Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135653
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.653, "V., F. E. y Roldan, Jorge Armando -Fiscal Adjunto de Casación Penal- s/ recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley en causa n° 97275 del Tribunal de Casación Penal -Sala II-", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 8 de octubre de 2020, rechazó los recursos presentados por la señora defensora oficial, el agente fiscal y la particular damnificada, por mayoría en estos últimos, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que condenó a F. E. V. a la pena de seis años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado -dos hechos- en concurso real de delitos (arts. 119 tercer párrafo y 55, Cód. Penal) -ver fs. 120/132 vta.-.
Contra lo así resuelto, el señor fiscal ante la aludida instancia, doctor Jorge Armando Roldán, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 134/145 vta.); igual recurso dedujo la señora defensora oficial adjunta ante Casación, doctora Ana Julia Biasotti, en beneficio de F. E. V. (v. fs. 149/160); ambos fueron concedidos por la aludida Sala II (v. fs. 161/166).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 171/177), dictada la providencia de autos (v. fs. 178), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Ministerio Público Fiscal?
2ª) ¿Lo es el deducido por la defensa oficial en beneficio de F. E. V.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Jorge Armando Roldán, deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y formula dos agravios:
I.1. En primer lugar, denuncia arbitrariedad normativa y fundamentación aparente por haberse desechado las figuras calificadas propuestas por ese ministerio público, debido a una errónea aplicación de la ley sustantiva por inobservancia del art. 119 tercer párrafo en función del cuarto párrafo incs. "a" y "f" del Código Penal (v. fs. 139 vta. y 140).
Con relación a la calificación agravada por el "aprovechamiento de convivencia preexistente" (art. 119 inc. "f" del cuarto párrafo, Cód. Penal), luego de hacer alusión al debate parlamentario de la ley 25.087, destaca que el juzgador de la instancia consideró no acreditada esa convivencia preexistente por considerarla ocasional y no sostenida en el tiempo, pese a que según los dichos de la madre y hermanos de la víctima el imputado pernoctaba en la vivienda; criticó que en ambas instancias la descartaron al asignarle a la norma un contenido que no tiene al exigir como requisito la demostración cabal de una "verdadera convivencia" o una "convivencia sostenida", lo cual desnaturaliza su contenido. Refirió que dicha agravante fue incorporada por el legislador a los fines de proteger a víctimas menores de edad por hallarse en una situación de mayor vulnerabilidad derivada de su edad y la cohabitación con el autor del delito, quien se aprovecha de tales circunstancias (v. fs. 141 y vta.).
Seguidamente, cuestiona el rechazo a la figura agravada de abuso sexual en función del "grave daño a la salud (psíquica)" provocado a la víctima con motivo del ataque. Señala que el hecho de que una mujer o niña transite un embarazo fruto de un abuso sexual, conlleva una situación que debe ser considerada constitutiva de grave daño a la salud en los términos exigidos por la norma, por lo que el rechazo por parte de las anteriores instancias implicó una "fundamentación aparente" y contradictoria en tanto se reconoció el impacto que el embarazo y posterior nacimiento generó en la joven. Sobre esa postura, trae a colación el voto en disidencia de la doctora Budiño quien destacó el modo arbitrario con que el juzgador de la instancia descartó la valoración de esa circunstancia (v. fs. 141 vta./142 vta.).
I.2. En último término, denuncia arbitrariedad por afirmaciones dogmáticas y apartamiento de los planteos formulados respecto a las pautas agravantes en la determinación de la pena, las cuales tuvieron de parte del Tribunal de Casación un tránsito aparente por esa instancia.
Critica el rechazo de la circunstancia agravante vinculada con la "formación del imputado" debido a su condición de militar, como también de la "extensión del daño causado". En sustento de su postura vuelve a aportar consideraciones del voto en minoría de la jueza integrante del tribunal intermedio (v. fs. 143/144 vta.).
Por último, pone en evidencia la fundamentación aparente de ese órgano al haber ignorado los planteos articulados por el fiscal de la instancia, y haber convalidado una decisión infundada en lo relativo a las agravantes de la pena (v. fs. 144 vta.).
Por todo lo expuesto, solicita se deje sin efecto la sentencia dictada por la Casación, y se devuelvan los autos para que se dicte una nueva que aborde correctamente los planteos formulados por esa parte, se haga lugar a la calificación legal propuesta, con la determinación de la pena acorde a la magnitud de ese ilícito (v. fs. 145 y vta.).
II. El señor Procurador General propuso hacer lugar a la impugnación (v. fs. 171/177 vta.).
III. El recurso prospera de manera parcial y de conformidad con el alcance que a continuación se expondrá.
Más allá de la excepcionalidad de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias, no debe olvidarse que ella también procura asegurar respecto del Ministerio Público Fiscal la plena vigencia del debido proceso que se dice conculcado -ver fs. 134 vta.- (conf. doctr. CSJN Fallos: 299:17 y 331:2077) exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente (CSJN Fallos: 311:948 y 2547; 313:559 y 321:1909), extremo que -con arreglo a las consideraciones que siguen- se aprecia en el caso.
El recurrente refiere además que los hechos que se juzgan acaecieron cuando la víctima era menor de edad, trayendo a colación la calidad de "niña" en los términos de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y los casos "Miguel Castro vs. Perú" y "Campo Algodonero" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 135 vta.).
IV. El primer agravio relativo a la denuncia de arbitrariedad normativa y fundamentación aparente por haber desechado las figuras calificadas del abuso sexual (v. acápite I.1. de la presente), prospera parcialmente.
Veamos.
IV.1.a. El Tribunal en lo Criminal n° 3 de Bahía Blanca, tuvo por acreditado que "...durante las vacaciones de invierno del mes de julio del año 2016, y en circunstancias en que un individuo se encontraba en el domicilio de calle … … Nro. … de Punta Alta, durante el horario matutino se introdujo en la cama matrimonial en la que se encontraba durmiendo la menor A. L. R., de trece años de edad, besó a la niña en contra de su voluntad, y mientras se movía para evitar que la agarrase, la tomó del brazo, la tironeó de la remera y la penetró vía vaginal sin su consentimiento. Que estos hechos sucedieron en el período de tiempo y lugar especificados, en dos oportunidades, en dos días distintos. Como consecuencia de los accesos carnales la víctima quedó embarazada, dando a luz a A. R." (fs. 57).
Al momento de calificar el hecho realizó una reseña del encuadre legal solicitado por el fiscal y las consideraciones formuladas al respecto por la defensa de F. E. V.. Seguidamente, en coincidencia con esta última parte, sostuvo que "No existió una convivencia preexistente, ni mucho menos guarda de la menor. Tanto la madre y hermanos de la víctima declararon que V. se quedaba eventualmente a pernoctar en la vivienda, que le era permitido por inconvenientes familiares propios. No se habló de una convivencia sostenida en el tiempo, más bien resultaba ocasional. Tampoco surgió que fuera quien quedaba al cuidado de la menor, mientras la madre trabajaba".
En cuanto al grave daño a la salud psicofísica, el sentenciante de origen consideró que tampoco fue probado debido a que "El embarazo, más allá de transitarlo a una prematura edad, no le acarreó ningún problema físico. Tampoco surge que haya padecido problemas de índole psíquico. Se mencionó que A. tenía un rechazo hacia su hija, que le costaba abrazarla. Lo cierto es que ello fue mencionado por la madre de la víctima, aunque aclaró que resultaba ser una apreciación personal. Que, al concurrir a la psicóloga Del Valle Casas, ésta mencionó que podía tener alguna ambivalencia, como cualquier maternidad, según aclaró. Por lo demás dijo que en alguna ocasión A. concurrió junto a la bebé a las sesiones, sin que la profesional advirtiera nada anormal". También descartó la posibilidad de encuadrar el suceso como estupro tal y como había solicitado la defensa.
Finalmente, el tribunal condenó a F. E. V. a la pena de seis años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado -dos hechos- en concurso real de delitos, en los términos de los arts. 119 tercer párrafo y 55 del Código Penal (v. fs. 58 vta./60, sent. de condena).
IV.1.b. El agente fiscal dedujo contra ello recurso de casación (v. fs. 79/85 vta.).
En el punto II vinculado con la "PROCEDENCIA", señaló que en la determinación de la pena no se atendió al peligro ni a la extensión del daño causado, dejando a un lado "...derechos fundamentales de las víctimas que tienen rango constitucional (asegurados por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer –'Convención de Belem do Pará', aprobada por Ley N° 24.632)" (fs. 80 y vta.).
Se agravió -en primer lugar-, del rechazo al planteo sobre las pautas agravantes genéricas relativas a la "formación del imputado", por su condición de "militar" y la "extensión del daño causado"; también denunció una arbitraria y errónea aplicación del precepto legal o doctrina jurisprudencial respecto del juicio de tipicidad (v. rec. de fs. 79/85 vta.).
Particularmente en lo que interesa para el caso, cuestionó el rechazo a las figuras agravadas al destacar un razonamiento equivocado por parte del sentenciante de origen. Señaló que la convivencia que exige el art. 119 cuarto párrafo inc. "f" del Código Penal, no requiere residencia en un mismo domicilio y que puede tratarse de una situación temporaria como un alojamiento en un hotel o cuando pasa la noche con frecuencia en un lugar. Estimó que de la prueba rendida en el expediente se desprende que el imputado no residía en la vivienda donde ocurrieron los hechos, pero sí se acreditó que pasaba la noche con frecuencia en ese domicilio, y que, valiéndose de esa circunstancia, cometió los hechos abusivos (v. fs. 84 y vta.).
Con relación al daño psicológico como agravante de la figura (art. 119 tercer párrafo con relación al inc. "a" del cuarto párrafo, Cód. Penal), señaló que esa consecuencia que el delito provoca es precisamente una de las circunstancias que el legislador consideró al momento de elevar el rubro "sexualidad" y su desarrollo a la categoría de bien jurídico protegido, incriminando la conducta. Es decir, el fundamento de la incriminación no es tan solo la ejecución de actos de contenido sexual contra la voluntad del sujeto pasivo, sino también atiende a las "consecuencias" (daños psicofísicos) que un hecho de esa naturaleza puede provocar. En ese sentido, expuso que "...el hecho de que una mujer o niña transite un embarazo fruto de un abuso sexual, más allá del vínculo que posteriormente genere con el hijo, conlleva una situación que debe ser considerada constitutiva de grave daño a la salud en los términos exigidos por la norma..." (fs. 84 vta. y 85).
IV.1.c. El Tribunal de Casación Penal, abordó los recursos incoados tanto por la defensa, el Ministerio Público Fiscal y el particular damnificado, y los rechazó, por mayoría en los últimos mencionados (v. fs. 120/132 vta.).
En lo que es de relieve para la solución de los aspectos controvertidos, se ocupó de los agravios del representante fiscal dirigidos a las circunstancias agravantes de la calificación legal (v. fs. 128 vta.).
En cuanto a la pretensión de aplicar la figura calificada por ser "autor encargado de la guarda", el a quo señaló que en virtud de los hechos probados y la prueba invocada no se había determinado que "...V. ejerciera la titularidad del guardador, tampoco que haya tenido de hecho a su cargo el cuidado y/o la asistencia de un menor, aspectos sobre los cuales los recurrentes tampoco han brindado argumentos suficientes como para realizar una consideración diferente".
Igual suerte tuvo la queja contra la exclusión de la calificante derivada del "aprovechamiento de la convivencia existente". Pues, según el tribunal intermedio no se acreditó que la relación entre V. y la menor tuviera como escenario un estado de convivencia. Indicó que en el fallo de origen -a partir de los dichos de la madre y hermanos de la víctima- se tuvo en cuenta que V. "...se quedaba a pernoctar eventualmente en la vivienda", y que "...esa mera concurrencia que se daba en circunstancia en que al imputado se le permitía pasar la noche en la vivienda por inconvenientes familiares propios, en este caso no puede dar lugar a la agravante pretendida, al menos sin algún otro aditamento que revele una situación de verdadera convivencia" (fs. 128 vta.).
Tampoco atendió favorablemente el reclamo de estimar que el embarazo por la corta edad de la menor supuso un grave daño en su salud (agravante del párrafo cuarto del art. 119 inc. "a", Cód. Penal). Consideró que "...la gravidez, en un escenario como el que analizamos, importa una intensa modificación en el decurso de la vida de una mujer, más aún si no se olvida en este caso la edad...". Sin embargo, consideró que "...del material probatorio que se menciona en el fallo no emerge acreditado un daño grave en la salud de la nombrada que permita encuadrar el hecho dentro de la figura que contempla esa calificante del tipo penal" (fs. 128 vta. y 129). En cuanto a las demás circunstancias apuntadas por el recurrente sobre el tema indicó que "...no se ha encargado de desarrollar concienzudamente que superasen las consecuencias lógicas del impacto emocional que provocan episodios de esta naturaleza o aquel hito del que se habló, pero que, sin mayores precisiones comprobadas en el expediente, no demuestran una inobservancia legal por parte del a quo a la hora de rechazar el planteo, máxime cuando se apoyó en distintas consideraciones acreditadas en el juicio que dieron cuenta de la existencia de un vínculo que, aún con ciertas peculiaridades, la niña pudo forjar con su hija, a quien decidió tener pese a todo"; y aunque la madre de la menor hubiera dado cuenta de una situación de angustia de su hija, como de otros episodios esperables en el contexto transitado, consideró que ello no pudo relacionarse con una sintomatología que abasteciera los requerimientos típicos de la figura calificada reclamada, al menos -según interpretó el tribunal revisor-, sin un desarrollo más minucioso por parte del impugnante, y añadió que en el contexto de un recurso fiscal "...cobra especial sentido el principio general que rige la actividad revisora de[] los tribunales de alzada, conforme el cual el marco de conocimiento viene dado por la medida del agravio" (fs. 129).
IV.2.a. La parcela del agravio en cuanto pretende demostrar la arbitrariedad del fallo respecto de la calificación pretendida en los términos del art. 119 cuarto párrafo inc. "f" del Código Penal (aprovechamiento de la convivencia preexistente), es insuficiente (art. 495, CPP).
De la reseña efectuada en los apartados IV.1.b. y IV.1.c. de la presente, podemos advertir que frente a lo resuelto sobre el punto por parte del Tribunal de Casación Penal respecto a que pernoctar eventualmente en la vivienda debido a inconvenientes familiares propios del imputado y sin otro aditamento, no revela una situación de verdadera convivencia (v. fs. 128 vta.), el señor fiscal insiste con los mismos argumentos llevados en el recurso de casación, esto es que el imputado pasaba la noche con frecuencia en ese domicilio (v. particularmente fs. 84 y vta., rec. casatorio). Tales aserciones se sustentan primordialmente en apreciaciones personales del recurrente, contrarias al sentido de lo decidido, mecanismo, como se sabe, inidóneo para evidenciar el vicio de la arbitrariedad que le endilga a esa porción del fallo (doctr. art. 495, CPP).
IV.2.b. Ahora bien, le asiste razón al impugnante en cuanto denuncia arbitrariedad al descartar la figura agravada de abuso sexual en función del grave daño a la salud (psíquica) producida a la víctima.
A partir de lo expuesto en la reseña que antecede, podemos observar que el agravio llevado a la sede casatoria por parte del fiscal consistía en revisar esa figura bajo el argumento de que "...el hecho de que una mujer o una niña transite un embarazo fruto de un abuso sexual, más allá del vínculo que posteriormente genere con el hijo, conlleva una situación que debe ser considerada constitutiva de grave daño a la salud..." (fs. 85). Tampoco debió estar ausente en ese análisis la temática sobre la violencia de género en contra de la mujer acorde a las pautas emergentes de la "Convención de Belem do Pará"; la "Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer" (CEDAW) y la Convención Internacional de los Derechos del Niño (v. argumentos de fs. 80 y 81, rec. casación y de fs. 112/115 del memorial respectivo).
Sin embargo, el tribunal revisor se limitó a desestimar el planteo -en coincidencia con el juzgador de origen- con sustento en que a pesar de que "...la gravidez, en un escenario como el que analizamos, importa una intensa modificación en el decurso de la vida de una mujer, más aún si no se olvida en este caso la edad...", en el caso no se había acreditado ese daño grave en la salud de la niña como para encuadrar el suceso en esa agravante (v. puntualmente fs. 59 y vta., sent. de condena y fs. 128 vta. y 129, sent. de casación).
Tal modo de resolver, implicó por parte del a quo una fundamentación aparente merced a las constancias comprobadas del caso, por cuanto a pesar de haber reconocido que se trató de un suceso que importó una modificación en la vida de una mujer menor de edad, descartó que ello haya implicado un grave daño a la salud de la niña quien con tan solo trece años de edad fue víctima de los accesos carnales a consecuencia de los cuales quedó embarazada dando a luz a A. R. (v. fs. 57, sent. de condena). A la par, restó importancia a los dichos de la madre de la joven quien dio cuenta de una situación de angustia, circunstancia que también había sido advertida por otros testimonios al coincidir con esa observación (v. fs. 45/48 vta., sent. de condena).
Sin que lo que antecede importe un adelanto de opinión acerca del fondo del litigio, propongo hacer lugar al recurso del señor fiscal en esta parcela, y con los límites propuestos, casar la sentencia del Tribunal de Casación Penal de fs. 120/132 vta. y devolver los autos a esa instancia para que -con intervención de jueces habilitados- se brinde adecuada respuesta al planteo llevado a su sede (art. 496, CPP; conf. causas P. 134.544, sent. de 28-VI-2021; P. 133.669, sent. de 5-VII-2021; P. 134.584, sent. de 16-XII-2021; e.o.).
V. En lo relativo a la denuncia de arbitrariedad respecto del rechazo de las pautas agravantes en la determinación de la pena, cabe señalar lo que sigue.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.