Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137099
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.099, "López Spañol, María Fernanda s/ Recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley en causa n° 36.535 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres .
El Juzgado en lo Correccional n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, con fecha 3 de noviembre de 2021, condenó a María Fernanda López Spañol, a la pena de dos años y seis meses de prisión por resultar autora del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública.
Contra el fallo, el defensor de confianza de la imputada interpuso un recurso de apelación y la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, con fecha 29 de marzo de 2022, lo rechazó, confirmando la condena de primera instancia.
El doctor Diego Martín Dousdebés, abogado de López Spañol, articuló los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley, y la Sala revisora, con fecha 12 de julio de 2022, los admitió en los siguientes términos: en lo que respecta al carril extraordinario de nulidad, lo hizo en lo referente a la denuncia de omisión de tratamiento de cuestiones esenciales. En cuanto a la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, la admitió con respecto al planteo de cuestiones federales (conf. CSJN causas "Strada", "Di Mascio" y "Chrisotu").
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. De acuerdo con lo explicado en los antecedentes, el único agravio concedido en la vía de nulidad ha sido el referido a una presunta omisión de tratamiento por parte del órgano revisor, respecto de cuestiones esenciales llevadas por la defensa de López Spañol en el recurso de apelación.
Bajo ese acotado examen es que se reseñan y describen los embates.
El defensor particular de la imputada, el doctor Diego Martín Dousdebés, afirmó que en el recurso de apelación había desarrollado una serie de críticas que -a su modo de ver- eran esenciales puesto que demostraban que la conducta de su asistida no encuadraba en los arts. 172 y 174 inc. 5 del Código Penal. Sin embargo, adujo que la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías de la ciudad de La Plata, omitió darles respuesta (conf. arts. 168 y 171, Const. prov.).
Puntualizó que se había cuestionado la acreditación típica del perjuicio patrimonial para la Administración Pública, así como también un ardid suficiente de parte de su defendida que pudiera hacer incurrir en error.
Sostuvo que el revisor omitió tratar los argumentos de su parte, a través de los cuales aseveraba que no hubo un "ardid o engaño" por parte de López Spañol por el solo hecho de que su asistida intercediera para lograr el contrato que vinculó a Daiana Alé con la Cámara de Diputados de esta provincia.
Afirmó que el hecho de que Alé, efectivamente no haya trabajado, es decir, no realizara ninguna contraprestación a cambio del salario que se le abonó, no era una circunstancia que pudiera endilgársele a su asistida, cuestión que calificó de esencial y que, adujo que la Cámara no trató.
En cuanto al ardid, refirió que el Tribunal de Alzada sólo se remitió a lo resuelto en la instancia de origen.
De seguido, insistió en que se argumentó que la gestión realizada por su asistida para lograr el contrato de Alé, no la responsabilizaba penalmente por la defraudación al Estado, a la vez que careció del control o posibilidad de generar ventaja alguna sobre la estructura administrativa como para desarrollar el pretendido ardid.
Agregó que tampoco se tuvo en cuenta el régimen legal aplicable que, conforme el art. 9 de la ley 10.334 -texto según el art. 5 de la ley 13.235- autoriza a la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados a contratar personal temporario para la realización de trabajos afines a la labor parlamentaria y que el control de los contratados no estaba en cabeza de su representada.
De igual modo indicó que la Cámara omitió tratar el argumento relativo a que, conforme el art. 12 de la ley 10.334 -texto según ley 14.987-, el diputado proponente es el responsable de verificar que el locatario cumpla las condiciones necesarias para el desempeño y ejecución del trabajo, extremos en los que López Spañol no encuadra.
Sostuvo que el pedido de aplicación del beneficio de la duda tampoco fue tratado.
A su vez, indicó que se omitió abordar el planteo relativo a que no podía afirmarse ardid o engaño cuando la disposición patrimonial haya sido producto de la negligencia del sujeto pasivo.
Por último, alegó que tampoco se examinó la denuncia sobre la inversión de la carga de la prueba al no demostrarse que su asistida se quedó con dinero del contrato ni la crítica relativa a la ausencia del elemento subjetivo distinto al dolo relativo al propósito de obtener una ventaja patrimonial.
II. Coincido con la Procuración General en que el recurso no prospera.
III. Como primer aspecto corresponde señalar que la denuncia de omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, aparece entremezclada con otra serie de planteos, ajenos a la vía en cuestión, como así también con una narrativa desordenada sobre los hechos cuestionados. Ello muestra una deficitaria técnica impugnativa que dificulta el análisis y entendimiento del agravio en su correcta dimensión, esto es, en vinculación directa con el motivo tasado por el que fue concedido (omisión de tratamiento de una cuestión esencial). Aun así, el relato expuesto en el punto I ha tenido como fin condensar todos aquellos aspectos que, en distintas partes del acto procesal impugnatorio hacen referencia a pretensas omisiones.
Aclarado esto, el reclamo no prospera porque -en coincidencia con lo dictaminado por la Procuración General- el recurrente no ha demostrado que la Cámara haya obviado el abordaje de cuestiones esenciales oportunamente llevadas a su sede. En rigor, las críticas se direccionaron al sentido y alcance de lo decidido, extremos ajenos al acotado alcance de la vía en trato (conf. art. 491, en sentido opuesto, CPP).
III.1. Del fallo impugnado surge que la Cámara abordó expresamente las denuncias vinculadas a la falta de configuración de los elementos del tipo objetivo y subjetivo de la figura y las descartó por improcedentes, al estimar que el fallo de mérito había basado su decisión en sólidos elementos de prueba que daban cuenta de la configuración de la defraudación a la legislatura provincial.
En tal sentido, recordó que el magistrado a cargo del Juzgado Correccional n° 5 había considerado acreditado que : "...a inicios del mes de julio del año 2014 [...] María Fernanda López Spañol -junto con otras personas vinculadas a la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires (todavía no identificadas, por lo que hay otra investigación judicial en curso)- [...] en dependencias de la Legislatura Bonaerense [...] procedió a hacer suscribir documentación a la Sra. Daiana Soledad Alé, a efectos de que la misma preste labores en la Honorable Cámara de Diputados, en calidad de contratada. Como consecuencia de ello, y en contraprestación por las labores que debía desarrollar la Sra. Alé, el citado órgano legislativo abonó distintas sumas de dinero, que superaron los $200.000, hasta el mes de diciembre de 2015, que es cuando la relación laboral finalizó. Las tareas que debía realizar la Sra. Alé nunca se efectivizaron, pues la misma jamás trabajó para la Honorable Cámara de Diputados provincial, y el dinero que el Estado abonaba, fue percibido en algunas oportunidades por la Sra. Alé -quien le hizo entrega del mismo a la Sra. López Spañol cuando cobró en ventanilla bancaria- y en otras oportunidades por la Sra. López Spañol directamente, que detentaba la tarjeta de débito a través de la cual la Sra. Alé debería -idealmente- percibir el ingreso por las labores que tendría que haber prestado. Se ha probado en autos, que la imputada López Spañol conocía que la Sra. Alé no realizaba labor alguna en favor de la H.C.D, así como también, que retenía -cuanto menos- una porción significativa de lo que el Estado -a cambio de nada pagaba, para entregar a la Sra. Alé, o a su progenitora, una suma de alrededor de mil pesos mensuales, en concepto de 'ayuda' [...] [S]e utilizó una figura contractual para simular un vínculo laboral inexistente, y como directa consecuencia de ello, el Estado provincial -la HCD en particular- pagaba por servicios que no se prestaban, siendo ello conocido por la Sra. López Spañol, que percibía -y en algunos casos retenía- una parte sustancial de lo que se 'abonaba por su trabajo' a la Sra. Alé [quien] [...] nunca comprendió el alcance que tenía la documentación que había firmado".
Sentado ello, afirmó que el delito de defraudación contra la Administración Pública se sustentó en los siguientes extremos: la imputada López Spañol -de profesión abogada- realizó gestiones para lograr que la Cámara de Diputados contratara laboralmente a la señora Daiana Soledad Alé, a sabiendas de que esta última no iba a realizar ningún tipo de contraprestación; y que la imputada percibió -al menos parcialmente- el salario depositado a nombre de la indicada Alé.
Puntualizó que tales extremos se tuvieron por probados con sustento en los testimonios de Daiana Alé, de su progenitora, Serafina Zárate, de la instructora de la causa penal -la doctora Karina Monsalvo- y de la propia imputada.
A su vez, ponderó la prueba documental incorporada (denuncia, legajo personal de Daiana Soledad Alé confeccionado ante la Cámara de Diputados; información del Instituto de Previsión Social -IPS- donde consta que la Honorable Cámara de Diputados -HCD- empleó a Alé entre julio de 2014 y diciembre de 2015, con los respectivos comprobantes de salarios liquidados).
Asimismo, con base en el informe actuarial realizado y ratificado durante el juicio por la instructora Monsalvo, se tuvieron por probadas las extracciones dinerarias efectuadas con minutos de diferencia, con tarjetas bancarias a nombre de Alé, y de la encartada López Spañol, entre los meses de septiembre de 2014 y febrero de 2016 en diversos lugares (La Plata, Adrogué, Ciudad de Buenos Aires, Pinamar y Azul).
En función de lo expuesto, indicó que el órgano de mérito tuvo por debidamente demostrado el fraude al Estado provincial, en tanto López Spañol urdió la suscripción de un contrato de locación de servicios ficticio entre Alé y la legislatura, dado que sabía que la indicada Alé no realizaría ninguna contraprestación a cambio de los emolumentos depositados. Asimismo, se tuvo por consumado el delito a partir del perjuicio patrimonial para la Administración Pública y los efectivos apoderamientos parciales por parte de la imputada, de los cobros dispuestos por la Cámara de Diputados.
También rechazó el argumento de la defensa consistente en que la imputada entregaba el dinero a Alé, y por tanto no cabía formularle ningún reproche. En efecto, la Cámara al ratificar expresamente lo resuelto en la instancia, tuvo en consideración la condición profesional de la imputada quien, con base en sus conocimientos, no solo motorizó el vínculo entre la legislatura y Alé a sabiendas de que ésta nunca iba a cumplir contraprestación alguna por el salario a cobrar -aspecto reconocido por la propia imputada, aunque dijera que lo hacía "...para darle una mano a su familia- y en tales condiciones [...] adm[itió] haber percibido el dinero (en lo que coincide con las extracciones que están objetivadas en autos)".
Explicó que con la acreditación del retiro del dinero público del Banco por parte de López Spañol el fraude quedó "configurado" más allá de la versión de la defensa de que le entregaba el dinero a la familia de Alé. Asimismo, rechazó por irrazonable el descargo y tuvo por probado que López Spañol, inclusive en dos oportunidades, acompañó personalmente a Alé al Banco a cobrar, siendo que ésta negó, a su vez, haber realizado los retiros de dinero que se comprobaron que se extractaron en cajeros de las ciudades de Pinamar, Adrogué, Azul y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugares que ni siquiera conocía, sumado a que se acreditó que López Spañol detentaba la tarjeta de cobro.
De este modo la Cámara al repasar los elementos convictivos corroboró lo acreditado en el juicio, en particular, a instancia de los testimonios de Alé y Zárate por cuanto a que la encartada "...cuanto menos retenía una parte de lo percibido ilegítimamente del estado".
Se confirmó entonces la existencia de un ardid efectuado a través de un medio idóneo para inducir a error y la disposición patrimonial perjudicial del Estado provincial.
Aclaró que en función de lo comprobado no era posible relevar de responsabilidad a la acusada con base en el argumento de que "...es costumbre utilizar esos contratos para ayudar" y destacó que López Spañol obtuvo un beneficio económico ya que se quedaba con parte del dinero percibido. En síntesis, estimó comprobadas -con base en tales elementos- las exigencias del tipo objetivo y subjetivo del delito de fraude a la Administración Pública reprimido por los arts. 172 y 174 inc. 5 del Código Penal, a la vez que rechazó los planteos defensistas.
III.2. De la reseña efectuada en los puntos precedentes se advierte que las críticas vinculadas a la falta de ardid, a la ausencia de un perjuicio para la Administración Pública y a la falta de configuración del elemento subjetivo del tipo fueron expresamente abordados por el revisor y desestimadas por lo que -como se adelantó- el planteo resulta improcedente.
La aplicación de la regla del in dubio pro reo , aparece implícitamente desplazada con la respuesta brindada en ambas instancias. Es que, efectivamente, tanto en la instancia como en la revisión del fallo, la exposición de los hechos y las circunstancias tenidas por probadas y la enunciación de las razones por las cuales se entendieron no atendibles los argumentos de la defensa, despoja el margen de aplicación para la solución pretendida (absolución por falta de certeza sobre la acreditación de la acusación).
Es doctrina de esta Suprema Corte que aun cuando el revisor no responda directamente cada uno de los argumentos de la parte, si el análisis valorativo conlleva un implícito rechazo del planteo, no se configura la causal que da lugar al recurso de nulidad (doctr. causas P. 93.196, sent. de 29-X-2008; P. 106.168, sent. de 17-III-2010; P. 116.699, sent. de 1-VI-2016; P. 132.095, sent. de 20-X-2020; e.o.).
En cuanto a los argumentos en torno a los alcances de la ley 10.334 y a la imposibilidad de reprochar penalmente a López Spañol su accionar, no fueron llevados por la defensa -pudiendo hacerlo- al Tribunal de Alzada. Va de suyo que no puede entonces recriminar "omisión de tratamiento".
En definitiva, lo que el recurrente pretende es cuestionar el acierto o profundidad del alcance dado por la Cámara a los elementos del tipo objetivo y subjetivo del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública reprochado a López Spañol, extremos ajenos al acotado marco de la vía impugnativa intentada (conf. doctr. causas P. 95.797, sent. de 31-X-2007; P. 93.939, sent. de 25-III-2009; P. 108.232, resol. de 4-VIII-2010; P. 106.347, resol. de 16-XI-2011; P. 123.902, sent. de 4-V-2016; P. 125.988, sent. de 14-VI-2017; P. 126.826, sent. de 11-IV-2018; P. 123.706, sent. de 13-VI-2018; e.o.).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la defensa particular se agravió por la respuesta brindada a los agravios vinculados con la ausencia de adecuación típica y la violación del principio in dubio pro reo, afirmando que, en ese quehacer, la Cámara afectó el debido proceso y el derecho a la revisión amplia del fallo de condena (conf. arts. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP).
Refirió que ante los planteos de falta de concurrencia de las exigencias típicas tanto objetivas como subjetivas del delito de fraude a la Administración Pública, la Cámara se limitó a remitirse a los argumentos expuestos en el fallo en crisis, e insistió en que en el caso no se configuró el ardid que exige la figura típica prevista en el art. 174 inc. 5 del Código Penal. En su apoyo, citó doctrina.
Agregó que la efectiva contraprestación de servicios por parte de Alé no dependía de López Spañol ni se acreditó incidencia en ello, y manifestó que la figura requiere un perjuicio directo y no uno indirecto o potencial.
Adujo que su defendida no realizó ningún engaño o ardid que llevara a la Cámara de Diputados a contratar a alguien que no iba a trabajar, dado que el contrato no fue propuesto ni concretado por su defendida. Citó los arts. 10 y 12 de la ley 10.334.
A su vez, recordó que la figura en cuestión no requiere ánimo de lucro ni provecho patrimonial por parte del autor o de un tercero, sino que únicamente exige una "afectación del patrimonio" del damnificado y que en el caso no sucedió puesto que los haberes, a partir de que fueron depositados en la cuenta a nombre de Alé, pertenecían a la contratada y no al Estado.
En cuanto al tipo subjetivo, sostuvo que tampoco se acreditó el dolo directo requerido, insistiendo en la tesis de que el patrimonio afectado fue el de Alé y no el de la Administración Pública.
Mencionó que no se probó que su asistida hubiese conseguido un contrato para que Alé no trabajara y que tampoco se probó ni dependía de su asistida, por lo que tildó al fallo de condena de arbitrario e infundado, a la vez que insistió en que la disposición patrimonial fue producto de la negligencia culpable del Estado, negando un ardid o engaño por parte de la imputada.
Luego, volvió a citar la ley 10.334 en lo que respecta a la regulación de las formas y los modos de contrataciones y sueldos dentro de la Cámara de Diputados. Con base en dicho marco legal, afirmó que López Spañol no era la diputada de quien dependía Alé. Insistió con que su asistida no trabajaba en personal ni en tesorería; y que tampoco fue la persona que la propuso o la contrató.
Concluyó que se trató de una "ayuda" para conseguirle un contrato con la Cámara de Diputados, que no tuvo entidad suficiente para endilgarle responsabilidad penal, por carecer del control o posibilidad para desarrollar el pretendido ardid o engaño, a la vez que negó que éste se hubiese demostrado al momento de formalizar el contrato.
Reeditó el argumento llevado en el recurso de apelación relativo a que teniendo en cuenta los usos y costumbres del lugar donde se desarrollaba la contratación, no hubo ardid ni estrategia tendiente a engañar a la Administración Pública. De seguido, analizó los arts. 9 y 12, entre otros de la citada ley.
Afirmó que el hecho de que Alé prestara o no funciones, le era ajeno a su asistida y persistió en que no se probó apropiación de dinero público bajo el argumento de que el salario de Alé no debe considerarse tal, como así también que negó que la Cámara de Diputados hubiera confiado a la imputada la contratación de personal ni que haya sido su asistida quien designó a la mencionada, sin obligación de concurrencia.
Por todo lo expuesto, afirmó que se afectó el principio in dubio pro reo.
II. La Procuración General aconsejó rechazar la impugnación.
Coincido con lo dictaminado.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.