Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135381
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.381, "Herrera, Hugo Ignacio y Nieto, Romina Alejandra s/ recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley en causa n° 90.707 y su acum. 92.148 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires -en lo que interesa destacar-, mediante el pronunciamiento dictado el día 19 de marzo de 2019, rechazó los recursos interpuestos por la defensa de Hugo Ignacio Herrera (causa 90.707) y Romina Alejandra Nieto (causa 92.148) contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes que condenó a los nombrados a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y costas, como coautores del delito de omisión de denunciar torturas, con imposición de reglas de conducta. Asimismo, dejó aclarado que los nombrados resultan ser autores del delito por el cual fueron condenados (v. fs. 61/70 vta.).
Frente a lo así resuelto, la defensa particular de Hugo Ignacio Herrera, ejercida por el doctor Juan Ángel Di Nardo y la señora defensora oficial adjunta ante la aludida instancia en favor de Romina Alejandra Nieto, dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 80/85 y 97/102 vta., respectivamente), los que fueron admitidos parcialmente por la Sala recurrida (en cuanto a la denuncia de arbitrariedad de la decisión y a la transgresión de principios constitucionales por el rechazo del pedido de extinción de la acción penal por violación del plazo razonable de duración del proceso; v. fs. 110/112 vta.). Surge del informe de fs. 144 que contra la parcela denegada el doctor Di Nardo no dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 146/153), dictada la providencia de autos (v. fs. 155) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley articulados por la defensa particular de Hugo Ignacio Herrera y por la defensa oficial a favor de Romina Alejandra Nieto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Conforme quedó indicado en la relación de antecedentes, los recursos de ambas defensas fueron concedidos al solo efecto de que esta Corte examine la cuestión federal sustentada en la violación del derecho de los acusados a ser juzgados en un plazo razonable, decisorio que llegó incontrovertido a esta sede. Y dado que ambas impugnaciones contienen similares argumentaciones encaminadas a obtener la misma resolución, procederé a abordar su tratamiento en forma conjunta.
I. El doctor Di Nardo, en lo que importa, requirió que se declare la insubsistencia de la acción penal por violación del plazo razonable y su consiguiente fenecimiento, declarándose la prescripción.
Comenzó relatando que el hecho que dio origen a estas investigaciones se produjo el día 11 de mayo de 2002, que recién el día 10 de julio de 2006, es decir, a más de cuatro años del suceso investigado, el Tribunal Oral en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes dispuso la extracción de testimonio de la sentencia dictada en esa fecha y la continuación de la investigación respecto de los imputados, entre otros; que el día 3 de mayo de 2007 la Fiscalía de Cámara ordenó el pase a la Secretaría de Registro y Asignaciones y en idéntica fecha se la adjudicó a la Unidad Funcional de Instrucción n° 4 a cargo del doctor Andrés Federico Nieva Woodgate, quien siete meses después, sin la realización de ningún acto útil, tuvo al denunciante Gustavo David Cardozo como particular damnificado; que el día 26 de agosto de 2010 la defensa pidió que se declare prescripta la acción, siendo que el Ministerio Público Fiscal contestó la vista conferida el día 25 de julio de 2011 y, en escrito aparte, resolvió citar a Herrera en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal primero -por error- para un día feriado (22 de agosto de 2011) y, posteriormente, para el día 13 de septiembre de ese año; y que, un año y un mes después, se requirió la elevación a juicio (v. fs. 80 vta. y 81).
Manifestó, finalmente, que luego de siete años se celebró el debate oral, sin que medien recursos ni pedidos de suspensión de esa parte.
Afirmó que en el transcurso de dieciséis años se realizaron tres actos que -en su opinión- pueden considerarse útiles: la denuncia (cuatro años y medio después del hecho), el llamado a declarar en los términos del art. 308 del Código de rito (cinco años después de la denuncia) y la requisitoria de elevación a juicio (un año después de la declaración) -ver fs. 81 vta.-.
Aseveró que se han producido dilaciones injustificadas que obedecen exclusivamente a la desidia de los funcionarios intervinientes y que en ningún caso son achacables a la defensa o al imputado; así como que no se aprecia ninguna circunstancia que justifique el "plazo irrazonable" utilizado para investigar, "...pues la simple lectura del expediente permite concluir que lo único que se ha hecho es glosar la sentencia y llamar a declarar a los imputados" (fs. cit.).
Con cita de doctrina y jurisprudencia de la Corte federal concluyó que ante el excesivo tiempo de duración del proceso debe ponerse fin a la causa por medio de la declaración de la extinción de la acción penal por prescripción, en la medida que ello constituye la vía idónea para determinar la cesación de la potestad punitiva estatal por el transcurso del tiempo y salvaguardar de este modo el derecho constitucional a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (arts. 18, Const. nac. y 8 inc. 1, CADH; v. fs. 81 vta. y 82).
II. Por su parte, la señora defensora oficial adjunta de Nieto denunció la violación del plazo razonable de duración del proceso (arts. 8.1, CADH y 9.3, PIDCP) y a ser juzgado sin dilaciones indebidas (art. 1.3 inc. "c", PIDCP), ambos incorporados en el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. fs. 99).
Luego de reseñar sucintamente los argumentos brindados por el tribunal de juicio y por el órgano casatorio para descartar similar planteo al ahora traído, sostuvo que esa última sentencia, en tanto reprodujo los fundamentos del fallo originario, está alejada del estándar de razonabilidad, configurándose en un acto jurisdiccional arbitrario, por no corresponderse con las constancias comprobadas en la causa, en tanto prescindió del estudio de ciertas actuaciones y realizó un análisis parcial de otras, lo cual habría derivado en la frustración de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable y en una infracción directa del derecho de defensa en la instancia recursiva (art. 18, Const. nac.; v. fs. 99 vta.).
Explicó que, frente al agravio que portaba el recurso de casación intentado por el doctor Di Nardo, se negó la existencia de infracción del plazo razonable de duración del proceso sin haber tenido a la vista el expediente principal, a fin de revisar la demora de más de diecisiete (17) años en la tramitación del mismo (v. fs. 100).
Luego de detallar los avatares de la causa hasta el momento en que se celebró el debate oral en el mes de febrero de 2018, insistió en la denuncia de violación de la garantía de la imputada a ser juzgada en un plazo razonable (v. fs. 100/101).
Al efecto, citó los precedentes "Mattei", "Mozzatti", "Kipperband" y "Podestá" de la Corte nacional (v. fs. 101 vta./102 vta.).
III. Coincido con el dictamen de la Procuración General: los recursos no son procedentes.
Preliminarmente corresponde repasar el derrotero de esta causa.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes, por sentencia del día 10 de julio de 2006, condenó a Marta Jorgelina Oviedo a la pena de prisión perpetua por resultar coautora del delito de torturas seguidas de muerte (víctima Andrea Elizabeth Viera) y se la absolvió por el delito de torturas (víctima Gustavo David Cardozo), fallo que fue parcialmente confirmado por el tribunal casatorio (v. fs. 14 vta.). En dicha pieza procesal se dispuso extraer testimonios del juicio para continuar la investigación sobre otros posibles delitos de acción pública.
III.2. Ello así, como resultado de una nueva investigación, en lo que aquí interesa, se formó la presente causa en la que resultaron imputados Hugo Ignacio Herrera (causa 6.914) y Romina Alejandra Nieto (causa 7.707).
En oportunidad de celebrarse la audiencia de debate, la defensa particular de Hugo Ignacio Herrera, como cuestión preliminar, solicitó la declaración de prescripción de la acción penal por la insubsistencia de la acción por violación del plazo razonable de duración del proceso.
El tribunal interviniente, previo al desarrollo del juicio, rechazó dicha petición. Para así decidir señaló que, para evaluar específicamente si se ha configurado un retardo injustificado en la decisión judicial, "...debe analizarse con el prisma que aportan elementos tales como la complejidad del caso, la conducta del imputado y de las autoridades competentes y el análisis global del proceso penal, conforme la doctrina que emana de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (vgr. Suárez Rosero vs. Ecuador, sentencia del 12 de noviembre de 1997, entre muchos otros), a lo que cabe agregar las razones de la demora y los perjuicios que ésta pudiere producir en el causante". Luego de revisar los plazos dentro de los cuales se realizaron todos los actos indispensables para el desarrollo del presente proceso, expresó que "...no se advierten demoras injustificadas que habiliten la procedencia del beneficio intentado. Más aún cuando el inicio de las presentes actuaciones fue producto de la sentencia dictada a coimputados por el delito de tormentos seguido de muerte por el Tribunal en lo Criminal n° 3 departamental, en causa no 3383, con fecha 10 de julio de 2006, donde también intervinieran expidiéndose por otros encausados, tres órganos de juicio más este Tribunal, que recibiera estos actuados luego de la intervención del Tribunal de Casación Penal". En ese marco precisó que "...el caso es por demás complejo por la materia, por la cantidad de hechos y personas originariamente involucradas en él, ya sean imputados o víctimas y por la actividad probatoria y recursiva llevada a cabo", y que a consecuencia de ello "...la actuación de las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal ha sido adecuada a la situación, por lo que no se advierte la presencia de demoras injustificadas en la tramitación del caso". Coligió que la garantía de ser juzgado en un plazo razonable no ha sido vulnerada en este caso "...pues la duración del proceso resulta acorde a las circunstancias antedichas, por lo que sólo cabe concluir que la acción penal se encuentra vigente" (fs. 5 y vta.).
Finalizado el debate, el Tribunal referido dictó sentencia el día 15 de febrero de 2018 condenando a Hugo Ignacio Herrera y a Romina Alejandra Nieto a la pena -para ambos- de dos (2) años de ejecución condicional por resultar coautores del delito de omisión de denunciar torturas (arts. 45 y 144 quater inc. 2, Cód. Penal), cometido el día 12 de mayo de 2002 en el partido de Florencio Varela en perjuicio de Andrea Elizabeth Vera y de Gustavo David Cardozo. Además, se les impuso por el término de dos años reglas de conducta (v. fs. 14/26 vta.).
III.3. Frente a lo así decidido se dedujeron sendos recursos casatorios (v. fs. 37/42 vta. del legajo casatorio 92.148 en favor de Romina Alejandra Nieto y 31/37 vta. del presente en favor de Hugo Ignacio Herrera), los que fueran rechazados en el fallo que ahora se impugna. Sin perjuicio de ello, con invocación del art. 462 del Código Procesal Penal, el a quo procedió a aclarar que los imputados resultaban autores del delito de omisión de denunciar torturas.
En el análisis del planteo sobre la insubsistencia de la acción penal, el órgano intermedio destacó que la petición era una reedición de la realizada durante el debate con relación a Herrera (reiterada en esa instancia por la defensa particular de ambos imputados), sin que la parte haya desacreditado las sólidas razones dadas por los magistrados del juicio para rechazarla (v. fs. 63 vta.).
Señaló que ese Tribunal no encontró demoras injustificadas que habilitaran su procedencia, teniendo en consideración que las presentes actuaciones fueron producto de la sentencia del día 10 de julio de 2006 dictada a coimputados por el delito de tormentos seguido de muerte (causa 3.383), donde también intervinieron tres órganos de juicio, expidiéndose por otros encausados, además de ese Tribunal que recibió los autos luego de la intervención del Tribunal de Casación Penal (v. fs. cit. y 64).
Agregó que dicho órgano destacó "...que el caso es por demás complejo por la materia, por la cantidad de hechos y personas originalmente involucradas en él, ya sean imputados o víctimas y por la actividad probatoria y recursiva llevada a cabo [...] A consecuencia de ello es que la actuación de las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal ha sido adecuada a la situación", no advirtiendo demoras injustificadas en la tramitación del proceso (v. fs. 64 y vta.).
Seguidamente reseñó la doctrina en la materia sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por esta Corte, y expuso que no surge un límite temporal exacto de duración del proceso, sino que se deben considerar las particularidades de cada caso, siendo parámetros a tener en cuenta el tiempo transcurrido, la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, el perjuicio concreto del interesado y la conducta de las autoridades judiciales, entre otros similares (v. fs. 65).
La señora jueza ponente, doctora Budiño, que concitó la adhesión simple del señor juez Mancini, expresó que "...las razones del Tribunal (que comparto y a las que me remito para evitar reiteraciones innecesarias) aparecen fundadas y respetuosas de las pautas constitucionales y convencionales que delimitan el concepto de plazo razonable" (fs. cit.).
A ello sumó, sin desconocer la larga duración del proceso, que la defensa no logró acreditar que se hayan superado los límites temporales razonables para celebrar el debate, dictar la sentencia y transitar esa vía recursiva, considerando -entonces- que el planteo resultaba insuficiente (v. fs. 65 y vta.).
IV. Como se adelantó, el cuestionamiento vinculado a la violación de la garantía del plazo razonable no es de recibo.
Tal como concluyó la Procuración General a fs. 148 vta. y 149 de su dictamen, la impugnación es insuficiente para evidenciar que el examen del a quo se halle teñido del vicio reprochado, siendo que las razones sustanciales que lo determinaron a resolver la cuestión en sentido contrario al pretendido, no han merecido una refutación eficaz que permita descalificar la validez jurisdiccional de su pronunciamiento.
En efecto, las defensas hicieron hincapié en el alongado trámite de este proceso sin hacerse cargo de los fundamentos esgrimidos en la sentencia que resultó adversa a sus pretensiones, por lo que media insuficiencia (art. 495, CPP).
Resulta oportuno recordar que nuestro ordenamiento jurídico no tiene una regla preceptiva sobre un límite temporal exacto para la duración del proceso penal, por lo que debe acudirse a la llamada "teoría de la ponderación". Así lo han interpretado en materia de derecho supranacional los organismos de aplicación interamericanos, que tomando como fuente las decisiones de los órganos europeos de derechos humanos, han considerado que el plazo razonable no puede fijarse en abstracto, sino que requiere un examen de las circunstancias particulares del caso.
Sobre tal base, y con invocación de precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha sostenido en el caso Suárez Rosero (sent. de 12-XI-1997, con cita de los casos del Tribunal Europeo: TEDH Motta , 19-II-1991 y Ruiz Mateos , 23-VI-1993), que para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso debe tomarse en cuenta la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales, aunque también corresponde reparar en el perjuicio o afectación actual que la alongación del juicio implica para la situación jurídica del individuo, así como la gravedad del suceso atribuido (conf. causas P. 70.200, sent. de 27-VIII-2008 y P. 88.303, sent. de 25-III-2009).
Con este marco referencial, igualmente tenido en cuenta en el fallo de la casación, concuerdo con el señor Procurador General en que tales alegaciones mínimas no se han cumplido en estas presentaciones extraordinarias. También hago propias las consideraciones que a mayor abundamiento efectuó en su dictamen, particularmente referidas al derrotero de esta causa que "...deja traslucir a las claras la complejidad del caso, pues existió pluralidad de imputados (el que a través del juicio primigenio, se pudieran conocer tramos fácticos que reimpulsaron la investigación originaria) a lo que debe sumarse un contexto gravísimo sobre los sucesos endilgados a Herrera y Nieto que derivan de los delitos de torturas y torturas seguidas de muerte..." (fs. 151 y sigs., cuyas consideraciones doy por reproducidas en el presente).
Así entonces, ante las particularidades del caso, la defensa particular de Herrera se limitó a reeditar sus anteriores planteos, sin refutar los sólidos argumentos del revisor que trascribió e hizo propios los brindados por el tribunal de juicio, en particular en lo referido a la complejidad del caso, a la cantidad de hechos y personas involucradas, como imputados o víctimas, más toda la actividad probatoria y recursiva llevada a cabo.
Por su parte la defensa oficial de Nieto incurrió en similar omisión al insistir en la alegada alongación del proceso, sin ocuparse de rebatir las razones que esgrimió el órgano intermedio para desestimar su pretensión.
Por otra parte, en cuanto a la doctrina emergente de los precedentes que invocó la defensa oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabe señalar que ningún intento ha sido efectuado para justificar que la solución allí adoptada pudiera ser trasladable a este caso a pesar de las particularidades que los diferencian.
En definitiva, los recurrentes dejaron sin adecuado análisis los diversos parámetros que fueron tenidos en cuenta a la hora de resolver sobre la aplicación de la garantía invocada, en particular lo correspondiente a las características propias del caso que fueran examinadas en las instancias anteriores, incurriendo así en insuficiencia (doctr. art. 495, cit.; conf. causas P. 98.415, sent. de 5-XII-2007; P. 94.140, sent. de 20-VI-2007; P. 119.025, sent. de 24-II-2016; P. 128.922, sent. de 21-XI-2018; P. 129.350, sent. de 14-IV-2019; e.o.).
Como consecuencia de lo expuesto, ha quedado sin sustento la denuncia de arbitrariedad articulada.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa de Hugo Ignacio Herrera, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa oficial a favor de Romina Alejandra Nieto, con costas (arts. cits., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales correspondientes del doctor Juan Ángel Di Nardo, por los tra
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