Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136927
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.927, "Canchumanta Jaramillo, Ever Iván y Melgarejo Torres, Nimia Estela S/ Recursos Extraordinarios de Inaplicabilidad de Ley en causa N° 101.931 y su acumulada N° 112.113 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres .
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, luego de celebrado un juicio por jurados, con fecha 12 de noviembre de 2019 procedió a dictar sentencia y condenó a Nimia Estela Melgarejo Torres a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar coautora penalmente responsable del delito de homicidio agravado por su comisión mediante el concurso premeditado de dos o más personas.
A su vez, la declaró reincidente, y unificó esa pena con la de cuatro años de prisión, multa de doscientos veinticinco pesos ($225), accesorias legales y costas del proceso impuesta anteriormente por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 por encontrarla coautora penalmente responsable del delito de comercio de estupefacientes en concurso real con el delito de adquisición o utilización de terminales celulares o módulo de identificación removible del usurario.
En definitiva, quedó entonces condenada a la pena única de prisión perpetua, multa de doscientos veinticinco pesos ($225), accesorias legales y costas del proceso, más la declaración de reincidencia.
Asimismo condenó a Ever Iván Canchumanta Jaramillo a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por su comisión mediante el concurso premeditado de dos o más personas, declarándolo reincidente por segunda vez, unificando dicha sanción, con la impuesta por el Tribunal en lo Criminal Federal n° 2 de la Capital Federal, que lo condenara a la pena de cinco años de prisión, multa de mil quinientos pesos ($1.500), accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de comercio de estupefacientes, condenándolo finalmente a la pena de prisión perpetua, multa de mil quinientos pesos ($1.500), accesorias legales y costas, declarándolo reincidente por segunda vez, y revocando el beneficio de extrañamiento oportunamente concedido.
En el mismo fallo se condenó a Candela Mailén Ramírez Bustos a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar partícipe primaria penalmente responsable de delito de homicidio simple.
Las defensas del imputado y las imputadas, interpusieron recursos de casación. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 12 de febrero de 2021, los rechazó.
Frente a lo así resuelto, se alzó el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, mediante la interposición de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en beneficio de Ramírez Bustos.
Por su parte, el señor defensor adjunto ante la misma instancia, doctor José María Hernández, dedujo igual recurso en favor de Canchumanta Jaramillo. En igual sentido, también interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, en representación de Melgarejo Torres.
El tribunal intermedio, el 3 de marzo de 2022 -y su aclaratoria del 22 de marzo siguiente- declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial de Ramírez Bustos, y admitió los deducidos en favor de Canchumanta Jaramillo y de Melgarejo Torres.
Esta Suprema Corte, por resolución de fecha 24 de agosto de 2022, en el marco de la queja articulada por la defensa oficial de Ramírez Bustos, en causa P. 136.552-Q, la admitió, declaró mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y lo concedió.
Por otro lado, por resolución de fecha 13 de septiembre de 2022, se rechazó un pedido efectuado por Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto Cipriano García -con el patrocinio letrado de las doctoras Margarita Jarque y Carla Victoria Ocampo Pilla- de ser tenidos como Amigos del Tribunal (arts. 1, 2, 7 y conc., ley 14.736; v. resol. digital en fecha indicada).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 17-III-2023), dictada la providencia de autos (en 20-III-2023), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en beneficio de Ramírez Bustos?
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado en favor de Canchumanta Jaramillo?
3ª) ¿Lo es también el articulado a favor de Melgarejo Torres?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La defensa oficial, en primer lugar, cuestionó que el tribunal revisor rechazara el agravio vinculado con la negativa -por parte del juez técnico- de instruir al jurado en lo concerniente a la participación secundaria -art. 46 del Código Penal- de Candela Mailén Ramírez Bustos.
Denunció la violación al debido proceso y tachó de interpretación arbitraria del texto de la ley, por prescindir o desvirtuar sus términos.
Sostuvo que en el recurso de casación había argumentado que se privó al jurado de la instrucción de derecho sustantivo respecto a una participación secundaria de su asistida, lo que a su entender condicionó la decisión y llevó a sostener al decisor, un grado de participación erróneo.
Señaló que el art. 371 bis del Código procesal prevé que las instrucciones para la deliberación sean formuladas luego de clausurado el debate, en el entendimiento de que aquellas se sustenten en el resultado del juicio (prueba producida), razón por la cual consideró absurda y arbitraria la respuesta de Casación, consistente en exigir que la cuestión de la participación secundaria se formule con anticipación a la oportunidad expresamente prevista en la ley.
Solicitó la anulación del fallo impugnado y la remisión de las actuaciones a la instancia anterior a fin de que se dicte uno nuevo en los términos reclamados en el recurso de casación.
I.2. En segundo lugar, denunció la violación a los arts. 40 y 41 del Código Penal por indebida ponderación de circunstancias agravantes y violación al derecho al doble conforme (arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP).
Con relación a la nocturnidad, consideró que en la sentencia no se acreditó que haya sido buscada por la imputada como forma de facilitar el delito, apartándose de la doctrina de esta Suprema Corte en la materia. Respecto de la presencia de menores al momento de cometer el hecho, estimó que no existieron elementos de prueba obrantes en la causa como para dar por sentada esa circunstancia.
Sostuvo que la respuesta dada por el tribunal revisor fue arbitraria y aparente, en tanto que, se limitó a avalar lo ponderado por el tribunal de grado, reeditando lo dicho por aquel.
I.3. En tercer término, denunció la errónea revisión de la condena respecto a la ausencia de fundamentación del monto de la pena impuesta (conf. arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP). Invocó infracción a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales, la vulneración al debido proceso legal y el derecho de defensa (art. 18, Const. nac.).
Refirió que el tribunal casatorio no trató la cuestión o lo hizo de modo parcial, pues solo hizo referencia al monto de pena impuesto, y a la no obligación de partir del mínimo legal de la escala penal, pero sin dar ninguna respuesta con relación a la falta de fundamentación del monto de pena aplicado. Concluyó en la arbitrariedad de lo resuelto.
Seguidamente, centró su crítica en dos aspectos: el proceso lógico de construcción de la pena, y la fundamentación.
Con relación al primero afirmó no advertir cuál fue la escala construida ni su proceso de formación, lo que consideró un impedimento para ejercer el control consistente en definir si esa operación intelectual resultó razonable y ajustada a derecho.
Indicó que, en función de la escala penal aplicable al caso, correspondía partir de un punto fijo desde donde ponderar las atenuantes y agravantes. Ese punto fijo o punto de ingreso -según su punto de vista y el de jurisprudencia que citó-, era el mínimo legal. Asimismo, afirmó que a las agravantes y atenuantes había que asignarles un monto de punición, para luego de sumados y debitados, llegar al monto fijo final de pena a aplicar.
Sobre el segundo, señaló que el Tribunal de Casación Penal no realizó estudio alguno de la escala penal, ni sobre el modo en que impactaron las pautas atenuantes y agravantes ponderadas, limitándose a un examen parcial y arbitrario al estimar adecuado el monto punitivo aplicado.
Consideró que la indebida revisión de la pena impuesta por parte de la Casación, implicó desoír la doctrina de la Corte federal y de este Tribunal que originó la afectación a los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Finalmente, en sustento de su postura, citó los precedentes P. 83.260 y P. 87.172 de este Tribunal y los fallos "Miara, Samuel y Castillo de Miara, Beatriz" y "Squilario" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por todo lo expuesto, peticionó que se case el fallo impugnado y se reenvíen los autos a la instancia anterior, para que debidamente integrado, dicte una nueva sentencia acorde con sus reclamos.
II. El señor Procurador General dictaminó y aconsejó el rechazo del recurso interpuesto (v. puntualmente apdo. 2 del dictamen digital de 17-III-2023). Postura con la cual coincido.
III. Realizado el juicio por jurados y tras el veredicto de culpabilidad, el juez del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, doctor Lugones, en lo que interesa destacar, condenó a Candela Mailén Ramírez Bustos a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, como partícipe primaria de delito de homicidio simple.
III.1. Contra ello, la defensa oficial de la nombrada dedujo recurso de casación que -en lo que aquí también interesa destacar- cuestionó la negativa por parte del magistrado a instruir al jurado respecto a la conceptualización de la participación secundaria, como así también cuestionó el monto de pena y la aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, en su vinculación con las pautas agravantes ponderadas.
III.2. El Tribunal de Casación Penal abordó en el punto "I" de su sentencia la cuestión relativa a las instrucciones vertidas en el debate por parte del juez técnico al jurado, haciendo una transcripción del momento en que explicó la ley aplicable al caso.
En cuanto a la no inclusión de la posible participación secundaria de la imputada Ramírez Bustos, el tribunal casatorio indicó que la defensa nunca esgrimió como teoría su participación secundaria: no lo hizo en los lineamientos de apertura ni durante el desarrollo del juicio, como tampoco en los alegatos de cierre. Por ende, consideró que el requerimiento de la defensa fue tardío y no se vio integrado al desarrollo de su teoría del caso, sin haber brindado explicaciones concretas de por qué y bajo qué parámetros debía el juez técnico haber instruido al jurado en el tópico de la participación secundaria. Con tales argumentos, homologó la actuación del magistrado de la instancia y rechazó los reclamos relacionados a las instrucciones dadas al jurado en el presente proceso.
En el punto "III" de la sentencia en crisis, abordó los agravios llevados por la defensa de Ramírez Bustos con relación al monto de la pena impuesta y las circunstancias agravantes aplicadas. Respecto de la pauta vinculada a la presencia de menores, consideró que dicha circunstancia hacía al mayor disvalor de acción, mientras que la nocturnidad facilitaba la comisión de delitos, al aminorar las posibilidades de defensa de las víctimas al tiempo que aumenta las posibilidades de los actores de eludir la acción de la justicia y quedar impunes, lo que consideró que aumentaba el grado de injusto de la conducta e incidía entonces en la graduación de la pena.
Por último, respecto al quantum punitivo aplicado -luego de exponer que para establecer el monto de pena a imponer no puede apelarse a fórmulas matemáticas, sino que debe estarse a los principios de culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad, además de que no existe punto de ingreso a la escala penal-, afirmó que en el caso no advertía que el sentenciante de origen hubiese incurrido en infracción a los arts. 40 y 41 del Código Penal al fijar un monto de pena que -a su juicio- no resultó arbitrario ni desproporcionado de conformidad con las pautas meritadas y la escala penal resultante del ilícito en cuestión; es más, aclaró que resultó inferior (12) doce años al que había propuesto el señor fiscal que era de (15) quince años de prisión.
IV. Tal como se adelantó el recurso no es de recibo por su insuficiencia, en tanto que los agravios desarrollados por el recurrente en el escrito en estudio, son una reedición de aquellos llevados a la instancia intermedia en el recurso de casación; por ende, se desentiende absolutamente de la respuesta brindada por el Tribunal de Casación al desestimarlos (art. 495, CPP).
IV.1. En efecto, respecto del primer planteo vinculado con la denuncia de arbitrariedad y violación a distintas garantías constitucionales sobre las instrucciones impartidas al jurado referentes a la participación secundaria de Ramírez Bustos en el hecho (v. acápite I.1. de la presente), el tribunal revisor respondió idéntica crítica puntualizando que ello no había sido argumentado por la defensa en los lineamientos de apertura, durante el desarrollo del debate oral ni tampoco en los alegatos; siendo que, además, del recurso casatorio surge que la defensa de la imputada pretendía la aplicación al caso del art. 34 inc. 2 del Código Penal (estado de necesidad disculpante).
En efecto, del registro fílmico del juicio se constata que ni en los alegatos de inicio ni en los alegatos finales, la defensa introdujo como posibilidad la participación secundaria de su defendida.
De hecho, se advierte que durante el alegato final hizo hincapié en que debía acreditarse una participación necesaria en el tramo de la ejecución, aunque recordándole al jurado que ese comportamiento de su asistida había sido realizado bajo coacción (v. video alegatos, en especial hora 1, minuto 7).
De ese modo, no se advierte ni la violación legal aducida ni tampoco la arbitrariedad invocada desde que la propia defensa de Ramírez Bustos fue la que no incluyó esa teoría del caso como para luego pretender achacar dicha falencia al juez en el momento de impartir las instrucciones al jurado. Media pues insuficiencia (art. 495, CPP).
IV.2. Los agravios reseñados en los apartados I.2. y I.3. de la presente vinculados a la denuncia de errónea aplicación de los arts. 40 y 41 por indebida ponderación de agravantes y falta de fundamentación del monto de pena aplicado, incurriendo por ello en la violación al doble conforme y la violación a las garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa (conf. arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP), tampoco son de recibo.
La reedición del planteo que fuera llevado ante la Casación con relación a dichas pautas severizantes, sin rebatir adecuadamente los fundamentos brindados por el tribunal intermedio, solo espeja la formulación de una opinión contraria e ineficaz para conmover lo decidido (conf. causas P. 127.349, sent. de 14-VI-2017; P. 132.066, sent. de 17-VI-2020; e.o.).
Por otro lado, el revisor también desechó la crítica de la defensa sobre la determinación de la pena al descartar infracción alguna a las normas contenidas en los arts. 40 y 41 del Código citado, como también que fuese arbitrario o desproporcionado en función de las pautas consideradas y el ilícito en trato, además de resaltar que impuso una pena inferior a la solicitada por el acusador público en su oportunidad.
Frente a ello, la parte insiste con una postura opuesta sin lograr demostrar la infracción constitucional que aduce ni defectos como para evidenciar la errónea aplicación de la ley que invoca (art. 495, CPP).
Es doctrina de esta Corte que el criterio divergente del recurrente respecto de la incidencia sobre el monto de la pena que le cabe a las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica ni significa violación legal alguna (conf. causas P. 43.015, sent. de 25-II-1992; P. 55.688, sent. de 31-X-1995; P. 64.969, sent. de 12-III-2003; P. 73.338, sent. de 25-VI-2003; P. 130.081, sent. de 5-XII-2018; e.o.).
En ese sentido, vale también recordar que, contrariamente a lo sostenido por la defensa, el Código Penal no contiene un determinado sistema legal para efectuar la cuantificación punitiva, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf., entre otras, causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.316, resol. de 17-IV-2013 y P. 112.514, resol. de 24-IV-2013).
En definitiva, la queja se desentendió de lo efectivamente decidido, sin evidenciar en el caso la violación del derecho al recurso, ni de las garantías y principios constitucionales que invocó como vulnerados (conf. arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa oficial de Ever Iván Canchumanta Jaramillo cuestionó la sentencia dictada por el Tribunal de Casación Penal, al confirmar una pena de prisión perpetua que, a su modo de ver, vulnera la finalidad resocializadora, no reconoce el carácter de persona del condenado y resulta cruel, inhumana y degradante porque se agota con la vida del condenado (arts. 5.2 y 5.6, CADH; 7, PIDCP; 31 y 75 inc. 22, Const. nac.).
Refirió que la pena aplicada, a partir de su carácter absoluto -perpetuo- conlleva a que Canchumanta sea considerado una "cosa", y lesiona -además- la intangibilidad de la persona humana en razón de generar graves trastornos de personalidad lo cual sería incompatible con el art. 18 de la Constitución nacional.
Citó el caso "Mendoza y otros vs. Argentina" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el fallo "Giménez Ibáñez Antonio Fidel" (Fallos: 329:2440) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las causas P. 84.479, sentencia de 27-XII-2006 y P. 94.377, sentencia de 18-IV-2007 de esta Suprema Corte.
Afirmó que la pena impuesta resultará efectivamente perpetua teniendo en cuenta que el imputado no podrá acceder a la libertad condicional por serle aplicable el art. 14 del Código Penal. A su vez, señaló que el tribunal revisor rechazó el planteo de inconstitucionalidad de modo arbitrario recurriendo a afirmaciones genéricas y dogmáticas.
Por lo expuesto, solicitó se anule la sentencia en crisis y se ordene el dictado de una nueva, fijándose una pena temporal que permita el acceso a la libertad condicional, teniendo en cuenta su edad y expectativas normales de vida.
II. El señor Procurador General dictaminó y se pronunció por el rechazo del recurso interpuesto (v. dictamen digital de 17-III-2023).
III. Comparto esa postura pues entiendo que el recurso de inaplicabilidad de ley no procede por su insuficiencia.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.