Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 141823
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 141.823, "Mongelos, Ricardo Teófilo; Díaz, Alexis Javier y Díaz, Leandro Martín s/ recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley en causa n° 114.041 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Kohan.
El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Morón, mediante sentencia del día 14 de octubre de 2021, condenó a Leandro Martín Díaz, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, con declaración de reincidencia, como autor y coautor de robo agravado por el uso de arma de fuego —dos hechos, uno de ellos en grado de tentativa—, homicidio agravado por la causa cometido con el uso de arma de fuego —dos hechos— y portación ilegal de arma de fuego de guerra —dos hechos—, todos en concurso real.
Asimismo, condenó a Alexis Javier Díaz, a catorce años de prisión, accesorias legales y costas, con declaración de reincidencia, como coautor de robo con homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
También a Ricardo Teófilo Mongelos, a doce años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor de robo con homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego.
Las condenas fueron recurridas en Casación por los señores defensores oficiales de Ricardo Teófilo Mongelos, por un lado, y de Alexis Javier y Leandro Martín Díaz, por otro.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el día 25 de noviembre de 2022, por mayoría, corrigió la calificación excluyendo la aplicación de la agravante genérica del art. 41 bis del Código Penal respecto de Leandro Martín Díaz y rechazó los recursos interpuestos, con costas.
Frente a ello el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de Leandro Martín Díaz y Alexis Javier Díaz, que fue declarado parcialmente admisible por la Sala recurrida, sólo respecto de la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva (del art. 80 inc. 7, Cód. Penal, con relación a los hechos I y II atribuidos a Leandro Díaz y del art. 165 del mismo Código respecto del hecho II con relación a Alexis Díaz). Contra la parcela de la decisión denegada la parte no presentó queja (v. informe actuarial de 24-IX-2024).
Por su lado, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor Ricardo Teófilo Mongelos, que fue admitido por el órgano intermedio (v. resol. de 6-VIII-2024).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 15-IV-2025), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en favor de Leandro Martín Díaz y Alexis Javier Díaz?
2ª) ¿Lo es el articulado respecto de Ricardo Teófilo Mongelos?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. En atención al alcance en que fue admitida la impugnación, solo corresponde analizar los planteos referidos a la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal a los hechos I y II atribuidos a Leandro Díaz; del art. 165 del mismo Código respecto del hecho II atribuido a Alexis Díaz y la denuncia de arbitrariedad (conf. resol. de 6-VIII-2024, v. especialmente apdo. 2.3.).
I.2.a. Con respecto a Leandro Díaz, la defensa denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 e inobservancia del art. 165 ambos del Código Penal en el hecho I —reproche en coautoría—.
Aseveró que de los sucesos probados no se verificó la ultra finalidad exigida por la figura aplicada, sino que tan solo se afirmó que su defendido disparó con el fin de matar.
En subsidio planteó la arbitrariedad del fallo en el entendimiento de que la afirmación de que el disparo efectuado por Leandro Díaz fue realizado "...ya sea [para] procurar la impunidad o para consumar el hecho", era demostrativa de falta de certeza sobre cuál ultrafinalidad habría sido reprochada. Por aplicación de la regla del in dubio pro reo debía modificarse el encuadre legal en los términos del art. 165 del Código Penal.
I.2.b. Respecto del hecho II entendió arbitraria la afirmación de que la muerte de Juan Osvaldo Barbieri tuvo como fin consumar el robo y lograr la impunidad, ya que Leandro Díaz no conocía los movimientos de la víctima. En su opinión, debía descartarse que el deceso hubiese sido pensado previamente como un medio para consumar el robo. Agregó que no se logró establecer cómo fue el encuentro entre víctima y victimario, quién sorprendió a quién, si existió una lucha entre ambos y, sobre todo, debía considerarse que la propia víctima portaba un arma de fuego.
Reiteró que las circunstancias fácticas confirmadas por el revisor no permitían corroborar que Leandro Díaz hubiera efectuado en forma reflexiva el disparo que causó la muerte de Barbieri.
I.3. Respecto de Alexis Javier Díaz se quejó de una errónea aplicación del art. 45 en función del art. 165 y la inobservancia del art. 166 inc. 2, todos del Código Penal.
Indicó que los imputados abordaron a Barbieri con fines de robo, intimidándolo con un arma de fuego. Mientras Alexis Díaz se acercó por el lado del conductor del vehículo, se produjo el disparo efectuado por Leandro, por lo que Alexis volvió corriendo al auto en el que había llegado.
Afirmó que los hermanos Díaz habían acordado únicamente ir a robar, por lo que la muerte de la víctima fue producto de un exceso de Leandro por el que Alexis no debía responder. El disparo mortal sólo era imputable a quien disparó, como autor individual.
Sostuvo que no podía cargarse el homicidio —ni en su forma dolosa ni culposa— a Alexis Díaz, sin un plan común, siendo la condena del nombrado resultado de la infracción al principio de culpabilidad (art. 18, Const. nac.).
II. Coincido con lo dictaminado por la Procuración General: el recurso es improcedente (conf. art. 496, CPP).
III. Comenzaré —para una mejor comprensión— por efectuar un racconto de los antecedentes del caso.
III.1. El tribunal tuvo por acreditado los siguientes sucesos:
Respecto del hecho I, se probó que el día 30 de junio de 2019 por la mañana (alrededor de las 09:30 hs.) frente a la iglesia Santa Mónica (ubicada en Manuel Rico 840, Villa Sarmiento, Morón), Leandro Martín Díaz y Ricardo Teófilo Mongelos —quienes iban en un Volkswagen Gol— interceptaron a Ernesto Eduardo Cavazza —que estaba estacionando su vehículo Peugeot 206—. Se bajaron del auto, lo intimidaron con un arma de fuego tipo pistola que portaba Díaz sin autorización legal. Intentaron desapoderarlo del auto y de sus pertenencias, pero no lo lograron porque Cavazza se resistió. Se produjo un forcejeo y Díaz le disparó con el arma para causarle la muerte, lo que así sucedió minutos después.
Hecho II. El día 10 de julio de 2019, aproximadamente a las 21:00 hs., en la puerta del domicilio de calle Mármol 287, Villa Sarmiento, Morón, Leandro Martín Díaz y Alexis Javier Díaz se bajaron de un auto e interceptaron a Juan Osvaldo Barbieri que estaba estacionado dentro de su vehículo Chevrolet Tracker. Lo intimidaron, Leandro Díaz con un arma de fuego, mientras que Alexis Díaz se acercaba al vehículo de Barbieri con las manos en los bolsillos simulando tener un arma. Leandro Díaz para procurar la impunidad del evento y con el fin de matarlo, le disparó con el arma de fuego que portaba por la ventanilla del lado trasero del conductor, por la espalda y a la altura del omóplato. Luego ingresó al vehículo del lado del acompañante y sustrajo su teléfono celular y el revolver que llevaba la víctima. Al mismo tiempo, Alexis Díaz, al escuchar el disparo, corrió hacia el auto en que habían arribado —se puso al volante— y una vez que su consorte se subió, ambos se fugaron con los objetos robados. Las lesiones provocaron la muerte de Juan Osvaldo Barbieri el día 17 de julio de 2019 en el Hospital Posadas.
El tribunal de juicio tuvo por probado un accionar planificado por todos los imputados en ambos hechos. Es decir que, sin perjuicio de que en ambos hechos fue Leandro Díaz el autor de los disparos, los otros involucrados tenían el conocimiento del riesgo mortal de la utilización del arma de fuego. Destacó que ninguno de los consortes de Leandro Díaz cambió el curso de acción luego de la acción homicida.
Agregó que, los indispensables y plurales aportes —en el primer hecho de Ricardo Mongelos y en el segundo, de Alexis Díaz—, importaron efectivamente una división de trabajo. Por ende, bajo una evidente coautoría en el intento de despojo en un caso (hecho I) y el desapoderamiento consumado en el otro (hecho II) calificó para los nombrados como homicidio en ocasión de robo (art. 165, Cód. Penal).
De este modo, en lo que en esta cuestión interesa, condenó a Alexis Javier Díaz, a catorce años de prisión, como coautor del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego con homicidio resultante (arts. 45 y 165, Cód. Penal).
En el caso de Leandro Martín Díaz, la calificación fue diferente, pues el tribunal tuvo por acreditado en ambos hechos una conexión ideológica entre el homicidio y el robo. Consecuentemente, condenó a Leandro Díaz a la pena de prisión perpetua como autor y coautor responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego reiterado —dos hechos, uno de ellos en grado de tentativa—, homicidio criminis causa cometido con el uso de arma de fuego —dos hechos— y portación ilegal de arma de fuego de guerra —dos hechos—, todos en concurso real (arts. 41 bis, 42, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2 segundo párr. y 189 bis inc. 2 cuarto párr., Cód. Penal).
III.2. La defensa de los hermanos Díaz en el recurso de casación —y en lo que aquí importa—, se agravió, con relación al hecho I endilgado a Leandro Díaz, de la calificación legal de homicidio agravado por la causa. Adujo falta de acreditación del vínculo ideológico entre el homicidio y el intento de desapoderamiento y solicitó la recalificación en el complejo del art. 165 del Código Penal. Respecto al hecho II, planteó la arbitraria y absurda valoración de la prueba. En subsidio argumentó que el homicidio resultó un exceso del antes nombrado por el que su hermano Alexis Díaz no debía responder por lo que requirió la recalificación en robo con arma de fuego para el último.
III.3. La Sala III del Tribunal de Casación, por mayoría, corrigió la calificación excluyendo la aplicación de la agravante genérica del art. 41 bis del Código Penal respecto de [Leandro] Martín Díaz y rechazó el recurso interpuesto.
Resaltó que la materialidad y la autoría de los imputados en el hecho I llegaron firmes; lo mismo con la materialidad del hecho II. Coincidió entonces con el tribunal de juicio en que la conducta de Leandro Díaz en el hecho I era la del art. 80 inc. 7 del Código Penal. Para ello consideró, entre otros elementos, la filmación de cámaras de seguridad que registró un forcejeo entre el victimario y la víctima, evaluando que esta nunca llegó a tocar el arma y que la resistencia que opuso fue menor. En tal sentido, los jueces del órgano revisor consideraron que el damnificado era una persona muy mayor que estaba siendo atacada por dos hombres jóvenes, por lo que su oposición habría sido fácilmente vencible mediante un acto de menor violencia.
Indicaron que se observó en ese registro visual cómo Díaz le pegaba a Cavazza con el arma a modo de porra, para luego, cuando la víctima ya se estaba alejando, dispararle. De este modo, por la cercanía, y el lugar del disparo no era verosímil la versión del imputado, y menos aún que el propio agresor no creyera que el proyectil le había impactado.
Explicaron que Díaz descendió del auto con el fin original de apoderarse del rodado de Cavazza, que este se negó a entregar las llaves del vehículo y ante esa negativa, tras un forcejeo, procedió a dispararle.
Reflexionaron que entonces, la única explicación para el disparo mortal, era la decisión de Díaz de darle muerte en vinculación con el robo según dos de las hipótesis que recoge la norma aplicada: homicidio para consumar el otro delito y procurar su impunidad.
Destacaron que la negativa de Cavazza a entregar las llaves del rodado no aplacó el fin de robo de Díaz, quien disparó para luego escaparse en el auto en el que había arribado junto a Ricardo Mongelos. Aseveró que ello da cuenta de la existencia de la ultra intención requerida por la figura.
Con cita de la doctrina de esta Corte en la causa P. 100.416, desestimaron el planteo de subsumir el hecho en los términos del art. 165, ya que del art. 80 inc. 7 no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito.
En cuanto al hecho II, del voto del juez ponente (el doctor Borinsky, a quienes adhirieron Violini —sólo con diferente apreciación respecto del concurso delictivo— y Maidana) se advierte que también confirmó la calificación legal porque, según lo explicó, de la materialidad surgía que Leandro Díaz le disparó a Barbieri por la espalda, cuando la víctima estaba sentada dentro del auto, y luego de ello consumó el despojo. También encontró correcto el concurso real en ambos hechos y a su vez ratificó el delito contra la seguridad común previsto en el art. 189 bis inc. 2 cuarto párrafo del Código Penal.
En cuanto a la pretensión de que los consortes de Leandro Díaz —en ambos hechos— respondiesen sólo por robo (art. 166 inc. 2 segundo párr., Cód. Penal) y no por el homicidio resultante (art. 165, Cód. Penal), la rechazó.
Coincidió en que la circunstancia de no haber apretado el gatillo no implicó que no hubiesen participado del hecho que culminó con la muerte de una persona, ni que la asignación de tal tipo legal viole el principio de culpabilidad.
En el caso de Alexis Díaz precisó que el robo fue consumado por ambos luego de que Leandro le disparara a Barbieri, con una clara división de roles pues —según los dichos de la testigo Sofía Barbieri—, tras el evento, los asaltantes incluso cambiaron los lugares en el automóvil en que habían llegado, tomando Alexis la conducción del rodado, lo que agilizó la huida.
Concordó en que no se podía suprimir la conducta de ninguno de ellos sin presumir fundadamente que los hechos y su devenir no se hubiesen modificado. Destacó, sin albergar duda, que hubo un accionar planificado por los imputados (tanto en el hecho I como en el II) del que se desprende el conocimiento de la utilización de un arma de fuego y de su capacidad letal, y que pudieron fácilmente concluir que su uso efectivo podría causar la muerte de alguien. Sin embargo, ninguno cambió el curso de su accionar luego de los disparos, máxime, en el segundo caso, en que el robo se consumó después del homicidio.
Subrayó que los indispensables y plurales aportes, en cada caso, importaron la división de trabajo, por ende, ratificó la coautoría en el complejo del art. 165 del Código Penal.
IV. La denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva respecto de Leandro Díaz en el hecho I es infundada porque el impugnante no replicó las conclusiones anteriormente reseñadas (doctr. art. 495, CPP).
Es que, el órgano revisor mantuvo los hechos probados en el fallo condenatorio a partir del incuestionado registro fílmico del evento. Por lo tanto, no hay controversia respecto de que Díaz descendió del auto, intimidó a Cavazza con un arma de fuego con la finalidad de apoderarse del suyo, y cuando este se negó a entregarle las llaves, luego de un forcejeo, decidió dispararle en el tórax. Se interpretó que la finalidad de tal disparo, en el contexto circunstancial antes descripto, tuvo la intención clara de: darle muerte, consumar el ilícito, y lograr su impunidad. De esta forma fue descripta y comprendida la mecánica del suceso, es decir, se le dio una explicación fundada del elemento subjetivo requerido por la norma.
Por lo demás, la interpretación jurídica se condice con la doctrina de esta Corte que sostiene que para la aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal "...debe demostrarse la existencia en el ánimo del autor de cualquiera de las finalidades que contempla" (conf. causas P. 121.266, sent. de 17-V-2017; P. 127.647, sent. de 9-V-2018; P. 131.546, sent. de 6-XI-2019; P. 131.772, sent. de 20-XI-2019; P. 132.303, sent. de 26-II-2020; P. 134.008, sent. de 7-V-2021; e.o.) y que "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (conf. causas P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 113.545, sent. de 19-XII-2012; P. 111.820, sent. de 31-VII-2013; P. 132.776, sent. de 8-IV-2021; P. 135.059, sent. de 4-IV-2022; P. 134.660, sent. de 3-XI-2022; P. 134.461, sent. de 16-III-2023; P. 135.376, sent. de 11-IV-2023; e.o.).
Con respecto al hecho II atribuido al mismo Leandro Díaz, el vínculo subjetivo entre el robo y el homicidio de Barbieri arriba firme, pues como lo señala el señor Procurador General en su dictamen, en el recurso de casación la defensa no cuestionó los requisitos de esa figura, sino que se quejó de la acreditación de la autoría a partir de un único testimonio —el prestado por la hija de la víctima—. De manera que, el reclamo sobre la configuración fáctica de las exigencias subjetivas del art. 80 inc. 7, son producto de una reflexión tardía (conf. art. 451, CPP).
V. En cuanto a los agravios referidos a la coautoría de Alexis Javier Díaz en el hecho II, de acuerdo con lo que se detalló, ambas instancias tuvieron por acreditado que el robo a mano armada se consumó luego de que Leandro Díaz ejecutara por la espalda a la víctima Barbieri. De acuerdo con las referencias fácticas indicadas, efectivamente hubo una división de roles: ambos llegaron en un vehículo, se bajaron, al unísono se acercaron para interceptar a la víctima y luego del disparo —mientras Leandro se introducía en el habitáculo del auto de la víctima para sustraerle las pertenencias—, Alexis Díaz regresó corriendo y se puso al volante —función que no había cumplido antes— para, una vez que su consorte se subió, fugar juntos con los objetos robados. Se agregó que Alexis conocía que se utilizaría un arma de fuego y destacó que sin su aporte el plan podría haberse frustrado.
En tales condiciones, la insistencia sobre quien efectuó el disparo mortal es inocua para variar la significación jurídica aplicada mediante la categoría de coautoría funcional.
En efecto, esta Suprema Corte tiene dicho que tal categoría teórica surge justamente para supuestos en que más de un sujeto codomina el hecho a través de su función específica en la ejecución del suceso total sobre el que existe una decisión (plan) común. Entonces, si hubo un plan compartido y un codominio durante la fase ejecutiva del hecho, todos quienes participen en tales términos se encuentran vinculados en el plano subjetivo, por una resolución común que permite la "imputación recíproca" de los aportes de cada uno.
Dado que en el caso no hubo controversia respecto de la existencia de un plan previo de robo a mano armada, y de la efectiva intervención de Alexis Díaz coactuando durante el tramo ejecutivo central del suceso, corresponde desestimar el planteo de la defensa y mantener la significación jurídica del hecho II, conforme fuera confirmada en la instancia previa.
Es que, resulta doctrina consolidada de esta Corte que quien participa de un robo violento, en el que el otro interviniente ejecuta un homicidio doloso en el contexto inmediato al desapoderamiento, responde por el tipo del art. 165 del Código Penal; ello, con independencia de la figura que le cabría al ejecutor de propia mano de
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