Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132113
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.113, "V. G., E. O. s/ Recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad en causa n° 50.433 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Soria.
La Sala I de Transición del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 9 de junio de 2016, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de E. O. V. G., contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Plata que, en la causa 3.142 y su acumulada 3.458, lo condenó a la pena de veintinueve años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal (al menos tres hechos) calificado por el carácter de ascendiente del autor, como así, por la situación de convivencia preexistente, en concurso real entre sí, y tenencia ilegal de arma de guerra, todos en concurso real entre sí; y remitió las actuaciones a la instancia a fin de que, recabados los informes pertinentes y teniéndose presente el plazo de prescripción en orden al delito de tenencia ilegal de arma de guerra, se pronuncie en definitiva sobre el punto (v. fs. 138/151).
El día 19 de diciembre de 2018, el órgano de primera instancia declaró en forma definitiva la extinción de la acción por prescripción en orden al delito señalado y redujo el monto de pena, el que fue fijado en veintisiete años de prisión, accesorias legales y costas del proceso (v. fs. 200/201).
Frente a lo resuelto por el tribunal intermedio, la defensa oficial dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 168/179) y de nulidad (v. fs. 180/183). Por su lado, la citada Sala I resolvió declarar parcialmente admisible el primero de ellos y admisible el de nulidad (v. fs. 205/208), sin que eso mereciera objeción alguna de la parte (v. fs. 216).
Oído el señor Procurador General a fs. 217/220 vta., dictada la providencia de autos (v. fs. 221) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Contra el pronunciamiento reseñado en los antecedentes, el señor defensor oficial interpuso recurso extraordinario de nulidad en el que denunció la omisión de una cuestión esencial (v. fs. 181 vta.).
Luego de resumir ciertos pasos procesales que presentó el caso, recordó que con posterioridad a la interposición del recurso de casación y previo al dictado de la sentencia del tribunal homónimo, esa parte -acompañando una presentación in pauperis del acusado V.- había solicitado que la excesiva duración que insumió la etapa de revisión de la sentencia condenatoria debía ser contemplada como una circunstancia atenuante en los términos de los arts. 40 y 41 del Código Penal, y traducirse en una reducción de la pena impuesta (v. fs. cit. y vta.).
Sostuvo que al omitirse esa cuestión en el pronunciamiento se había lesionado la garantía constitucional prevista en el art. 168 de la Constitución bonaerense.
En ese discurrir alegó que la misma radicaba en que el tiempo transcurrido en la etapa recursiva superaba los cinco años e implicaba un plus de sufrimiento que debe repercutir en la pena, citando, para avalar su postura, precedentes de esta Corte (v. fs. 182).
En suma, solicitó la anulación parcial del fallo puesto en crisis y el reenvío a los fines de que se aborde la cuestión.
II. A diferencia de lo dictaminado por la Procuración General (v. fs. 217/220 vta.), entiendo que el recurso no prospera.
III. Si bien es cierto que el tribunal intermedio nada dijo acerca de la pauta atenuante indicada (excesiva duración del plazo insumido en la etapa de revisión), ni por ende tampoco reparó en la tempestividad en que el planteo fue realizado, con posterioridad al recurso en trato surgen circunstancias que empecen a la procedencia del reclamo.
Veamos. En oportunidad de cumplir con la decisión de reenvío a la instancia de grado para que se expida sobre la posible prescripción de la acción penal del delito de tenencia ilegal de arma de guerra, las partes -en audiencia de cesura- acordaron que el paso del tiempo que había conllevado la prescripción de ese delito, merecía tener un impacto en la pena total impuesta.
En dicha audiencia estuvieron presentes tanto el representante del Ministerio Público Fiscal como el imputado y su defensa oficial. Todos hicieron saber su posición y la defensa expresamente convino con la acusación la nueva ponderación de las pautas para dirimir la nueva pena, que se redujo a veintisiete años de prisión (v. fs. 200/201 vta.).
De este modo, considerando el principio de unidad de defensa -reforzado aquí donde ha habido una defensa única-, estimo que estos hechos posteriores dan cuenta de que las partes han hecho valer lo atinente a su posición e intereses, por lo que debe estarse a lo así actuado, pues no ha renovado la parte recurrente su interés en aquella pretensión, posiblemente por verlo reflejado en la nueva pena reducida.
En consecuencia, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani y Soria, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial de E. O. V. G. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra la sentencia de casación obrante a fs. 138/151, el que -conforme surge de los antecedentes- fue parcialmente concedido, de conformidad con lo que surge de la resolución de admisibilidad obrante a fs. 205/208.
En el segmento de la impugnación que superó la admisibilidad recursiva, denunció la errónea aplicación del art. 55 del Código Penal al considerar que la descripción de la materialidad fáctica no demuestra el alcance del concurso real de figuras y sí, por el contrario, el de un delito continuado (v. fs. 177 vta. y 178).
Expresó que, en el caso, se presentan los requisitos que exige la "conducta" que reclama, tales: la presencia de un dolo unitario, la repetición en la afectación típica y progresiva del mismo bien jurídico que puede ser afectado gradualmente, y la identidad física del titular del aludido bien jurídico (v. fs. 178).
Señaló que los hechos siempre consistieron en una misma e idéntica conducta de acuerdo a la descripción que emerge de la materialidad ilícita, y frente a lo resuelto por el tribunal intermedio acerca de que los abusos se habían perpetrado con una considerable discontinuidad temporal entre sí, adujo que tal discontinuidad no podía reputarse considerable, o al menos la sentencia no ha dado fundamentos válidos de tal afirmación. Agregó que tampoco brindó las razones por las cuales tal extremo resultaría determinante en las condiciones del caso, toda vez que los tres hechos se habrían producido durante un lapso de solo tres meses (v. fs. 178 vta.).
A su vez, cuestionó que, al establecer los requisitos para admitir la aplicación del delito continuado, el tribunal revisor no incluyó la circunstancia relativa a la "...inmediatez temporal entre cada uno de los actos particulares", siendo que la misma importó un obstáculo para su procedencia, de lo cual -en su parecer- la sentencia aparece contradictoria (v. fs. 178 vta.).
Por último, adujo que la sentencia impugnada al afirmar que la separación temporal no permitía encuadrar los hechos en una hipótesis delictual unificada dolosamente "...en realidad está desconociendo de manera oculta, y por lo tanto sin fundarlo, la presencia de un dolo unitario o dolo total" (fs. 178 vta.).
II. Coincido con el señor Procurador General en cuanto aconsejó el rechazo del recurso deducido (v. fs. 217/220 vta.).
III.1. El órgano revisor transcribió la materialidad ilícita fijada en la instancia de mérito y dijo que "...durante el lapso comprendido entre el mes de diciembre de 2007 y marzo de 2008, en la vivienda ubicada en la calle Ariño n° …, entre Amac y Parravicini de la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón, provincia de Buenos Aires, un sujeto de sexo masculino padre de familia que habitaba con su esposa y dos hijos menores: de doce (masculino) y tres años (femenino) de edad, abusó sexualmente con acceso carnal de su hija -con quien convivía junto al resto de la familia en, al menos tres oportunidades..." (fs. 143).
Luego, sostuvo que "...el Tribunal de mérito [...] describió que la acción desplegada había acontecido al menos en tres oportunidades, ya que según los creíbles dichos de la víctima, ésta así se lo había manifestado" (fs. cit.).
En lo que atañe al punto de agravio, resolvió que "Si bien es cierto que en el caso de hechos delictivos que conforman una secuencia, sometidos a un mismo encuadramiento legal y que se hallen en dependencia mutua en virtud de la unidad de designio, los mismos podrían conformar un único injusto o un delito continuado, es decir una antijuridicidad única con pluralidad de acciones, identidad de actores -y potenciales víctimas- configurando un designio criminal permanente e inalterado en lo que hace a la totalidad de sus despliegues fácticos, no lo es menos que si -como en el presente caso- los abusos se han perpetrado contra la misma persona, pero con una considerable discontinuidad temporal entre ellos -tal como aparece en el factum descripto en esta sentencia- la duplicidad de los abusos no constituye una continuidad delictiva no fragmentable jurídicamente" (fs. 148).
Adunó a ello, que "En el caso aparece indispensable diferenciar el factor normativo y el factor final en un dolo unitario, que pueda abarcar todas las posibles reiteraciones en el iter delictivo" y que "Lo dicho amerita mantener la calificación legal determinada por el a quo, dando valedera razón de ser al concurso real que en la sentencia se establece en conclusión incensurable por ser razonable" (fs. 148 vta.).
Concluyó que de acuerdo a la descripción fáctica y la autoría enrostrada al acusado correspondía descartar la solicitada unificación conceptual de las acciones del mismo y dio razón a que "...cada hecho acreditado -al menos tres- concurren materialmente entre sí" (fs. cit.).
III.2. Frente a lo decidido, las argumentaciones expuestas en el recurso en trato no resultan idóneas para controvertir los fundamentos por los cuales el tribunal recurrido desestimó los planteos formulados, pues en rigor sólo trasuntan una mera opinión discrepante a la del sentenciante que no logra evidenciar las vulneraciones legales denunciadas (art. 495, CPP).
Luego, la interpretación del delito continuado efectuada por el sentenciante, coincide con la que ha venido realizando esta Corte desde hace mucho tiempo (pues recordemos que en nuestro ordenamiento no se encuentra consagrado expresamente, sino que su aplicación proviene de la doctrina y la jurisprudencia).
En anteriores ocasiones he traído un antiguo voto del doctor Fernández (a quien adhirieran Bustos, Quijano y Rozas) en el que, a fin de rechazar un planteo de la defensa que propugnaba la continuidad delictiva para varios hechos de hurto de ganado de un mismo campo, se sostuvo que "...los elementos integrantes de[l delito continuado] lo constituyen la unidad de resolución, la pluralidad de acciones y la unidad de lesión jurídica (ver Soler, t. II, pág. 346)" (conf. causa Ac. 304, "Andicochea, Leonardo; Cejas, Donato y otros. Hurto de ganado mayor reiterado, en General Lamadrid", sent. de 26-XI-1957, publicada en "Acuerdos y Sentencias" 1957-VI, págs. 109/116).
Esta postura se condice con la proveniente de la doctrina italiana que exigía que, para la configuración del delito continuado, el autor, en el aspecto subjetivo, debía contar con lo que Carrara llamaba "resolución criminal única" (conf. Carrara, Francesco; Programa del Curso de Derecho Criminal, Parte General, Tomo I, traducción de Octavio Béeche Argüello y Alberto Gallegos Pacheco, 1ra. Edición, San José, Jurídica Continental, 2000, pág. 292); posicionamiento confirmado en varios otros precedentes en los que esta Corte -incluso con otra integración- estableció como doctrina legal que "...para que haya delito continuado es necesario que haya unidad de resolución o de designio. En consecuencia, no procede esa calificación cuando se juzga una pluralidad de acciones y de designios independientes" (conf. causas Ac. 6.133, "Ferreyra, Rubén Saúl. Estafas reiteradas", sent. de 16-VII-1963, magistrados votantes: Nápoli-Quijano-Martocci-Acuña Anzorena, publicada en "Acuerdos y Sentencias" 1963-II, págs. 359/362 y Ac. 7.416, "Tau, José Azziz. Estafas reiteradas", sent. de 11-V-1965, magistrados votantes: Martocci-Nápoli-González Bergez-Acuña Anzorena, publicada en "Acuerdos y Sentencias" 1965-I, págs. 1.006/1.009).
En ese sentido, ya en otras oportunidades he señalado que "...ante la falta de consagración legal expresa del supuesto de delito continuado, debe exigirse a la jurisdicción la mayor meticulosidad posible en la justificación de su aplicación, puesto que no existe total consenso de la doctrina y la jurisprudencia respecto a qué hipótesis delictivas se extiende, como así tampoco cuáles son los requisitos de mínima y de máxima que se exigen para afirmar su concurrencia" (mi voto en la causa P. 121.641, sent. de 31-VIII-2016).
Por ello, aun cuando el recurrente enumere ciertos requisitos que -entiende- presentes en el caso, no se logra revertir la conclusión de que en el supuesto en análisis los abusos se han perpetrado con una considerable discontinuidad temporal entre ellos y que "...la duplicidad de los abusos no constituye una continuidad delictiva no fragmentable jurídicamente" (art. 495, CPP).
III.3. A lo expuesto debo agregar un dato más. La pretendida aplicación de la continuidad delictiva en los casos de los delitos contra la integridad sexual, ha obtenido reparos de peso en el derecho comparado.
Ya en su momento Edmund Mezger, tomando como ejemplo un caso de abuso, sostenía que la exigencia a nivel subjetivo "...ha sido criticada con razón, porque es absurdo otorgar el privilegio de la continuación y, por consiguiente, de un solo hecho, a quien ha concebido desde un principio el 'dolo total' y se aprovecha cada vez de nuevo de la misma oportunidad para su acción punible (por ejemplo, abusar siempre de nuevo del mismo niño, 176, n°. 3), y pone de manifiesto, así, una voluntad delictiva especialmente intensa, en contraposición con el que cede reiteradamente a la tentación que se le presenta" (Mezger, Edmund; Derecho Penal Parte General, traducción de Conrado Finzi, Ed. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1958, págs. 342).
Efectivamente, el indicado Tribunal Supremo Federal Alemán frente a los supuestos de abuso sexual [StGB 173, 174 y 176] decretó no reconocer el delito continuado como unidad jurídica o típica de acción. Incluso, respecto a otros tipos penales, el BGH declaró que, para el tratamiento adecuado del desvalor total de estos supuestos, bastan las disposiciones concursales cuya adecuación debe examinarse caso a caso por los tribunales (conf. Posada Maya, Ricardo; ob. cit., pág. 461).
Donna concluye que, en definitiva, la del delito continuado se trata de una teoría antigua "...en el mal sentido de la palabra, dejada de lado por la doctrina y la jurisprudencia y aparece, especialmente en este tipo de delitos [en referencia a los delitos contra la integridad sexual] como una forma de simulación del dolo que dogmáticamente es inexplicable" (ob. cit.).
Es que incluso en España, aun cuando el Código Penal ibérico regula en forma expresa la unificación típica continuada, razones político criminales llevaron a establecer que su aplicación resulte facultativa en casos de infracciones contra el honor, la libertad e indemnidad sexuales, disponiendo así que "En estos casos se atenderá a la naturaleza del hecho y del precepto infringido para aplicar o no la continuidad delictiva" (CPE, apdo. 3, art. 74, modif. por LO 15/2003).
IV. En consecuencia, en virtud de las razones expuestas, debe rechazarse el intento por revertir la aplicación del enlace real regulado por nuestro ordenamiento de fondo (art. 55, Cód. Penal) a los hechos comprobados, pues no ha sido demostrada la errónea aplicación de ley sustantiva ni la violación de la doctrina legal referida a ésta.
Voto por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan en cuanto sostiene que las argumentaciones del recurrente, expuestas como una mera opinión discrepante a la del sentenciante, no resultan idóneas para controvertir los fundamentos por los cuales el Tribunal de Casación rechazó la pretensión de la defensa de tener a los hechos imputados como constitutivos de un delito continuado y no de un concurso real de delitos como quedó establecido en la condena (art. 495, CPP).
Asimismo, coincido en que, aun cuando el impugnante alegue la presencia de ciertos requisitos a los fines del encuadramiento pretendido, con ello no ha logrado revertir la conclusión del a quo acerca de que "...si -como en el presente caso- los abusos se han perpetrado con una considerable discontinuidad temporal entre ellos -tal como aparece en el factum descripto en (esa) sentencia-, la duplicidad de los abusos no constituye una continuidad delictiva no fragmentada jurídicamente" (fs. 148).
Con ese alcance, y en coincidencia con lo dicho por el señor Procurador General a cuyo dictamen también remito, doy mi voto por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de la colega que inicia el acuerdo, doctora Kogan, con el alcance señalado por el magistrado doctor Genoud, en cuanto considera que la impugnación extraordinaria en trato deducida por la defensa oficial del imputado V. G. debe ser desestimada por razones de insuficiencia (art. 495, CPP).
En efecto, el recurrente solo exhibe un criterio personal discrepante con la línea argumental desplegada por el Tribunal intermedio en su fallo confirmatorio de lo resuelto en la instancia originaria, en tanto sustentó su decisión favorable a tener por
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