Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138716
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.716, "Orellana Leiva, Roberto; Orellana Maza, Jonathan; Ojeda Orellana, Néstor Fabián s/ Recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley en causa n° 117.213 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia dictada el día 13 de octubre de 2022, rechazó los recursos de la especialidad presentados por los respectivos defensores de Roberto Orellana Leiva, Jonathan Orellana Maza y Néstor Fabián Ojeda contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes que condenó a Orellana Leiva, alias "tenaza", como autor y coautor -respectivamente- de los delitos de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con coacción agravada por el uso de arma a la pena de veinticinco años de prisión, accesorias legales y costas; a Orellana Maza, alias "chuki" como partícipe primario y coautor -respectivamente- de los delitos de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con coacción agravada por el uso de arma a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas y a Ojeda Orellana, alias "narigón", como partícipe primario y coautor -respectivamente- de los delitos de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con coacción agravada por el uso de arma a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas.
Contra ello, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de Néstor Fabián Ojeda Orellana.
Por su parte, el señor defensor oficial adjunto ante la Casación, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley respecto de Roberto Orellana Leiva y de Jonathan Orellana Maza.
El Tribunal de Alzada, mediante resolución de fecha 14 de abril de 2023, declaró admisibles ambas impugnaciones.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en favor de Néstor Fabián Ojeda Orellana?
2ª) ¿Lo es el presentado en favor de Roberto Orellana Leiva y de Jonathan Orellana Maza?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor oficial, doctor Nicolás Agustín Blanco, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en favor de Néstor Fabián Ojeda Orellana, denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal por considerar desacertado ponderar como agravante el "...'...derrotero que debió transitar la familia y los allegados de la víctima durante [los] 11 días que duró [la] búsqueda [del cuerpo], ello derivado de la forma [...] en que ocultaron [el] cadáver", enterrándolo a orillas del Río Reconquista, lo que reveló un mayor disvalor de acción.
A su vez, sostuvo que al confirmarse dicha pauta aumentativa se incumplió con el deber de fundar los pronunciamientos judiciales, con el debido proceso, el derecho de defensa y con la garantía que establece que nadie está obligado a declarar contra sí mismo (arts. 1, 18 y 28, Const. nac.), así como también con el derecho a obtener la revisión amplia del fallo de condena (art. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP).
Concluyó que la valoración de dicha circunstancia como agravante de la pena quebranta la garantía constitucional que establece que "...nadie está obligado a acusarse a sí mismo" (art. 18, Const. nac.), razón por la cual solicitó se la deje sin efecto.
II. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación.
Coincido con lo dictaminado.
III. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es manifiestamente insuficiente (conf. art. 495, CPP).
Las alegaciones de la parte respecto a la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, en lo que respecta a la ponderación de la pauta agravante vinculada al entierro del cadáver y el consecuente sufrimiento padecido por la familia y los allegados de la víctima durante los once días que duró la búsqueda del cuerpo, no proceden.
En efecto, la defensa oficial no hizo ninguna consideración respecto a la afirmación de la Casación de que dicha circunstancia fáctica configura una mayor "extensión del daño causado" que excede el tipo penal por el que fue condenado y que es imputable de manera objetiva y subjetiva al nombrado.
Sobre tales aspectos, la defensa oficial nada dijo, limitándose a denunciar, de manera dogmática, la errónea aplicación de las normas citadas sin evidenciar vicio alguno en la ponderación de la mencionada circunstancia fáctica (ocultamiento del cadáver y el consecuente sufrimiento de la familia durante su búsqueda) como una mayor extensión del daño causado que excede la figura del homicidio y que, como tal, amerita un mayor reproche penal.
Cabe recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que la naturaleza de la acción, los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño causado previstos en el citado art. 41 "...son claras referencias al grado del injusto, por lo que constituyen el punto de partida para su graduación" (conf. D’Alessio, Andrés José; "Código Penal", Comentado y Anotado, Parte General [arts. 1 a 78 bis], La Ley, Buenos Aires, 2005, págs. 427/428), debiendo computarse en estos rubros las circunstancias que implican un matiz diferencial de ejecución idóneo para poner de relieve un accionar más o menos grave (conf. mi voto en causa P. 135.876, sent. de 9-II-2023).
De ahí que el juzgador, al convalidar lo actuado, dio cuenta de esos matices diferenciales, sin que se advierta ni la parte haya logrado explicar que se hubiera incurrido en una errónea aplicación de la ley o vicio alguno (conf. art. 495 cit.).
IV. Igual suerte corresponde a los embates de pretenso carácter federal directamente vinculados al planteo de ley sustantiva (conf. art. 495 cit.).
Las denuncias de falta de debida fundamentación, violación del debido proceso y del derecho defensa resultan genéricas y, por ende, insuficientes para demostrar el vicio alegado (conf. art. 495 cit.).
De la misma manera, el planteo de errónea revisión del fallo de condena, vinculado con la afectación de la garantía que prohíbe declarar contra uno mismo tampoco procede (conf. art. 8.2 "h", CADH).
La defensa oficial, por un lado, sostiene que la Casación no abordó el planteo, a la vez que reproduce los agravios llevados en el recurso de casación vinculados a que la agravante en cuestión quebranta la garantía que prohíbe la declaración contra uno mismo.
Más allá de que la Casación nada dijo sobre la supuesta infracción de la garantía que prohíbe declarar contra uno mismo -vinculada a la ponderación de la pauta agravante en cuestión- lo cierto es que el recurrente no demostró la incidencia que en el resultado del proceso podría haber tenido el tratamiento de dicho tópico.
En efecto, la agravante ponderada no se asienta en el hecho de que el acusado no le haya indicado a la familia de la víctima el lugar dónde estaba el cuerpo -como equivocadamente lo sostiene la parte-, sino una situación fáctica anterior que consistió en el ocultamiento del cadáver y las consecuencias de ello derivadas.
En otras palabras, la agravante no se apoyó en que su defendido no haya confesado dónde estaba el cuerpo sino en el ocultamiento mismo del cadáver -momento lógicamente anterior a la búsqueda-, lo que -según el órgano de mérito y la Casación- configuró una "mayor extensión del daño" que la propia figura de homicidio trae aparejado.
Cabe recordar que el tribunal no está obligado a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino solo los que estime pertinentes para la resolución del caso (conf. causas P. 93.646, sent. de 14-VI-2006; P. 115.530, resol. de 9-IV-2014; P. 129.304, sent. de 19-IX-2018; e.o.), correspondiendo en su caso a quien recurre demostrar la incidencia que en el resultado del proceso podría haber tenido el elemento supuestamente preterido (conf. causa citada P. 129.304, sent. de 19-IX-2018 y sus citas).
En definitiva, los agravios de la parte se limitan a la exposición de una opinión contraria sobre las circunstancias que fundamentaron la pauta agravante en cuestión y, con ello, el recurrente no logra poner de manifiesto que la resolución de la Casación padezca de defectos tales como para evidenciar ni la errónea aplicación de la ley, ni la violación de los principios constitucionales que invoca. Media, pues, insuficiencia (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denuncia la errónea revisión del fallo de condena (conf. arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP).
I.1. En lo que respecta a Jonathan Orellana Maza, afirma que se efectuó una revisión aparente respecto a la calificación legal de los hechos (conf. arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP).
Recuerda que en el recurso de casación se cuestionó la participación atribuida a Jonathan Alejandro Orellana Maza, alias "chuki", en carácter de partícipe primario del delito de homicidio y se requirió que se lo condenara por encubrimiento por haber enterrado el cadáver de Obregón.
Sentado ello, alega que la Casación efectuó una revisión formal, limitándose a transcribir el fallo de mérito y efectuando afirmaciones dogmáticas sobre el alcance del término "participación primaria" y "aporte esencial". En su apoyo, cita el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la causa "Casal" de la Corte nacional, entre otros
I.2. Por otra parte, en lo que respecta a Roberto Orellana Leiva, sostiene que se revisó de manera aparente el monto de pena impuesto.
En particular, en cuanto a la pauta agravante vinculada al "...derrotero que tuvo que transitar la familia de la víctima durante los once días que duró la búsqueda, así como la forma en la que ocultaron su cadáver", sostiene que no se tuvo en consideración el relato de Jonathan Orellana del que surge que su padre, Roberto Orellana Leiva, ninguna participación tuvo en esa decisión, sino que fue obra de Solís.
Agrega que "También se valoraron los padecimientos que se le ocasionaron a Obregón antes de los disparos, atribuyéndoselos al homicida, cuando en realidad fueron ocasionados por quienes enterraron el cuerpo, pero nunca les fueron reprochados en forma autónoma a ellos".
En lo que hace a "...la rotura de piezas dentarias" recuerda que ante la Casación se puso de manifiesto que "...se trató del lugar por donde ingresó uno de los proyectiles que le dieron muerte, por lo que no se trató de una conducta previa ni distinta del agresor".
Indica que, en lo que respecta al monto de pena impuesta, se planteó que, en virtud de la edad de su asistido, se impuso una pena perpetua encubierta, pues se dejó de lado el principio resocializador y se la transformó en una pena cruel e inhumana.
Sentado lo anterior, señala que, frente a tales planteos, la Casación efectuó una revisión aparente y no expuso motivos suficientes para fundar debidamente la imposición de una pena de veinticinco años de prisión.
A su entender, las manifestaciones del a quo relativas a que "...no existe obligación legal de ingresar a la escala por el mínimo, o que la concurrencia de atenuantes e inexistencia de agravantes no implica de por sí la necesidad de imponer el mínimo" resultan genéricas y aplicables a cualquier caso. En su apoyo, citó los fallos "Ruiz" y "Casal" citados, entre otros.
II. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación. Coincido.
III.1. El tramo de la impugnación vinculado a la errónea revisión respecto de la condenada de Jonathan Orellana Maza como partícipe primario del delito de homicidio, deviene insuficiente (conf. art. 495, CPP).
El Tribunal de Casación, en lo que aquí importa, en primer lugar, recordó el hecho que se tuvo probado: "...'El día viernes 13 de noviembre de 2015, siendo cerca de las 17.00 horas, cuando Hernán Agustín Obregón alias ‘chino’ se encontraba dialogando con Matías Alberto Sánchez alias ‘parka’ en la puerta del domicilio sito en la calle Ramos Mejía 795 de Paso del Rey, partido de Moreno, fue interceptado por dos sujetos del sexo masculino quienes lo condujeron en su automóvil Renault Clio II dominio FZZ-179 hasta la finca de la arteria La Ribera 1319 entre Padua y Roca de la misma localidad, donde los esperaban el dueño de la vivienda junto a otro sujeto más. Que existía un conflicto previo entre Obregón y el resto de los nombrados, suscitado en que estos lo acusaban de haber instigado el intento de robo a mano armada, sufrido días antes por familiares de uno de ellos. Y una vez dentro de la finca, más precisamente en una de las habitaciones, los integrantes del grupo golpearon brutalmente a Obregón hasta vencer cualquier tipo de resistencia y doblegar su voluntad. Le sacaron el arma de fuego calibre 9mm. Pietro Beretta que llevaba consigo, y lo sentaron sobre una silla atándolo de pies y manos. Acto seguido, uno de los integrantes del grupo, específicamente el de mayor edad, con el fin de darle muerte a Obregón, le efectuó tres disparos de arma de fuego -presumiblemente un revólver calibre 22- que impactaron en la cabeza y abdomen del nombrado, ocasionándole de esta manera su muerte inmediata. Concretado el homicidio, el sujeto que efectuó los disparos, se ocupó de llevarse el auto de la víctima y abandonarlo en Merlo, y de hacer desaparecer su arma de fuego. Asimismo, los cuatro sujetos prenombrados, resolvieron [descartar el] cuerpo enterrándolo a la vera del Río Reconquista, más precisamente frente a la vivienda donde momentos antes lo habían ejecutado. En efecto, el 24 de noviembre de 2015 a las 10.00 horas, personal policial halló el cuerpo de Obregón enterrado en dicho lugar a aproximadamente un metro de profundidad, presentando a simple vista orificios compatibles con heridas de arma de fuego".
Sentado ello, en lo que respecta a la participación de Jonathan Orellana Maza, el a quo destacó que el órgano de mérito "...valoró que, durante el debate, Matías Alberto Sánchez alias 'parka' afirmó que estuvo presente cuando, Néstor Fabián Ojeda y Jonathan Alejandro Orellana 'se llevaron de chamullo' a Obregón en el automóvil en el que se movilizaba. Afirmó que 'Vinieron Néstor [...] y [...] chuki [...] en una moto a buscarlo porque decían que Agustín los había mandado a robar'". Agregó que "...Cristian Ezequiel Rodríguez, alias Titi, refirió en la instrucción que 'parka' le había contado que había visto cómo lo habían levantado a Obregón y lo llevaron en su propio automóvil".
A su vez, trajo a colación los dichos de Jonathan Orellana quien durante el juicio "...relató que la víctima había llegado al barrio en su auto y que su primo ('cabezón') Néstor Fabián Ojeda 'lo llevó a (la casa) de Solís'". También hizo referencia a lo expuesto en la audiencia del art. 308 del ritual por José "boli" Godoy quien sostuvo que "'Ojeda y su primo Jonathan Orellana 'se lo llevaron (a Obregón) para el lado de la Ribera en su propio auto'".
Recordó que el día 13 de noviembre se encontró el automóvil de Obregón en Merlo; el día 24 de noviembre (once días después de su desaparición) se encontró el cuerpo sin vida enterrado frente de la casa del "tiburón" Solís.
De seguido, aludió a los resultados de la autopsia de la que surge que "...el cadáver presentó tres impactos de arma de fuego -uno en la cara y dos en el abdomen-. Las manos de Obregón estaban atadas hacia atrás con una soga. Sus muñecas tenían lesiones producidas cuando la víctima aún se encontraba con vida. Y la pericia en cuestión, describió innumerables lesiones -algunas ocasionadas con un 'objeto duro y romo'- que 'habrían precedido a los disparos de arma de fuego' mortales...".
En lo que respecta a los aportes de cada uno de los imputados afirmó que "...la conducta asumida por Jonathan Orellana [...] y Néstor Fabián Ojeda Orellana consistió en llevar a la víctima al domicilio donde lo esperaba armado Roberto Orellana Leiva, allí golpearlo y atarlo de pies y menos. Una vez consumado el homicidio, enterraron el cadáver a la vera del río". En función de ello, afirmó que tales actos, configuraron, "como mínimo" aportes necesarios "...para cometer el hecho en la forma en que se lo planeó".
Los recurrentes alegan la inexistencia de un plan previo, la falta de dolo homicida y de conocimiento de que Obregón se encontraba armado. Sin embargo, no ha venido discutida la existencia de un problema previo por un robo a la familia Solís y que en razón de tal conflicto llevaron a Obregón al domicilio, pues se le atribuía cierta participación en el mismo. Por otra parte, la circunstancia de que Obregón estuviese armado no desacredita ninguno de los extremos que aquí se han tenido por acreditados como aportes esenciales para la consumación del homicidio.
Insistió en que "La operación de autopsia determinó que las muñecas de la víctima fueron atadas cuando todavía se encontraba con vida, que presentaba varias y serias lesiones previas a los disparos que terminaron con su vida". A su vez, coincidió con el órgano de mérito en cuanto a que "...visto que Obregón tenía un arma de fuego en su poder", fue necesaria la "...ayuda de más personas para poder doblegarlo y someterlo. Y que de ningún modo, Jonathan y Néstor podían desconocer la existencia del arma de fuego por parte de 'tenaza'. Todo ello, claro está, sin perjuicio de la ayuda brindada a posteriori para enterrar el cuerpo...".
Además, destacó que si bien el tribunal de mérito tuvo por demostrada "...la clara preeminencia en ese grupo por parte de Roberto Orellana -sujeto de mayor edad, padre de Jonathan y tío de Néstor Ojeda-" lo cierto es que éste no podría haber actuado "...sin el auxilio o cooperación que le brindaron -antes, durante y después del hecho-".
A su vez, coincidió con el tribunal de primera instancia en que Jonathan y Néstor debieron representarse el resultado muerte debido a que sabían que Roberto tenía un arma a lo que se agregó el particular contexto en que se desarrollaron los hechos (a la víctima la acusaron de haber participado en un robo, la llevaron contra su voluntad al domicilio donde se cometió el hecho, la golpearon, la ataron, la redujeron de pies y manos y le taparon la boca con una cinta).
Concluyó que en virtud de lo normado por el art. 48 del Código Penal y "...habiéndose confirmado el conocimiento que los partícipes tenían de la existencia del arma de fuego, corresponde la comunicabilidad de la circunstancia agravante del art. 41 bis respecto de ellos, tal como se dispuso en el fallo".
III.2. De la reseña efectuada se advierte que bajo la denuncia de errónea revisión del fallo de condena, en rigor, la defensa oficial se limita a exponer un mero criterio divergente sobre la participación de su asistido en el delito de homicidio sin hacerse cargo de remover los fundamentos con sustento en los cuales la Casación consideró acertado afirmar que el nombrado hizo partes esenciales previos, durante y con posterioridad al hecho, todo lo cual, "como mínimo" lo colocan en carácter de partícipe primario (llevar a la víctima al domicilio donde lo esperaba armado Roberto Orellana, golpearlo y atarlo de pies y mano
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.