Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132839
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara de oficio la extinción de la acción penal por prescripción respecto de los querellados Jorge Rivero y Celia Beatriz Rivero, en orden a los delitos por los que venían procesados (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 5, 67 -según ley 25.990-, 110, 113 -ley 26.551- y 156, Cód. Penal).
Se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales del doctor José Ignacio Ochoa por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en causa P. 132.839, "Diaz, María Raquel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y de nulidad en causa n° 20.800 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres .
Luego de que esta Corte anulara el juicio de admisibilidad realizado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores en los términos del art. 486 del Código Procesal Penal (causa P. 131.252, resol. de 8-V-2019; v. fs. 299/301 vta.), el 15 de agosto de 2019, el Tribunal de Alzada practicó un nuevo examen y admitió los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley presentados por el abogado particular de la querellante María Raquel Díaz, contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó el pronunciamiento del Juzgado en lo Correccional n° 1 que sobreseyó a Roberto Jorge Rivero y a Celia Beatriz Rivero en orden a los delitos de violación de secretos e injurias por encontrarse extinguida la acción penal por desistimiento del querellante al no haber instado el proceso durante el plazo previsto por ley (conf. arts. 59 inc. 4, Cód. Penal; 323, 386 inc. 3, 387 y 388, CPP; v. fs. 317/320).
Dictada la providencia de autos a fs. 328 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Debe declararse de oficio la extinción de la acción penal por prescripción en orden a los delitos previstos en los arts. 110, 113 y 156 del Código Penal?
En caso negativo:
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo :
I.1. En el recurso extraordinario de nulidad presentado por la querellante María Raquel Díaz, con el patrocinio letrado del abogado José Ignacio Ochoa, se denunció la violación del art. 168 de la Constitución provincial por omisión de tratamiento de cuestiones esenciales vinculadas a la falta de razonabilidad del sobreseimiento y al exceso de rigor formal (v. fs. 256/259 vta.).
I.2. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, tacharon de inconstitucionales los arts. 386 inc. 3 y 387 del Código Procesal Penal por apartarse del art. 59 del Código Penal, al crearse -según la recurrente- una nueva causal extintiva de la acción penal que no está prevista en la norma de fondo.
Agregó que se vería impedida de iniciar un nuevo proceso penal por operar en favor de la querellada la garantía contra el doble juzgamiento (conf. art. 8.4., CADH y 14, PIDCP; v. fs. 259 vta.).
Concluyó que la interpretación efectuada por la Cámara de los citados arts. 386 inc. 3 y 387 es irrazonable y viola la tutela judicial efectiva, la inviolabilidad de la defensa en juicio, el juzgamiento integral y el control judicial suficiente (conf. arts. 18, 75 inc. 22, Const. nac.; 8 y 25, CADH v. fs. 261/262).
Por todo lo expuesto, solicitó que se deje sin efecto la declaración de extinción de la acción penal y el consecuente sobreseimiento con imposición de costas en su contra (v. fs. 262 vta.).
II. Esta Corte se encuentra impedida de abordar el tratamiento de los recursos traídos, ya que las acciones penales de los delitos previstos en los arts. 110, 113 y 156 del Código Penal están prescriptas (conf. arts. 59 inc. 3, 62 inc. 5 y concs., Cód. Penal).
II.1. De la lectura de la querella surge que el hecho supuestamente cometido por Jorge Rivero, con fecha 1 de agosto de 2015, quedó encuadrado en el art. 156 del Código Penal "en concurso" con la figura de injurias tipificado en el art. 110 del mismo ordenamiento y el endilgado a Celia Rivero en el "...delito tipificado en el art. 110 y 113 del citado cuerpo legal" (fs. 21/27).
No se especificó si entre las figuras de los arts. 156 y 110 -respecto de Jorge Rivero- y de los arts. 110 y 113 -en relación a Celia Rivero- existe un concurso real o ideal; sin perjuicio de lo cual, en cualquiera de dichas modalidades concursales operó la prescripción de las acciones penales a favor de ambos querellados (conf. arts. 59 inc. 3, 62 inc. 5, Cód. Penal).
II.2. En efecto, es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, opera de pleno derecho, por el sólo "transcurso del tiempo" (conf. en el orden nacional, entre varios, doctr. CSJN, Fallos: 305:1236; 311:2205; 313:1224; 323:1785; 324:2778 y, en el ámbito local, por todos, P. 83.722, sent. de 23-II-2005 y su prole).
Y, ello debe ser resuelto por esta Corte, aun en el estrecho marco de su competencia extraordinaria, cuando se encuentren verificados todos los requisitos positivos y negativos que establece la ley para su procedencia, a efectos de evitar la continuación de un juicio innecesario (conf. CSJN, Fallos: 186:396; 318:2481). Estos son: 1) el transcurso del plazo pertinente (art. 62, Cód. Penal); y 2) la inexistencia de actos procesales interruptores y la no comisión de un nuevo delito (conf. art. 67, Cód. cit.).
Asimismo, resulta pertinente señalar que la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005) vigente al momento del hecho (presuntamente acaecido el 1 de agosto de 2015) modificó los párrafos cuarto y quinto del art. 67 del Código Penal, sustituyendo del primero de ellos la expresión "secuela del juicio", como causal interruptora de la prescripción de la acción penal, por un catálogo taxativo de los actos procesales que producen ese efecto (incs. "b", "c", "d" y "e").
A su vez, estableció en el quinto párrafo que la prescripción corre, se suspende o interrumpe "separadamente para cada delito", consagrando de manera expresa la denominada teoría del paralelismo para su cómputo en los supuestos de pluralidad de ilícitos (ver mi voto en la causa P. 64.341, sent. de 6-VIII-2003; e.o.).
La presentación de querella se formalizó con fecha 21-IX-2016 (v. fs. 21/27; conf. art. 67 inc. "c" cit.) y el llamamiento a la audiencia de conciliación el 26-IX-2016 (v. fs. 29/30, conf. art. 67 inc. "d" cit.). Con posterioridad a ello no se produjo ningún otro acto que suspenda o interrumpa el curso de la prescripción, conforme se deprende de lo acontecido en el expediente y de los informes remitidos por el Registro Nacional de Reincidencia y por el Registro de Antecedentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia (v. fs. 360/361 y 363/364).
En función de lo expuesto, más allá de la modalidad concursal de los delitos por los que vienen acusados, lo cierto es que desde el llamamiento a la audiencia de conciliación (26-IX-2016, conf. art. 67 inc. "d" cit.) hasta la actualidad transcurrió holgadamente el plazo de dos años para que opere la prescripción de los delitos previstos en los arts. 110 y 113 del Código Penal, reprimidos con penas de multa (t.o. según ley 26.551) y en el art. 156 del citado cuerpo de leyes, sancionado con pena de multa e inhabilitación de manera conjunta (conf. art. 62 inc. 5, Cód. Penal).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde declarar la prescripción de las acciones penales de los delitos previstos en los arts. 110 y 156 del Código Penal respecto de Jorge Rivero y de los regulados en los arts. 110 y 113 del citado cuerpo de leyes con relación a Celia Beatriz Rivero (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 5 y concs., Cód. Penal).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani y Torres, por los mismos fundamentos que la señora Jueza doctora Kogan, votaron la cuestión previa también por la afirmativa .
A la primera y segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Dada la forma en que ha quedado resuelta la cuestión previa no corresponde el tratamiento de las presentes.
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani y Torres, por los mismos fundamentos que la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera y segunda cuestión en igual sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se declara de oficio la extinción de la acción penal por prescripción respecto de los querellados Jorge Rivero y Celia Beatriz Rivero, en orden a los delitos por los que venían procesados (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 5, 67 -según ley 25.990-, 110, 113 -ley 26.551- y 156, Cód. Penal).
Se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales del doctor José Ignacio Ochoa por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/03/2021 17:08:13 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 18:52:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 19:09:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 20:19:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/03/2021 20:28:13 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia