Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135529
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.529, "De Luca, Enrique Daniel y Menéndez, Gustavo Adolfo s/ Recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley en causa n° 19.344 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Torres, Carral, Maidana.
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de Bahía Blanca, mediante el pronunciamiento del día 20 de mayo de 2021, rechazó -en lo que aquí interesa- los recursos de apelación interpuestos a favor de Gustavo Adolfo Menéndez y Enrique Daniel De Luca contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata que condenó a los nombrados por resultar coautores responsables del delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública, imponiéndole a Menéndez la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para el desempeño de cargos públicos y a Enrique Daniel De Luca la de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para el desempeño de cargos públicos (art. 174 inc. 5 en función del art. 173 inc. 7, Cód. Penal; v. fs. 2.105/2.134 y 1.850/1.878 vta. del principal).
Frente a lo así resuelto, Gustavo Menéndez por derecho propio, con el patrocinio letrado de los doctores Carlos Agustín Scarabel, Ramiro Pérez Duhalde, Emanuel F. R. Rives y Juan Isidro Pérez Duhalde, interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 1/32, RE-1-19344-II) los que fueron concedidos por el a quo por resolución del día 25 de agosto de 2021 (v. fs. 178/186). Por su parte, el doctor César Raúl Sivo, como defensor de Enrique De Luca, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y, también, dicho procesado, por derecho propio, con la asistencia letrada de su abogado, interpuso una vía de la misma naturaleza (v. fs. 84/105 y 119/141 vta., RE-19344-II), impugnaciones admitidas por la Cámara el día 25 de agosto de 2021 (v. fs. 316/323 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 43/54), dictada la providencia de autos (v. fs. 56), presentada por la defensa de Menéndez la memoria prevista por el art. 487 del Código Procesal Penal (v. fs. 64/68 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la defensa de Gustavo Menéndez?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a su favor?
3ª) ¿Es procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa de Enrique De Luca?
4ª) ¿Lo es el deducido por De Luca por derecho propio?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
En el recurso extraordinario de nulidad individualizado al enunciar la cuestión a dirimir, se aduce que se ha verificado en autos la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, en transgresión, según se estima, del art. 168 de la Constitución provincial (v. fs. 6/9 vta. del legajo respectivo).
I.1. El impugnante plantea que en la apelación del fallo condenatorio se sostuvo que esa decisión del señor juez correccional había violado el principio de congruencia e incurrido en "contradicción interna por defecto lógico". Y considera que la Cámara interviniente abordó únicamente el primero de los tópicos, sin ocuparse del segundo pese a tratarse -a su entender- de agravios autónomos (v. fs. 6/7).
La contradicción resultaría de que, de un lado, el veredicto encontró probada la acusación fiscal, según la cual el señor Menéndez -como Director Provincial de Casinos Zona I- no tenía la custodia formal de los fondos del Casino Central, no obstante, al referirse a los hechos imputados, se aseveró que el nombrado "...estaba investido por sendos actos administrativos de la autoridad pública, si bien no del manejo, sí del cuidado y custodia de los fondos correspondientes a todos los casinos de Zona I" incluyendo a la referida sede central (v. fs. 6 y vta.).
Puntualiza que la alegada contradicción se refiere a un tramo esencial de los hechos y al consecuente encuadre de las conductas reprochadas en los términos del art. 173 inc. 7 del Código Penal (v. fs. 7).
Por consiguiente, solicita que se haga lugar al recurso y se absuelva sin reenvío en virtud de los excesivos plazos que insumiera esta causa y para evitar la violación de la garantía de ne bis in idem (v. fs. 32).
I.2. El agravio no es procedente.
I.2.a. Es doctrina de esta Suprema Corte que para que un asunto -así como el conjunto de planteos que congrega el recurso articulado ante el tribunal de la instancia anterior- pueda considerarse válidamente dirimido, no es necesario que la sentencia del citado órgano explicite su respuesta jurisdiccional con sujeción al orden expositivo y argumental adoptado por el recurrente al desgranar sus agravios.
Del contenido de la decisión del juzgador puede colegirse el tratamiento implícito de los planteos formulados por las partes o bien el desplazamiento de un argumento impugnativo articulado en el recurso, a favor de otro cabalmente fundado. En tales supuestos, en tanto el tribunal ha estructurado la solución del caso con arreglo a derecho, no es dable predicar una preterición que haga pertinente el recurso de nulidad (doctr. causas P. 93.196, sent. de 29-X-2008; P. 106.168, sent. de 17-III-2010; P. 116.699, sent. de 1-VI-2016; P. 132.095, sent. de 20-X-2020; e.o.).
I.2.b. Tal ha sido la situación que se presenta en el presente caso.
Los fundamentos de la Cámara para rechazar el reclamo sobre afectación del principio de congruencia también comprenden la respuesta a la denuncia de contradicción en el veredicto antes relatada -y que, a fs. 70, el a quo reseñó como postulada ante sus estrados-.
El órgano señalado interpretó que, aunque la fiscalía aludió en su requisitoria que los acusados no tenían la custodia formal de los bienes "...tal circunstancia se compadece" con el hecho de que "...no estaban a cargo del cuidado del Tesoro". Con todo, la referencia a "...no estar a cargo" no implicó para el a quo que no hubiera deber respecto de los bienes del Estado en virtud del cargo que ostentaban. El "cuidado" al que alude el tipo penal fue inferido por el magistrado del cargo público que desempeñaba Menéndez como Director Provincial de Casinos Zona I.
De este modo, el Tribunal de Alzada desechó una contradicción en el criterio del señor juez correccional, tanto por dar por probada la acusación en el sentido de que no tenía la custodia formal; y, a su vez, al especificar la fuente y el alcance del deber que correspondía al funcionario acusado -en virtud de los condicionamientos generales impuestos por el cargo-, por fuera de aquella custodia formal (v. fs. 78 vta.).
I.2.c. En forma implícita, pero inequívoca, la Cámara descartó la contradicción postulada por el recurrente al brindar una interpretación que compatibilizó la imputación del ilícito con el deber de custodia más general derivado del cargo de Director Provincial de Casinos de la Zona I (causa P. 130.094, sent. de 11-III-2021; e.o.).
Esta respuesta, que se dijo consideraron omitida, fue sin embargo brindada en el fallo intermedio fundamentalmente al decidir las objeciones sobre el principio de congruencia y la calidad requerida en el sujeto activo del delito atribuido.
De tal suerte, la crítica formulada en el recurso de nulidad sobre este punto carece de sustento.
En todo caso, los vicios relativos a "grosera contradicción" o "contradicción interna por defecto lógico" del fallo en crisis u otros vinculados a supuestas infracciones constitucionales o errores de juzgamiento, desbordan el marco habilitado por el recurso extraordinario de nulidad, siendo eventualmente enmendables a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v., en esp. causa P. 119.172, sent. de 16-XII-2015; e.o.).
II.1. En segundo lugar, la parte recurrente sostiene que no fue tratado el agravio concerniente a la falta de concurrencia del elemento subjetivo de la figura del art. 173 inc. 7 del Código Penal, teniendo en cuenta que además del dolo exige "...el fin de procurar un lucro indebido -para sí o para un tercero-, o bien, el propósito de causar daño" (fs. 7/9 vta., en esp., fs. 7 vta. in fine ).
La defensa describe los argumentos expuestos ante el a quo para objetar lo resuelto en el veredicto sobre este asunto y manifiesta que la Cámara, si bien reseñó el planteo en los antecedentes, no lo abordó. Sólo se habría ocupado de la concurrencia del dolo.
En cuanto al carácter esencial del punto que se dice ignorado, manifiesta que de su presencia depende la adecuación típica o la atipicidad de la conducta enjuiciada, por constituir un componente subjetivo distinto del dolo.
II.2. Acorde a lo dictaminado por la Procuración General, el recurso tampoco procede.
II.2.a. En una de sus alternativas la configuración del ilícito motivo de este proceso requiere, entre los otros requisitos típicos, la concurrencia de un elemento subjetivo especial (motivacional), según se expresa en el texto legal del art. 173 inc. 7 del Código Penal ("...con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido"). Con todo, la referencia concerniente a "para causar daño" ha sido entendida como relativa al dolo; un modo intensificado (dolo directo) atinente al resultado del tipo objetivo: el propósito de perjudicar los intereses confiados (cfr. Sancinetti; Teoría del delito y disvalor de acción , Hammurabi, Buenos Aires, 2005, págs. 309/310).
II.2.b. Sentado ello, a la luz del contenido del fallo cuestionado la afirmación del recurrente en orden a la omisión del tema señalado carece de sustento (v. fs. 79 vta./80 vta.).
La Cámara de Apelación trató la cuestión al ocuparse del aspecto subjetivo del ilícito, tanto en respuesta a los planteos del señor De Luca sobre el art. 174 inc. 5 del Código Penal, quien discutió la concurrencia del dolo "directo", refiriendo que no fue probado (v. fs. 47 vta. y 48 vta. del legajo de apelación) como en cuanto a las objeciones presentadas por la defensa del recurrente cuya impugnación ahora se examina.
En este último supuesto se adujo que desde el plano subjetivo era necesario, junto al dolo, el fin de procurar un lucro indebido o el propósito de causar daño (v. fs. 115 vta. y sigs. de la apelación deducida en su favor -en esp. fs. 116 vta.-), y que tales elementos no fueron suficientemente acreditados (v. fs. 117).
II.2.c. Pues bien, el Tribunal de Alzada, al referirse a tales cuestionamientos señaló -citando a Hassemer- que el dolo debe inferirse de las circunstancias externas que rodean al hecho si el acusado no declara o lo niega. Y añadió que, en ese sentido, el "propósito" contemplado en la norma (que debe entenderse, según el contexto, como elemento del dolo) se extrae de la actividad del agente o de sus palabras.
Indicó que "...[e]l tipo de infidelidad exige el conocimiento de que se viola el deber de cuidado del patrimonio ajeno, y se perjudican los intereses que fueron confiados". Tras lo cual, con mención a doctrina de autor, explicó en qué consiste el conocimiento propio del dolo en la administración desleal, siendo suficiente que "...el autor por sí mismo, a su propio nivel de comprensión, percibió la valoración que el legislador ha materializado en el concepto correspondiente, resultando suficiente un conocimiento vulgar" (fs. 80).
Yendo al caso, señaló que "...[n]o hay duda alguna que De Luca tenía pleno conocimiento del alcance de sus actos, no sólo por tratarse de un funcionario de carrera que alcanzó uno de los cargos más altos dentro de la estructura del Casino, sino también por haber participado de la maniobra tendiente a ocultar el faltante de fondos, trasladando dinero del Casino de Mar del Plata al Casino Central, lo que en palabras de Hassemer [según antes refiriera] no es otra cosa que la prueba del dolo por la conducta del agente. Esta sola circunstancia es prueba categórica del ánimo del sujeto en las acciones imputadas" (fs. cit.).
Puntualizó también que "...[e]l afán de cubrir el faltante de fondos con el irregular traslado de dinero [sobre el que se hiciera referencia...], es demostrativo del conocimiento y del querer ilícito de su accionar por parte del imputado, y descarta la queja ensayada en ese sentido por el señor defensor" (fs. cit. y vta.).
II.2.d. La Cámara indicó que lo arriba expuesto resultaba igualmente de aplicación para el coimputado aquí recurrente.
Pues, precisó, "...[s]u cargo de director del Casino, sumado a su condición de abogado, descartan la posibilidad de incomprensión de su status de garante y de que no haya percibido que estaba actuando en infracción de los deberes a su cargo" (fs. 80 vta.), sin olvidar lo ya señalado en cuanto al conocimiento de que se viola el deber de cuidado del patrimonio ajeno (confiado) y sobre el perjuicio que ello genera sobre dichos intereses, todo lo cual le era conocido.
II.2.e. En suma, al margen del acierto o error del pronunciamiento, lo que interesa a los fines del recurso abordado es que el Tribunal de Alzada trató y justificó la presencia del conocimiento y el querer que constituyen el dolo exigible por la regla de aplicación al caso.
Al mismo tiempo se expidió sobre lo específico del fin de causar perjuicio (dolo directo). Si bien no hizo análogo desarrollo expreso con relación al otro argumento (referido al lucro indebido como especial elemento subjetivo del art. 173 inc. 7 del Código de fondo), frente a la suficiencia de la motivación del fallo -y el tenor argumental del discurso justificativo en este expuesto acerca del dolo exigible en el caso- no se advierte omisión alguna encuadrable en los arts. 161 inc. 3 apartado "b" y 168 de la Constitución de la Provincia y 491 y concordantes del Código Procesal Penal. Para más, el recurrente no logra fundamentar el invocado rasgo de esencialidad requerido por el precepto constitucional que se dice vulnerado, frente a la justificación plena de una de las modalidades alternativas del delito imputado por el que viene condenado.
II.2.f. La obligación de los tribunales colegiados de resolver las cuestiones esenciales no implica la de contestar cada uno de los argumentos propuestos por las partes en apoyo de sus pretensiones si con lo dicho resulta suficiente para la atribución del delito en cuestión (conf. doctr. art. 168, Const. prov., por muchos, causa P. 125.631, resol. de 14-X-2015).
Luego, si lo que se pretende objetar es el acierto o la manera en que se resolvieron las cuestiones planteadas, ello es tema ajeno al recurso extraordinario de nulidad (causas P. 111.563, resol. de 22-IX-2010; P. 110.484, resol. de 28-XII-2010; P. 108.084, resol. de 6-IV-2011; P. 108.521, resol. de 1-VI-2011; P. 111.671, resol. de 13-VII-2011; P. 112.191, resol. de 21-IX-2011; P. 116.057 y acum. P. 116.334, resol. de 22-VIII-2012; P. 111.305, resol. de 12-IX-2012; P. 111.290, resol. de 3-X-2012; P. 108.865, resol. de 19-XII-2012; P. 113.257, resol. de 8-V-2013; P. 111.678; P. 114.563 y P. 116.102, resols. de 31-VII-2013; P. 114.008, resol. de 9-X-2013; P. 116.535, resol. de 30-X-2013; P. 114.631, resol. de 9-IV-2014; e.o.).
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la primera cuestión también por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. No concuerdo con la opinión del distinguido colega que abre este acuerdo, doctor Fernando D. Soria, pues estimo que es procedente el recurso extraordinario de nulidad deducido por la defensa particular de Menéndez, por las razones que de seguido expondré.
I.1. Contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata que condenó a Gustavo Adolfo Menéndez a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para el desempeño de cargos públicos, y a Enrique Daniel De Luca a la pena de dos años de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para el desempeño de cargos públicos, por resultar coautores responsables del delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública (art. 174 inc. 5, en función del art. 173 inc. 7, y parte final del citado art. 174, todos del Cód. Penal), las defensas de los imputados interpusieron sendos recursos de apelación.
Entre otros agravios y en lo que aquí interesa, los defensores particulares de Menéndez habían planteado en su impugnación que la mencionada sentencia de condena resultó violatoria del principio de congruencia al no observarse el necesario correlato entre el hecho delineado en la requisitoria de elevación a juicio y el finalmente descripto en ese fallo, en trasgresión de la garantía de defensa en juicio.
Sostuvieron que el sentenciante salió del perímetro demarcado por la acusación, el que fuera admitido, al principio, por él mismo. En ese sentido, recordaron que en la requisitoria el hecho se describía de la siguiente manera: "...en distintos días y horarios acaecidos en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2006 y el 23 de octubre de 2007, Gustavo Adolfo MENÉNDEZ, como Director Provincial de Casinos Zona I [...] abusando del poder jerárquico que ostentaba [...], pese a no tener la custodia formal de los fondos resguardados en el Casino Central de esta ciudad, retiraron en forma reiterada y de manera ilegítima dinero en efectivo del tesoro de esa casa de juegos, ascendiendo el monto de esas extracciones a la suma de seiscientos mil pesos..." (fs. 103, expte. digitalizado; el destacado figura en el original). Para la defensa esa descripción del hecho resultaba atípica, lo que así argumentó al efectuar el alegato, desde que en el Código Penal no existe la figura de "administración fraudulenta por abuso de autoridad".
Expresaron que en el fallo de condena, el magistrado, tras dar por probados los hechos tal como lo había sostenido el fiscal, manifestó que "' En el presente caso ambos imputados revestían las calidades requeridas para ser sujetos activos del delito, puesto que, como se examinó en el punto precedente, ambos habían sido investidos por sendos actos administrativos de la autoridad pública, si bien no del manejo, sí del cuidado y custodia de los fondos correspondientes, en el caso de MENÉNDEZ de todos los casinos de la Zona I... ' (v. fs. 1876)" (fs. 103 vta., íd.).
La defensa adujo que de ese pronunciamiento no resultó claro si Menéndez tenía o no la custodia formal de los fondos, y que, en definitiva, para poder condenarlo necesitó agregar el "pedazo" que le faltaba a la figura contenida en la descripción del Ministerio Público y así completarla, pues de lo contrario resultaba la atipicidad de la conducta atribuida al nombrado.
Denunciaron que ese fallo estaría viciado de una "severísima y grosera contradicción" (fs. 104 vta., íd.), en tanto, por un lado, se afirmó que Menéndez no tenía la custodia formal de los fondos del Casino Central -es decir, conforme surgió de la descripción fáctica que tuvo por probada la acusación fiscal y que el sentenciante reprodujo e hizo propia-, mientras que, por otro lado (v. fs. cit.), se sostuvo que "...estaba investido por sendos actos administrativos de la autoridad pública, si bien no del manejo, sí del cuidado y custodia de los fondos correspondientes a todos los casinos de Zona I (lo que por supuesto, incluye al Casino Central, más otros nueve casinos)" (íd.).
En suma, en lo concreto a ese aspecto de la apelación, la defensa de Menéndez había planteado dos agravios: por un lado, que el pronunciamiento originario care
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