Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73978
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.978, "Martocci, Jose María y otros contra Aguas Bonaerense y otro sobre incidente. Recursos Extraordinarios de Nulidad e Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Kogan, Soria, Pettigiani, Genoud, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación deducido por los accionantes en subsidio del de reposición y confirmó el apartado primero de la providencia de primera instancia en cuanto resolvió que la representación colectiva invocada por los demandantes en su escrito de solicitud de medida cautelar quedaba circunscripta a aquellos usuarios que se incorporaron al proceso principal dentro del período establecido al efecto (v. fs. 236/241).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 244/255).
Oída la señora Procuradora General (v. fs. 269/272 vta.), glosado el memorial de la Fiscalía de Estado (v. fs. 282/285), dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 277) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
En caso negativo :
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación deducido por los accionantes en subsidio al de reposición y confirmó la providencia de fecha 23 de diciembre de 2013, apartado 1, dictada por el magistrado de primera instancia, en cuanto circunscribió la representación colectiva invocada por los actores en su escrito de solicitud de medida cautelar a aquellos usuarios que se incorporaren al proceso principal dentro del período establecido al efecto (v. fs. 236/241).
II. En su recurso extraordinario de nulidad los accionantes denunciaron que el pronunciamiento del órgano de segunda instancia es nulo por no estar fundado en el texto expreso de la ley, conforme el art. 171 de la Constitución provincial (v. fs. 244/245).
En ese contexto, luego de reseñar las razones brindadas en el voto del doctor de Santis, al cual adhirió la doctora Milanta -y con ello se alcanzó la mayoría de opiniones-, puntualizaron que lo allí decidido carece de soporte legal en tanto se propició "...la confirmación de lo decidido por el judicante de grado sin una sola cita legal o, lo que es igual, sin ningún fundamento normativo".
Y destacaron, en tal sentido, que "...el conjunto de razones que apuntalan la decisión en crisis carece de todo apoyo en el texto expreso de la ley. En rigor, asoma en el hilo argumental, para imponerle las costas a los actores, la cita de los arts. 51, 55 y 56 y concs. ley 12.008 (texto según leyes 13.101 y 14.435). No es bastante, claro está, tales citas legales, atravesada por su carácter accesorio, para cumplir con las exigencias que impone el texto constitucional provincial".
III. Coincido con la señora Procuradora General que el recurso extraordinario de nulidad debe ser rechazado.
El decisorio que viene impugnado descansa en un específico razonamiento: su dictado no causa agravio al recurrente. En efecto, el voto del doctor De Santis de fs. 189 vta. y 190, que hiciera mayoría por adhesión de la doctora Milanta, concluye en la siguiente premisa: se revela una situación procesal neutra para el interés adjetivo del apelante (v. fs. 190). Se sostiene, en ese sentido, que en el caso tendrá lugar de todos modos una irradiación de efectos hacia un universo que comprenderá a los convocados al contradictorio y/o a otros sujetos ajenos a él.
No es este el lugar para verificar la corrección de tales razonamientos desde el punto de vista de fondo. Sin abrir juicio al respecto, solamente cabe examinar aquí si ese pasaje de la sentencia ha recibido o no la fundamentación legal constitucionalmente exigible. Se aprecia, en este sentido, la cita -entre otros- del art. 56 del Código Contencioso Administrativo.
En mi opinión, esa apoyatura satisface el extremo impuesto por el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En otras oportunidades he puesto de manifiesto mi particular y exigente interpretación en torno a la fundamentación legal de los fallos como causal del recurso extraordinario de nulidad. Remito, a este respecto, a cuanto desarrollara a partir de la causa Ac. 56.599, "Blanco", sentencia de 23-II-1999. El caso de autos, aun evaluado con el rigor de tal precedente, no evidencia vicio invalidante.
En efecto, uno de los requisitos indispensables para impugnar una resolución judicial por la vía de apelación es que el apelante tenga interés. No hay acción sin interés, como no hay recurso sin agravio. Existe este gravamen cuando media una diferencia perjudicial entre lo pedido por el justiciable y lo concedido por el juez, cuando aparece una diferencia en contra del peticionario, entre lo solicitado y lo acordado. Se requiere una insatisfacción, total o parcial, de cualquiera de los pedimentos de las partes y es necesario que se perciba que el litigante ha quedado en una posición perjudicial. Esta noción se apoya en las ideas de utilidad y necesidad (cfr. Hitters; "Técnica de los recursos ordinarios", págs. 59 y sigs. y 370 y sigs.).
Aquí la sentencia ha sostenido -bien o mal, no interesa por ahora- que el recurrente carece de agravio porque no le ha de seguir ninguna clase de perjuicio. Y lo ha fundado en el art. 56 del Código Contencioso Administrativo. Acudiendo a esta norma, advertimos que ella impone como carga del recurrente la debida fundamentación. La carga procesal de fundar un recurso reconoce y exige como presupuesto indispensable la existencia de interés o agravio. Ello surge implícitamente de la propia institución del recurso de apelación, de cada una de las normas que lo regulan (y en este sentido el decisorio que evaluamos también trae a colación el art. 55), y en especial de la exigencia de fundamentación del alzamiento.
Se concluye que al citar las normas generales que regulan el recurso de apelación, la sentencia ha cumplimentado debidamente el extremo de fundamentación legal de un decisorio que estima no hallar presente una situación de agravio.
IV. Por lo tanto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 298, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. No comparto el criterio del doctor de Lázzari.
El referido art. 171 de la Constitución provincial impone que las sentencias sean "...fundadas en el texto expreso de la ley; y a falta de éste, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso".
En punto a ese recaudo, esta Corte ha señalado que lejos de establecer una solemnidad secundaria y dispensable, constituye, en cambio, una de las más trascendentes garantías de la justicia (doctr. causa Ac. 53.040, "Pérez", sent. de 13-II-1998, e.o.), de la cual no puede privarse al litigante. Por lo que, por vía de principio, corresponde la anulación de la decisión que transgrede el referido mandato.
En ese orden, este Tribunal ha interpretado que se incumple con la mentada exigencia, entre otros supuestos, cuando sólo se hace mención del precepto relativo a la imposición de las costas, o bien, de normas que aluden a los recursos interpuestos, a diversas pautas meramente instrumentales o a cuestiones accesorias (doctr. causas Ac. 69.901, "Gorastarsu", sent. de 7-VII-1998; Ac. 75.911, "Celaya", sent. de 13-IX-2000; mi voto en P. 71.115, "Perotto", sent. de 16-IX-2003 y P. 80.280, "Rocha", sent. de 8-IX-2004).
III. En el caso, de la lectura del pronunciamiento impugnado se advierte que las normas invocadas por la Cámara (v. fs. 240) no fundamentan legalmente la decisión adoptada en lo sustancial, apartándose de lo requerido por el citado precepto constitucional.
En efecto, el fallo del Tribunal a quo , emitido por mayoría de fundamentos esgrimidos por el doctor de Santis en su voto -al cual adhirió la doctora Milanta-, sostuvo que el recurso de apelación no logró demostrar agravio en la providencia apelada, al entender que la plataforma de titularidad indiferenciada y afectación común que suponían esas rutas de acción emprendidas, importaba la exigencia de legitimación en cualquier afectado, sea éste uno o algunos, por lo que la presentación acotada decidida por el juez de la causa o la amplia que pretendía la parte recurrente en nada obstaba a que los efectos de la sentencia que se dicte vayan a irradiarse a un universo indeterminado de otros afectados.
De ese modo, la Cámara expresó que las partes en el proceso, u otros terceros no incorporados, serán destinatarios de cuanto resulte del contradictorio, sin necesidad de que este trámite deba reportar a estos últimos como protagonistas en él para definir un perfil colectivo de acción. A continuación, agregó que la legitimación sustancial -aspecto de fondo a considerar en el momento de dictar sentencia- sólo exige acreditar en quien demanda la condición de afectado en forma actual y directa y así su capacidad para obtener una sentencia de clausura que elucide el litigio.
Concluyó que la incidencia colectiva de la acción irradiará sus efectos, por esa misma razón, hacia un universo que podrá comprender a los convocados al contradictorio o a otros ajenos al mismo, sin que de su comparecencia dependa la suerte del trámite, ni de quien inste el litigio, ni de los alcances del pronunciamiento que lo decida. Por ese conjunto de razones, el mentado Tribunal rechazó el recurso de apelación interpuesto por los accionantes, con costas a la parte actora vencida, con cita de los arts. 51, 55 y 56 y concordantes de la ley 12.008, texto según leyes 13.101 y 14.437.
IV. Lo precedentemente reseñado pone en evidencia que lo resuelto por la Cámara, en punto a la representación colectiva, invocada por los actores en su solicitud de medida cautelar y su vinculación con los efectos del pronunciamiento a dictarse en la causa, carece de apoyatura legal. Pues las normas allí citadas por los sentenciantes (concernientes a la imposición de costas y a los recaudos procesales del recurso de apelación) resultan impropias para cimentar jurídicamente lo decidido en los aspectos antedichos.
Y como lo ha señalado esta Corte, las conclusiones de hecho a las que arribe el magistrado deben recibir la aplicación de las pertinentes normas de fondo, porque constituye garantía del derecho de las partes la obligación judicial de fundar el pronunciamiento de modo que se perciba claramente el itinerario lógico jurídico del que deriva la resolución final, habida cuenta que la deficiencia en tal sentido se erige en obstáculo al control de legalidad (doctr. causas Ac. 50.455, "Rotonda Vial S.A.", sent. de 3-II-1993; Ac. 69.901, "Gorastarzu", cit. y sus citas y A. 79.954, "Alcibar", sent. de 12-IX-2001).
De modo que la sentencia impugnada es nula por incumplir con la exigencia prevista en el art. 171 de la Constitución local.
V. Por lo expuesto, oída la señora Procuradora General, considero que debe hacerse lugar al recurso extraordinario de nulidad interpuesto y, en consecuencia, disponer la remisión de la causa a la Cámara de origen para que, integrada como corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento (art. 298, CPCC).
Costas por su orden, en atención a la forma en que se dirime la cuestión planteada (art. 68, segunda parte, CPCC).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Genoud y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, el recurrente denuncia absurdo en infracción del art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial; violación de los arts. 54 de la Ley de Defensa del Consumidor y 28 inc. "a" de la ley 13.133; y de la doctrina legal de esta Corte plasmada en la causa C. 91.576, "López", sentencia de 26-III-2014.
Sostiene que la sentencia de Cámara confirmó el pronunciamiento de primera instancia que limitó la representación colectiva invocada en interés de todos los usuarios que forman el grupo individualizado en el proceso principal a aquellos que se incorporaron dentro del período acordado a tal fin.
Alega que el Tribunal de Alzada incurrió en absurdo. Por un lado, al transformar un proceso colectivo en un clásico litisconsorcio activo con algunos actores que se presentaron dentro del plazo legal que tenían para hacerlo y por el otro, porque los accionantes carecen de agravio, puesto que los efectos de la sentencia pueden irradiarse a un universo indeterminado de afectados o a otros ajenos proceso, sin que de su comparecencia dependa ni la suerte del trámite ni los alcances del pronunciamiento que lo decida.
Considera que ello resulta contradictorio en virtud de que la decisión de la Cámara restringe la legitimación colectiva a los usuarios presentados en el proceso principal y al mismo tiempo rechaza el recurso de apelación interpuesto por los recurrentes con fundamento en que los efectos de la sentencia a dictarse pueden expandirse a un universo indeterminado de afectados. Ello, en forma concordante con los argumentos expuestos por los actores al invocar su representación de aquélla índole.
Precisa que la ausencia de agravio, a que alude la Cámara, es un argumento contradictorio respecto a lo expresado por el pronunciamiento de primera instancia en cuanto acotó la legitimación, excluyendo la posibilidad de que los efectos de la sentencia beneficien a toda otra persona que no se hubiese presentado.
Cita precedentes de esta Corte en los cuales se ha definido el vicio del absurdo (causas Ac. 37.503, "Pompey", sent. de 2-VI-1987; C. 97.144, "M., E. N. y o.", sent. de 2009; e.o.).
En otro orden, expresa que la sentencia impugnada viola la doctrina legal sentada por esta Corte en la causa C. 91.576, "López", en la cual se reconoció la existencia de procesos colectivos en los cuales se debaten derechos pluriindividuales homogéneos, como es en este caso.
En razón de ello, precisa que existe un origen común de las lesiones padecidas por el colectivo de usuarios -inexistencia de planta de tratamiento de desechos cloacales y, por lo tanto, cobro de una tarifa por un servicio que la demandada no presta- y la pretensión
cautelar está concentrada en los efectos comunes para toda la clase de usuarios afectados.
Entiende que el desconocimiento de la legitimación colectiva invocada por los actores constituye una clara vulneración del acceso a la justicia.
Especifica que se procura la defensa de intereses pluriindividuales homogéneos que afectan a una clase de usuarios constituida por todos los que pagan por el servicio de desagües cloacales que Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) no efectúa, existiendo en la pretensión cautelar promovida, al igual que en el proceso principal, una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte.
Sostiene que el Tribunal de Alzada, al confirmar la decisión de primera instancia, viola los arts. 54 de la ley 24.240, que establece que la sentencia que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada para el demandado y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones, excepto aquellos que manifiesten su voluntad en contrario previo a la sentencia, y 28 inc. "a" de la ley 13.133, que prevé que si se admite la demanda ello beneficiara a todos los consumidores y usuarios afectados o amenazados por el mismo hecho que motivó el litigio.
II. Anticipo que debe hacerse lugar al recurso interpuesto.
II.1. En la especie, el conflicto se inicia a través de una pretensión indemnizatoria interpuesta por los señores José María Martocci, Silvia Crespo, Rosa Paula Leguizamón, Juan María Isla, José Manuel Dominguez y Hugo Marcelo Garófalo -en su carácter de usuarios del servicio público sanitario, domiciliados en las localidades de Manuel B. Gonnet, Ringuelet y City Bell- quienes se presentan por sus propios derechos y en representación de todos los usuarios que se domicilian en dicha franja territorial, cuyos desechos cloacales se vierten sin ningún tipo de tratamiento en el arroyo "El Gato", con el objeto de que: a) Aguas Bonaerenses S.A. cese en el cobro del servicio de "desagüe cloacal" a los usuarios de las localidades de Villa Elisa, City Bell, Manuel B. Gonnet y Ringuelet hasta tanto se preste efectivamente el servicio; b) obtener el reintegro de las sumas indebidamente abonadas desde que la planta dejara de funcionar y c) se aplique la multa civil prevista en el art. 52 bis de la ley 24.240 (v. fs. 317/343 vta., expte. prov.).
A fs.340 vta. y 342 del escrito inicial aclararon que la devolución de los importes que han abonado en exceso se reclamará en forma individual por cada uno de los usuarios.
La demanda se dirigió también contra la Provincia de Buenos Aires, en su carácter de concedente del servicio público, imputándole una responsabilidad solidaria conforme lo normado por los arts. 2, 8 bis, 40 y 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor.
La pretensión se fundó en que la empresa demandada incumple con su obligación legal-contractual de tratar los efluentes locales de gran parte de los habitantes del partido de La Plata -franja zona norte- correspondiente a las localidades de Villa Elisa, City Bell, Manuel B. Gonnet y Ringuelet, vertiéndolos sin depuración alguna al arroyo "El Gato" y cobra indebidamente a los usuarios una tarifa por un servicio que no presta. Al hacerlo, alegan, menoscaba en forma colectiva los derechos a la seguridad e intereses económicos de los usuarios; a la calidad y eficiencia de los servicios públicos; a recibir una información adecuada y veraz; y a condiciones de trato digno, con sustento en los arts. 42 de la Constitución nacional; 38 de la Constitución provincial y 8 bis, 25, 31, 40, 52 y 52 bis de la Ley nacional de Defensa del Consumidor.
Los demandantes -a fin de justificar su representación colectiva- manifiestan que son usuarios del servicio público de agua potable y desagües cloacales de las localidades de Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa, con fundamento en los arts. 43 de la Constitución nacional, 38 de la Carta provincial, 52 de la ley 24.240 y 26 de la ley 13.133 y en el precedente emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Halabi", en cua
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