Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala III de Mar del Plata · Causa 172.065
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se rechazan los planteos de nulidad comprendidos en las apelaciones; II) Se admite el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a través del escrito electrónico de fecha 16/03/2021 (09:09:35 a.m.), y se modifica el pronunciamiento de fecha 3/3/2021, haciéndose consecuentemente lugar a la demanda incoada por Red Informática de Pagos S.A. contra Banco Santander Río S.A., condenándose a este último a abonar a la parte actora dentro del plazo de VEINTE DÍAS de notificada la liquidación firme la suma total reclamada de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUNMIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 71/100 CVS. ($ 6.321.666,71), con más los intereses del caso conforme a lo que luce de los considerandos que anteceden, bajo apercibimiento de ejecución (art. 163 inc. 7 del CPC). III) Se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a través del escrito electrónico de fecha 29/03/2021 (09:49:14 a. m.); IV) Se imponen las costas de ambos recursos a cargo de la demandada, por resultar perdidosa (art. 68 del C.P.C). V) Se difiere la regulación de honorarios para una vez determinada la base regulatoria (art. 31 de la ley 14.967).
REGISTRADA BAJO EL N° (S) F°
EXPTE. N° 172065. Juzgado Nº 15 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en el acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: "RED INFORMÁTICA DE PAGOS S.A. C/ BANCO SANTANDER RIO S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Nélida I. Zampini y Rubén D. Gérez.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Corresponde decretar la nulidad de la sentencia dictada en fecha 3 de marzo de 2021?
2. ¿Es justa la sentencia dictada en fecha 3 de marzo de 2021?
3. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
I. Dicta sentencia el Sr. Juez de Primera Instancia, resolviendo hacer lugar a la demanda interpuesta por Red Informática de Pagos S.A. (RIPSA) contra el Banco Santander Río S.A., condenando a este último a abonar a la actora la suma de $ 277.736,16, con mas intereses. Asimismo impone las costas a cargo de la parte demandada por su calidad de vencida, y difiere la regulación para el momento procesal oportuno.
Para así decidir, señala que la cuenta corriente que la empresa RIPSA abrió en el Banco Santander Río S.A. hace aproximadamente 20 años ha sido utilizada desde entonces para su giro comercial, y que no ha indicado ni probado un uso distinto, aunque sea mixto, por lo que determina que el contrato resulta ajeno al ámbito protectorio del derecho del consumo, por carecer de la condición de destinatario final del bien o servicio. Sin perjuicio de ello, aclara que la no aplicación de la legislación consumeril no significa que no se deba analizarse la situación particular de cada una de las partes con una visión protectoria hacia la parte “débil” del vínculo comercial, en caso de que de los hechos alegados y la prueba producida surja la violación a principios básicos.
Luego conceptualiza al contrato de cuenta corriente bancaria, y así también a los contratos de adhesión a cláusulas predispuestas, y refiere que ninguna de las partes han puesto en duda que el contrato oportunamente firmado fuera de este tipo.
Continúa estableciendo que existen dos puntos que han creado conflicto entre las partes, esto es, la violación de la buena fe y la falta de notificación de las modificaciones contractuales.
Define el concepto de buena fe y afirma que ninguna prueba fue idónea a los fines de acreditar que efectivamente hubo un acuerdo de tipo verbal que pudiera llegar a modificar el contrato de cuenta corriente bancaria, que eximiera a la actora del pago de la comisión por su uso. Advierte que el medio de prueba más importante es la pericial contable, y señala que la misma brindó luz sobre la fecha en que la demandada realizó la apertura de la cuenta bancaria, las comisiones previstas en el contrato y las que se cobraron, además de informar sobre la notificación de las modificaciones denunciadas.
Reafirma que se probó la existencia de la comunicación por parte del Banco Santander S.A. respecto a las modificaciones que hubo de aplicar sobre las comisiones que cobraría la entidad a partir del mes de enero del año 2017, y agrega que no se acreditó mala fe por parte de la entidad bancaria en el trato y vínculo existente entre ambos.
Indica que también se acreditó que las comisiones que informó la entidad bancaria que comenzaría a cobrar por el uso o depósito en la cuenta corriente eran las que autorizada el BCRA sobre dicho tipo de contratos, y establece que por ello no se ha violado la legislación sobre el producto señalado.
Sin perjuicio de lo expuesto, advierte que la prueba pericial demuestra que hubo un cobro que no respetó las condiciones del contrato de cuenta corriente que habían suscripto oportunamente, y el cual se modificaría desde el 2/5/2018.
Señala que sin perjuicio de que la presente demanda se inició con la intención de comprobar la existencia de una modificación de tipo verbal en el contrato de cuenta corriente oportunamente firmado, también se infiere de los términos y contenido de la misma, que se buscaba la devolución de las comisiones que no fueran las pactadas con la parte demandada.
Atendiendo a ello y a partir de lo que surge del informe pericial producido en autos, describe que las comisiones que se cobraron para depósitos en efectivo en los meses de febrero a abril de 2018 para la sucursal Atlántica alcanzaron la suma de $ 694.340,4, que representan un 0,5 % de comisión, cuando en realidad debía cobrarse el 0.3 %.
Concluye en base a ello que la parte demandada cobró por demás la suma de $ 277.736,16, y establece que por dicha cantidad corresponde hacer lugar a la demanda, con mas intereses a calcularse según la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días desde la fecha de mora que determina y hasta su efectivo pago, y costas.
II. Dicho pronunciamiento es apelado en fecha 16/03/2021 por el Dr. Leopoldo Marcos Branderiz, en calidad de apoderado de la parte actora, fundando su recurso en fecha 19/03/2021, con argumentos que merecieron respuesta de la contraria en fecha 30/03/2021.
Asimismo el mentado pronunciamiento es apelado en fecha 29/03/2021 por el Dr. Martin Pablo Pouysségur, en carácter de apoderado de la demandada, fundando su recurso en fecha 08/04/2021, con argumentos que merecieron respuesta de la contraria en fecha 19/4/2021.
En fecha 25/4/2021 emite dictamen el Ministerio Público Fiscal.
III. Agravia en primer lugar a la parte actora el rechazo del encuadre de la relación jurídica dentro del marco de la ley de defensa del consumidor.
Señala que el Sr. Juez de Primera Instancia no ha hecho aplicación en el caso de la letra del art.1 de la LDC (t.o. por ley 26.361), y que tampoco ha tenido presente que el art. 2 de la ley 26.361 ha suprimido la exigencia que contenía el art. 2 de la ley 24.240, atinente a la exclusión de la noción de consumidor a quienes consumían bienes y servicios para integrarlos a procesos productivos, la cual amplió el concepto de sujeto merecedor de la tutela legal.
Afirma que el a quo no cita la norma que justifique el temperamento adoptado, la cual entiende que no existe, y sostiene que tampoco se observa justificación alguna y/o tratamiento del apartamiento de las conclusiones del contundente dictamen fiscal que opina en sentido contrario.
Cita jurisprudencia, e insiste en que el nuevo estatuto no excluye ahora a las personas jurídicas como consumidores, ni tampoco los excluye porque incorporen el bien en su cadena de producción.
Agrega que la actora no es una intermediaria entre el servicio que recibe del Banco y sus clientes, en tanto presta un servicio distinto, e indica que se sirve del servicio que le presta el banco demandado de un modo indirecto.
Refiere que RIPSA hace un uso propio del servicio que le presta el Banco, y que no tiene en vista su renegociación, sino que lo utiliza para cumplir con una de las facetas de su negocio, la cual ni siquiera es la más importante.
Afirma en tal sentido que RIPSA es consumidor del servicio que le presta el Banco demandado, toda vez que no tiene intención de renegociar dicho servicio, sino que lo aplica a su gestión empresarial.
Explica que RIPSA fondea la cuenta para pagarle a sus proveedores, y que el servicio que presta es complejo, detallando que consiste en: i) instalación de varias bocas de recaudación, ii) contratación con los autorizados a instalar las bocas recaudadoras por cuenta y orden de RIPSA, iii) contratación con los entes por cuenta y orden de los cuales se recauda, iv) recepción de los pagos de los usuarios de los servicios (o tasas e impuestos) recaudados, v) remisión de las imputaciones de lo recibido a los prestadores de los servicios para que cancelen lo abonado por los usuario que pagan, vi) remisión del dinero a tales entes, a través de una transferencia bancaria.
Expone que la prestación del servicio de la cuenta corriente se torna operativa en la última de las fases.
Luego hace alusión al dictamen del Ministerio Público Fiscal, e indica que ello repercute en varias cuestiones puntuales: i) la aplicación del principio del favor debilis, ii) la aplicación del art. 53 LDC, mediante el cual el legislador le impone dos cargas al proveedor que resiste la pretensión de un consumidor: a) aportar al proceso todo elemento de prueba, y b) prestar la colaboración necesaria para esclarecer el asunto.
Expone en tal sentido que el banco debió haber explicado varios interrogantes que quedaron inconclusos según la letra de la pericia, que enuncia pormenorizadamente, y concluye afirmando que de la pericia surge que el Banco no cumplió con la manda del art. 53 LDC, y que el expediente se estaba sustanciando bajo la referida normativa.
Aduce que todas esas negativas a dar información en modo alguno pueden interpretarse a favor del Banco reticente, sino todo lo contrario, y sostiene que debieron haber sido interpretadas a favor de su mandante.
En segundo lugar se agravia de la interpretación de la prueba pericial contable realizada en la sentencia y de la falta de aplicación de las normas jurídicas que regulan los contratos de adhesión.
Señala que su parte planteó en la demanda que en los hechos el Banco no le cobraba la comisión que le informaba en los resúmenes, y que ello se debía a un acuerdo verbal.
Expone que el Banco tuvo ocasión de explicar los motivos de la modificación objetiva y que no lo hizo, haciendo referencia a que ello surge del responde al pedido de explicaciones (punto I). Refiere que el silencio o la evasiva fue interpretada en contra de las pretensiones de su mandante, violando la regla del art. 987 CCC.
Aduce que no cabe esperar que un sujeto especializado como un banco cometa errores, mucho menos en cifras millonarias, motivo por el cual indica que razonablemente se adjudicó la modificación de la comisión a un acuerdo verbal.
Agrega que también puede adjudicarse a la voluntad unilateral del Banco esa discordancia entre lo informado en los resúmenes de cuenta y lo efectivamente cobrado.
Interpreta que la diferencia entre lo que se ha dicho por escrito y lo que se ha hecho está probada en la pericia.
Señala que la perito hace alusión en su pericia a “tasa preferencial”, y que lo cierto es que el monto de esa tasa preferencial no surge escrita de documento alguno, habiendo existido la modificación a las pautas contractuales informadas, lo cual a su entender fue acreditado debidamente.
Continúa manifestando que el cambio de las condiciones contractuales se encuentra acreditado a través de la pericia contable, y remite a tal efecto al final del punto pericial séptimo ofrecido por su parte. Afirma que poco importa si se debe a un acuerdo verbal, a un error del banco, a la voluntad unilateral o a cualquier otro motivo, y que lo cierto es que el Banco no le cobraba la Comisión por Depósitos en Efectivo en el Nodo de Recaudación 777 (Suc Independencia y Belgrano) y que se la empezaron a cobrar sin previo aviso a partir del 14 de febrero de 2018, mientras que en las otras sucursales le cobraba el 0,1%, cuando informaba que percibiría el 0,3%.
Sostiene que el hecho de que el Banco haya informado que cobraba una comisión sin cobrarla, no lo autoriza a modificar sin notificarlo las condiciones contractuales fácticas existentes en el contrato. Agrega que existió una modificación de las condiciones contractuales que debió ser informada convenientemente, para darle a mi parte el derecho de rehusarla, y expone que esa notificación es precisamente para darle al cliente del Banco la posibilidad de rechazarla y cerrar la cuenta, tal como lo impone la reglamentación y como en definitiva indica que sucedió, pues refiere que en modo alguno consintió pagar una comisión del 1% a partir del mes de mayo 2018.
Manifiesta que no debe ser pasado por alto que cada resumen de cuenta constaba de entre 260 y 400 páginas, motivo por el cual el cobro de la comisión no fue advertido por su parte sino en el mes de junio de 2018, cuando solicitó la restitución de las comisiones mediante el envío de una carta documento recibida y no contestada por el Banco.
Aduce que el hecho de que se informe una comisión no real encaja a la perfección con la previsión del art. 988 inc. c del CCC, y considera que el ordenamiento impone tener a esas cláusulas por no escritas por abusivas.
Expone que lo importante es que entre las partes el contrato circulaba por márgenes distintos a lo formalmente informado en los resúmenes y ello quedó acreditado, y se remite a tal efecto a la respuesta al punto pericial octavo ofrecido por su parte.
Indica que una vez probado el hecho de que el Banco le aplicaba una tasa preferencial diferente a la informada, surge su obligación de notificar cualquier modificación a dicho status fáctico conforme al art. 985 del CCC y punto 2.3.4. Normativa BCRA Protección de Usuarios de Servicios Financieros: Notificaciones), notificación que debe realizarse mediante un medio confiable, puesto que considera que el resumen de cuenta corriente bancaria no lo era, ya que indica que está acreditado que desde enero de 2017 a enero de 2018 informaba falsamente que percibiría una comisión que en los hechos no se cobraba, lo que lo tornaba imprevisible.
Expone que pese a la falta de colaboración del Banco, en contra de las reglas que le imponen lo contrario (conf. art. 53 LDC), la sentencia interpreta todas las presunciones en contra de los intereses de su cliente, cuando en función de la enorme asimetría del poder de contratación del banco respecto a su mandante, debe interpretarlas a su favor, puesto que aunque se decida no encuadrar este reclamo bajo la órbita de la ley de defensa del consumidor, considera que la imponen las reglas que norman los contratos con cláusulas predispuestas.
Cita el punto 2.3.4. de la Normativa del BCRA sobre "Protección de Usuarios de Servicios Financieros: Notificaciones", y refiere que la prueba de la existencia de la comunicación allí prevista está en cabeza del Banco. Aduna que sin perjuicio de ello, la pericia acredita que esa comunicación nunca existió, lo cual no puede deducirse del hecho que la perito en la audiencia haya referido que existió una relación fluída, pues dicha notificación para ser operativa y generar efectos jurídicos debió haber sido formal, como lo exige la reglamentación.
Hace alusión a todas las oportunidades en que la perito le solicitó información al Banco y las que éste se negó a informar lo requerido. Considera que son de aplicación al sub lite los arts. 262, 1065 inc. b y 1067 del CCC, y cita asimismo los puntos 1.4.2. y 1.5.2.10. de la de la normativa del BCRA ya referenciada.
Continúa manifestando que de la pericia surge probado que de hecho hubo un cambio en las cláusulas, que la ley denomina en el art. 986 del CCC como cláusulas particulares, y que en caso de incompatibilidad entre las cláusulas generales y las particulares prevalecen éstas últimas, y deben ser interpretadas siempre en contra de la parte predisponente. Agrega que es absolutamente irrelevante la existencia o no de un acuerdo verbal, dado que a su entender la modificación de las comisiones está acreditada, e indica que lo importante es lo que está probado en la pericia, es decir, el cambio o discordancia entre lo informado por escrito por el Banco y la realidad del contrato.
A partir de ello, requiere la modificación de la sentencia atacada, y que se ordene la devolución de las comisiones liquidadas desde el 14 de febrero de 2018 al 30 de abril del mismo año en la sucursal 777 y desde diciembre de 2017 a abril de 2018 en las otras sucursales, sin el previo conocimiento y consentimiento de su parte, con mas intereses, costos y costas.
En tercer lugar se agravia de que se haya omitido considerar que la actividad del Banco está regulada, por lo cual su conducta debe ser analizada desde esa óptica, y no como si fuese un sujeto que se mueve en el mundo sin regulación alguna de su conducta.
Advierte que el magistrado le preguntó al perito si el banco demandado había transgredido normas del BCRA, y expone que el experticio es un técnico especialista en cuestiones contables, pero no jurídicas.
Indica en tal sentido que con la remisión del texto al minuto 10:15 del DVD (donde se encuentra gravada la AVC) y al art. 473 del CPC, el juez se atiene a la opinión jurídica (no contable) de la perito contadora, que no se encuentra capacitada para realizar razonamientos e interpretaciones jurídicas, tanto de hechos como de normas.
Expone que con esa remisión de la sentencia al juicio de la perito acerca de si el banco demandado cumplía o no con las “cláusulas” del BCRA, se ha incurrido en una clara causal de nulidad de la sentencia (subsumida por la apelación interpuesta), toda vez que el juez, delegó en la perito el razonamiento jurídico necesario para concluir, junto con ella y por sus argumentos, que el banco demandado no transgredió normas del BCRA. Señala al respecto que está acreditado todo lo contrario, puesto que es la propia perito la que transcribe las normas sobre Protección de los Usuarios de Servicios Financieros del BCRA, donde se aprecia con claridad meridiana la transgresión por parte del banco demandado de dicha norma reguladora de su actividad.
Observa que el Juez no brinda ningún argumento autónomo que justifique el motivo por el cual el banco con su conducta no transgrede las normas reguladoras de su conducta.
Considera que ello implica un caso de apreciación absurda de la prueba, en el caso de la pericia contable, y de violación del principio de congruencia, motivo por el cual requiere que la sentencia sea modificada también en ese aspecto.
IV. Por su parte, la demandada expone inicialmente en su memorial que el Juez de grado consideró que corresponde desplazar a la presente controversia del ámbito de aplicación de la ley 24.240 y sus modificaciones, y refiere consecuentemente que el primer agravio que propone radica en la contradicción que entraña seguir dando continuidad al proceso con posterioridad a la sentencia según lo normado por la ley de defensa del consumidor, ya que si por un lado se resuelve su no aplicación al caso, no se puede intimar a su parte a que siga ciñéndose a sus normas, mucho menos que efectúe el depósito previo a fin de sustentar el recurso de apelación y su concesión.
Sostiene que la sentencia viola los principios de congruencia, razonabilidad, y que deviene contradictoria y nula, lo que así solicita que se declare.
Agrega que la existencia de auto-contradicción manifiesta entre los fundamentos brindados por el sentenciante y la decisión contenida en la sentencia descalifica a la misma como acto jurisdiccional válido. En apoyo de su petición cita doctrina y jurisprudencia, y en especial hace referencia al precedente nro. 149899, dictado por la Sala Primera de este Tribunal (autos caratulados "Insúa María Ester e Ibañez Juana María c/ Bco. de Galicia y Buenos Aires S.A. s/ Reclamo contra acto de particulares"), y requiere en base a ello la anulación de la sentencia, por haber violado el principio constitucional de congruencia y razonabilidad. Destaca el "sin sentido" e inutilidad de la sentencia, en tanto aduce que la misma sustrae al proceso de la aplicación de la ley de defensa del consumidor, y sin embargo lo mantiene en cuanto a los plazos procesales que dicha norma contiene, beneficiando además a RIPSA SA con la gratuidad del proceso (cuando debió intimar la integración de tasa de justicia ) y obligando a su parte a depositar mas de $ 700.000 a los fines de mantener el recurso de apelación.
Con tales alcances requiere que se haga lugar al agravio, con costas.
En segundo término se agravia de la aceptación parcial de la demanda por el item "diferencia cobrada por la demandada".
Relata el modo en que el a quo arriba a tal conclusión, y refiere que su parte no logra entender cómo es posible que el Juez haya efectuado una parcial interpretación del informe pericial, del cual indica que se desprende como cuestión medular el total cumplimiento por parte del Banco Santander Río S.A. de la normativa legal aplicable a la actividad comercial que desarrolla.
Critica que el Magistrado de grado entienda que también formaba parte del contenido de la demanda la diferencia que pudo demostrarse por demás cobrada.
Sostiene que ese razonamiento se contrapone con un hecho indiscutible y absolutamente demostrado, que es la omisión de cobrar comisiones de parte del Banco en beneficio de RIPSA SA. durante muchísimos períodos, he incluso el cobro de comisiones menores a las informadas.
Exige consecuentemente que se tenga una visión global de la relación jurídica contractual.
Agrega que se encuentra demostrado que su parte se ciñó en todo momento a las comunicaciones e información que exige el ejercicio de la actividad que desarrolla, en enorme beneficio de la actora, y solicita finalmente que se rechace el ítem admitido por el Magistrado de grado, rechazándose la demanda, con costas.
V. Trataré en primer lugar los planteos de NULIDAD DE SENTENCIA.
Sobre el punto, es necesario destacar que la declaración de nulidad de sentencia requiere la existencia de una irregularidad manifiesta y grave, por lo que no procede cuando los vicios de construcción del fallo son de menor envergadura, o en hipótesis de errores “in iudicando” que pueden ser reparados mediante el recurso de apelación.
En el mismo sentido se ha dicho que el recurso de nulidad contra la sentencia de primera instancia sólo procede ante la existencia de vicios extrínsecos (formales atribuibles a ese pronunciamiento), pero nunca contra los vicios intrínsecos, de juzgamiento, que -de existir- son corregibles por el recurso de apelación también formulado y al que aquél necesariamente accede (art. 253 del CPC; argto. jurisp. ésta Cámara, Sala III, en la causa “Scampitelli, Lisandro c/ Vermarojo S.R.L. s/ daños y perjuicios”, sent. int. del 2-03-2010; Sala III, en la causa N°145.132 “Francano, María Adelia c/ Rossi, Alberto José s/ cobro ejecutivo”, sent. del 16-02-2010; Sala III, en la causa N°145.009 “Estagna, Juan c/ Domínguez, Adolfo s/ daños y perjuicios”, sent. int. del 15-12-2009; Sala II, en la causa N°125.423 “Ahalloub, Armando c/ Muchelli, Juan s/ rendición de cuentas”, sent. del 30-11-2010). En el caso de autos, ambos recurrentes incluyen en sus memoriales un planteo de nulidad de sentencia.
La actora alega que el Juez se atiene a la opinión jurídica (no contable) de la perito contadora acerca de si el banco demandado cumplía o no con las “cláusulas” del BCRA, y afirma que con esa remisión se ha incurrido en una clara causal de nulidad de la sentencia (subsumida por la apelación interpuesta), en tanto la auxiliar no se encuentra capacitada para realizar razonamientos e interpretaciones jurídicas.
Por su parte, la demandada sostiene que la sentencia viola los principios de congruencia y razonabilidad, y que deviene contradictoria y nula, argumentando a tal efecto que existe una contradicción al dar continuidad al proceso según lo normado por la ley de defensa del consumidor (gratuidad del proceso, intimación a su parte a realizar el depósito previo para recurrir, concesión por el plazo de dos días, etc.), mientras que la sentencia resolvió que no corresponde su aplicación. Ante ello y en base a las premisas antes expuestas, es posible adelantar que los argumentos brindados por los apelantes para fundar los planteos de nulidad no resultan idóneos para tal fin. Es que siendo que los vicios descriptos, en caso de existir, consisten en errores “in iudicando” y/o ajenos a la sentencia, no constituyen un vicio extrínseco del pronunciamiento que habilite la declaración de su nulidad (art. 253 y ccdts. del CPC). A riesgo de abundar, considero oportuno mencionar que, en consonancia con lo que en reiteradas oportunidades ha resuelto nuestro Máximo Tribunal Provincial, las nulidades (y más aún cuando se trata de sentencias) deben acogerse con criterio restrictivo, partiendo de la idea de que -en principio- debe estarse por la conservación del acto procesal y no por su decaimiento (argto. jurisp. SCBA. en la causa Ac. 91341 “La Catalina S.C.A c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación inversa”, sent. del 26-IX-2007; SCBA. en la causa Ac. 85519 “Jocano Raúl c/ Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A s/ Proceso sumarísimo”, sent. del 3-III- 2004; SCBA. en la causa Ac. 74998 “Gazzotti Luisa c/ Merlo Atilio s/ Restricción y límites al dominio”, sent. del 12-XII-2001, entre otras). Llevando tales pautas al caso concreto, entiendo que los defectos que se endilgan no habilitan su declaración de nulidad (léase que no se advierten vicios nacidos en la construcción del decisorio, ni en la fundamentación que no puedan ser subsanados a través de la instancia recursiva), por lo que propongo al Acuerdo su rechazo (arts. 34 inc. 4, y 163 inc. 6º del C.P.C; arts. 15, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; art. 18 de la Constitución Nacional; art. 8 del Pacto San José de Costa Rica).
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
VI. Pasaré a analizar los agravios planteados.
La presente controversia versa sobre las comisiones por depósitos en efectivo que la entidad bancaria demandada percibió durante los meses de febrero, marzo y abril del año 2018, con motivo de la operatoria de cuenta corriente bancaria que lo ligara al actor (v. a tal efecto fs. 43vta. último párrafo y 44 primer párrafo).
En tal sentido, Red Informática de Pagos S.A. aduce -en lo sustancial- que acordó de manera verbal con el Banco Santander Río S.A., que éste sólo cobraría en el interior de la Provincia (excepto Mar del Plata) el 0,30% de comisión y el 0% para los depósitos en efectivo realizados en el Banco con sucursal en la ciudad de Mar del Plata, no obstante lo cual, refiere que durante los meses de febrero, marzo y abril del año 2018 le retuvo indebidamente la suma de $ 6.321.666,71, que reclama a través de la presente acción (v. fs. 43 último párrafo y 43vta. primer párrafo). En contrapartida, la accionada rechaza la existencia del pacto verbal que se denuncia, y pretende justificar su accionar afirmando que a través del medio legal previsto en la normativa que rige el contrato (resumen de cuenta corriente) informó debidamente a la firma RIPSA S.A. que a partir del 01/03/2017 se modificaban los porcentajes de las comisiones que el banco cobraba. Detalla que pasó a ser del 1% para los depósitos en efectivo en cuentas propias, y que posteriormente, en los resúmenes enviados en los meses de Mayo y Julio del año 2017, se le informó una bonificación transitoria de las comisiones, y que aplicaría el 0.3 % para movimientos en efectivo que se realicen en la sucursal de radicación de su cuenta y del 0,6 % para movimientos en efectivo realizados en sucursales distintas a la de radicación de la cuenta.
Situándose allí la controversia, observo que el a quo consideró inicialmente que la relación habida entre las partes no queda aprehendida por la ley de Defensa al Consumidor y Usuario, amén de considerar que la cuenta corriente bancaria importa un contrato de adhesión a cláusulas predispuestas, para luego establecer que ninguna prueba fue idónea a los fines de poder acreditar que efectivamente existió el denunciado acuerdo de tipo verbal que pudiera llegar modificar el contrato de cuenta corriente bancaria, y que por el contrario, la demandada demostró haber comunicado las modificaciones que hubo de aplicar sobre las comisiones que cobraría a partir del mes de enero del año 2017, y que las mismas eran las que autorizada el BCRA.
En base a ello rechaza el reconocimiento de la suma pretendida en la demanda, no obstante lo cual, admite su procedencia por la cantidad de $ 277.736,16 con mas intereses, al advertir que la prueba pericial contable denota que en los meses de febrero a abril de 2018 la entidad bancaria cobró una comisión equivalente al 0,5 %, cuando en realidad debía cobrar el 0.3 %.
Adelanto que a mi entender, el decisorio recurrido debe ser revocado.
Para arribar a tal solución y a raíz de la vigencia del Código Civil y Comercial (ley 26.994), considero menester realizar una breve aclaración en relación al encuadre jurídico-temporal que resulta de aplicación al sub lite, para luego abordar de manera diferenciada los agravios propuestos por cada una de las partes.
En tal sentido, la regla es que el Código Civil y Comercial (ley 26.994) no es aplicable a los contratos constituidos, modificados o extinguidos conforme al Código Civil o al Código de Comercio, pues en principio se rigen por normas supletorias, salvo que del modo de expresión de la norma, de su contenido, o de su contexto, resulten su carácter indisponible (conf. Aída Kemelmajer de Carlucci, "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes", ed. Rubinzal - Culzoni Editores, Sta. Fe, 2015, págs. 148 y 149; arts. 7, 962 y ccdtes. del CCyC).
El carácter indisponible de las normas se observa con nitidez en distintos preceptos legales que regulan los contratos bancarios, habiéndose señalado, por ejemplo, que son consecuencias de normas imperativas y, por ello, de aplicación inmediata, la publicidad e información en los contratos bancarios (arts. 1379 y 1382), la facultad de rescindir en los contratos bancarios por tiempo indeterminado (art. 1383), las normas mas favorables al consumidor, entre otras (art. 12 del CCyC; Aída Kemelmajer de Carlucci, ob. cit., pág. 148/150 y 152).
Esta es la guía que seguiré a los fines de brindar un adecuado sustento legal al tratamiento de cada uno de los agravios propuestos, labor que desarrollaré a continuación.
VI.a. Tratamiento de los agravios propuestos por la parte actora:
VI.a.1. Primer agravio: Aplicación del estatuto de defensa al consumidor:
En lo atinente a este agravio, es posible observar que la parte actora critica el encuadre jurídico adoptado por el a quo, y pretende que la relación habida entre las partes quede subsumida dentro del marco protectorio consumeril.
Debo señalar al respecto, que desde hace varios años la ciencia jurídica ha brindado soluciones difusas en relación a la aplicación del estatuto del consumidor a los sujetos que desarrollen actividad empresarial. Es decir, ¿puede el empresario ser consumidor, en los términos reglados por la Ley 24.240, modif. por ley 26.361?
La discusión se centra en los casos de consumidores-empresarios que adquieren bienes o servicios para su utilización en procesos productivos.
La respuesta a tal interrogante requiere de un criterio de distinción de la noción de consumidor, y a partir de allí efectuar una "interpretación" de los casos sometidos a juzgamiento.
El mayor problema es que no existe un único criterio de distinción del concepto de consumidor, sino que existen varios que han sido construídos por la doctrina y la jurisprudencia, todos los cuales adscriben al enunciado normativo dispuesto en la ley (art. 1092 CCC y arts. 1 y 2 LDC). Es así que se han proyectados criterios que tienen en mira "el uso material del bien o del servicio", o "el acto profesional", o "la subordinación relacional", o "el ánimo de lucro", o "la dimensión de la empresa", entre otros, pero es posible destacar que la jurisprudencia ha aplicado comúnmente el que hace hincapié en la utilización material del bien objeto del contrato (ver a tal efecto Valicenti, Ezequiel, "El problema del empresario-consumidor. Las relaciones contractuales asimétricas entre empresarios", Publicado en DJ 30/11/20156,1).
Este último resuelve el caso a partir del concepto de "destino final", distinguiendo si existe una integración inmediata del bien o del servicio a un proceso de producción, una integración mediata, una remota, o el caso de no integración.
Es decir, se analiza el modo en que el empresario utiliza el bien, valorando especialmente la supresión del segundo párrafo del art. 2 de la LDC efectuada por la ley 26.361 y, por consiguiente, de su decreto reglamentario nro. 1798/94.
Corresponde señalar que el art. 2º de la ley 26.361 suprimió la exigencia que contenía la norma de idéntica numeración de la ley 24.240, atinente a la exclusión de la noción de consumidor a quienes consumían bienes y servicios para integrarlos a procesos productivos, modificación ésta de trascendente importancia, pues la norma amplió el concepto del sujeto merecedor de la tutela legal.
Esa modificación introducida por la ley 26.361 al art. 2º de la ley 24.240 me lleva a interpretar, entonces, el espíritu del legislador por contraposición, de manera que aquéllos que adquieran un bien o servicio en su carácter de comerciantes o empresarios quedarán igualmente protegidos por esta ley siempre que el bien o servicio no sea incorporado de manera directa a la cadena de producción.
En coincidencia con lo hasta aquí expuesto, la doctrina especializada ha expuesto que "...la derogación citada implica un cambio de concepto de manera tal que aquéllos que adquieran un bien o servicio en su carácter de comerciantes o empresarios, quedarán igualmente protegidos por esta ley siempre que el bien o servicio no sea incorporado de manera directa en la cadena de producción (...) En consecuencia, sólo cuando el bien adquirido se inserte de manera directa como insumo en la cadena de producción, no procederá considerar al adquirente consumidor. Pero por el contrario, cuando la adquisición efectuada por un empresario/persona jurídica comercial, no importe la adquisición de un insumo a ser integrado de manera directa en la cadena de comercialización, quedará pues entonces alcanzada por la ley 24.240" (Álvarez Larrondo, Federico M., "El empresario consumidor", Publicado en LA LEY 21/08/2014,4 • LA LEY 2014-D, 611).
Habiéndose así dilucidado que el legislador admitió la categoría de "consumidor empresario", y establecido que no resulta consumidor cuando el bien adquirido se inserta de manera directa en la cadena de producción o comercialización, corresponde preguntarnos si en el caso concreto la contratación que ligara a las partes reúne las exigencias legales para ser subsumida dentro del esquema consumeril.
La conclusión depende en gran medida de la valoración del proceso productivo o de comercialización que desarrolla la actora, y del modo en que la cuenta corriente bancaria se inserta en el mismo. Así pues, luego de haber analizado la operatoria que diera origen a la presente litis, adelanto que no se perfila un concepto de consumidor aplicable al caso, y es por ello que el agravio en tratamiento no puede tener andamiaje.
Ello así, en tanto las particulares circunstancias del caso evidencian que media una integración inmediata, específica y directa del servicio bancario en el proceso de comercialización o producción de bienes o servicios de RIPSA.
En efecto, es posible observar que existen elementos que atienden objetivamente a la confrontación del destino del bien o servicio adquirido con el área de profesionalidad de la accionante. Esta área puede verse demarcada en la causa por diversos elementos.
En primer término, la certificación contable adjuntada a fs. 21 (copias autenticadas a fs. 31) da cuenta que RIPSA se dedica a "la actividad de cobranza extra bancaria de impuestos y servicios".
A su turno, la Perito contadora ha especificado que "La actora RED INFORMATICA DE PAGOS S.A. es una empresa de cobranzas con una amplia red de bocas recaudadoras instaladas comercios en diferentes localidades de la República Argentina. Estos locales depositaban lo recaudado en sus ciudades con destino a la cuenta corriente N° 121- 022673/8" (respuesta al punto pericial "6.b" ofrecido por la actora). Coincidentemente, RIPSA explica en la demanda que "Mi mandante es una sociedad anónima dedicada a prestar el servicio de facilitar la cobranza de impuestos, tasas, contribuciones, cuotas, y en fin toda clase de pagos que se tengan que realizar en forma periódica y en efectivo". Detalla asimismo que "RIPSA recibe el dinero en efectivo de los pagos a través de diferentes bocas de recaudación ubicadas en lugares estratégicos de toda la ciudad y la provincia...", "Con cada pago se emite un recibo válido para quién lo realiza y rinde el dinero al acreedor del impuesto o servicio, previo descuento de la retribución. Desde siempre RIPSA ha manejado importantes sumas de dinero en efectivo, pues es una de las formas en las que recauda. Ese dinero recaudado luego es remitido al acreedor (...) mediante transferencias interbancarias y depósitos..." (sic; fs. 42vta./43). Así también en su escrito de expresión de agravio RIPSA describe el servicio que presta, señalando que consiste en: "i) instalación de varias bocas de recaudación; ii) contratación con los autorizados a instalar las bocas recaudadoras por cuenta y orden de RIPSA; iii) contratación con los entes por cuenta y orden de los cuales se recauda; iv) recepción de los pagos de los usuarios de los servicios (o tasas e impuestos) recaudados; v) remisión de las imputaciones de lo recibido a los prestadores de los servicios para que cancelen lo abonado por los usuario que pagan; vi) remisión del dinero a tales entes, a través de una transferencia bancaria" (escrito electrónico de fecha 19/3/2021).
Así pues, teniendo en cuenta el área de incumbencia profesional de la actora, que consiste sustancialmente en recibir dinero de pagos a través de diferente bocas de recaudación, el cual es depositado en la cuenta corriente bancaria, para luego ser remitido a los prestadores de los servicios, considero que no puede afirmarse válidamente que la cuenta corriente no se inserta de manera inmediata en el circuito de comercialización de la actora. Se integra al proceso de producción cuando el mismo constituye un insumo directo de ese proceso, es decir cuando se trata de uno de los llamados "bienes intermedios" destinados a transformación, y considero que este supuesto tiene tales caracteres, al importar la cuenta corriente un eslabón que íntegramente se halla comprendido en el proceder que despliega RIPSA.
Es decir, la utilización de la cuenta corriente es contratada con la finalidad de insertarla de manera directa en un proceso que recién habría de culminar con una ulterior imputación de lo recibido a los prestadores de los servicios.
La figura del consumidor se encuentra consustanciada con el agotamiento del bien o del servicio, pero en el caso, dada la particularísima actividad que despliega la actora, el servicio bancario se presenta con un propósito distinto, pues se lo involucra directamente en calidad de insumo dentro del ámbito de su labor profesional y en el área que es de su conocimiento e incumbencia.
A mayor abundamiento, observo que en la respuesta al punto pericial sexto ofrecido por la demandada, la auxiliar contable presenta un detalle de las operaciones registradas en la cuenta corriente durante el mes de marzo de 2018, de donde se observa que la totalidad de los movimientos se relacionan de manera directa con los servicios que presta la accionante. De allí que utilizando dicho periodo como referencia, tampoco observo que el sub examine presente un supuesto de los llamados "consumos mixtos", que son aquellos en los que ocurre una "integración parcial" del bien al proceso productivo, en tanto se trata de un servicio que se integra totalmente a la cadena de producción.
Es así que, a mi entender, de acuerdo a los argumentos expuestos, corresponde confirmar el pronunciamiento recurrido en lo que aquí es materia de agravio, quedando la cuestión desplazada del ámbito protectorio del consumidor o usuario (arts. 1, 2 y ccdtes. de la ley 24.240, t.o. según ley 26.361).
Sin embargo, cabe mencionar que las soluciones tutelares del contratante "débil" no se encuentran únicamente en el sistema del consumidor, sino que es posible encontrarlas en el marco del ordenamiento jurídico.
Resulta esclarecedora a tal efecto la reflexión que realiza Ezequiel Valicenti (en "El problema del empresario-consumidor. Las relaciones contractuales asimétricas entre empresarios", Publicado en DJ 30/11/20156,1), al referir que la protección del empresario vulnerable puede construirse sin recurrir necesariamente al derecho del consumidor, haciendo alusión a que uno de los principios que irradian fuertemente sobre las relaciones contractuales asimétricas entre empresarios es el que veda el abuso de posición dominante, especialmente incluido entre los principios generales de todo el derecho privado.
Es así que la ley N° 17.711, modificatoria del Código Civil, contribuyó a facilitar la labor de la jurisprudencia en el control de contenido de las cláusulas abusivas y su interpretación, al incluir las figuras de la buena fe negocial (art. 1198, 1° parte del CC), de la proscripción del ejercicio abusivo de los derechos (art. 1071 del CC) y de la lesión subjetiva (art. 954 del CC), siendo, a su vez, principios cardinales en el nuevo régimen previsto por el Código Civil y Comercial (arts. 9, 961 y ccdtes. del CCyC). Para la tutela contractual de estos sujetos no-consumidores, resulta asimismo relevante la incorporación de reglas específicas que controlan la inclusión de cláusulas (arts. 985 y 986 del CCyC), y reglas específicas para la interpretación y la determinación del contenido del contrato celebrado por adhesión sujeto a cláusulas predispuestas (arts. 986 y 987, CCC), y así también en la regulación de los contratos bancarios se incluye un capitulo que excede la protección del consumidor, destinado a la transparencia de las condiciones contractuales (art. 1378 a 1383, CCC), todas normas de tinte imperativo que protegen la posición del cliente bancario.
Coincidentemente con tal razonamiento, el a quo ha caracterizado la contratación bajo análisis como un contrato de adhesión sujeto a cláusulas predispuestas (conf. considerando 2 de la sentencia recurrida), no habiendo sido ello objeto de embate por los recurrentes, sirviendo tal conceptualización como una pauta hermenéutica de indudable aplicación al sub examine (arg. art. 260 del CPC).
Sin ánimo de extenderme sobre la noción de los contratos de adhesión a cláusulas predispuestas o condiciones generales, que ha sido explicada in extenso por el Juez de grado, sólo quiero destacar que la modalidad de formación del consentimiento de este tipo contrataciones, a diferencia de los contratos negociados individualmente, pone en evidencia la existencia de un sujeto débil (adherente) en comparación con la parte fuerte de la relación contractual (predisponente o estipulante), quienes interactúan con poderes de negociación desiguales, limitándose para el adherente la posibilidad de ejercer autónomamente su voluntad y su libertad de contratación (ver Ana C. Trigiani, "Contratos por adhesión en el Código Civil y Comercial de la Nación", revista de Derecho Civil, número 9, marzo 2019, cita IJ-DXLVII-313).
Esta situación de disparidad justifica que el ordenamiento jurídico prevea un régimen de tutela particular, y reglas hermenéuticas específicas para este tipo de contrataciones, las cuales -insisto- constituyen una importante herramienta para la tarea del operador jurídico.
En definitiva, si bien corresponde desechar este agravio en relación a la aplicación de la Ley de defensa del Consumidor, lo que así propongo al Acuerdo, la controversia debe ser analizada conforme las reglas propias aplicables a la modalidad de contratación que hoy nos ocupa (léase, contrato de adhesión sujeto a cláusulas predispuestas; arts. 266, 267 y ccdtes. del CPC).
VI.a.2. Segundo agravio: Valoración de los elementos de prueba: El apelante se agravia de que el a quo haya considerado que no demostró un acuerdo de tipo verbal que pudiera llegar a modificar el contrato de cuenta corriente bancaria. Hace especial referencia a que en los hechos el Banco no le cobraba la comisión que le informaba en los resúmenes y que de ello se desprende que existió un acuerdo verbal, e indica que tal conducta encaja en la previsión del art. 988 inc. c del CCyC, Alega que no importa si tal situación de hecho se debió a un acuerdo verbal, a un error o al ejercicio unilateral del ius variandi por parte del Banco, en tanto considera que en cualquier caso la variación de las condiciones debe notificarse por un modo disímil al resumen de cuenta, dado que no se cumplía con lo que allí se informaba.
Considero que le asiste razón a la apelante.
En efecto, la prueba pericial contable producida es contundente al establecer que la entidad bancaria aplicaba comisiones que diferían de las informadas a través de los resúmenes de cuenta.
Resulta esclarecedor a tal efecto lo dictaminado por la Perito Contadora interviniente en su respuesta al punto pericial 5, donde expone que "lo comunicado, difiere de lo liquidado en los Resúmenes de Cuenta respecto a la Comisión por depósitos en efectivo. BANCO SANTANDER RIO S.A. otorgó una tasa preferencial (0,1%) a los depósitos en efectivo realizados en la Sucursal N° 121 respecto a lo mencionado en el Resumen de Cuenta (0,3%) pero no lo comunicó. Tampoco comunicó cuando aplicó una tasa superior (0,5%) respecto a lo mencionado en el Resumen de Cuenta (0,3%). Respecto a la Comisión por Depósitos en efectivo realizados en la Sucursal N° 777 – Nodo de Recaudaciones, el BANCO SANTANDER RIO S.A. comunicó desde enero de 2017 su aplicación informando los porcentajes a aplicar pero no los liquidó hasta el 14 de febrero de 2018. Y cuando lo liquidó aplicó una tasa diferente (0,5%) a la mencionada en el Resumen de Cuenta (0,6%)."
Iguales consideraciones se extraen de la lectura de la respuesta al punto pericial 16, a través del cual la experta dictamina que "...puedo señalar que la Comisión por Depósitos en efectivo realizados en la Suc. 21 Atlántica tuvo una tasa preferencial a lo que el Resumen de Cuenta establecía hasta el 1° de diciembre de 2017. Cuando el BANCO SANTANDER RIO S.A. informó la aplicación de una comisión por Depósitos en efectivo, el porcentaje mencionado era 1% a partir del 01/03/2018. Luego bajó esta alícuota al 0,3% para depósitos realizados en la Sucursal N° 121- Atlántica y 0,6% para los depósitos realizados en el Nodo de Recaudaciones o en otras localidades según Resumen de Cuenta de Mayo de 2017 (Anexo III).
El BANCO SANTANDER RIO S.A. comenzó a percibir la Comisión por Depósitos en efectivo realizados en la Sucursal N° 121 – Atlántica a partir del 24 de mayo de 2017 aplicando una alícuota del 0,3%. En Junio de 2017 bajó este porcentaje a 0,1% que mantuvo hasta el 01/12/2017 a pesar que, en el Resumen de Cuenta se informaba que era 0,3%. En Diciembre de 2017, el BANCO SANTANDER RIO S.A. aplicó diferentes alícuotas: día 01/12/2017: 0,1% - día 04/12/2017: 0,3% - a partir del día 05/12/2017: 0,5%. Este porcentaje (0,5%) se mantuvo hasta el 30/04/2018. La tasa del 0,5% aplicada sobre depósitos en efectivo realizados en la Suc. 121 nunca fue informada por el BANCO SANTANDER RIO S.A., superando la alícuota informada en los Resúmenes de Cuenta (0,3%).
Esta Comisión por depósitos efectuados en la Suc. N° 121 – Atlántica no fue cobrada por el BANCO SANTANDER RIO S.A. a partir de las operaciones realizadas el 2 de mayo de 2018 a pesar de ser mencionada en el Resumen de Cuenta. También el BANCO SANTANDER RIO S.A. brindó un tratamiento diferencial con la Comisión por Depósitos en efectivo realizados en la Sucursal N° 777 – Nodo de Recaudaciones Mar del Plata. Desde su notificación en Enero de 2017, el BANCO SANTANDER RIO S.A. no calculó ni percibió la Comisión por Dep. en efectivo realizados en la Suc. N° 777 hasta el 14 de febrero de 2018. Según el BANCO SANTANDER RIO S.A. todos los depósitos en efectivo realizados en cualesquiera de las sucursales excepto la Suc.
N° 121 – Atlántica, tenían una comisión del 0,6%. De acuerdo a los cálculos realizados, el BANCO SANTANDER RIO S.A. aplicó una alícuota del 0,5% sobre los depósitos realizados en el Nodo de Recaudaciones desde el 14 de febrero hasta el 30 de abril de 2018. El BANCO SANTANDER RIO S.A. no informó a RED INFORMATICA DE PAGOS S.A. la aplicación de este porcentaje sino que mantuvo informando que la alícuota a aplicar era del 0,6% según Resumen de cuenta del mes de ENERO de 2018 (Anexo IV). En los Resúmenes de FEBRERO de 2018 hasta el de MAYO de 2018 informó que la alícuota a aplicar seria del 1% sobre los depósitos efectuados en el Nodo de Recaudaciones. Sin embargo, el BANCO SANTANDER RIO S.A. no liquidó más la comisión por depósitos en efectivo a partir del 2 de mayo de 2018.
No aparece en los Resúmenes de Cuenta ninguna información sobre la eliminación de esta Comisión. Sobre la Comisión por depósitos en efectivo realizados en otras sucursales, el BANCO SANTANDER RIO S.A. comunicó la aplicación de una alícuota inicial del 1% en marzo de 2017 y del 0,6% a partir de MAYO de 2017".
Como puede advertirse, el porcentaje de comisión por depósitos en efectivo que la entidad bancaria informaba a través de los resúmenes de cuenta, difiere de lo efectivamente percibido o debitado.
Es decir, mientras el banco comunicaba un porcentaje de comisión a través de los resúmenes de cuenta, aplicaba otro o no aplicaba ninguno.
Este zigzagueante comportamiento de la entidad bancaria que describe la auxiliar no es accidental o momentáneo, sino que se ha prolongado en el tiempo, lo cual se extrae de los extractos de la pericia contable que han sido enunciados ut supra, donde la perito analiza la operatoria desplegada a partir del mes de enero del 2017 hasta el mes de mayo de 2018.
Considero que ello resulta dirimente en el presente agravio, y en definitiva en la suerte de la pretensión, en tanto conlleva a que no pueda afirmarse válidamente que el resumen de cuenta sea en el caso el medio idóneo de anoticiamiento de las comisiones a percibirse, dado que las particulares circunstancias apuntadas exigían un anoticiamiento por una vía distinta a la que se venía utilizando.
Es decir, si el banco ha tenido un prolongado proceder distinto al comunicado a través de los resúmenes, es evidente que esa comunicación no era el medio idóneo para el conocimiento por parte del cuentacorrentista de las nuevas condiciones a implementar.
Un temperamente en contrario importa "sorprender" a este último, a quien evidentemente se le generó la confianza de que la información brindada con habitualidad en los resúmenes no se ajustaría a lo efectivamente debitado por el mentado concepto.
Existió de tal manera un claro incumplimiento contractual, a partir de haberse previsto contractualmente la obligación de una notificación idónea de los cambios en las condiciones del contrato de cuenta corriente, de cuyo contenido nos informa la Perito contadora. En efecto, la auxiliar describe que en dicho instrumento se consigna que "En el formulario “Solicitud de Adhesión – Clausulas Legales firmado por RED INFORMATICA DE PAGOS S.A. se establece en el punto 4: “....El BANCO podrá modificar los montos y las modalidades de los gastos y comisiones indicados, notificando las modificaciones con cinco días de anticipación…” (el destacado me pertenece; respuesta al punto pericial 10 ofrecida por la actora; arts. 375, 384, 474 y ccdtes .del CPC; arts. 790, 793, 796 y ccdtes. del Código de Comercio; arts. 499, 505, 1198 y ccdtes. del Código Civil; arts. 7, 9, 12, 729, 961, 985, 987, 1067, 1378 a 1383, 1393 y ccdtes. del Código Civil y Comercial).
Incluso, bajo estas circunstancias, pretender utilizar el resumen de cuenta como medio de anoticiamiento colisiona con la doctrina de los actos propios, dado que se encuentra plenamente evidenciado que la entidad bancaria se ha apartado en su proceder del contenido de dicho instrumento. Esta doctrina nos direcciona a interpretar que cuando una persona, dentro de una relación jurídica, ha suscitado en la otra con su conducta, la confianza de que un derecho no será ejercitado o lo será en un determinado sentido, corresponde desestimar toda actuación incompatible con el sentido que objetivamente se deduzca de la conducta primaria. Considero que esta directriz es trasladable al sub lite, en tanto el descripto proceder habitual del banco importó una conducta jurídicamente relevante de la entidad bancaria que trae consecuencias en la relación, a partir de esa confianza suscitada en la otra respecto a la ineficacia del resumen de cuenta como medio de anoticiamiento de las comisiones por movimientos en efectivo a percibir.
De consuno con la doctrina de los propios actos, nuestro máximo Tribunal provincial ha desestimado pretensiones contradictorias con la conducta pasada del pretensor, es decir, cuando aquéllas devinieron incompatibles con la buena fe o vulneraron la confianza que terceros depositaron o se formaron sobre el obrar previo, ponderando que la citada doctrina promueve el cumplimiento del deber de coherencia del comportamiento jurídicamente relevante. El citado Tribunal ha expuesto en tal sentido que "...La doctrina de los propios actos deriva del inexcusable deber que pesa sobre los sujetos del proceso de obrar con buena fe, y según ella está vedado desplegar una actividad procesal incompatible con otra anterior, que por su trascendencia y eficacia, ha permitido despertar en otro ciertas y fundadas expectativas. La confianza que se ha generado con el propio obrar no puede ser traicionada, y el principio nemo auditur turpitudinen suam allegans cobra especial virtualidad en estos casos, traduciéndose en otro aforismo: venire contra factum proprium non valet, lo que equivale a sostener que resulta inadmisible una pretensión que importe ponerse en contradicción con una conducta previa, deliberada y consciente, en tanto ésta resulte jurídicamente relevante y plenamente eficaz" (SCBA, causas Ac. 69.603, sent. del 2-II-2000; Ac. 78.497, sent. del 12-IX-2001; Ac. 76.128, sent. del 15-V-2002).
A consecuencia de lo anterior, habiendo el Banco aplicado constantemente una comisión diferente a la informada a través de los resúmenes de cuenta (ya que está acreditado que desde enero de 2017 a enero de 2018 informaba falsamente que percibiría una comisión que en los hechos no se cobraba), surgió la obligación de notificar cualquier modificación a dicho status fáctico mediante un medio distinto al resumen de cuenta, puesto que dicho instrumento no reflejaba el proceder de la entidad bancaria.
En esta cuestión también toman particular importancia las reglas de transparencia previstas en los arts. 1378 a 1383 del CCyC, y en específico la que emana del art. 1382 del CCyC, que impone a quien preste servicios, como en el caso la entidad bancaria, a suministrar a sus clientes en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente, puesto que este deber importa una explícita manifestación de la buena fe que debe presidir los vínculos contractuales y la confianza que deposita el cuentacorrentista, que exige una conducta leal y fidedigna.
Esta obligación de información que de manera imperativa establece el Código Civil y Comercial, comprende no sólo aspectos precontractuales, como la publicidad y la propuesta, sino también la documentación y la vigencia de la relación contractual, siendo evidente que los bancos deban informar en forma clara las comisiones y demás condiciones económicas de las operaciones y servicios.
Se tiene presente, además, que la actividad de las entidades financieras se encuentra regulada por un conjunto de normas sectoriales que se adicionan para integrar el contenido de las relaciones que traban con sus clientes.
Con especial relación al asunto que suscita esta controversia, es posible mencionar a modo simplemente ejemplificativo que la Comunicación del BCRA “A” 6681 17/04/2019 estatuye que los incrementos en las tasas de interés, comisiones y/o cargos deben ser justificados desde el punto de vista técnico y económico, que la modificación no debe alterar el objeto del contrato ni importar un desmedro respecto de los productos o servicios contratados, y que cuando se trate de modificaciones en los valores de comisiones y/o cargos debidamente aceptados por el usuario, su consentimiento al cambio podrá quedar conformado por la falta de objeción, para lo cual evidentemente debe mediar un adecuado anoticiamiento (punto 2.3.4).
Por su parte, la norma del B.C.R.A. “Protección de usuarios de Servicios Financieros”, establece en el punto 2.3.4. IV. "Notificaciones. Forma, plazos y efectos. El usuario de servicios financieros debe ser notificado de las modificaciones que aplicará el sujeto obligado con una antelación mínima de sesenta (60) días corridos a su entrada en vigencia", especificando incluso que las notificaciones "Deberán efectuarse mediante documento escrito dirigido al domicilio real del usuario de servicios financieros -en forma separada de cualquier otra información que remita el sujeto obligado (resúmenes de cuenta, boletines informativos, etc.), aun cuando forme parte de la misma remesa- o por vía electrónica en aquellos casos en que ésta fuera la forma de comunicación. En este último caso, la notificación deberá ser clara, de fácil acceso para el usuario e incluir la fecha de emisión".
Se desprende de lo anterior, que en todos los casos la justificación técnica y económica de las nuevas condiciones, así como su debido anoticiamiento, resultan esenciales para que las comisiones puedan ser consideradas lícitas.
Y en este aspecto, pese a que de lo expuesto surge como innegable que la debida información constituye la piedra angular para verificar la licitud de este tipo de modificaciones sobrevinientes al contrato, ha quedado claro que la entidad bancaria no ha informado eficazmente, de lo que sigue, evidentemente, que las consecuencias adversas de tal proceder no pueden recaer sobre el cliente bancario.
No puedo pasar por alto que ni en el escrito recursivo, ni en las fases previas, el banco siquiera esbozó una explicación de los motivos por los cuales la información que brindaba resultó inexacta, por no ajustarse lo comunicado a las comisiones efectivamente cobradas.
Tal ausencia total de explicación a la que hago referencia importa un elemento relevante de indudable valoración a los efectos de marras, y se patentiza además a través de las respuestas al pedido de explicaciones, las cuales dan cuenta que la entidad bancaria no puede justificar tal proceder, llegando incluso al extremo de alegar la imposibilidad de responder tal interrogante, haciendo alusión el gerente de la Sucursal 121 a que "en dicho periodo había otro Gerente" (sic). En efecto, véase que la auxiliar contable nos indica que no tiene respuestas técnicas que justifiquen tales extremos, dado que en la carpeta de RIPSA y sus 32 cuadernillos no hay ningún convenio, dictamen interno u otra documentación que informe sobre cambios en la operatoria o beneficios que pudiera haber otorgado, y que habiéndose contactado con el Gerente de una de las sucursales (Sr. Eduardo Lorenzo) con el fin de comprender la dinámica del Banco Santander Río S.A. en su relación con el cliente Red Informática de Pagos S.A., éste omitió responder argumentando llamativamente que "en dicho periodo había otro Gerente y por lo tanto, no podía responder a lo planteado" (sic; ver respuestas a las explicaciones 1 a 4 del escrito electrónico de fecha 18/02/2020 03:08:28 p.m.).
Dígase que constituye un axioma jurídico que en la dinámica negocial bancaria actual no son los clientes quienes están en mejores condiciones de acreditar en juicio las modalidades y condiciones de los contratos que celebran con las entidades respectivas, y que, diversamente, son los bancos predisponentes de los contratos quienes se encuentran en mejores condiciones de aportar las pruebas conducentes para la elucidación de los conflictos derivados de posibles incumplimientos, mas aún, ante la enfatizada responsabilidad que como profesionales especializados en materia financiera les cabe (arts. 902 del CC y 1725 del CCyC). En base a lo hasta aquí expuesto, siendo ineficaz el medio de anoticiamiento empleado para comunicar la variación del porcentaje de comisiones a percibir, cabe colegir que la entidad bancaria adoptó una conducta unilateral e intempestiva al modificar las comisiones en cuestión (léase sin una previa comunicación idónea, distinta al resumen de cuenta), habiendo así vulnerado principios fundamentales que informan la ejecución de los contratos, como el principio de buena fe (arts. 1198 CC; arts. 9 y 729 CCyC) y el de protección de la confianza recíproca (expresamente recogido por el art. 1067 del actual Código Civil y Comercial, cuyo valor de doctrina interpretativa ha sido reiteradamente destacado por la Suprema Corte Provincial, conforme causas n° 60474 del 10/03/16; n° 60346 del 10/05/16; n° 61694 del 31/08/17, entre otras), atentando incluso contra su actuar previo y relevante (art. 918 CC y 1067 CCCN).
De tal modo, considero que el fallo impugnado omitió una ponderación integral de la totalidad de los elementos de convicción arrimados al proceso, pues no resulta relevante verificar si existió o no acuerdo verbal que justificara la bonificación de las comisiones, en tanto lo aquí trascendente es que se cambiaron las condiciones de contratación, sin un debido anoticiamiento previo.
En iguales condiciones, tampoco considero relevante que las comisiones aplicadas se encuentren dentro de los porcentuales permitidos por BCRA, en tanto ello en modo alguno legitima la discrecional determinación bancaria de cualquier comisión que se halle dentro de ese límite, debiendo toda modificación ser objeto de un previo anoticiamiento, con indicación de porcentajes, plazos y condiciones que efectivamente se apliquen, circunstancias que no se verifican en la especie, según lo hasta aquí desarrollado (arts. 793 in fine, 796 y ccdtes. del Código Comercio; arts. 7, 9, 12, 729, 961, 985, 987, 1067, 1378 a 1383, 1393 y ccdtes. del Código Civil y Comercial arts. 1, 2, 4, 37, 38 y ccdtes. de la ley 21.526). En definitiva, considero que las valoraciones fácticas y jurídicas efectuadas imponen concluir que medió un incumplimiento por parte de la entidad bancaria de las condiciones contractuales, que la hace responsable por la restitución de lo indebidamente debitado o percibido (arts. 790, 793, 796 y ccdtes. del Código de Comercio; arts. 499, 505, 902, 1198, 1071 y ccdtes. del Código Civil; arts. 7, 9, 12, 729, 961, 985, 987, 1067, 1378 a 1383, 1393 y ccdtes. del Código Civil y Comercial).
Establecido ello, sólo resta determinar el quantum de las comisiones indebidamente cobradas que debe restituir la entidad bancaria. Para ello, nuevamente debo remitirme a la prueba pericial contable, la cual distingue el porcentaje de comisiones de las operaciones de depósito realizados en efectivo desde la Suc N° 777 - "Nodo de recaudaciones", respecto de los realizados desde la Sucursal N° 121 - "Atlántica" (v. respuestas a los puntos periciales 2bis ofrecidos "sobre RIPSA", 6c y 8 ofrecidos por la actora, y 6to. ofrecido por la demandada; art. 375, 384, 474 y ccdtes. del CPC).
En relación a los depósitos provenientes de la primera (Suc. 777), la auxiliar nos informa que el banco comenzó a cobrar la comisión a partir del 14/2/18, es decir, que con anterioridad la comisión era de 0%. Esta variación unilateral ha sido efectuada sin un adecuado anoticiamiento (según lo hasta aquí expuesto), apartándose de las condiciones vigentes de funcionamiento de la cuenta, razón por la cual se genera la obligación de restituir lo indebidamente percibido. En tal sentido, surgiendo de la pericia que el banco debitó por tal concepto la cantidad de $ 5.627.326,32 durante los meses objeto de análisis -léase febrero, marzo y abril del año 2018-, cuando con anterioridad no se aplicaba comisión alguna, se impone concluir que dicha cantidad ha sido indebidamente percibida, debiendo restituirse la misma en su integridad (v. respuesta al punto pericial 2bis ofrecidos "sobre RIPSA").
Iguales consideraciones he de realizar en relación a los depósitos realizados desde la Suc. 121 (Atlántica), en tanto del punto pericial 6 ofrecido por la demandada se desprende que la entidad bancaria no cobró comisión durante el año 2016, ni durante los meses de enero a abril inclusive del año 2017, habiendo comenzado a debitar a partir de mayo del año 2017 hasta abril del año 2018 inclusive sin un debido anoticiamiento, momento a partir del cual nuevamente deja de percibir tal concepto. Es así que surgiendo de la pericia que durante los meses objeto de análisis que comprende la demanda (léase febrero, marzo y abril del año 2018, conf. fs. 43vta. último párrafo y 44 primer párrafo) el banco debitó por tal concepto la cantidad de $ 694.340,4, sin haber mediado una comunicación idónea que los justifique (entiéndase que hasta abril del año 2017 no cobró comisión y que no existe comunicación idónea que legitime su cobro posterior), se impone concluir que dicha cantidad ha sido indebidamente percibida, debiendo restituirse esa suma en su integridad (conf. respuesta a los puntos periciales 6c y 8 ofrecidos por la actora; arts. 375, 384, 474 y ccdtes. del CPC).
Es decir, computando los depósitos provenientes de ambas sucursales, se arriba a la cantidad de $ 6.321.666,72 por comisiones indebidamente percibidas ($ 5.627.326,32 + 694.340,4), siendo consecuentemente procedente la pretensión en su integridad, con mas la tasa de interés y la mora establecidos en la instancia de origen, que no han sido objeto de cuestionamiento.
Debo aclarar finalmente, que en el labor de efectuar la composición positiva de la litis (arg. art. 289 inc. 2 del CPC) y acudiendo asimismo al mecanismo de adhesión a la apelación (conf. SCBA, causas n° 109.849, "Postigo", sent. de 27-XI-2013; n° 119.982, "Ramos", sent. de 14- XII-2016; entre otras), cabe volver la mirada hacia el escrito de contestación de la demanda. Sin embargo, debo señalar que la totalidad de los argumentos defensivos allí expuestos encuentran respuesta en lo hasta aquí expuesto, de lo que se sigue no encuentro motivos atendibles que justifiquen una disímil solución.
Así pues, con los alcances propuestos corresponde hacer lugar al agravio en tratamiento, modificando el pronunciamiento recurrido, lo que así propongo al Acuerdo (arts. 266, 267 y ccdtes. del CPC).
VI.a.3. Tercer agravio: "Cumplimiento de las normas del BCRA":
A través del tercer agravio se expone que el a quo omitió considerar que la actividad del Banco está regulada, y que por ello su conducta debe ser analizada desde esa óptica, y no como si fuese un sujeto que se mueve en el mundo sin regulación alguna.
Cabe señalar que la presente crítica queda aprehendida dentro del análisis efectuado en el considerando que precede, donde me he expedido pormenorizadamente sobre la conducta de la entidad bancaria y la normativa a la que debe sujetar su proceder, por lo que allí me remito a los efectos de evitar reiteraciones innecesarias (arts. 163, 164, 266, 267 y ccdtes. del CPC).
VI.b. Tratamiento de los agravios propuestos por la parte demandada:
VI.b.1. Primer agravio: Violación al principio constitucional de congruencia y razonabilidad. Solicitud de anulación de la sentencia: Afirma la apelante que el presente agravio radica en la contradicción que a su entender entraña dar continuidad al proceso según lo normado por la ley de defensa del consumidor (gratuidad del proceso, intimación a su parte a realizar el depósito previo para recurrir, concesión por el plazo de dos días, etc.), mientras que la sentencia recurrida resolvió que no corresponde su aplicación. Sostiene en base a ello que la sentencia viola los principios de congruencia y razonabilidad, y que deviene contradictoria y nula, y requiere que así sea declarado.
Cabe señalar que la presente crítica queda aprehendida dentro del análisis efectuado en el considerando V, donde me he expedido pormenorizadamente sobre la suerte del planteo de nulidad que aquí se enarbola, por lo que allí me remito a los efectos de evitar reiteraciones innecesarias (arts. 163, 164, 266, 267 y ccdtes. del CPC).
VI.b.2. Segundo agravio: Indebido reconocimiento del ítem "diferencia cobrada":
Cuestiona en este punto la apelante, que el a quo haya considerado que también formaba parte del contenido de la demanda la diferencia por demás cobrada que da cuenta la perito.
Aduce en este punto que debe analizarse los movimientos de la cuenta con una visión global, por considerar que se ha omitido valorar la omisión del banco de cobrar comisiones, o el cobro de comisiones menores a las informadas por muchos periodos, y señala que ello ha beneficiado a RIPSA SA.
Agrega que el banco se ciñó en todo momento a las comunicaciones e información que exige el ejercicio de la actividad que desarrolla, y requiere en base a ello que se rechace el "ítem" por el cual se admitió la demanda en la instancia de origen.
Siendo que a partir de lo resuelto en los considerandos que preceden ha perdido virtualidad la decisión relativa a "la diferencia por demás cobrada", por haber quedado dicha cantidad aprehendida dentro de las comisiones indebidamente percibidas que deben ser restituidas, resulta materia desplazada por el razonamiento expuesto en la sentencia, lo que obsta a su tratamiento (arg. arts. 163 y 164 del CPC).
Iguales consideraciones realizo en relación al pretendido análisis global de la operatoria con la intención de que se considere el beneficio que obtuvo RIPSA por la omisión del banco de cobrar comisiones o de cobrar comisiones menores a las informadas, en tanto ha quedado desplazado a raíz de la revocación del pronunciamiento recurrido. Es decir, se trata de un argumento que se dirige a criticar la admisión del ítem "diferencias por demás cobradas", el cual -como dijera ut supra- ha perdido virtualidad por haber quedado dicha cantidad aprehendida dentro de las comisiones indebidamente percibidas que deben ser materia de restitución.
A todo evento, si lo planteado importa un planteo de compensación, el mismo constituye una defensa que no puede ser incorporada en esta Instancia, por no haber sido previamente expuesta al Juez de grado, conforme lo preceptúa el art. 274 del CPC.
Por último, la alegada sujeción de la conducta del banco a las comunicaciones e información que exige el ejercicio de su actividad ya ha sido materia de análisis y de consecuente desestimación en los considerandos que preceden (v. en especial considerando VI.a.2), a cuyos fundamentos me remito en honor a la brevedad. (arts. 163, 164 y ccdtes. del CPC).
En definitiva, por las razones expuestas, considero que deben rechazarse íntegramente los agravios propuestos por la demandada, lo que así propongo al Acuerdo (arts. 266, 267 y ccdtes. del CPC).
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA TERCER CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
Corresponde: I) Rechazar los planteos de nulidad comprendidos en las apelaciones; II) Admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a través del escrito electrónico de fecha 16/03/2021 (09:09:35 a.m.), modificando el pronunciamiento de fecha 3/3/2021, haciendo consecuentemente lugar a la demanda incoada por Red Informática de Pagos S.A. contra Banco Santander Río S.A., condenando a este último a abonar a la parte actora dentro del plazo de VEINTE DÍAS de notificada la liquidación firme la suma total reclamada de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUNMIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 71/100 CVS. ($ 6.321.666,71), con más los intereses del caso conforme a lo que luce de los considerandos que anteceden, bajo apercibimiento de ejecución (art. 163 inc. 7 del CPC). III) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a través del escrito electrónico de fecha 29/03/2021 (09:49:14 a. m.); IV) Imponer las costas de ambos recursos a cargo de la demandada, por resultar perdidosa (art. 68 del C.P.C). V) Diferir la regulación de honorarios para una vez determinada la base regulatoria (art. 31 de la ley 14.967).
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente;
Por los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se rechazan los planteos de nulidad comprendidos en las apelaciones; II) Se admite el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a través del escrito electrónico de fecha 16/03/2021 (09:09:35 a.m.), y se modifica el pronunciamiento de fecha 3/3/2021, haciéndose consecuentemente lugar a la demanda incoada por Red Informática de Pagos S.A. contra Banco Santander Río S.A., condenándose a este último a abonar a la parte actora dentro del plazo de VEINTE DÍAS de notificada la liquidación firme la suma total reclamada de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUNMIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 71/100 CVS. ($ 6.321.666,71), con más los intereses del caso conforme a lo que luce de los considerandos que anteceden, bajo apercibimiento de ejecución (art. 163 inc. 7 del CPC). III) Se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a través del escrito electrónico de fecha 29/03/2021 (09:49:14 a. m.); IV) Se imponen las costas de ambos recursos a cargo de la demandada, por resultar perdidosa (art. 68 del C.P.C). V) Se difiere la regulación de honorarios para una vez determinada la base regulatoria (art. 31 de la ley 14.967). Regístrese, notifíquese por cédula electrónica o a través de remisión de copia digital (arts. 135 inc. 12, 143 y 143 bis del CPCC conforme art. 3, apartado c) c.2) de la Resolución del Presidente de la SCBA N° 10/20; 2 Resolución 480/20 de la SCBA ; 7 y 11 del Ac. 3845 de la SCBA -conf. Ac 3991 de la SCBA- ) y devuélvase.
En la ciudad de Mar del Plata, se procede a continuación a la firma digital de la presente, conforme Ac. 3975/20 de la S.C.B.A.
Fin de la sentencia