Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134740
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad, con costas (art. 493 y concs., CPP).
Asimismo, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.740-RC, "Polich, Ricardo Javier s/ recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley en causa n° 92.038 del Tribunal de Casación Penal Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud .
E l Tribunal en lo Criminal n° 1 de Azul condenó a Ricardo Javier Polich a la pena única de reclusión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de doble homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y para facilitar la comisión de otro delito en concurso real con robo calificado por el uso de arma, sanción comprensiva de la pena de un año de prisión de ejecución condicional, impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 27 de la Ciudad de Buenos Aires en causa n° 4.469, cuya condicionalidad revocó (v. fs. 14/45 vta.).
Frente a ello, la defensa oficial del imputado interpuso recurso de casación (v. fs. 51/64 vta.), que fue rechazado por la Sala II del Tribunal de Casación Penal el 10 de septiembre de 2019 (v. fs. 96/107).
Contra esa decisión, la señora defensora oficial, doctora Ana Julia Biasoti, presentó recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley a favor de Polich (v. fs. 111/114 y 115/122 vta.).
El Tribunal de Alzada, el 16 de octubre de 2020, admitió la vía del art. 491 del Código Procesal Penal y concedió, de manera parcial, el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 125/129).
Contra la inadmisibilidad parcial de la vía del art. 494 del Código Procesal Penal, la señora defensora oficial dedujo queja, que fue rechazada por esta Suprema Corte (causa P. 134.482, resol. de 18-V-2021; v. fs. 134/137).
O ído el señor Procurador General a fs. 139/145 vta., dictada la providencia de autos a fs. 147 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. De modo preliminar, cabe aclarar que, si bien en el carril extraordinario de nulidad se denunció la omisión de tratamiento de una cuestión esencial y se tachó de arbitrario el fallo de casación, lo cierto es que del juicio de admisibilidad surge que se admitió el carril extraordinario con base en el argumento de que "las alegaciones de la impugnante fueron vinculadas con los taxativos supuestos de viabilidad... [previstos] en los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial".
En función de ello, más allá de que hubiera resultado de buena técnica jurídica explicitar el agravio en concreto por el que se admitió el recurso, se entiende que únicamente se concedió por la denuncia de omisión de tratamiento de una cuestión esencial y no por la tacha de arbitrariedad, pues esta última no es una de las causales taxativas previstas en los arts. 168 y 171 citados a los que la Casación hizo referencia para fundar la admisión.
II. Sentado lo anterior, se reseñará únicamente el agravio de omisión de tratamiento de una cuestión esencial llevado en la vía del art. 491 del Código Procesal Penal.
En tal sentido, la defensa oficial puntualizó que el sentenciante hizo consideraciones genéricas sobre la tacha de inconstitucionalidad de la pena de reclusión, pero nada dijo sobre la perpetuidad, cuya inconstitucionalidad se había planteado en la memoria interpuesta ante esa instancia (v. fs. 112 vta.).
Explicó que en la oportunidad prevista en el art. 458 del Código Procesal Penal, además de reforzar los argumentos sobre la inconstitucionalidad de la pena de reclusión, esa parte había planteado que la perpetuidad también debía descalificarse por contraponerse a la Constitución nacional (v. fs. 113).
Concluyó que lo expuesto implicó la violación del art. 168 de la Constitución provincial.
III. Coincido con la Procuración General en que el recurso no puede prosperar (conf. art. 493, CPP).
Veamos.
III.1. En lo que aquí importa, y tal como lo reconoció la propia recurrente, en el recurso de casación la señora defensora oficial de la instancia denunció la inconstitucionalidad de la pena de reclusión (v. fs. 53 vta./59) y, recién en la oportunidad prevista en el art. 458 del Código Procesal Penal, se planteó la inconstitucionalidad de la pena de carácter perpetuo (v. fs. 81/84).
Asimismo, de la lectura del fallo de la Casación, se advierte que únicamente se abordó la inconstitucionalidad de la pena de reclusión sin hacer ninguna consideración relativa a la perpetuidad (v. fs. 96/107).
III.2. Ahora bien, ello no configura una omisión de tratamiento de una cuestión esencial, pues el embate (inconstitucionalidad del carácter perpetuo de la pena) se incorporó tardíamente, razón por la cual el tribunal no estaba obligado a su tratamiento (art. 451 cuarto párrafo, CPP; conf. causas P. 78.901, sent. de 7-XI-2001; P. 75.534, sent. de 21-XI-2001; P. 77.329, sent. de 10-IX-2003; P. 81.725, sent. de 16-IX-2003; P. 83.841, sent. de 9-X-2003; P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; P. 125.891, sent. de 23-XI-2016; P. 132.304, sent. de 1-XII-2020; P. 133.697, sent. de 21-XII-2020; e.o.).
En efecto, el último párrafo del apartado cuarto del art. 451 del Código Procesal Penal marca el límite temporal para expresar los motivos de casación: hasta la interposición del recurso. Una vez vencido ese término, "el recurrente no podrá invocar otros motivos distintos".
Las posteriores ocasiones procesales a las que alude la impugnante están contempladas para que la parte complete, con argumentos y citas legales, el planteo originario del recurso, sin que quepa ampliar el espectro del material sobre el cual el Tribunal de Casación debe ejercer su control de legalidad.
Es decir que, vencido el plazo de interposición, cualquiera de las demás intervenciones de las partes ante dicho órgano jurisdiccional solo pueden estar dirigidas a enriquecer los originales agravios expuestos en el recurso, mas no pueden incorporarse cuestiones nuevas, ajenas a aquel.
En consecuencia, no se advierte omisión del Tribunal de Casación Penal en el tratamiento de las cuestiones oportunamente planteadas por la recurrente que estaba obligado a considerar, cumpliéndose en el caso el estándar fijado por los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial para dotar de validez a una sentencia definitiva.
Voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Coincido con lo expuesto por el doctor Torres en cuanto a que debe interpretarse que la impugnación sólo se concedió en función de la denuncia de omisión de tratamiento de una cuestión esencial por ser uno de los motivos previstos en los arts. 168 y 171 de nuestra Constitución y no por la tacha de arbitrariedad.
De todos modos, aun cuando -según mi criterio- las cuestiones federales correctamente planteadas obligan a este órgano a su tratamiento, en su carácter de superior tribunal de la causa (conf. doctr. CSJN: "Strada", 308:490; "Christou", 310:324; "Di Mascio", 311:2478 y P. 63.922, "Cáceres", sent. de 10-V-2006; entre tantos otros), la causal de arbitrariedad invocada en favor de Ricardo Javier Polich resulta ser su equivalente en la pretoriana doctrina de la Corte federal: omisión de tratamiento de una cuestión esencial.
Por ello, adhiero a los fundamentos del ponente en cuanto a que la cuestión pretendidamente omitida (inconstitucionalidad del carácter perpetuo de la pena) no había sido introducida en forma oportuna, razón por la cual el Tribunal de Casación no estaba obligado a su tratamiento; ello de conformidad con lo dicho por esta Corte (cumpliéndose así el estándar fijado por los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial para dotar de validez a una sentencia definitiva), y en línea también con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de su parigual motivo en la doctrina de arbitrariedad de sentencias ( in re "Delfino", Fallos: 331:488 y "Godoy", Fallos: 331:2827).
Con esa aclaración, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Tomando en consideración -una vez más- el alcance del juicio de admisibilidad, así como también el rechazo de la queja deducida por la recurrente, se reseñará únicamente la denuncia de errónea aplicación del art. 45, con relación al art. 80 incs. 6 y 7, y la inobservancia del art. 47 del Código Penal, vinculada con la tacha de arbitrariedad y la afectación del principio in dubio pro reo .
II. Sentado ello, conforme surge de la lectura del carril extraordinario, la defensa oficial denunció arbitrariedad y errónea aplicación del art. 45, con relación al art. 80 incs. 6 y 7, e inobservancia del art. 47, todos del Código Penal.
Tachó de arbitrario el modo en que se tuvo por probada la coautoría funcional de Polich respecto de los homicidios con base en el argumento de que este había sido quien condujo el rodado en el que los autores se desplazaron, extrayendo de esta contingencia la distribución de tareas para facilitar un objetivo común. Frente a ello, alegó que el revisor se desentendió "...del concreto planteo de la defensa en torno a la arbitraria acreditación de que quien [manejaba] el rodado tuviera conocimiento de que aquellas personas, a quienes condujo hasta el lugar y asistió en la huida, iban a concretar el robo del modo en que lo hicieron -disparando sin mediar palabra a los custodios-" (fs. 121).
Destacó que su asistido se limitó a conducir y que en ningún momento tuvo el dominio del hecho que terminó en las dos muertes (v. fs. 121 vta.).
Resaltó que no se demostró que los autores del hecho formaran parte de una banda organizada y, menos aún, que su defendido la integrara. En tal sentido, recordó los argumentos expuestos por el tribunal de mérito en cuanto sostuvo que Polich fue quien se encargó de la planificación de los hechos dada su condición de oriundo de Tandil, brindó la información necesaria para ejecutarlo y ocupó el rol de conductor del vehículo como coautor del suceso. Al respecto, sostuvo que tales afirmaciones no contaron con sustento probatorio, pues lo único que se demostró fue que Polich condujo el vehículo en el que se trasladaron (v. fs. cit.).
En definitiva, aseveró que el tribunal revisor desestimó los argumentos de manera dogmática, quebrantando el derecho a ser oído que deriva del derecho de defensa, por haber prescindido de las razones que daban cuenta de que Polich quiso cooperar en un hecho menos grave que el cometido, todo lo cual -a su juicio- evidencia la arbitrariedad del fallo y vulnera el principio in dubio pro reo (v. fs. cit. y 122).
III. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso deducido (v. fs. 139/145 vta.).
Una vez más, coincido con lo así dictaminado.
IV. La denuncia de arbitrariedad y errónea aplicación del art. 45, con relación al art. 80 incs. 6 y 7 del Código Penal, y la inobservancia del art. 47 del mismo cuerpo de leyes es insuficiente (art. 495, CPP).
IV.1. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, al abordar el recurso de la especialidad deducido por la defensa, rechazó el agravio que la parte hoy reedita ante esta instancia (v. fs. 96/107).
Para ello, afirmó que la defensa no había evidenciado arbitrariedad, sino una mera discrepancia con lo resuelto. Puntualizó que la coautoría de Polich se había acreditado debidamente con base en los testimonios de Carmen Calabró de Trevisión y Silvia Elsa Polich, quienes reconocieron al imputado como el sujeto que manejaba el vehículo Fiat Uno color blanco en el que se trasladaban los restantes sujetos activos y desde el cual los mismos efectuaron disparos al momento de fugarse de la estación de servicio donde aconteció el hecho (v. fs. 101 vta.). Agregó que los dichos de las nombradas habían sido corroborados por los testimonios de Dalmiro Ernesto Etcheverría, Verónica Natalia Tamame, Roberto David Brescia, Luciano Adolfo Dabos, Néstor Rodolfo Gómez, Silvia Raimunda Salazar, María Lorena Vicuña, María Isabel Gómez y Gustavo Germán Ferrigne (v. fs. 102).
En función de ello, afirmó que la coautoría de Polich se había demostrado debidamente, pues se configuró tanto el aspecto subjetivo (decisión común al hecho) como el objetivo (ejecución del plan mediante la división de tareas; conf. art. 45, Cód. Penal). Explicó que la modalidad asumida y la circunstancia de que fueran al menos cinco los sujetos que intervinieron coordinadamente en el robo "...revela un acuerdo de voluntades, que quedó evidenciado claramente por las circunstancias exteriores que muestra el hecho, conforme lo declararon los testigos, contingencias éstas últimas que ponen de relieve la comunidad existente entre los autores sobre sus voluntades acerca de la realización del robo, en este caso armado" (fs. 102 vta.).
En lo que respecta al aporte y el codominio del hecho, el Tribunal de Alzada destacó que se había ponderado de manera adecuada el protagonismo asumido por el imputado, que condujo el vehículo mientras los restantes coautores efectuaban disparos desde el interior al momento de su fuga, circunstancia que daba cuenta de "...la distribución de tareas que facilitaba la concreción del objetivo común" (fs. 102 cit.).
Por todo lo expuesto, consideró que el pedido de aplicación del art. 47 del Código Penal resultaba ineficaz por no haberse acompañado fundamentos suficientes que le dieran sustento y lograran conmover el fallo de mérito (v. fs. 103).
IV.2. Ahora bien, frente a lo así resuelto, la defensa oficial se limitó a reeditar dogmáticamente las manifestaciones llevadas a conocimiento del órgano revisor sin controvertir eficazmente los argumentos expuestos (art. 495, CPP).
En efecto, se limitó a sostener que la conducción del vehículo no era un elemento suficiente para afirmar la coautoría de Polich en los dos homicidios sin hacerse cargo del especial énfasis que el fallo en crisis puso en la circunstancia de que -precisamente- durante la conducción del automotor los otros sujetos activos efectuaron disparos de arma de fuego mientras huían de la estación de servicio. Sobre dicho extremo, la parte nada dijo.
En definitiva, la impugnante no logró conmover la sentencia de casación en cuanto resolvió, con sustento en numerosa prueba testimonial coincidente entre sí -extremo sobre el que la defensa oficial no hizo ninguna consideración-, que se habían demostrado los elementos subjetivos y objetivos de la coautoría funcional relativos a la existencia de un plan en común entre los coautores y un aporte concreto de Polich en el suceso: manejar el vehículo mientras huían y efectuaban disparos de arma de fuego.
Insisto, sobre tales puntos, la parte no efectuó ninguna consideración, todo lo cual demuestra la insuficiencia del planteo tendiente a lograr la aplicación del art. 47 del Código Penal.
IV.3. En función de lo expuesto en el punto precedente, la tacha de arbitrariedad y violación al principio in dubio pro reo, directamente vinculadas a la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva, quedaron huérfanas de sustento argumental (conf. art. 495, cit.).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad, con costas (art. 493 y concs., CPP).
Asimismo, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/04/2022 13:27:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/04/2022 23:59:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/04/2022 09:16:05 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/04/2022 14:54:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2022 08:56:56 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 18/04/2022 12:35:48 hs. bajo el número RS-43-2022 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia