Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136469
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3.971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.469, "Lezcano, Marco Alejandro y Maidana, Roberto Leandro. Recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley en causa nº 96.967 y su acum. 96.973 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2.078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante pronunciamiento del 21 de agosto de 2020, rechazó los recursos interpuestos por la defensa oficial en favor de Marco Alejandro Lezcano y por la defensa particular de Roberto Leandro Maidana contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de San Martín que, con integración unipersonal y en el marco de un juicio abreviado, en causa 3.985 y su acumulada 4.087 (IPP 15-01-007363-11/00) los condenó a la pena de trece años y cuatro meses de prisión, accesorias legales y costas, como coautores responsables de los delitos de robo agravado por la utilización de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con homicidio calificado criminis causa y por su comisión utilizando arma de fuego en grado de tentativa.
Frente a lo así resuelto, las defensas de ambos imputados dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, la señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación, doctora Ana Julia Biasotti, en favor de Lezcano, y por Maidana lo hizo el defensor particular, doctor Fernando Roque Barrionuevo, los que fueron admitidos parcialmente por el órgano recurrido. Surge del informe del 19 de abril de 2022 que contra la parcela denegada las defensas no dedujeron queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos por la señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación, doctora Ana Julia Biasotti, por Marco Alejandro Lezcano, y por el doctor Fernando Roque Barrionuevo a favor de Roberto Leandro Maidana?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Dado el alcance de la resolución de admisibilidad de los recursos extraordinarios en análisis, solo corresponde analizar la denuncia de infracción de una norma sustantiva, ya que los agravios referidos a la arbitrariedad de la sentencia, transgresión del principio in dubio pro reo , inobservancia del doble conforme, violación al debido proceso y a la defensa en juicio, han quedado marginados de dicho examen y las defensas no interpusieron recurso de queja contra esa decisión.
Por otra parte, advirtiendo que ambas impugnaciones contienen argumentaciones encaminadas a obtener la misma resolución, procederé a abordar su tratamiento en forma conjunta.
Con tales alcances serán abordados los agravios.
I.1. La defensa de Lezcano denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal.
En el desarrollo de su reclamo se refirió a lo resuelto por el órgano recurrido y rememoró que en el recurso de casación la defensa había planteado la falta de acreditación del dolo específico que requiere la figura legal aplicada, teniendo en consideración las declaraciones brindadas por las propias víctimas -Olmedo y Quinteros- y por el otro imputado -Llanos- herido gravemente por Olmedo, detenido y juzgado en otro proceso, quien en su declaración en los términos del art. 317 del Código Procesal Penal coincidió con las circunstancias narradas por Quinteros, y que todo ello habría sido desoído por el tribunal revisor.
Luego de recordar los pormenores manifestados por los intervinientes en el hecho, adujo que la declaración de la señora Quinteros se corresponde más con la declaración del otro imputado que con la de su propio esposo José Luis Olmedo.
Agregó que el Tribunal de Casación al confirmar el anclaje legal se desentendió de los dichos de la propia víctima Quinteros, quien señaló que no pudo ver quién o cómo comenzaron los disparos pues la tapaba una columna de la cochera, que no se dio cuenta que su esposo se identificara ni que hubiera dado la voz de "alto policía" y que Lezcano siempre estuvo en la conducción del vehículo.
También argumentó que el nombrado Lezcano nunca descendió del coche y que no abrió fuego para despojar a Olmedo del auto ni para procurar la impunidad sino para repeler los disparos y para poder irse del lugar, por lo cual de las constancias existentes no surgiría la ultrafinalidad requerida por el tipo penal del art. 80 inc. 7 del Código de fondo por el que se condenó a su asistido.
I.2. Por su parte, el defensor particular de Maidana denunció la inobservancia y/o aplicación errónea del art. 166 inc. 2, segundo párrafo, del Código Penal.
Según su interpretación no existiría en la causa un cuadro probatorio que justifique el fallo condenatorio como el dictado en autos, y que no estaría acreditada la participación de Maidana en el delito de robo endilgado.
Solicitó la absolución del imputado o, en subsidio, la modificación de la significación jurídica en términos de robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa (arts. 42 y 166, Cód. Penal), con la consecuente reducción de la pena.
II. El señor Procurador General dictaminó aconsejando el rechazo de los recursos interpuestos. Coincido con su opinión.
III.1. En las instancias anteriores la determinación de los hechos quedó establecida de la siguiente manera: "...el día 10 de abril del año 2010, siendo alrededor de las 23.00 horas, cuatro personas de sexo masculino dos de ellos mayores de edad, identificados como Marco Alejandro Lezcano y Roberto Leandro Maidana, quienes se movilizaban a bordo de un rodado marca Fiat tipo Duna de color blanco, dominio VWZ-529, producto de un delito contra la propiedad cometido ese mismo día, con la finalidad de cometer delito contra la propiedad, llegaron hasta la calle Serrano a la altura catastral 3840, de la localidad de José C. Paz, donde interceptaron a José Luis Olmedo cuando llegaba a su domicilio junto a su esposa Miriam Patricia Quinteros y su hijo menor de edad, para lo cual al menos dos de esas personas intimidaron con sendas armas de fuego aptas para disparar a la mujer, al tiempo que en forma simultánea la víctima Olmedo en acción defensiva de sus derechos y de su familia intercambiaba disparos con los delincuentes quienes actuaban con división de roles en la ejecución del delito, dirigiendo los disparos hacia el automotor marca Chevrolet modelo Astra del damnificado para darle muerte, ante el fracaso doloso de despojar de bienes a las víctimas y como consecuencia huyendo el grupo atacante sin lograr hacerse de objeto alguno".
El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de San Martín encuadró los hechos como robo agravado por la utilización de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con homicidio calificado criminis causa y por su comisión utilizando arma de fuego en grado de tentativa, y tuvo a Marco Alejandro Lezcano y Roberto Leandro Maidana como coautores responsables de tales ilícitos.
III.2. Frente a ese pronunciamiento, en lo pertinente, la defensa oficial de Lezcano interpuso recurso de casación en el que se agravió de la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal. Allí señaló que los hechos que el Tribunal tuvo por acreditados no serían compatibles con el homicidio criminis causa , pues de los testimonios de la víctima José Olmedo, su esposa Miriam Quinteros y del coimputado Llanos (ya condenado en otra causa por estos mismos hechos) surgiría que Olmedo fue quien comenzó a disparar, según el sentenciante en su legítima defensa. Señaló que en tal contexto Lezcano y los otros imputados "...llevados por su propio instinto de supervivencia dispararon para salvar sus vidas", no encuadrando su conducta en "...matar para consumar o lograr su impunidad", destacando que a nadie se le puede exigir entregarse a la muerte.
En la anterior impugnación también había alegado que según el tribunal los disparos de los imputados se produjeron ante el fracaso doloso de despojar de bienes a las víctimas, circunstancia que, en su opinión, echaría por tierra la calificación de homicidio criminis causa que requiere el dolo directo de matar con más la búsqueda de impunidad o la consumación del hecho, lo que no se habría acreditado en la causa pues no había constancias de que el homicidio fuera planeado para cometer el robo.
Puso de resalto que la víctima Olmedo no tuvo ninguna herida, mientras que a Llanos se le debió amputar una pierna y que Segovia (también coautor de los hechos) falleció poco después como consecuencia de los disparos que recibió. Estimó que ello acreditaba que los coautores no tiraban a matar, sino simplemente para cubrir su huida.
Reclamó la calificación de los hechos en términos de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en orden a los arts. 42 y 166 del Código Penal, con la consecuente disminución de la pena.
A su turno, el doctor Fernando Roque Barrionuevo en la vía de casación había denunciado que la conclusión del sentenciante no conformaba una lógica derivación de las circunstancias acreditadas con relación a la existencia de los hechos, la autoría y la calificación, denunciando la violación del art. 1 del ritual en cuanto establece el principio de favor rei , como también los arts. 209, 210, 371 y 375 del Código Procesal Penal y 44, 45, 80 inc. 7 y 166 inc. 2, segundo párrafo, del Código Penal.
En esa articulación también sostuvo que al prestar declaración como imputado Maidana negó su participación en los hechos y explicó que lo habían acusado en venganza por ser hijo de un policía. Explicó que las víctimas Olmedo y su esposa Quinteros refirieron que los autores habrían sido tres, no aportando ningún dato que identifique a Maidana; que al estar acreditada la participación de Llanos y Segovia, no podrían también ser autores Lezcano y Maidana pues habría más autores que los señalados por las víctimas; que los dichos del coimputado Llanos serían mendaces y contradictorios resultando ilógico que se haya construido la convicción de la autoría de Maidana en base a sus dichos. Agregó que el resto de la prueba testimonial no aportaba datos concretos sobre la concurrencia de Maidana en los sucesos, a quien no se le secuestró ningún arma de fuego, y que, entonces, la decisión del a quo resultó arbitraria por no ser una derivación razonada de las constancias de la causa, invalidando la sentencia como un acto jurisdiccional válido.
También se había agraviado de la calificación legal y, en tal contexto, teniendo en consideración que para el propio tribunal los disparos apuntaban al automóvil y no a Olmedo, sostuvo que no es posible afirmar el dolo homicida, sin importar que la familia de Olmedo estuviera en el auto, pues esa no era la fundamentación del tribunal. Resaltó que al acreditarse la existencia de un tiroteo en el que participó Olmedo que era un efectivo policial en actividad, sin entrar a verificar quien efectuó el primer disparo, resultaba irracional y arbitraria la conclusión del tribunal de calificar los hechos en los términos de los arts. 42 y 80 inc. 7 del Código Penal, solicitando se califiquen como tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego conforme los arts. 42 y 166 del Código Penal.
III.3. Por su parte, el Tribunal de Casación, en lo que interesa, al dar respuesta a los planteos referentes a calificación legal señaló "...en la presente causa, hay dos momentos diferenciados pero a la vez vinculados conforme la exigencia del homicidio agravado analizado.//En un primer momento, en circunstancias que Olmedo y su familia se disponían a guardar el automóvil e ingresar a sus domicilio en horas de la noche, Maidana, Lezcano y los otros coimputados intentaron robarlos para lo cual estacionaron el automóvil Fiat Duna blanco en que circulaban, alguno de ellos bajaron armados mientras el conductor los esperaba y cubría, intimidaron a Quinteros que aún estaba en el interior del rodado y a Olmedo, quienes advirtieron de inmediato que los venían a robar, lo que se condice además con los dichos de Llanos quien aclaró que uno de ellos dijo 'vamos a robarle' y por eso estacionó el Duna.//En ese momento, Olmedo que era policía en actividad de esta Provincia, en su defensa y la de su familia (como se resolvió en esta causa judicial), sacó su arma reglamentaria y comenzó un fuerte intercambio de disparos con los imputados, lo que fue corroborado por las contestes declaraciones de las víctimas, los vecinos, el levantamiento de múltiples casquillos en el lugar de los hechos, el fallecimiento de Segovia, las lesiones de Llanos, los impactos de bala en el automóvil de la familia Olmedo o el disparo que uno de sus hijos de 9 años de edad recibió en la nuca, sin sufrir a pesar de ello lesiones graves".
Y agregó: "...es claro que los disparos que efectuaron Maidana, Lezcano y los imputados, tenían por objeto, sino asegurar el robo, buscar su impunidad, efectuando numerosos disparos que les permitieron volver a subir al Fiat Duna, alejarse del lugar y dirigirse al hospital de Derqui donde dejarían a Llanos y a Segovia".
Indicó que carece de peso la queja sobre que los disparos se efectuaron hacia el auto y no hacia Olmedo, pues en un primer momento Olmedo estaba parado al lado del auto y, además, porque allí también estaba su familia.
Recordó que el tribunal de origen sostuvo que "...Olmedo en acción defensiva de sus derechos y de su familia intercambiaba disparos con los delincuentes quienes actuaban con división de roles en la ejecución del delito, dirigiendo los disparos hacia el automotor marca Chevrolet modelo Astra del damnificado para darle muerte, ante el fracaso doloso de despojar de bienes a las víctimas y como consecuencia huyendo el grupo atacante sin lograr hacerse de objeto alguno".
También expuso que "Obviamente la muerte buscada era la de Olmedo, para procurar la impunidad del robo que se estaba viendo frustrado a partir de su resistencia...".
Con ese marco, el órgano revisor destacó que se encontraba acreditada la ultrafinalidad en la comisión del homicidio que exige el art. 80 inc. 7 del Código Penal, sin advertir que la sentencia condenatoria adoleciera de vicio de arbitrariedad ni de ningún quiebre lógico, por lo que desestimó las alegaciones defensistas por carecer de entidad para conmover ese tramo del fallo, considerando que -en definitiva- los reclamos llevados a su conocimiento resultaban simples divergencias subjetivas sobre la valoración de los elementos de prueba arrimados a la causa.
Y precisó que el subjetivismo requerido en la norma en cuestión se refiere a finalidades externas al homicidio mismo para cuya obtención este se representa como un medio, extremo que encontró debidamente acreditado en tanto Maidana, Lezcano y el resto de los imputados decidieron realizar su empresa criminal portando armas de fuego, aptas para el disparo, las que utilizaron para intimidar a Olmedo, Quinteros y sus hijos, no dudando en disparar contra Olmedo y su familia que estaba en el interior del rodado ante la resistencia, "...todo ello con el claro fin de procurar y asegurar su propia impunidad, no consumando el homicidio simplemente por no acertar los disparos o porque el disparo que lesionó al hijo de Olmedo en la nuca no tuvo mayores consecuencias, circunstancias todas ajenas a la voluntad de los imputados...", y que el dolo homicida resulta de la propia conducta de los imputados "...pues quien dispara un arma de fuego, a corta distancia, apuntando a la víctima y el automóvil donde estaba su familia, son circunstancias demostrativas del conocimiento y la voluntad de querer causar el resultado muerte, objetivo que no lograron por razones ajenas a su voluntad".
Agregó que en el caso el subjetivismo propio de la figura aplicada "...se infiere claramente al ponderar la cantidad de disparos, el modo y el contexto en que se realizaron, que se efectuó fuego contra Olmedo y su familia desde diversosángulos y tiradores, la poca distancia en que se encontraban las víctimas, los impactos recibidos por el auto y el hijo de Olmedo, como la natural potencialidad mortal que posee un arma de fuego".
Con cita de doctrina de esta Corte el a quo destacó que la agravante contenida en el art. 80 inc. 7 del Código Penal solo exige que en el ánimo del autor, en el momento del hecho, el fin delictuoso actúe como motivo específicamente determinante del homicidio, sin que se requiera premeditación sino solo decisión, extremos que encontró acreditados en autos.
Por lo demás, también desechó el planteo de que Lezcano y Maidana habrían actuado bajo una causal de justificación por la reacción de la víctima en su defensa y la de su familia, ya que los imputados no dispararon soportando una "agresión ilegítima" de Olmedo, por cuanto era el nombrado quien, en todo caso, actuaba bajo el amparo de un tipo permisivo y -en razón de ello y ausente otro tipo de explicación- su conducta no podría ser considerada como una agresión ilegítima en los términos requeridos por la ley.
Invocando doctrina de este Tribunal, precisó que la defensa o reacción de la víctima, aun utilizando un arma de fuego, no modifica la solución legal aplicable al caso desde que esa circunstancia no altera la ultrafinalidad homicida acreditada por parte de Lezcano y Maidana.
IV. Conforme lo adelantara, los recursos no prosperan.
Preliminarmente se debe destacar que tanto los extremos referidos a la descripción de los hechos como a la intervención de los imputados arribaron firmes a esta instancia.
Frente a lo resuelto por el tribunal intermedio considero que, pese a la denuncia de errónea aplicación de ley sustantiva, las defensas traen argumentos que -en rigor- refieren al mérito asignado a los elementos de prueba y a la fijación de los hechos, ello a partir de considerar que en el caso no se acreditó el aspecto subjetivo del homicidio criminis causa (art. 80 inc. 7, Cód. Penal), proponiendo una calificación alternativa, materia que excede el acotado ámbito de conocimiento de esta Corte en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en trato (doctr. art. 494, CPP).
Según fuera reseñado, ha quedado establecida la conexión ideológica entre el homicidio tentado y la tentativa de robo agravado, que se tuvo por inferida del propio accionar desplegado por los coautores, quienes dispararon contra la humanidad de Olmedo y su familia luego de que el mencionado damnificado extrajera su arma reglamentaria con el fin de resistirse al asalto, frustrando así el intento de desapoderamiento.
Cabe recordar que es doctrina de esta Corte que para que resulte aplicable dicha figura "...debe demostrarse la existencia en el ánimo del autor de cualquiera de las finalidades que contempla" (conf. causa P. 47.611, sent. de 4-V-1993), siendo además que "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (conf. causas P. 113.545, sent. de 19-XII-2012; P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 111.820, sent. de 31-VII-2013; P. 114.076, sent. de 9-IV-2013; P. 121.266, sent. de 17-V-2017; e.o.).
A todo evento, puede añadirse que la interpretación según la cual el art. 80 inc. 7 del Código Penal resultaría inaplicable si la muerte se hubiera producido a consecuencia de la resistencia (o intervención) de la víctima (o terceros) debe ser descartada, pues esa circunstancia no obsta a la relevancia de la ultrafinalidad típica constatada (conf. causas P. 117.199, sent. de 4-XI-2015; P. 121.266, sent. de 17-V-2017; P. 135.295, sent. de 11-IV-2023; e.o.).
Así ent
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