Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131021
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.021, "Falbo, María del Carmen s/ Recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, en expediente S. J. 142/11 caratulado 'Stasi, Juan Pablo s/ Falbo María del Carmen Denuncia'" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Genoud, Torres.
El día 5 de noviembre de 2015, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires resolvió: por mayoría, a) hacer lugar al planteo de nulidad por ocultamiento de prueba incoado por la defensa del doctor Juan Pablo Stasi; b) levantar la suspensión dictada oportunamente contra el nombrado defensor oficial y dejar sin efecto el embargo sobre el 40% de su sueldo (arts. 34 y 35 "a contrario", ley 13.661); c) comunicar la presente al Poder Ejecutivo provincial y a la Procuración General a sus efectos; d) disponer el cierre y archivo de las actuaciones (v. fs. 343/356 vta.).
Contra esta decisión, la entonces señora Procuradora General doctora María del Carmen Falbo- dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 360/368 vta.), los que fueron declarados inadmisibles por el aludido Jurado de Enjuiciamiento, por mayoría (v. fs. 404/413).
Ello motivó, por parte de la representante del Ministerio Público Fiscal, la presentación de un recurso de queja. Esta Corte por resolución del 11 de mayo de 2016 en la causa P. 127.028-RQ- hizo lugar parcialmente a dicho remedio, toda vez que la mayoría del Jurado de Enjuiciamiento designado había excedido sus facultades en el juicio de admisibilidad negativo (art. 486 bis y concs., CPP, según ley 14.647). En consecuencia, declaró la nulidad de aquella resolución, libró oficio a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires para que, con carácter de muy urgente, dispusiera de lo necesario para que por quien corresponda- se dictase una nueva decisión sobre el punto con arreglo a la presente (v. fs. 418/420).
Con fecha 10 de abril de 2018, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios declaró por mayoría- que los carriles impugnativos articulados a fs. 360/368 vta. resultaban admisibles (v. fs. 471/482).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 489 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 490, presentada a fs. 492/503 la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal, resueltas las excusaciones y recusaciones deducidas a fs. 506/510 mediante resolución de este Tribunal de 11 de septiembre de 2019 (v. fs. 525/527 vta.), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la entonces señora Procuradora General contra lo resuelto por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires a fs. 343/356 vta.?
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley articulado por la doctora María del Carmen Falbo contra lo resuelto a fs. 343/356 vta. por el Jurado de Enjuiciamiento?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de nulidad, la doctora María del Carmen Falbo, en primer lugar, denuncia que la resolución impugnada equiparable a definitiva- se dictó en infracción a lo dispuesto por el art. 168 de la Constitución provincial, "...ya que los integrantes del Jurado no dieron su voto individual". Así, puesto que la minoría integrada por el señor Presidente doctor Hitters y el doctor Rodríguez Basalo- lo emitió en forma conjunta; y en cuanto al voto mayoritario lo integraron también de igual modo los doctores Lorenzino Matta, Buil, Moirano y D'Onofrio, incumpliendo de esta forma con la manda constitucional, a la par que en vulneración de la garantía del debido proceso (v. fs. 361 vta.).
Aduce, también, que se omitió "...tratar la petición de la acusadora respecto a declarar inadmisible por extemporánea la solicitud de nulidad de la defensa por haber superado el plazo de tres días que prevé el art. 437 del CPP", y que reputa esencial, pues, a su criterio, de haberse abordado y acogido favorablemente, el caso hubiera tenido distinta suerte (v. fs. cit.).
Finalmente, alega que el fallo en su único voto mayoritario incumple con la manda del art. 171 de la Constitución local, desde que carece de fundamentación legal, pues no funda su postura en el texto expreso de la ley, sino en afirmaciones dogmáticas, conceptos imprecisos y sin ajustarse a lo dispuesto en el art. 210 del Código Procesal Penal en orden a la valoración de la prueba en los puntos a decidir, razón suficiente para considerarlo arbitrario (v. fs. 361 vta. cit.).
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al remedio intentado (v. fs. 489 y vta.).
III. Discrepo con su dictamen, pues a mi entender el recurso no prospera.
IV.1. Preliminarmente debo dejar sentado, tal como lo pusiera de resalto al expedirme sobre el juicio de admisibilidad en la causa P. 100.862, resolución de 22-X-2008, que la jurisdicción de esta Suprema Corte para conocer por medio de los recursos surge de lo dispuesto en el art. 161 incs. 1 y 3 de la Constitución de la Provincia, y opera, por principio, frente a decisiones emanadas de tribunales de justicia, condición que no reviste el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios creado por el art. 182 de dicha Constitución.
Dicho órgano especial e independiente ejerce atribuciones directamente confiadas por el ordenamiento constitucional, que bien podrían calificarse como "cuasi-jurisdiccionales", en cuanto decide sobre la responsabilidad y eventual destitución de magistrados. Con todo, es criterio tradicional, inalterado hasta el presente, y más allá de su acierto o error, sostener que tal cometido es privativo del órgano y posee aristas singulares nutridas de cierto arbitrio político, que tornan inaplicable una fiscalización judicial regular (conf. "Acuerdos y Sentencias", serie 7, t. III, pág. 577; Ac. 82.467, resol. de 12-III-2003; Ac. 93.631, resol. de 5-XI-2005; CSJN Fallos: 304:351; etc.), criterio que condice con lo dispuesto por la ley aplicable al caso (art. 186, Const. prov.) en orden a la "irrecurribilidad" de las resoluciones del Jurado de Enjuiciamiento, a excepción del recurso de aclaratoria (ver, otrora, art. 45, ley 8.085 y sus modif.; y actual art. 48, ley 13.661 y sus modif.).
Entonces, en lo que respecta en particular al recurso extraordinario de nulidad bajo estudio, la recurrente no aporta ningún argumento sobre la pertinencia de extender (y en qué medida) el estándar de validez de las sentencias emanadas de los tribunales de justicia a que aluden los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial y cuyas vulneraciones son eventualmente remediables a través de esa vía (art. 161 inc. 3 "b", ibídem), a los pronunciamientos emanados del Jurado de Enjuiciamiento previsto en el mentado art. 182.
Ello bastaría para su desestimación (conf. mi voto en causa P. 100.862, cit.).
IV.2. Con todo, aun soslayando ese déficit, acerca del reclamo por el voto individual de sus miembros corresponde señalar lo que sigue.
La ley 13.661 establece en el art. 12 segunda parte, que "Todas las decisiones se toman por mayoría de los miembros presentes, excepto la de dictar veredictos de culpabilidad en cuyo caso será necesario el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros". De su lado, el art. 46 (Título II Del Procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento, Capítulo VI Del Veredicto) dispone que constituido el Jurado a efectos de dictar veredicto y sentencia "...el Presidente sorteará el orden en que deben votar los jurados. El que resulte designado en primer término, emitirá su voto sobre la primera cuestión, fundándolo por escrito. Los demás irán votando en la misma forma pudiendo adherirse dando razón circunstancial de su voto. Del mismo modo se votarán las demás cuestiones de acuerdo con el voto de la mayoría que esta ley exige, el Presidente redactará la sentencia, y si no fuera observada, se procederá a firmarla por los miembros presentes del Tribunal".
De los preceptos legales transcriptos se aprecia que sólo para aquellas decisiones que resuelven sobre la inocencia o culpabilidad del enjuiciado se impone la exigencia del "voto individual". De ahí que el art. 46 de la citada ley 13.661 alude al sorteo en cuanto al orden en que deben efectuarse los sufragios, siendo que el que resulte en primer término deberá fundarlo por escrito, mientras que los demás podrán adherir brindando también las razones del voto.
Coadyuva a esta conclusión la prescripción contenida en el art. 27 del mismo cuerpo normativo que, sin expedirse acerca de la destitución o no del acusado, exige que los miembros del jurado citados a audiencia por el Presidente- se pronuncien por mayoría de votos sobre su competencia si la denuncia no hubiese sido desestimada.
En el caso de autos, la decisión impugnada más allá de su equiparación a definitiva (conf. lo resuelto a fs. 480)-, declara la nulidad de la resolución del Jurado de Enjuiciamiento que admitiera la acusación en razón de haberse ocultado prueba objetiva por parte del agente fiscal interviniente.
Entonces, quedando lo decidido enmarcado en el art. 12 de la ley 13.661 que solamente requiere "...la mayoría de los miembros presentes", precepto que se invoca en la propia resolución impugnada junto con el art. 182 de la Constitución provincial en lo que hace al quorum necesario para la constitución y funcionamiento del Tribunal, sin establecer ningún recaudo especial acerca de cómo deben emitirse los votos (v. fs. 345), la parte no consigue evidenciar que el caso deba regirse por las previsiones del art. 168 de la Constitución provincial, y que, como corolario, se hubiera incumplido con la carga del voto individual de los integrantes del Jurado.
IV.3. El segundo de los agravios no corre mejor suerte.
IV.3.a. En oportunidad de correrse traslado del pedido de nulidad de la decisión del Jurado de Enjuiciamiento que admite la acusación en contra del señor defensor oficial, la entonces señora Procuradora General señaló que más allá de las consideraciones de fondo expuestas- la petición resultaba inadmisible por extemporánea, al haber superado ampliamente el plazo que prevé el art. 437 del Código Procesal Penal de tres días- que reputa de aplicación al caso por remisión del art. 205 párrafo tercero del mismo texto procesal, en su conjugación armónica con lo previsto en el art. 59 de la ley 13.661 y sus modificatorias, a tenor de los demás argumentos que expuso (v. fs. 206 y vta.).
A fs. 227/229 se expidió sobre el punto el Presidente del Jurado de Magistrados y Funcionarios al sostener que "...el planteo nulificante, aun lo concerniente a su temporaneidad, debe ser tratado por el Jurado en oportunidad de la audiencia que determina el art. 37 de la ley 13.661, en cuyo curso de ser pertinente también se resolverá lo concerniente a las pruebas que las partes utilizarán en el debate y demás cuestiones allí previstas [...]" (fs. 228 vta.). En la mentada audiencia, celebrada el 5 de noviembre de 2015, el Presidente informó a las partes "...que las nulidades planteadas por la Defensa" serían resueltas por el Jurado en la audiencia del día lunes 9 de noviembre subsiguiente (v. fs. 344 vta.).
Reunido el Jurado en la fecha indicada, y en lo que es de interés, al dar tratamiento a las cuestiones planteadas en la audiencia preliminar, el Tribunal abordó el punto relativo al "ocultamiento de prueba por parte de la acusadora" (fs. 350). La posición minoritaria, integrada por el voto de los doctores Hitters y Rodríguez Basalo, expresó que "Al margen de la cuestión de la temporaneidad del planteo al cual se ha referido la Procuración General [...] y el Dr. Stasi [...]- y de si tal recaudo debería ser soslayado por el carácter de la nulidad que alega (a tenor del art. 203 del CPP) [...], lo cierto es que la diferencia apuntada en relación al número de comunicaciones telefónicas no basta para tener por demostrado el 'ocultamiento' al que alude la norma invocada, que es algo más que una mera omisión pues implica un comportamiento de la fiscalía transgresor del deber de operatividad que configura falta grave [...] nada de lo cual ha sido puesto en evidencia por el reclamante" (fs. 350 vta.). De seguido, ambos miembros continuaron exponiendo las razones por las que el planteo de nulidad debía ser desestimado.
Por su parte, la mayoría (conformada por los doctores Lorenzino Matta, Buil, Moirano y D’Onofrio) consideró en lo referente al ocultamiento de prueba que debía "...hacerse lugar al planteo de la Defensa, en cuanto a que en el desarrollo de la Investigación Penal Preliminar seguida al Dr. Stasi [...] tuvo una valoración de la prueba parcializada" (fs. 351 vta.). Con esta premisa, expusieron luego- la conclusión a la que entendían que debía arribarse.
IV.3.b. De lo reseñado, se aprecia que más allá de la referencia que hace el voto minoritario a la temporaneidad del reclamo formulado por la Procuración, lo cierto es que ingresó al fondo de la cuestión planteada rechazando la nulidad solicitada por el acusado y su defensa. Lo propio hizo la postura de la mayoría, que soslayando el tema de la oportunidad de la petición, se pronunció por la nulidad insalvable de la audiencia que validó la acusación.
Así las cosas, la alegada preterición de tratamiento de una cuestión esencial no se verifica, desde que al expedirse el Jurado sobre el fondo del planteo por el que el enjuiciado y su defensa solicitaron la nulidad de la decisión que aceptó la acusación, la minoría, que lo desestimó expresamente refirió que no importaba la oportunidad del reclamo ante el alegado carácter absoluto del vicio; y, la mayoría, al acogerlo en función de esa misma cualidad (v. fs. 355), implícitamente rechazó lo concerniente a la extemporaneidad de su formulación, que lógicamente le precede y, además, porque en el marco del precepto actuado la solución de la nulidad ante el ocultamiento de prueba del fiscal procede en cualquier etapa del proceso (conf. art. 338, CPP y mutatis mutandi, doctr. causas P. 48.215, sent. de 21-III-1995; P. 64.809, sent. de 12-IV-2000; P. 99.487, sent. de 18-VI-2008; P. 106.168, sent. de 17-III-2010; P. 126.505, sent. de 28-IX-2016; e.o.).
IV.4. Por último, de la lectura del pronunciamiento en crisis puede constatarse que expresa las citas normativas en que se apoya (conf. mutatis mutandi, arg. art. 171, Const. prov. y doctr. causas P. 71.751, sent. de 22-VIII-2007; P. 74.401, sent. de 12-XII-2007; P. 98.716, cit.; e.o.).
IV.5. Para terminar, las alusiones de la parte que descalifican el pronunciamiento atacado como acto jurisdiccional válido, achacándole el vicio de la arbitrariedad por contener afirmaciones dogmáticas y conceptos imprecisos que no se ajustan a lo que establece el art. 210 del Código Procesal Penal son ajenas a la vía intentada (conf. causas P. 74.883, sent. de 15-IX-2004; Ac. 91.706, sent. de 20-VI-2007; Ac. 92.133, sent. de 16-IX-2009; P. 107.680, resol. de 3-III-2010 y P. 109.877, resol. de 2-III-2011), por lo que desde esta perspectiva- serán abordadas en lo pertinente en el marco del recurso de inaplicabilidad de ley tratado en la segunda cuestión.
Por ello, voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al sufragio emitido por el doctor Soria de conformidad con el alcance que seguidamente expongo.
I. En tal sentido, excluyo de mi adhesión las consideraciones efectuadas por el ponente en el apartado IV.1. tercer y cuarto párrafo- de su voto, en torno al déficit recursivo que advierte en la vía extraordinaria de nulidad promovida.
Resulta pertinente reiterar aquí mutatis mutandi- el criterio que tuve oportunidad de desarrollar en la etapa de admisibilidad en la causa Ac. 100.862, resolución de 22-X-2008, en cuanto a que la jurisdicción de esta Suprema Corte para conocer por vía de apelación resulta en forma taxativa de lo dispuesto en el art. 161 incs. 1 y 3 de la Constitución de la Provincia.
Al respecto cabe señalar que el Jurado creado por el art. 182 de la Constitución provincial para el enjuiciamiento de magistrados no es el "tribunal de justicia" a que se refieren los preceptos mencionados, pues no constituye un tribunal judicial ordinario de grado inferior a esta Suprema Corte sino un órgano especial e independiente que ejerce atribuciones de carácter político atinente a la responsabilidad de quienes están sometidos al mismo, que escapa al contralor judicial (conf. "Acuerdos y Sentencias", serie 7, t. III, pág. 577; CSJN Fallos: 304:351; etc.).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del caso "Graffigna Latino" (CSJN Fallos: 308:961), ha admitido que las decisiones en materia de los llamados juicios políticos o de enjuiciamiento de magistrados en la esfera provincial, dictadas por órganos ajenos a los poderes judiciales locales, pueden llegar a configurar cuestión justiciable siempre que se halle comprometida la vigencia de alguna garantía constitucional, y por tanto tales decisiones no escaparían a la revisión judicial por dichos poderes, ni a la posterior intervención de dicha Corte por vía del recurso extraordinario (CSJN Fallos: 308:2609); criterio de revisión si bien limitado- que fue mantenido por el Tribunal cimero aun con posterioridad a la reforma de la Carta magna nacional del año 1994 a pesar de la reglamentación contenida en su art. 115 CSJN Fallos: 326:4816- (conf. arts. 1, 18, 31, 75 inc. 22 y conc., Const. nac. y 11, 15 y conc., Const. prov.).
Tal circunstancia excepcional aparece configurada en el caso, en tanto la impugnación extraordinaria en este particular supuesto reposa sobre argumentaciones que trasuntan la posible violación al debido proceso legal llevado a cabo por el Jurado de Enjuiciamiento al disponer, por mayoría, y en lo pertinente: hacer lugar al planteo de nulidad por ocultamiento de prueba incoado por la defensa particular de Juan Pablo Stasi, levantar la suspensión dictada oportunamente contra el citado defensor oficial, dejar sin efecto el embargo del 40% que pesaba sobre su salario y disponer el cierre y archivo de las actuaciones iniciadas en su contra (v. fs. 343/356 vta.); al vincularse específicamente con: i) la ausencia del requisito de voto individual en la conformación tanto de la decisión mayoritaria del Jurado como de la que a la postre quedó en minoría; ii) la omisión de tratamiento de diversas cuestiones consideradas esenciales por el recurrente, en contradicción con lo establecido por el art. 168 de la Constitución provincial y iii) la carencia de fundamentación legal en el pronunciamiento decisorio cuestionado (v. esp. fs. 361 y vta.).
Si bien la aplicación e interpretación de dicha garantía deben ser llevadas a cabo a la luz de la naturaleza propia del "juicio político" (CSJN Fallos: 316:2940, cons. 10°, causa M.56.XL, sent. de 4-III-2004), el pretendido menoscabo de sus contenidos esenciales luce en el caso conducente para pretender variar la suerte del proceso (CSJN Fallos: 276:364; 291:259; 292:157; entre varios).
En cuanto a la vía recursiva intentada, en consideración a los puntuales agravios expresados, la ausencia en rigor- de una normativa recursiva específica que contemple o canalice la totalidad de los contenidos concretos del debido proceso en los juicios de remoción de magistrados, no puede erigirse en un ápice procesal frustratorio de la consideración de la precisa denuncia de conculcación de la señalada garantía constitucional (arts. 25, Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 18, 33, 75 inc. 22 y conc., Const. nac. y 11, 15 y conc., Const. prov.).
Siendo ello así, corresponde in
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