer lugar al recurso de apelación y declarar prima facie la prescripción de la acción penal en favor de J. M. R., en orden a los delitos de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores (v. fs. 26/36 vta.).
Sostuvo que la cuestión radicaba en determinar si correspondía aplicar al caso las previsiones vigentes de los arts. 63 y 67 del Código Penal, o la versión anterior a las reformas introducidas por las leyes 26.705 y 27.206 a los artículos mencionados (v. fs. 28).
Destacó que el art. 63 -en su anterior redacción según ley 26.705- y el actual art. 67 -modificado por la ley 27.206- ampliaron el plazo a los fines de computar el inicio del término de prescripción de la acción penal, siendo en consecuencia más desfavorable al imputado, y que "...teniendo en cuenta las fechas [...] en que dichas leyes fueron promulgadas [...] se advierte que las reformas fueron posteriores a la fecha en que se consumaron los delitos investigados" (fs. cit.).
Señaló que los hechos denunciados el 15 de junio de 2018 por la víctima encuadraban en los delitos de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores, que ocurrieron entre los años 1986 y 1993 y cesaron cuando la damnificada tenía 12 años de edad. Sentado ello, advirtió que en el caso operaban las disposiciones del art. 2 del Código Penal, y que "...debido a que resulta la ley más benigna para el imputado, cobra ultraactividad el art. 67 del CP en la versión anterior a la reforma de la ley 27206, con lo cual no resulta aplicable la causal de suspensión de la extinción de la acción penal basada en la minoridad de la víctima" (fs. 28 vta.).
En ese discurrir, invocó lo decidido en distintos precedentes del Tribunal de Casación Penal de esta provincia y de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, los que transcribió en su parte pertinente (v. fs. 28 vta./30 vta.).
Explicó entonces que "...fue necesaria primero la reforma -hoy derogada- al artículo 63 del CP por la ley 26705 y luego al art. 67 -actualmente vigente- por la ley 27206 para ampliar el plazo de prescripción de la acción penal en razón de la minoridad de la víctima, por lo que debe entenderse que antes de dichas leyes sus disposiciones no operaban. Interpretar lo contrario llevaría a preguntarnos qué sentido tuvieron entonces las reformas analizadas" (fs. 30 vta.).
Adunó a ello, que "...aplicar retroactivamente el cuarto párrafo del art. 67 del CP, en su actual versión, conculcaría garantías constitucionales relacionadas con el principio de legalidad y, con ello, con la imposibilidad de aplicar retroactivamente una ley más gravosa para el imputado (reconocidas en tos art. 18 de la C.N y 9 de la C.A.D.H.)" y que "...no hay ninguna disposición constitucional que expresamente imponga al legislador establecer límites a las decisiones legislativas cuando se trata de regular el régimen de prescripción de la acción penal que corresponde a delitos contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de niños" (fs. cit.).
Con relación al caso, sostuvo que, de acuerdo a las escalas penales previstas por los delitos endilgados, debía estarse al plazo de doce años (arts. 62 inc. 2, 119 tercer párrafo en función del primero y 125 segundo párrafo, todos del Código Penal). Expresó que "...dichos plazos -conforme lo normado por el art. 63 del CP- comenzaron a transcurrir, desde la fecha que cesaron de cometerse esos delitos, mojón temporal que de acuerdo a lo que depone la víctima sería en el año 1993" y que desde ese año "...hasta que la [víctima] incoa su denuncia poniendo en conocimiento de la justicia la noticia criminis -15 de junio de 2018-, han transcurrido con holgura más los doce años previstos por nuestra legislación de fondo como plazo para la prescripción de la acció
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