Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138497
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en causa P. 138.497, "Sanabria, Marcelo David. Recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad en causa n° 101.781, del Tribunal de Casación Penal, Sala V" y su acumulada causa P. 137.014-Q, "Sanabria, Marcelo David. Queja en causa n° 101.781 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
Conforme surge del expediente radicado electrónicamente, el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora condenó a Marcelo David Sanabria a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como coautor responsable de los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y por su comisión criminis causa, y robo, en concurso real (sent. de 20-XI-2019).
Frente a ello, la defensa del imputado presentó recurso de casación.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante sentencia de 24 de agosto de 2021, rechazó la impugnación y limitó la calificación a la de homicidio agravado por alevosía y por la causa en concurso real con robo, sin que ello tenga incidencia en el monto de la pena de prisión perpetua impuesta (arts. 12, 19, 29 inc. 3, 55, 80 incs. 2 y 7 y 164, Cód. Penal).
Contra lo así decidido, el señor defensor oficial ante la instancia casatoria, doctor José María Hernández, presentó recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley: el primero fue declarado inadmisible y el segundo parcialmente admisible (v. resol. de la Sala V del Tribunal de Casación Penal de fecha 14 de junio de 2022). Disconforme, la defensa dedujo queja que fue acogida por esta Corte; en consecuencia, se declaró mal denegado el recurso extraordinario de nulidad y la porción restante del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, y se los concedió (v. resol. de 2-VI-2023, causa P. 137.014-Q).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de nulidad la defensa denuncia omisión de tratamiento de una cuestión esencial.
Aduce la falta de abordaje del agravio relativo a la ausencia de acreditación de la coautoría endilgada a Marcelo David Sanabria.
Expresa que en el recurso de casación básicamente se señaló que "...aun teniendo por acreditada la mecánica de los hechos conforme lo hace la sentencia de primera instancia, no se encuentran acreditados los extremos necesarios para poder atribuirle responsabilidad [al imputado] en calidad de coautor...", y se añadió que de la sentencia tampoco surge ningún intento por fundar o, al menos, tratar dicho tópico.
Destaca que para endilgarle la muerte de Guillán a Sanabria en calidad de coautor es menester acreditar: a) que él fue el que realizó la maniobra de asfixia; o b) que a pesar de que él no efectuó dicha maniobra, la misma formaba parte de un plan común —conocido y aceptado por Sanabria—, que ese plan común guió el accionar de ambos sujetos desde el momento en que se produjo la sujeción de la víctima y que dicha sujeción importó un aporte dotado de dominio del hecho.
Alega que esta omisión también tiñó de arbitrariedad el pronunciamiento (art. 18, Const. nac.).
Indica que de no prosperar el recurso en trato debería canalizarse el planteo por influjo de la doctrina del precedente "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) y concordantes de la Corte federal.
II. Coincido con la Procuración General en que el recurso no puede prosperar (conf. art. 493, CPP).
II.1. El tribunal de la instancia tuvo por acreditado que sobre el final del 26 de noviembre de 2004 y las primeras horas del día siguiente, una persona de sexo masculino, junto a otra del mismo sexo, actualmente fallecida y una mujer menor de edad, coactuando en base a un plan común, en la vivienda de Medel 1.551 de la localidad de El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, donde moraba y se encontraba Rodolfo Manuel Guillán, lo redujeron atándolo de pies y manos, con cables, y procedieron a taparle con una cinta adhesiva su boca, colocándolo en un claro estado de indefensión y actuando así sobre seguro y, con claras intenciones de provocarle la muerte, le colocaron una almohada en su rostro asfixiándolo, con el fin de lograr la impunidad, evitando así ser identificados por la víctima, apoderándose ilegítimamente de diversos bienes, entre ellos una radio Sony, un par de zapatillas Topper, un identificador de llamadas, una video grabadora, un reloj pulsera marca Citizen Titanium, un caloventor, un teléfono con fax marca Firstain, dos computadoras, armas de fuego, dos amplificadores marca Sionika, una video casetera, un scanner marca Artec, una impresora marca Hewlett Packard, dos televisores marca Drean y Crown Mustang y dinero en efectivo, dándose a la fuga del lugar en el automotor marca Chevrolet Monza dominio ASE026, propiedad de la víctima, en el que se llevaron los objetos del ilícito.
Encontró a Marcelo David Sanabria coautor de los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y la causa, y robo, en concurso real, y lo condenó a la pena de prisión perpetua.
II.2. Frente a ello, la defensa oficial del imputado presentó recurso de casación en el que denunció la absurda valoración de la prueba que llevó a tener por acreditada la coautoría de Sanabria en el homicidio. Luego de reseñar la declaración del imputado y las testificales de Irma Guillán, Héctor Maroñas y Eduardo Gálvez, advirtió contradicciones en lo manifestado por la coimputada menor de edad, Adriana Sanabria, quien -según dijo- incorporó a "Marcelo" para excluirse de la escena.
En base a la declaración del hijo de la víctima, Rodolfo Guillán, entendió que el occiso no falleció por la cinta que tapaba su boca. Esgrimió duda acerca del mecanismo que produjo la muerte de Guillán, con base en el resultado de la autopsia y el examen histopatológico. Opinó que no estaba acreditado el dolo directo y menos aún las agravantes con las cuales los jueces calificaron el hecho. Alegó que no se tuvieron en consideración los dichos de Pablo Rojas, quien dijo que sabía que Guillán había intentado abusar de Adriana Sanabria, circunstancia que también surgió de la declaración de Olga Sanabria. Sumado a ello, mencionó que Rojas, Rodolfo e Irma Guillán refirieron que a la víctima le estaban presentando una jovencita. Indicó que los objetos sustraídos fueron entregados por plata para huir y el vehículo quemado, lo que lo llevó a considerar que no hubo un plan anterior y menos aún, premeditación. Agregó que las escoriaciones —impronta de uñas— por su ubicación fueron producidas encontrándose la víctima sin ropa, lo que es coincidente con las manifestaciones del imputado, quien refirió que al mediodía llevó a su hermana y a Daniel en un auto celeste Opel a una quinta para que le ofrecieran trabajo a Adriana. Destacó que su defendido afirmó que no ingresó, situación que a su entender fue confirmada por la hija de Guillán, por Héctor Maroñas y el resto de los testigos, que vieron sólo a Daniel y a Adriana con su pequeña hija.
Entendió que la coautoría de Sanabria no estaba probada en tanto no tuvo dominio del hecho.
Criticó la agravante referente al número de intervinientes. Aseveró que solo hubo dos partícipes en la muerte de Guillán, que no resultó acreditado el acuerdo anterior para matar y que no alcanza la pluralidad de intervinientes para tener por configurada la agravante endilgada.
También cuestionó la calificación del art. 80 inc. 7 del Código Penal. Dijo que la conducta de atar a una persona que siguió viviendo con posterioridad no alcanza para sostener la ultrafinalidad que exige el tipo penal y no implica atribución de la motivación homicida.
Adujo errónea aplicación del art. 80 inc. 2 del Código Penal, por entender que no surgía de la prueba que las ataduras tuvieran la finalidad de sacarle información a Guillán. En su parecer, es un contrasentido tapar la boca de una persona y pretender obtener información. Invocó el beneficio de la duda en cuanto a la concurrencia de las agravantes.
En subsidio, planteó la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua y de la prohibición de impedir la progresividad de la sanción. Solicitó la aplicación de una pena temporal.
II.3. La mayoría de la Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el voto del juez Borinsky al que adhirió el juez Natiello, luego de repasar los hechos que se tuvieron por acreditados, indicó, en lo que aquí interesa, que el órgano de mérito expuso las razones conducentes a efectos de tener por comprobados los hechos y la intervención de Sanabria a partir de las testificales recibidas en el debate y las incorporadas al juicio por lectura.
En esa senda, reseñó los testimonios brindados por Héctor Enrique Maroñas, Irma Guillán (hija de la víctima), Pablo Rojas y Eduardo Gálvez; este último estuvo en la casa el día de los hechos y manifestó en el debate que lo hizo pasar un señor que no conocía. Aclaró que, además del muchacho que lo había atendido al llegar, había una chica y un hombre canoso y que eran las tres y media o cuatro de la tarde. Recordó que Guillán estaba acostado con una bata y que le dijo que había llamado a otra persona que iba a ir a comprar los repuestos. Estuvo media hora o cuarenta minutos y se retiró. Refirió que, al salir, a unos treinta metros había un vehículo Opel con un muchacho de pelo largo y el capot levantado.
En orden a la disconformidad planteada con la valoración de los dichos de Jorge Morinigo, indicó que "...no se desprende de la atenta lectura del acta de debate y la sentencia cuestionada que tal elemento haya formado parte del acervo probatorio que el a quo tuvo en cuenta para acreditar la materialidad ilícita y la intervención del acusado". Agregó que, si bien en un tramo de la resolución cuestionada el sentenciante mencionó a un tal "Jorge Morinigo", se advertía el error involuntario en el que incurrió al confundir el nombre, en tanto se deduce sin esfuerzo alguno que se refería a Roberto Morinigo, único testigo que indicó que Marcelo era propietario de un automóvil viejo de color azul marca Opel. Resaltó que aun en caso de que se refiriese a esta última declaración, "...la impugnante se abstuvo de demostrar de qué modo y con cuáles alcances la detracción de la mentada probanza hubiese modificado el resultado del proceso, máxime cuando la lectura del veredicto permite concluir que el hecho y la autoría del mismo no fue construida exclusivamente en base a la cuestionada declaración, sino que, por el contrario, se basó en diversos elementos probatorios que las partes tuvieron oportunidad de controlar".
Reseñó los dichos de la testigo Ramona Mauri, hermana de Morinigo, en tanto señaló que en la casa quinta estaban su hermano Daniel, Marcelo y una chica porque le querían robar la plata al señor. Agregó que se les fue la mano y lo mataron.
Advirtió que fueron ponderadas las declaraciones de Martín Bustos y Mónica Chávez brindadas en el debate y las respuestas a las preguntas que surgieron en el juicio con motivo de las omisiones y contradicciones advertidas por el Ministerio Público Fiscal, sin vislumbrar la violación al sistema acusatorio que reclamaba la defensora. Ello en tanto el art. 366 inc. 4 del Código Procesal Penal habilita a utilizar las constancias escritas al solo efecto de verificar contradicciones, incongruencias u omisiones, como sucedió en el caso.
Indicó que el fallo otorgó prioridad a la versión oral, al señalar que no habían aportado nada al esclarecimiento de la verdad.
En punto a la solicitud de la defensa para que Adriana Sanabria brindase declaración en el debate, el juzgador destacó que la denegatoria "...era una cuestión que había quedado firme debido a que la parte [...] no formuló protesta en el momento oportuno".
Adicionó que no advertía en qué carácter hubiera podido comparecer la nombrada en el juicio, ya que "...como coimputada no puede ser testigo en tanto la prohibición de obligar a la autoincriminación impide tomarle juramento de decir verdad y, por lo tanto, de obligarla a declarar en su contra (art. 18, Const. nac.)".
Afirmó que "...la declaración incriminatoria del coacusado, es una prueba constitucionalmente legítima, y que ha de venir, como viene, corroborada mínimamente por algún hecho, dato o circunstancia externa [...] para constituir prueba de cargo bastante en orden a destruir la presunción de inocencia, puesto que al acusado, a diferencia del testigo, le asiste el derecho, reconocido en el art. 18 de la Constitución Nacional, a guardar silencio total o parcialmente".
Resaltó que "...los dichos de Adriana Sanabria, tomados como prueba indiciaria, complementaria de la expuesta y desarrollada, corroboran la línea de imputación seguida por los jueces de sentencia hacia el acusado".
Indicó que el tribunal desestimó la versión del inculpado al considerar que se trató de un vano intento por mejorar su situación procesal.
Destacó que la controversia se centró en lo que ocurrió en la vivienda, es decir, si Marcelo Sanabria estuvo o no presente y cómo ocurrió la muerte de Guillán.
En esta senda, mencionó que el robo no había sido discutido por la defensa, y que se tuvo por acreditado que Marcelo Sanabria ayudó a Daniel Morinigo a cargar las pertenencias de Guillán en el vehículo de la víctima y que junto a Adriana Sanabria se dirigieron al domicilio de Jorge Mereles, lugar en el que dejaron los objetos —que luego fueron secuestrados— y solicitaron dinero.
De seguido, se refirió a la versión de los hechos dada por la joven Adriana Sanabria, quien nada dijo acerca del supuesto intento de abuso sexual de parte de Guillán. Declaró que aproximadamente a la medianoche, cuando estaba dispuesta a retirarse de la casa, la víctima fue a bañarse; que mientras estaba en la habitación lindante al baño, le pareció escuchar que Daniel hablaba con alguien. Recordó que Guillán salió del baño y Daniel, que estaba sentado en un sofá, le tiró con un aerosol en la cara. Agregó que, en ese momento, vio entrar a Marcelo a la casa, que introdujeron a Guillermo en un dormitorio y cerraron la puerta. Aseveró que escuchó a Guillermo que, desde la habitación, le dijo "piba llamá"; que intentó llamar, pero Daniel había arrancado los cables. Expresó que, en ese momento, salió por la puerta de atrás de la cocina y que luego cargaron las cosas en el auto del dueño de la casa y se dirigieron a la casa de Jorge Mereles, donde descargaron las pertenencias. Que Marcelo y Jorge se llevaron el automóvil y decidieron prenderle fuego. Manifestó que Jorge les dio doscientos pesos para que viajaran a la provincia de Formosa.
Rememoró el descargo del imputado y la testimonial brindada por Olga Sanabria, progenitora del imputado y de Adriana Sanabria, única testigo que introdujo la hipótesis referente a que el fallecido agarró del brazo a su hija, la tiró sobre la cama y le dijo que se sacara la ropa, como que la quería violar. Añadió que su hija gritó y le tiró gas pimienta. Sostuvo que Daniel ingresó a la habitación, agarró al hombre del cuello y lo presionó. Expresó que su hija salió a lavarse la cara mientras Daniel gritaba como loco y le decía que lo había matado. Refirió que sonó el timbre y era Marcelo. Que luego se fueron cargando cosas en el auto. Explicó que Adriana quedó en shock y no volvió a reaccionar.
Entendió carente de lógica que Adriana hubiese involucrado a su hermano Marcelo en el suceso si había sido víctima de un intento de violación por parte de Guillán; tampoco encontró motivos razonables que permitieran explicar su silencio sobre esa circunstancia a pocos meses de ocurrido el hecho, con su hermano prófugo y Morinigo detenido.
Seguidamente, se remitió a la valoración de la autopsia y el informe anatomopatológico en virtud de los cuales se determinó que Guillán murió por asfixia mecánica por obstrucción de orificios respiratorios nasal y bucal. Mencionó que los peritos concluyeron que las lesiones a nivel de la boca y la posición del cuerpo —decúbito dorsal con una almohada a la derecha de su cabeza— hacían presumir que con ese objeto (la almohada) se produjo la obstrucción de los orificios nasales y bucal que provocaron la muerte de la víctima; que fue consecuencia de un paro cardiorrespiratorio traumático secundario a asfixia mecánica.
Luego de rememorar los dichos de Rodolfo Guillán, hijo de la víctima y primero en encontrar el cuerpo, descartó que resultase irracional la escena descripta por la primera persona que tomó contacto con lo sucedido y las conclusiones a las cuales arribaron los peritos médicos.
Rodolfo Guillán explicó que encontró a su padre con una almohada en la cara y atado, con sangre en la boca y también cinta scotch de la finita que aparentemente había cortado con la boca. Así, la casación apreció que la víctima pudo sobrevivir para cortar la cinta y ello no obsta a que, con posterioridad, los autores le hayan colocado una almohada en la cara para asfixiarlo según determinó el informe médico.
Sumó que los estigmas ungueales fueron producidos en vida de la víctima, circunstancia de la cual los peritos derivaron que pudo ser más de un agresor; lo que fue corroborado en primer lugar por los dichos de Adriana Sanabria, quien indicó que Morinigo y su hermano Marcelo introdujeron a Guillán en la habitación y cerraron la puerta. Pero también por la forma en la cual la víctima estaba maniatada, especialmente si se tiene en cuenta que en el juicio los hijos de Guillán refirieron que su padre era una persona de estatura baja y excedido de peso con un carácter fuerte.
Destacó que la ausencia de lesiones de defensa hizo presumir que la víctima se encontraba reducida, circunstancia que resultó coincidente con las ataduras que presentaba su cuerpo cuando fue hallado.
Agregó que tampoco se encontraron en las uñas del cuerpo del occiso restos orgánicos que pudieran demostrar un intento de defensa o de agresión hacia otra persona.
A fin de descartar la versión de Olga Sanabria —que Daniel agarró del cuello a Guillán y lo presionó— mencionó que los informes médicos determinaron con certeza que la víctima no presentaba lesiones en el cuello y que murió por la obstrucción de los orificios nasales y bucal.
Adicionó, como otros indicios corroborantes de la autoría de Sanabria, el secuestro de filamentos pilosos junto a la cama y a la mesa de luz de la habitación donde fue hallada la víctima, y también su fuga. Añadió que el nombrado fue visto por sus familiares esa madrugada junto a Adriana Sanabria y a Daniel Morinigo en el vehículo de la víctima con las pertenencias que habían sustraído.
Desestimó así las dudas planteadas por la defensa en atención a "...la contundente prueba de cargo analizada" y el eficaz cuadro reunido, que "...descarta por completo cualquier aproximación a una situación de duda insuperable que habilitara la aplicación de los principios en la materia..." reclamados infructuosamente por la parte impugnante.
III. De lo transcripto se advierte que el Tribunal de Alzada se detuvo expresamente en responder las objeciones llevadas por la defensa, en cuanto a la prueba de la materialidad infraccionaria y la intervención del imputado en los hechos, lo que descarta su preterición.
En rigor, bajo el planteo de omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, las críticas de la defensa se vinculan al modo en que el órgano revisor valoró la prueba y al acierto jurídico de lo decidido, todo lo cual result
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.