Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131000
Lo que resolvió el tribunal
I. Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario interpuesto y, en consecuencia, se declara la nulidad del fallo impugnado y se remiten los autos al tribunal de origen para que -debidamente integrado- dicte un nuevo pronunciamiento abordando la cuestión preterida (arts. 492 y concs., CPP y 168, Const. prov.).
II. Se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
En la ciudad de La Plata, a 20 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Kogan, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.000, "Bueti, Claudio Javier. Recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley en causa N° 13.711 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen".
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, mediante el pronunciamiento dictado el 9 de febrero de 2018 rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular de Claudio Javier Bueti contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 1 departamental, que lo condenó -mediante juicio abreviado- a la pena de seis meses de prisión de efectivo cumplimiento y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil (art. 189 bis inc. 2, Cód. Penal); y a la pena única de un año y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento y costas, comprensiva de la impuesta en la presente causa y la dictada por el mismo órgano con fecha 23 de marzo de 2011, de un año de prisión bajo la modalidad de ejecución condicional, dos años de inhabilitación especial para desempeñarse como propietario o a cargo de una carnicería (art. 207, Cód. Penal) y a multa de mil pesos ($1.000), por resultar autor responsable de los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil (art. 189 bis inc. 2, Cód. Penal) e infracción al art. 206 del Código Penal, en función de los arts. 247 y 248 del Código Alimentario nacional, ley 18.284, en concurso real entre sí, revocando la condicionalidad de la dispuesta (v. fs. 99/104 vta.).
Frente a lo así resuelto, el defensor particular, doctor Víctor Hugo Rojas Centurión, dedujo los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 141/147), los que fueron admitidos por el Tribunal de Alzada, el primero por considerar abastecidos los requisitos del art. 491 del Código Procesal Penal, y el segundo, en razón de los agravios federales planteados (v. fs. 148/150 vta.).
La Procuración General aconsejó en su dictamen de fs. 164/167 que se hiciera lugar a la vía de inaplicabilidad de ley por cuanto, según indicó a fs. 166 vta. "...la unificación dispuesta de oficio importó una modificación sustancial del objeto del juicio que exigía una sustanciación previa resultando así incompatible con el debido proceso (art. 18, CN)"; propuso por ello el reenvío de las actuaciones a la instancia de origen para que, previa sustanciación de las partes, fuese pronunciada una nueva resolución sobre el punto.
Dictada a fs. 168 la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley también deducido?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Más allá de las consideraciones que pudieran efectuarse sobre la inapropiada articulación -de modo conjunto- de las vías impugnativas deducidas y del juicio de admisibilidad llevado a cabo, entiendo que asiste razón al recurrente en cuanto sostiene que la Cámara omitió el tratamiento de una temática esencial propuesta a su conocimiento en violación de lo normado por el art. 168 de la Constitución de la Provincia.
En oportunidad de formular su recurso de apelación, la defensa denunció, entre otros agravios, que la jueza de grado dictó sentencia en quebrantamiento del art. 18 de la Constitución nacional, por afectación de las garantías de defensa en juicio y del debido proceso, en tanto había unificado la pena impuesta al acusado en la presente con la recaída en la causa n° 627/09 (5.803) sin dar intervención a las partes para que pudieran ser escuchadas al respecto en el marco del juicio abreviado acordado. Invocó lo dicho a ese respecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Romano" (v. recurso de apelación a fs. 116 vta. y 117).
Tal como afirma el defensor, la referida cuestión no fue abordada por el órgano revisor que al hacer propio lo resuelto en el fallo de Casación que citó, precisó las distintas naturalezas y finalidades de los institutos del procedimiento abreviado y de la unificación de penas, para en función de ello concluir que el sentenciante no estaba sujeto a monto alguno para determinar la sanción única; pudiendo valerse a tal efecto del método de suma aritmética como del denominado compositivo (v. fs. 128/129 vta.). A lo expuesto, el a quo agregó su consideración final sobre la inaplicabilidad al caso del invocado precedente "Romano" de la Corte federal, en "...la medida en que la situación que se abordaba en dicho 'dictum' unificaba una pena cuyo vencimiento había operado y ordenado el archivo del expediente" (fs. 129 vta.).
De manera que la respuesta dispensada por la Cámara no abarcó de forma alguna el planteo cuya preterición es aquí denunciada con acierto por la parte.
Debe por tanto anularse el fallo impugnado en cuanto a la unificación de penas efectuada y remitirse las actuaciones a la instancia anterior, para que, integrado el órgano jurisdiccional con jueces hábiles, dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a derecho (art. 492, CPP).
Voto, pues, por la afirmativa.
El señor Juez doctor de Lázzari , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
No corresponde que me expida sobre la impugnación traída por la vía de inaplicabilidad de ley pues está ceñida a lo resuelto por la Cámara respecto a la unificación de penas, tramo del fallo cuya anulación ha sido propuesta en la cuestión que antecede.
Así lo voto.
El señor Juez doctor de Lázzari , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
I. Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario interpuesto y, en consecuencia, se declara la nulidad del fallo impugnado y se remiten los autos al tribunal de origen para que -debidamente integrado- dicte un nuevo pronunciamiento abordando la cuestión preterida (arts. 492 y concs., CPP y 168, Const. prov.).
II. Se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia