Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130227
En la ciudad de La Plata, a 27 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Negri, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.227, "Luna, Rodolfo Gerardo; Liberto, Juan Manuel; Chaparro, Rodrigo Emidio y Mario, Héctor Aníbal s/ Recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad, en causa nº 74.135, 74.140, 74.166, 74.141 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de febrero de 2017, rechazó los recursos homónimos interpuestos por las defensas de Rodolfo Gerardo Luna, Miguel Víctor Gallego, Juan Manuel Liberto, Rodrigo Emidio Chaparro y Héctor Aníbal Mario, contra la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de San Martín que condenó a los nombrados a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlos coautores responsables del delito de tortura seguida de muerte (v. fs. 179/223 vta.).
Frente a lo así decidido, se presentaron recursos extraordinarios ante esta Corte. El defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a favor de Rodolfo Gerardo Luna (v. fs. 232/244). El abogado particular de Juan Manuel Liberto, doctor Darío Saldaño dedujo los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 339/344; sin perjuicio del previamente deducido por el letrado anterior). Por su parte, la defensa de Héctor Aníbal Mario -doctor David Lettieri- articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. fs. 346/358 y fs. 405/412). Por último, la señora defensora adjunta de Casación, doctora De Seta, en representación de Rodrigo Emidio Chaparro, ratificó la presentación formulada por el propio imputado en términos de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 483/494 vta. y fs. 504 y vta.). Asimismo, la señora defensora solicitó se hagan extensivos a sus asistidos Chaparro y Gallego los recursos de inaplicabilidad de ley interpuestos a favor del resto de los coimputados (v. fs. 504). La Casación se pronunció sobre la admisibilidad a fs. 505/510.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 539/549), dictada la providencia de autos (v. fs. 558), vista la presentación efectuada a fs. 578 por los letrados apoderados de los particulares damnificados en adhesión al dictamen fiscal, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el defensor oficial de Rodolfo Gerardo Luna a fs. 232/244?
2ª) ¿Lo es el extraordinario de nulidad presentado por la defensa particular en favor de Juan Manuel Liberto a fs. 339 vta./341 vta.?
3ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado en favor del antes nombrado Liberto a fs. 342/344?
4ª) ¿Corresponde admitir el recurso extraordinario de nulidad interpuesto en favor de Héctor Aníbal Mario a fs. 405/412? Y, en su caso, ¿es fundado?
5ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Mario a fs. 346/358?
6ª) ¿Lo es el extraordinario de inaplicabilidad de ley también deducido por el coimputado Rodrigo Emidio Chaparro a fs. 483/494 vta.?
7ª) ¿Procede hacer lugar al efecto extensivo de los recursos solicitado por la defensora oficial adjunta, doctora De Seta, en favor de Miguel Víctor Gallego?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Contra el pronunciamiento reseñado en los antecedentes, el señor defensor de casación adjunto, doctor Daniel Aníbal Sureda interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor del coimputado Rodolfo Gerardo Luna. En el mismo articuló tres agravios:
I.1. Denunció en primer término la infracción al derecho de defensa en juicio -derecho a ser oído- y al debido proceso legal (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2."d", CADH; 14.1, 14.3 "b" y "d", PIDCP) -v. fs. 234 vta.-.
En tal entendimiento alegó que si bien en principio el imputado Luna decidió no pedir la audiencia contemplada en el art. 458 del Código Procesal Penal, posteriormente el acusado -privado de su libertad- presentó un escrito in pauperis (v. fs. 174 y vta.) solicitando audiencia, y respecto del cual la Sala V del Tribunal de Casación resolvió no hacerle lugar por extemporaneidad (v. fs. 178).
Consideró el señor defensor que por ello su asistido se vio privado de someter al análisis del tribunal cuestiones consideradas esenciales en lo que refiere a la defensa material de su mandante.
En tanto de lo resuelto por el juzgador -aduce la parte recurrente- no se corrió vista a la defensa técnica como fuera solicitado por el imputado privado de su libertad, ni se le notificó a las partes la resolución de fs. 178, todo lo cual constituyó una violación al derecho de defensa imposibilitando, cuanto menos al titular del derecho a formular planteos que pretendía fueran analizados por el Tribunal de Casación, violentando los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.1 y 8.2."d" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 14.1, 14.3."b" y "d" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 235 y vta.).
Precisó la defensa que al haberse prescindido de un trámite que garantiza la defensa en juicio y el derecho a ser oído de una persona privada de su libertad, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 202 inc. 3 y 203 del Código Procesal Penal, debe declararse la nulidad de lo resuelto respecto de Rodolfo Gerardo Luna (v. fs. 235 vta.).
I.2. Como segundo agravio denunció la arbitrariedad del pronunciamiento atacado por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes del Superior Tribunal federal, afectando la defensa en juicio -derecho a ser oído- y el debido proceso legal (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1 y 8.2."h", CADH; 14.5, PIDCP; y 168 y 171, Const. prov. (v. fs. 236 vta. y 237).
Señaló que el tránsito de la causa por el Tribunal de Casación Penal resultó "aparente", frustrando -de ese modo- el derecho a la doble instancia pues habiendo acudido en procura de la revisión de la valoración probatoria efectuada para demostrar la materialidad y la coautoría, el a quo se limitó a reiterar las razones del sentenciante de origen, omitiendo ocuparse seriamente de los agravios de la defensa, incumpliendo con su función revisora, agregando "meras afirmaciones dogmáticas", lo cual impide, -denunció- verificar en el caso una revisión conforme la directriz que emana del precedente "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 238 vta.).
I.3. En tercer lugar denunció afectación a los principios de culpabilidad por el acto, igualdad, pro homine , proporcionalidad y razonabilidad; irrazonabilidad e inconstitucionalidad de la pena a prisión perpetua (arts. 5 y 144 ter , 2, Cód. Penal); infracción a los arts. 1, 16, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 22, Const. nac.; 5.6, CADH, 10.3, PIDCP; 2.1, Convención contra la Tortura y otros Tratamientos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y 57 y 171, Const. prov.; y arbitrariedad del pronunciamiento en tanto se basa en afirmaciones dogmáticas que no abastecen el requisito de fundamentos de los pronunciamientos judiciales, de conformidad con la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esta Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (en contradicción con los arts. 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2."h", CADH; 14.5, PIDCP; y 168 y 171, Const. prov.) (v. fs. 239 vta.).
Se agravió de la determinación judicial de la pena, por entender que en tal proceder se violaron garantías constitucionales, tales el debido proceso, el derecho a ser oído y la defensa en juicio, el derecho a la doble instancia judicial, y denunció arbitrariedad por falta de fundamentación en la finalmente impuesta. Indicó que la falta de censura de la casación sobre lo expuesto, no se compadece con las exigencias que al respecto ha construido esta Corte cuando estableció que el tribunal a quo "...al revisar la cuestión debe efectuar un juicio crítico sobre aquellas, ya que de [esa] manera se puede constatar el error [...] que la parte denuncia" (fs. 240).
Destacó que la Casación con su competencia material abierta se apartó de los alcances de los principios de culpabilidad por el acto, proporcionalidad e igualdad ante la ley, sin brindar fundamentos válidos para obrar de tal modo, y al confirmar el criterio sustentado por el tribunal de grado, ha dejado latente la cuestión federal, afectando la defensa en juicio y el debido proceso (v. fs. 240 vta.).
Puntualizó que el art. 144 tercero del Código Penal impone de manera mecánica y genérica la aplicación de una pena a perpetuidad contraviniendo la prohibición de privar del derecho a la libertad en forma arbitraria, pues no permite individualizarla en base a las características del delito, la participación y la culpabilidad del acusado (v. fs. 241 vta.).
Adunó que a todo evento -de no prosperar el pedido de inconstitucionalidad de la pena a perpetuidad- existe la posibilidad de brindarle una interpretación constitucional, y ella se circunscribe a otorgarle a la misma una sanción numérica, la que no podrá superar los veinticinco años de prisión (v. fs. 242).
Por todo lo expuesto, solicitó que se case el fallo recurrido y se disponga el reenvío a la instancia revisora, con el fin de lograr -con una integración adecuada- un pronunciamiento ajustado a derecho (v. fs. 243).
II. El dictamen del señor Procurador General propició el rechazo del reclamo traído (v. fs. 545 vta./548 vta., apdo. VI.2.b.).
III.1. Conforme surge de las constancias del legajo, el imputado Luna, detenido alojado en la Unidad 9 de La Plata solicitó audiencia con su defensor "...para poder requerir lo contemplado en el art. 458 del CPP" mediante escrito de fecha 16 de mayo de 2016 glosado a fs. 166 y vta.; con posterioridad fue el propio defensor adjunto -doctor Sureda- quien acompañó acta labrada el 7 de junio de 2016 en la sede de la Unidad Penitenciaria mencionada y que fue incorporada al legajo casatorio, a fs. 167/168, en virtud de la cual dio cuenta de que el señor Rodolfo Gerardo Luna "...expresamente manifiesta respecto del inicial pedido de comparendo que su interés se encuentra satisfecho con la presente entrevista e información recibida..." (fs. 168 cit.).
La defensa oficial había presentado en el mes de febrero de 2016 el memorial sustitutivo previsto en el último párrafo del art. 458 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires y luego de la audiencia celebrada con su asistido en junio de ese año, nada solicitó ni planteó.
Meses después, el 19 de diciembre del mismo año, Luna presentó un escrito en el cual ofreció prueba -para demostrar la peligrosidad de la víctima Barros Cisneros- y requirió se celebrara la audiencia prevista en el mencionado art. 458 y se notificara a su defensor. La pretensión fue desestimada en la instancia intermedia por extemporaneidad (v. fs. 174/178).
Como lo indica la Procuración General, el reclamo constituye una cuestión procesal ajena, por regla, a la competencia de esta Corte, sin que se demuestre la relación directa e inmediata con los derechos constitucionales que se invocan. El acusado tomó contacto personal con su abogado sin formular en tiempo oportuno ninguna petición de manera que no puede pretender -sin alegar alguna circunstancia excepcional-, que se encontraba habilitado para requerir el trámite regulado por el art. 458 del Código Procesal Penal recién seis meses después.
En consecuencia, no se advierte vulnerado el ejercicio de la defensa técnica y material, ni tampoco emerge que haya quedado en un eventual estado de indefensión (arg. art. 18, Const. nac.).
III.2. El segundo reclamo referido a la afectación al derecho al recurso, lo vinculó a una presunta errónea valoración de las pruebas en las que se sustentara la materialidad y la coautoría responsable de Luna en el delito reprochado (v. fs. 236 vta./239 vta., apdo. IV.2.).
Argumentó que entre los asuntos llevados a decisión de la instancia anterior se encontraba el que cuestionaba la existencia de "...elementos como para considerar que [su] mandante supiera y quisiera ser parte de un plan criminal de tal envergadura y así, ante el exceso de otro de los imputados, y sin que se haya aportado ninguna prueba directa que pueda sustentar su responsabilidad penal en los términos de coautor, se solicitó su absolución y subsidiariamente una condena en los parámetros del art. 144 bis del CP" (fs. 237).
Destacó que frente a tales argumentos defensistas, el tribunal intermedio incurrió en una fundamentación aparente respecto al extremo criticado. Cuestionó que el órgano revisor reprodujera la sentencia de primera instancia sin más, omitiendo ocuparse seriamente de los agravios llevados a su conocimiento, incumpliendo de tal modo con su función revisora, brindando puras afirmaciones dogmáticas.
III.2.a. Tal como lo expuso el recurrente, los planteos en cuestión fueron oportunamente llevados al Tribunal de Casación al interponer el recurso (v. fs. 104/111 vta. del legajo de casación n° 74.135) y el Tribunal intermedio adelantó que se ocuparía de su tratamiento en forma conjunta con planteos de similar tenor presentados por las defensas del resto de los coimputados (v. fs. 199).
En ese entendimiento el juez votante (el doctor Celesia -v. fs. 199/222 vta.-, a quien en el punto adhiriera el juez Ordoqui), analizó las cuestiones respecto de cada uno de los coimputados en una misma cuestión.
Destacó así respecto de la valoración de la prueba que surge acreditado que "...el 28 de enero de 2012, entre las 10:00 y las 10:30 horas, en el interior de un corredor denominado gasoducto ( rectius : pasoducto) de la Unidad Carcelaria nro. 46 del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires [...] al menos Gerardo Rodolfo Luna, César Raúl Benítez (prófugo a la fecha), Miguel Víctor Gallego, Juan Manuel Liberto, Rodrigo Emidio Chaparro y Héctor Aníbal Mario, por entonces empleados penitenciarios encargados de la custodia de los internos allí alojados y en circunstancias que el detenido Patricio Jonathan Barros Cisneros acude a la 'oficina de control' a reclamar mejores condiciones para recibir la visita de su pareja, se ocasiona una discusión y reacción de Barros Cisneros, frente a la cual los nombrados, fuera del marco de sus funciones específicas, además de insultarlo le arrojaron un elemento químico en aerosol denominado 'gas pimienta' o PPQ, le colocaron esposas en sus manos y por la espalda, derribándolo al piso donde le efectuaron golpes, trompadas y puntapiés en espalda, tórax, extremidades inferiores y superiores y mayormente en la región encefálica y rostro, infligiéndole así torturas que por su violencia ocasionaron un riesgo cierto que se concretó con la muerte de la víctima" (fs. 199/200).
Precisó de seguido que "Esa materialidad ilícita pudo ser reconstruida y acreditada con certeza por el a quo , luego de un meduloso análisis de todos los medios de prueba reunidos a lo largo del proceso" (fs. 200).
Así puntualizó que "El juzgador se ocupó en primer lugar de detallar la falaz historia que en un primer momento presentaron los empleados penitenciarios involucrados en el hecho, basada en que el interno se había autolesionado golpeándose fuertemente la cabeza contra unas rejas y producto de ello se había desvanecido, cuya falsedad fue quedando en evidencia a poco que se comenzaron a incorporar a la causa distintos elementos de prueba" (fs. cit.).
Argumentó de tal modo que "En efecto, en primer lugar se tuvo en cuenta la declaración testimonial de Giselle Alejandra González, pareja de la víctima en el momento de los hechos, quien contó en el debate que ese día llegó al penal para la visita, que Patricio la saludó y le dijo que esperara que iba a pedir que le dieran una pieza para mantener la visita, que al rato escuchó gritos, se asomó para el lado del control y lo vio a Patricio esposado boca abajo y le gritaba 'Giselle vení a ayudarme', que ella pidió que lo suelten pero no lo querían soltar y le seguían pegando. Que le pegaban patadas en los testículos, cabeza y costillas; en un momento un penitenciario morocho y alto dio la orden de que la sacaran a ella afuera, y así lo hizo otro del servicio que era petiso 'flaquito'. Que cuando se retiró la golpiza seguía, estuvo afuera del penal como una hora y luego le avisaron que Patricio había fallecido porque se había golpeado contra la reja" (fs. cit. y vta.).
Señaló de seguido que "Se valoró el testimonio de Gonzalo Damián Aguirre Barrios, quien durante la instrucción había prestado declaración bajo reserva de identidad. Cabe destacar en este punto, en atención a alguna de las críticas que esbozan los recurrentes, que este testimonio cumplió las formalidades de los arts. 232, 240, 360 y concs. del C.P.P.; pues al prestar declaración en el debate se develó su identidad con el debido control de la defensa, de modo que la reserva de identidad que se mantuvo en la instrucción -por cierto fundada en el entendible temor que manifestó el testigo por su condición de detenido en el Servicio Penitenciario-, no se advierte que haya generado algún perjuicio concreto al derecho de defensa de los imputados ni la defensa se ha ocupado de demostrarlo más allá de su genérica invocación" (fs. 200 vta. y 201).
Sumó a todo ello que "...debe tenerse en cuenta que el testigo Aguirre Barrios contó en lo esencial que ese día Patricio Barros Cisneros estaba con visita y tuvo una discusión con gente del servicio de tipo verbal, que luego los agentes lo ahorcaron, lo tiraron al piso, le pusieron las esposas y le empezaron a pegar. Que primero discutió con el agente Mario y luego llegaron otros encargados que ahí lo rodearon, uno lo ahorcó, otro lo tiró al piso y empezaron los golpes. Que los penitenciarios que estaban y le pegaron fueron Luna -que le saltaba encima-, Mario, Chaparro y Gallego le pegaban, que estaba Silva que le daba patadas, después vino otro encargado que se llama Horacio y le puso gas pimienta en la boca mientras Patricio estaba boca abajo esposado" (fs. 201).
Que "Entre otras cuestiones de trascendencia el testigo describió que los golpes y patadas fueron en todo el cuerpo, y que Luna le saltó encima varias veces, mientras Barros estaba boca abajo, y que también estando en esa posición le tiraron el gas pimienta. Dijo que todo duró diez o quince minutos, y que lo que relató lo pudo observar desde la cocina en la que trabajaba distante unos cuatro metros del lugar del hecho, sin que nada le obstaculizara la visión" (fs. 201 y vta.).
Asimismo "Otro testigo que depuso en el debate fue Cristian Maximiliano Vaca, también detenido en la unidad 46 cuando ocurrió el hecho. Contó que aquel día se encontraba internado en el sector de sanidad y en un momento observó que pasaban dos o tres encargados, que era como que había ocurrido algo, que sacó un espejo para mirar y pudo ver que le estaban pegando a un pibe, dijo 'le pegaban, lo pisaban y después terminó muerto'. Manifestó que eran seis o siete los penitenciarios que estaban alrededor del pibe, pero sólo puede identificar a Luna y Benítez, que todos le pegaban 'lo cagaban a palos', además lo prepoteaban diciéndole como que había bardeado, que Barros gritaba y se quejaba como que le dolía, estaba en el piso con las manos para atrás. Que el episodio duró quince o veinte minutos y que nadie intentó hacer cesar los golpes sino que terminó cuando se dieron cuenta que el pibe estaba muerto" (fs. 201 vta. y 202).
R
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.