Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 140552
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 140.552, "Rubio, Roberto Miguel —fiscal general del Departamento Judicial Trenque Lauquen— y Bigliani, Roberto E. —apoderado de la particular damnificada— s/ Recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad en causa nº 17.403/23 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, seguida a Vidal, Clementina", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Juzgado en lo Correccional n° 2 de Trenque Lauquen, mediante sentencia dictada el día 14 de agosto de 2023, condenó a Clementina Vidal a la pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso y siete años de inhabilitación especial para conducir vehículos con motor, por considerarla autora del delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor.
El defensor particular de Vidal, doctor Hernán Cerinignana, impugnó el fallo y la Cámara de Apelación y Garantías departamental revocó la condena y absolvió a la nombrada (v. sent. de 13-XI-2023).
Contra lo así decidido, el doctor Roberto E. Bigliani, apoderado de la particular damnificada, presentó recurso extraordinario de nulidad. Por su parte, el señor fiscal general de Trenque Lauquen, doctor Roberto Miguel Rubio, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
El Tribunal de Alzada, mediante resolución de fecha 8 de febrero de 2024, declaró admisibles ambas impugnaciones.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por el apoderado de la particular damnificada?
2ª) ¿Lo es la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducida por el señor fiscal?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El abogado particular, doctor Roberto E. Bigliani, en su carácter de apoderado de la particular damnificada, Eva Marisol Aloma, presentó un recurso extraordinario de nulidad donde denunció la violación del art. 168 de la Constitución provincial.
En primer lugar, sostuvo que de los tres jueces de la Cámara solo votaron dos, lo que quebrantó el principio de imparcialidad e incumplió con las exigencias que impone la conformación de un tribunal colegiado.
En segundo término, alegó que dicho defecto se agravó aún más porque solo uno de los jueces emitió su voto, mientras que el otro se limitó a prestar una adhesión simple.
Concluyó que no hubo "...conformación de manera legal del cuerpo colegiado, violando el principio de imparcialidad que asegura la composición del Tribunal por 3 jueces y se incumplió con la exigencia del acuerdo previo y voto individual de aquellos a fin de dejar establecida la mayoría de opiniones que determinará la sentencia definitiva".
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar la impugnación. Coincido con lo dictaminado.
III. El recurso extraordinario de nulidad es improcedente (conf. art. 492, CPP en sentido contrario).
III.1. El agravio vinculado a que solo votaron dos de los tres jueces de la Cámara no procede, pues es doctrina reiterada de esta Suprema Corte que la circunstancia de que intervengan solo dos magistrados en el acto sentencial cuando se trata de un tribunal colegiado, a la luz de lo normado en el artículo 168 de la Constitución provincial, no genera por sí misma la invalidez del pronunciamiento (conf. causas P. 72.841, sent. de 7-VII-2004 y P. 76.037, sent. de 10-VIII-2005).
A ello se agrega que no se advierte que los magistrados intervinientes no hayan votado del modo establecido en el texto constitucional o que no exista mayoría de opiniones (causas P. 77.065, sent. de 20-VIII-2003; P. 77.468, sent. de 17-XII-2003; P. 118.406, resol. de 23-IV-2014; e.o).
III.2. Las críticas vinculadas al voto de adhesión simple tampoco son de recibo.
En efecto, de la lectura del fallo en crisis se advierte que el señor juez Paita, quien votó en primer término, analizó los hechos y la prueba del fallo de mérito, y concluyó que correspondía revocar la condena. Por su parte, el señor juez Gini adhirió simplemente a dicho voto, haciendo "...propios los motivos y fundamentos expuestos por [el] colega preopinante".
Los términos en los que se formuló la adhesión simple no evidencian vicio alguno que permita descalificar el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido. Cabe recordar que esta Suprema Corte ha resuelto en reiteradas ocasiones que es constitucionalmente válido el voto cuyos fundamentos no se expresan por extenso sino por adhesión a un voto anterior emitido en el mismo acuerdo —lo que ha ocurrido en la sentencia impugnada— desde que ninguna ventaja habría en repetir lo ya dicho.
En suma, el voto de adhesión significa que existe voto del juez que lo emite con idénticos fundamentos a los que se remite (conf. causas P. 77.812, sent. de 28-V-2003; P. 102.430, sent. de 27-VIII-2008; P. 113.932, resol. de 28-VIII-2013; P. 119.336, resol. de 20-VIII-2014; P. 123.607, resol. de 7-XII-2016; P. 128.927, resol. de 23-V-2017; P. 127.873, sent. de 27-XII-2017; P. 135.701, resol. de 1-XII-2021; P. 136.313, resol. de 4-IV-2022; e.o.).
III.3. Finalmente, en lo que respecta a la denuncia de violación del principio de imparcialidad, dado que este embate se enlazó directamente con los agravios rechazados en el punto anterior —cantidad de jueces intervinientes y voto de adhesión—, no corresponde efectuar ninguna consideración adicional para su desestimación.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar por improcedente la vía extraordinaria de nulidad deducida, al no evidenciarse en el fallo recurrido infracción a los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (art. 492, CPP en sentido contrario).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el señor fiscal general de Trenque Lauquen, doctor Roberto Miguel Rubio, denunció arbitrariedad en la valoración de la prueba.
En tal sentido, recordó el hecho imputado y destacó que la Cámara dictó la absolución con el argumento de que no existía certeza respecto de la maniobra previa a la colisión realizada por la acusada pues, según la prueba pericial, resultaban posibles dos hipótesis: 1) "...el vehículo de la imputada se encontraba estacionado o circulando [...] en la misma dirección que la motocicleta y realiza una maniobra en U para retomar la calle en sentido contrario"; 2) "...el vehículo egresa de un galpón que existía en ese mismo lugar, pero en vez de hacerlo sobre su sentido de circulación, atraviesa el mismo para realizar una maniobra de giro hacia la izquierda hacia el carril contrario de circulación".
Frente a ello, el recurrente sostuvo que la Cámara no advirtió que "...la imprudencia radic[ó] en haberse interpuesto en la vía de circulación sin cerciorarse de que no transitaba nadie por la misma".
Alegó que, tal como resolvió el señor juez de primera instancia, existe certeza positiva para imputar el resultado muerte al riesgo jurídicamente creado por la conducta ajena al deber de cuidado en el manejo del automóvil. Tildó de absurda la valoración de la prueba efectuada en el fallo en crisis, en tanto hizo referencia a hechos anteriores como si fueran fundamentales sin reparar en lo específicamente acreditado sobre el momento del hecho.
De seguido, dijo que no es cierto que no se haya podido determinar la incidencia de la maniobra previa realizada por la acusada en la realización del resultado, sino que el juzgado correccional consideró que la certeza respecto de una u otra hipótesis resultaba irrelevante porque "…ambas resultan violatorias del deber de cuidado" y "…ninguna le quita el carácter de imprudencia a la interposición en la circulación acreditada".
Explicó que, contrariamente a lo expuesto en el fallo en crisis, el señor juez de mérito determinó con exactitud la conducta prohibida que generó el riesgo jurídicamente desaprobado: "…la interposición del vehículo en el carril de circulación", agregando que "…es irrelevante cualquiera de las dos hipótesis precedentes, 1) que saliera del galpón o 2) que saliera de su estacionamiento junto al cordón".
A continuación, refirió que la Cámara omitió ponderar elementos de prueba debidamente merituados por el órgano de juicio y negó la acreditación de la imprudencia y culpabilidad sobre la base de argumentos dogmáticos. En tal sentido, sostuvo que se demostró que la interposición en el carril de avance de la moto fue una conducta violatoria del deber de cuidado "...aunque la fase precedente haya sido una u otra (provenir del cordón y girar en U, o salir del galpón y cruzar hacia la izquierda)".
De este modo, manifestó que "...la falacia de considerar que sólo determinando cuál de las dos maniobras [es el] antecedent[e] de la [violación] del deber de cuidado (interponerse en el carril de circulación), genera la falsa conclusión que oculta justamente la maniobra violatoria del deber de cuidado que fue interponerse, de costado y utilizando el ancho y centro de la calle, a la circulación de vehículos por ese carril, sin cerciorarse de que nadie transitaba por allí, con la consiguiente colisión que sucedió al riesgo, como es previsible para cualquier vehículo que viniera transitando".
Citó un extracto textual del fallo de mérito, del cual surge lo siguiente: "...si bien no existe certeza respecto de cuál de las dos maniobras fue la que realizó la imputada [...] no existe ninguna duda respecto de que el hecho se produjo por la acción del automóvil, el cual se hallaba realizando un viraje hacia la izquierda en mitad de una arteria de doble sentido de circulación, maniobra que produjo una situación intempestiva para el motociclista, quien no tuvo tiempo para realizar una maniobra de esquive, impactando al automóvil en la puerta del lado del conductor, en concordancia con lo antes expuesto respecto de lo que se encuentra acreditado sin duda alguna, en cuanto a cómo se produjo la colisión en este suceso, con el vehículo atravesado en la calle, siendo un impacto frontal por parte de la motocicleta sobre la puerta del conductor del vehículo automotor".
A su vez, reprodujo otro extracto del fallo de condena en el que se hace referencia a las dos posibles hipótesis del comportamiento de la acusada previo a la colisión y recordó que el juzgado concluyó que "...en ambos casos, y sin perjuicio de la legalidad de la maniobra, lo cierto es que se trata de una maniobra de alto riesgo, y el conductor que la emprende, debe cerciorarse de que no exista circulación en ambos sentidos de la calle, es decir, que otros vehículos se encuentren transitando a distancias que, de continuar la maniobra, pudiera ser un riesgo para los mismos. En ambos casos se trata de una maniobra de escasos segundos, el tiempo que se necesita para pasar de un carril al otro. Entonces, para que la motocicleta haya impactado al automóvil de la forma en que lo hizo, la maniobra [de la] automovilista necesariamente tuvo que ser intempestiva, es decir, cuando la motocicleta se encontraba a escasos metros del automóvil, por lo que debió haber sido advertido por [la] automovilista, y haber esperado que el vehículo pas[ara], si quería realizar esa maniobra".
Asimismo, recordó que en el fallo de condena se puso de manifiesto que de conformidad con las reglas del tránsito (conf. ley nacional 24.449 y ley provincial 13.927) "...la conductora del automóvil debió constatar previamente que la vía que intentaba invadir estuviera libre de circulación en una distancia suficiente para lograr acceder al sentido contrario de circulación que se proponía, evitando todo riesgo, no habiendo efectuado en el caso una correcta observación —los hechos lo demuestran— que la hubiera determinado a detenerse y a no intentar la maniobra. Entonces [...] no [...] caben dudas respecto de que la automovilista realizó la maniobra sin mirar hacia su izquierda, ‘a ciegas’, violando su obligación de ir atent[a] a las circunstancias del tráfico [...] La consecuencia de la interposición y del consecuente acortamiento de los tiempos de reacción para el motociclista que venía circulando a corta distancia por su carril es la que lamentablemente se preveía. La interposición de su vehículo cruzado en la calle, se transformó en una muralla que le impidió poder realizar una maniobra de esquive o frenado, no alcanzando a pasar, ni detenerse, ni desviarse, con el resultado luctuoso a la postre producido a consecuencia del impacto de la motocicleta con el vehículo, el cual arrojó a su conductor por encima del vehículo automotor, cayendo al piso metros más adelante, tal como se relevó en las constancias traídas a juicio de los testimonios escuchados en la audiencia de juicio".
Manifestó que la decisión de la Cámara "...hace aparecer como lícita la maniobra de interponerse en el carril de circulación vial sin cerciorarse de que nadie venga". A su entender, es irrazonable la conclusión del fallo en crisis, esto es, que por no tener certeza respecto de los momentos anteriores de la maniobra, lícitos de por sí, no se sancione la "violación del deber de cuidado", que es la única parte ilícita de la maniobra imprudente generadora del fallecimiento.
Insistió con que sobre la base de aspectos irrelevantes, tales como que no se pudo determinar con certeza de dónde procedía el auto (desde el cordón o el galpón), la Cámara le quitó entidad al comportamiento imprudente de "...cruzarse en la calle, ya en la vía pública, en el caudal circulatorio, sin antes cerciorarse del tránsito, que es donde debe extremar el cuidado, lo cual, se acredita y acepta de la prueba, colisionando por la interposición del vehículo al avance de la moto, con punto de contacto y embestimiento en el medio del carril, con el frente de la misma (quebrando la horquilla delantera) contra la puerta delantera izquierda (conductor) del automóvil interpuesto, en la intención de alcanzar el carril contrario de circulación, doblando hacia la izquierda, en lugar donde no está permitido (a mitad de la cuadra)".
Expuso que a pesar de que se acreditó una acción riesgosa en exceso (integrarse al caudal circulatorio de una avenida, no hacerlo por la mano correspondiente, cruzar hasta la de sentido contrario —interponiéndose en la ascendente—, sin cerciorarse de la ausencia de circulación) para el órgano revisor ello no tiene sanción legal alguna por no haberse determinado si el vehículo "...salía del galpón o si estaba estacionado junto al cordón".
II. El señor Procurador General propuso hacer lugar al recurso; coincido con lo así dictaminado.
III. En mi opinión, el recurso prospera (conf. art. 496, CPP).
III.1. Del fallo de Cámara surge que previo a abordar los agravios llevados por la defensa, decidió examinar el "...enunciado formulado por el juez sentenciante en la cuestión primera del veredicto al preguntarse si se encontraba probada la existencia del hecho penalmente relevante y los fundamentos rendidos para justificar el mismo. En ese sentido expresó ‘Siendo aproximadamente las 17:11 hs. del día 5 de febrero de 2021 Clementina Vidal salió conduciendo el automóvil marca Chevrolet Astra, dominio DDM-277 desde el lugar donde se encontraba estacionado, en acceso Rodríguez Mera n° 1500 de Trenque Lauquen, con el frente orientado hacia calle Paul Harris en sentido cardinal Noreste-Suroeste. Al hacerlo realizó una maniobra imprudente de giro en u, sin cerciorarse adecuadamente de que podía hacerlo sin riesgos para terceros. Mediante dicha acción obstruyó en forma imprevista la línea de marcha de la motocicleta marca Betamoto modelo Motard dominio 740-JEE guiada por Marcos Ezequiel Carena, quien circulaba por el mencionado acceso, desde calle Orzali hacia Paul Harris, provocando la colisión. A raíz de ello Carena, sufrió politraumatismos que provocaron su fallecimiento’...".
A continuación, el Tribunal de Alzada afirmó que "...resulta inexacto que las pruebas valoradas, den cuenta sobre la ocurrencia del hecho de la forma en que el juez lo tuvo por acreditado. Es más, el propio juez sentenciante afirma con absoluta claridad que no existe certeza respecto de cuál fue la maniobra realizada por Vidal, ante dos posibles maniobras que se tuvieron en cuenta como probablemente ocurridas".
A su vez, agregó que contrariamente a lo expuesto en el fallo de condena, "No resulta cierto que la controversia entre las partes se circunscriba únicamente en establecer lo que el juez Crespo denominó la existencia o no de responsabilidad a título de culpa por parte de Vidal", pues la defensa postuló que no se había acreditado ninguna de las dos hipótesis puestas de manifiesto por el juzgador y solicitó la absolución de su asistida.
Destacó que para el órgano de mérito "...de acuerdo a la ubicación en que quedó el vehículo embestido, en forma perpendicular a la calle en el momento que fue impactado por la motocicleta que circulaba por Acceso Rodríguez Mera con sentido hacia la ruta 33, la única explicación posible resultan ser las dos hipótesis que estableció la perit[a] oficial Zabala".
Señaló que el fallo de condena "...al dar respuesta a la cuestión 1ra del veredicto opta por afirmar que el vehículo que conducía Clementina Vidal se encontraba estacionado en acceso Rodríguez Mera al 1500, con el frente hacia calle Paul Harris, siendo las 17:11 hs. salió conduciendo y al hacerlo realizó una maniobra imprudente de giro en U, sin cerciorarse de que mediante dicha maniobra podría perjudicar a terceros. Fue así que de esa manera obstruyó la línea de marcha de la motocicleta conducida por Carena provocando la colisión y el posterior fallecimiento del nombrado".
De seguido, refirió que el hecho se tuvo por probado con la prueba producida por la fiscalía: testimonio del policía Carlos Alberto Fernández, quien concurrió al lugar e intervino en el acta de procedimiento policial; testimonio del perito mecánico Rubén Ricardo Campos; de la perita Estefanía Zabala, técnica superior en accidentología vial; del perito de parte ingeniero José Antonio Varela y de la perita en planimetría Amalia Rosa Pereyra. Frente a ello, notó que no se recibió declaración testimonial ni se incorporó por lectura ninguna declaración de personas que hayan estado presentes en el momento de la colisión, o hayan observado los movimientos previos o inmediatos posteriores de los vehículos involucrados.
Recordó que Zabala, la perita en accidentología vial, afirmó que "...había una maniobra de giro en U o egreso de un galpón. Esas fueron las dos opciones que evaluó, explicando que no se puede determinar con certeza cuál de las dos maniobras fue la realizada, ello porque había algunas deficiencias en los datos relevados en el lugar del hecho. Explicó el tipo de colisión y cuál de ellos resultó embistente y embestido. Que días posteriores concurre al lugar y ve una salida de un galpón y aparece la hipótesis de la posibilidad del egreso del galpón".
La Cámara consideró que tales hipótesis "...no son producto de una elaboración realizada por la perit[a], desarrollando alguna técnica o método propio de su disciplina. Tan desformalizada y desprovista de rigor científico resultó lo actuado por la policía Zabala, que sin haber sido comisionado ni dispuesto la ampliación de su labor, días después de ocurrido el hecho, la nombrada decidió concurrir al lugar y como vio una salida de un galpón ‘aparece’ la hipótesis de la posibilidad de egreso del galpón".
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