Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 38.095-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución DE PRLA Nº 2679/2016 dictada en la Actuación SIGEA Nº 12146-29-2011, mediante la cual se condenó a la firma RED SURCOS S.A. por la comisión de la infracción tipificada en el inc. b), ap. 1 del art. 954 del C.A., al pago de una multa equivalente a $ 232.315,20.
2Reencuadrar la conducta de la firma RED SURCOS S.A. y condenarla en los términos del art. 995 del C.A., imponiendo al respecto una multa cuyo monto asciende a la suma de pesos diez mil ($ 10.000.-).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2021-126550929-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 29 de Diciembre de 2021 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en los autos caratulados “RED SURCOS S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ Recurso de Apelación”; Expediente N° 38.095-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA Nº 2679/2016, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros el 14/06/16, en la Actuación SIGEA Nº 12146-29-2011, mediante la cual se condenó a la firma RED SURCOS S.A. por la comisión de la infracción tipificada en el inc. b), ap. 1 del art. 954 del C.A., al pago de una multa equivalente a $ 232.315,20.-.
II. Fundamentos del recurso: A fs. 17/33 se presenta la actora mediante representante legal y con patrocinio letrado, e interpone recurso de apelación contra la mencionada resolución. Previo a todo trámite, requiere el dictado de una medida cautelar en los términos del art. 232 del CPCCN. Seguidamente efectúa una pormenorizada reseña de lo actuado en sede administrativa. Al tratar los agravios, plantea en primer lugar la nulidad de lo actuado y esgrime que se han violado el derecho de defensa y el principio del debido proceso. Refiere que la mercadería no se encontraba vencida a momento de la importación y que por ende no podía ser considerada como residuo peligroso al efectuarse la declaración comprometida.
Destaca el hecho de que en la inspección efectuada con fecha 18/06/12 no se constató la fuga o derrame alegada por la División Verificación de la Aduana, y que en restantes intervenciones de SENASA y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se hace referencia a dicha situación en forma de presunción o condicionada, a la vez que afirma que la mercadería contaba con advertencias de seguridad. Enfatiza una grave irregularidad constatada en relación al análisis de la muestra extraída. Señala que con fecha 17/04/2013 y sin que hasta ese momento se hubiera efectuado el análisis de la muestra, solicitó al SENASA un análisis de aptitud del producto para conocer si estaba técnicamente vencido y por ende debía considerarse como residuo peligroso.
Menciona que con fecha 04/12/2013 el SENASA decidió extender el plazo de vigencia de la mercadería hasta el 19/07/2014 y que podía llevarse a cabo la reexportación de la mercadería. Manifiesta que con fecha 17/03/2014 el Depto. Investigaciones Especializadas reconoció no haber hecho el análisis de la muestra oportunamente extraída y desconoce la validez de lo decidido por SENASA. Sostiene que el Protocolo de Análisis LAB 84927, de fecha 14/03/2014 no le fue notificado, lo cual vulnera lo reglado en el Anexo III punto 3 de la RG AFIP N° 1582/2003 y soslaya su posibilidad de pedir un segundo análisis. Advierte que del resultado del análisis no surge si la mercadería puede ser calificada como residuo peligroso.
Considera arbitraria y sin motivación la denegatoria efectuada por la Aduana respecto del pedido de destrucción de la mercadería. En cuanto al fondo del asunto, descarta la existencia de la infracción endilgada. Afirma que lo declarado se corresponde con el resultado de la comprobación, y que la mercadería no puede ser considerada como de importación prohibida en los términos del inc. b) del art. 954 del C.A. por cuanto ha sido debidamente amparada por el Certificado de Autorización de Importación N° 76842 expedido por el SENASA. Entiende que las prohibiciones de importación referidas en el C.A. deben ser establecidas en forma explícita y que no cabe la incriminación por analogía. Cita jurisprudencia.
Justifica el dictado de la medida cautelar por parte de este Tribunal, fundando la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora, a la vez que requiere que se fije una caución juratoria para su cumplimiento. Solicita la aplicación subsidiaria del principio in dubio pro reo previsto en el art. 898 del C.A.. Asimismo, solicita la recaratulación en la infracción formal establecida en el art. 995 del C.A.. Cita jurisprudencia al respecto. Finalmente, hace la reserva del caso federal, ofrece prueba, solicita se dicte la medida cautelar, se haga lugar a la nulidad planteada, con costas, y subsidiariamente se aplique el art. 998 del C.A. y se reencuadre en la figura del art. 995 del C.A..
III. Contestación del traslado: A fs. 55/65 se presenta la representación fiscal, produce el informe de la Ley 26.854, contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas de la presente causa. En primer lugar efectúa un sucinto relato de los hechos y plantea la incompetencia del Tribunal para entender en el tratamiento de medidas cautelares. Solicita se cumpla con el art. 13 de la Ley 26.854. Rechaza el planteo de nulidad efectuado por la actora entendiendo que la resolución aduanera reviste absoluta legalidad. Cita jurisprudencia. Cita el texto de la infracción contemplada en el art. 954 inc. b) del C.A.. Sostiene que de los informes producidos en el marco del expediente administrativo, surge que la mercadería resultó ser prohibida y que el actuar de la actora se tradujo en la infracción referida. Alude que según surge de la factura comercial el vencimiento de la mercadería se produjo en junio de 2012 y que el SENASA lo extendió hasta el 19/07/2014. Hace referencia a que los bidones conteniendo la mercadería se encontraban en mala condición, algunos con derrames y/o con fugas y que dichos envases no poseían etiquetas, identificación ni denominación, según lo dispuesto en la Ley 25.278 art. 13 incs. 2, 3, 4 y 5 y art. 14. Sostiene que atento al carácter objetivo de la infracción y ante la típica infracción cometida, corresponde la sanción impuesta a la actora, dado que cuanto menos ha actuado culposamente. Cita jurisprudencia. Finalmente, hace la reserva del caso federal, solicita que se rechace la medida cautelar solicitada y se confirme la resolución apelada, con costas.
IV. Que las actuaciones N° 12146-29-2011 se inician a fs. 1 con el Acta de Denuncia de fecha 11/02/2011en relación a la destinación de importación N° 11 001 IC06 000339 G en tanto tras su verificación “… resultó mercadería prohibida según Ley 25.278/00 en sus art. 13 inc. 2, 3, 4 y 5 y art. 14. Mercadería incluida en el Anexo III de la mencionada Ley, clasificada como “MERCADERÍA EXTREMADAMENTE PELIGROSA”. Se encuadra la presente denuncia en los términos art. 954 inc. b) de la Ley 22.415 del Código Aduanero.”. A fs. 2/3 obra la liquidación de la diferencia de tributos. A fs. 4, en misma fecha del Acta de Denuncia (11/02/2011), luce el informe de la oficial verificadora. A fs. 5 se encuentra el Listado al Ingreso de la Denuncia indicando en el campo “Motivo Descripción” prohibiciones no económicas.
A fs. 5vta. figura un pase interno de fecha 24/08/2011 y a fs. 6 una constancia SIM de una consulta de resultado de verificación. A fs. 7 se encuentra agregado el sobre contenedor del original del D.I. N° 11 001 IC06 000339 G, oficializado el 12/01/2011, junto a toda la documentación complementaria (muestra de etiqueta de los bidones, documento de transporte modal B/L N° SAR/BUE/481, constancia de flete, factura comercial N° 54002606, y certificado de autorización de importación N° 76842 de fecha 11/01/2011 emitido por SENASA). A fs. 8 la firma importadora mediante apoderado solicita con fecha 08/08/2011 se designe instructor. A fs. 14, con fecha 26/10/2011 se dispone la apertura de sumario y como medida para mejor proveer, el pase a la División Prohibiciones No Económicas.
A fs. 15/16 dicha División emite la Nota N° 10/2012 de fecha 18/01/2012, mediante la cual sugiere “… 1) Ordenar (…) como medida preventiva, el reacondicionamiento de la carga dentro del contenedor, tal que se evite y/o determine la existencia de derrames y/o contaminaciones periféricas (…) 2) Asimismo en dicho acto, se proceda a la extracción de muestras representativas conforme a la Res. N° 1582/03 y sus modificatorias, tendiente a determinar la naturaleza, calidad y especie de la mercadería documentada (…) 3) (…) cursar nota al área Unidad de Vigilancia Operativa del SENASA (…) a efectos de que se sirvan informar la validez del certificado adjunto a la destinación de autos, registrado bajo el N° 76842 (…) 4) (…) se analice acerca de ordenar la inmediata reexportación a origen, adoptándose los recaudos tales que garanticen el destino final de la mercadería.
(…) 6) Asimismo, deberá tenerse en cuenta que de acuerdo a los datos de factura el vencimiento de la mercadería opera en Junio 2012, por lo que se sugiere URGENTE TRÁMITE a efectos de evitar el acontecer del vencimiento en la República Argentina, ya que de esto suceder, la operación se transformaría en una reexportación de residuos peligrosos.”. A fs. 17, mediante SIGEA N° 13654-16-2012, la secretaría actuante remite con fecha 31/01/2012 las actuaciones a la Sección B de la División Verificación. A fs. 18 lucen pases internos. A fs. 19/24 se agrega la respuesta brindada por SENASA en fecha 19/03/2012 mediante la Dirección de Agroquímicos y Biológicos la cual confirma que ha emitido el certificado de autorización de importación y que su validez es de 30 días, acompañando copia del certificado, y del rótulo del producto.
A fs. 25 luce la Nota N° 139/12 emitida en fecha 21/03/2012 por el Jede de la División Investigaciones Especializadas que recomienda no tomar contacto directo con la mercadería. A fs. 27 luce la Nota N° 822/12, de fecha 29/03/2012. A fs. 28/30 lucen constancias de aviso al despachante por verificación de mercadería. A fs. 31/32, mails por mismo motivo dirigido a dependencias internas. A fs. 33 obra el Acta de Constancia de fecha 18/06/2012 confeccionada en el depósito CARESTIBA S.A.. Mediante SIGEA N° 13658-57-2012, a fs. 35/36, se adjunta el informe de fecha 22/06/2012 de la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos respecto de la inspección realizada el 18/06/2012.
A fs. 37 luce Nota de fecha 11/07/2012 emitida por el Dpto. Investigaciones Especializadas la cual establece que deberá intervenir para el trámite de reexportación la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en los términos de la Ley 23.922 (Convenio de Basilea). A fs. 39 y vta. se dicta la Resolución DEPRLA N° 4816, de fecha 01/08/2012 mediante la cual se resuelve ordenar la reexportación a origen de la mercadería involucrada. A fs. 41 se presenta el apoderado de la importadora en fecha 05/09/2012 notificándose de la referida resolución, solicitando se autorice el reembarco de la mercadería e informa que ha solicitado el Certificado de Autorización de Exportación que tiene una validez de 30 días, por lo cual solicita el urgente trámite de las actuaciones.
A fs. 42/44 lucen pases internos. A fs. 45 luce Nota N° 578/12 de fecha 7/12/2012. A fs. 46 obra la Nota N° 620/2012 de fecha 21/12/2012 emitida por el Depto. Investigaciones Especializadas. A fs. 47 se remiten las actuaciones a la Div. Verificación en fecha 14/01/2013. A fs. 49, con fecha 21/01/2013 el despachante refiere que no tiene conocimiento respecto de si la empresa RED SURCOS SA se encuentra realizando algún trámite correspondiente a la Autorización por parte de la Sec. de Medio Ambiente. A fs. 53/54, mediante SIGEA N° 12048-119-2013/2, se agrega copia de la Nota N° 14/13 emitida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en fecha 24/01/2013. A fs. 55 la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable solicita en fecha 27/12/12 copias certificadas de las actuaciones de donde surja la documentación que acredite el momento y lugar en que la mercadería devino en residuos peligrosos.
A fs. 58, con fecha 8/2/13, la secretaria actuante intima a la firma RED SURCOS S.A. a fin de que acredite haberse inscripto como Generador Eventual en el Registro de Operador Exportador de Residuos Peligrosos y si ha realizado las demás diligencias a fin de cumplir con la exportación. A fs. 61 luce la constancia de notificación de la intimación de fs. 58 por parte de la firma importadora en fecha 8/3/13. A fs. 62/63 RED SURCOS S.A. informa que no ha podido cumplimentar a dicha fecha con el registro en atención a que la Dirección de Residuos Peligrosos le otorgó un plazo de 30 días hábiles para dar cumplimiento al Registro de Generadores Eventuales de Residuos Peligrosos, a la vez que informa que no pudo obtener la documentación que acredite que la vendedora del exterior acepta la devolución de la mercadería, y que el certificado de exportación solicitado se encuentra vencido.
A fs. 64 se acompaña copia de la requisitoria de la Dirección de Residuos Peligrosos. A fs. 65 se agrega la cédula de notificación a la firma RED SURCOS S.A. de la Res. DE PRLA N° 4816/2012, notificada en fecha 4/9/12. A fs. 66/69, mediante SIGEA N° 12048-119-2013, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable con fecha 24/01/13, responde a lo solicitado mediante Nota N° 578/12. A fs. 70 se agrega la Nota N° 159/13 de fecha 4/3/13 por la cual se remiten las actuaciones a la Dirección Aduana de Bs. As.. A fs. 71 se agrega hoja de movimientos. A fs. 72 luce la Nota N° 758/13, de fecha 8/3/13, mediante la cual se remiten las actuaciones a la secretaría actuante. A fs. 73/74 la firma RED SURCOS S.A. solicita la suspensión del trámite e informa que ha procedido a la toma de una muestra de la mercadería a fin de que SENASA indique si técnicamente se encontraba vencida, a tal fin acompaña copia del pedido.
A fs. 75, con fecha 03/05/13 la secretaría actuante rechaza el pedido de suspensión e intima a la firma a que inicie las correspondientes actuaciones ante el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos. A fs. 75vta., con fecha 30/09/13 se procede a valorar la mercadería en infracción. A fs. 76, con fecha 30/09/13, se corre vista de las actuaciones a RED SURCOS S.A. y al despachante por presunta infracción al art. 954 inc. b) del C.A., informando el monto de la multa mínima ($ 232.315,20). A fs. 77/78 la firma importadora acredita la extensión del plazo de vigencia de la mercadería hasta el 19/07/14, para lo cual acompaña la Nota 319/13 emitida por SENASA, y solicita el reencuadre en el art. 995 del C.A..
A fs. 81, con fecha 26/02/14, la División Verificaciones solicita dar intervención a la Dirección Investigaciones Especiales. A fs. 82 lucen pases internos. A fs. 83/84, con fecha 17/3/14, la Dirección Investigaciones Especializadas emite la Nota N° 137/14 la cual sostiene que el análisis químico decidido unilateralmente por la interesada sería no vinculante. A fs. 85, con fecha 29/04/14, la secretaría actuante reitera la intimación a la firma importadora y ordena el libramiento de oficio a la Dirección Nacional de Control Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. A fs. 86 luce agregado oficio dirigido a la referida Dirección. A fs. 88 se presenta RED SURCOS S.A. en fecha 10/06/14 y solicita vista y copias.
A fs. 89/90, con fecha 28/7/14, RED SURCOS S.A. solicita el análisis de la muestra que obrara en poder del servicio aduanero. A fs. 96, con fecha 7/8/14 la secretaría actuante dispone hacer lugar al análisis por parte del SENASA. A fs. 97 se notificó de dicha medida la firma importadora y, consecuentemente, a fs. 98/99 designa perito de parte y acompaña la aceptación del cargo. A fs. 100 se ordena la remisión –con fecha 8/10/14- a la División Prohibiciones No Económicas. A fs. 101, con fecha 23/10/14, se sugiere que el análisis requerido se efectúe en relación a las muestras oportunamente extraídas y se indica que se comparte el criterio respecto a todos los elementos oportunamente considerados para la categorización de la mercadería en el marco de los residuos peligrosos, más allá de la fecha del vencimiento del producto.
A fs. 102, con fecha 29/10/14, mediante Nota N° 377/14se elevan las actuaciones al Depto. Investigaciones Especializadas. A fs. 103/113, el Depto. de Investigaciones Especializadas acompaña un instructivo emitido por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo “PREVENCIÓN ART” sobre la prevención de riesgos en el uso de plaguicidas y a fs. 114/115, emite la Nota N° 607/14 de fecha 3/11/14. A fs. 116, con fecha 29/11/14 se remiten las actuaciones a la Div. Prohibiciones No Económicas. A fs. 117 lucen mails internos. A fs. 118 se agrega el Protocolo de Análisis LAB N° 84927 cuya conclusión, de fecha 14/03/14, luce a fs. 119. A fs. 120/121, con fecha 23/01/15, se dicta la Nota N° 18/2015 por parte de la División Prohibiciones No Económicas la cual remite las actuaciones a la secretaria actuante tras sugerir que debería solicitarse una nueva extracción de muestras y realizarse un análisis cuali-cuantitativo de la muestra por parte del ITEM.
A fs. 122 la firma RED SURCOS S.A. solicita con fecha 9/11/15 que se proceda a la reasignación de un sumariante y se ordene la destrucción de la mercadería, para lo cual ofrece la propuesta de la firma PELCO S.A., agregada a fs. 123/130. A fs. 131, con fecha 16/12/15 no se hizo lugar a lo solicitado en cuanto a la destrucción de la mercadería, a la vez que se ordena notificar en dicho acto el auto de corrida de vista de fecha 30/09/13. A fs. 132 se agrega la cédula de notificación al despachante de dicho acto (3/5/16) y a fs. 134 la correspondiente a RED SURCOS S.A. (11/5/16). A fs. 135/147 la firma importadora plantea la nulidad de todo lo actuado y contesta la vista respectiva en fecha 18/05/16.
A fs. 148 se acompaña copia de notificación emitida por el depósito CARESTIBA SA informando el monto de lo adeudado a la fecha 26/04/16. A fs. 150/151, con fecha 26/05/16 la secretaría actuante no hizo lugar a la nulidad planteada. A fs. 152 se notificó, con fecha 31/02/2016, la firma RED SURCOS SA de dicha providencia. A fs. 153/155vta., con fecha 14/06/16, se dictó la resolución apelada en autos, a fs. 156 y vta. se emitió el dictamen jurídico respectivo, de fecha 7/10/16, y a fs. 158/159, en fecha 24/10/16, se dictó la resolución N° 1323/16 que aprueba la resolución N° 2679. A fs. 160/161 se presenta el representante legal de la empresa en fecha 31/10/16, e insiste con solicitar la destrucción de la mercadería exponiendo diversas razones para ello, y acompañando copia de lo manifestado por el depósito.
A fs. 163, con fecha 9/11/16 no se hace lugar al pedido. A fs. 164/165 se notifican con fecha 18/05/17, respectivamente, el despachante y RED SURCOS S.A. de la resolución recaída.
Luce agregado por cuerda a las actuaciones administrativas, el SIGEA N° 12048-1516-2012, correspondiente a la intervención de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable con motivo del dictado de la Res. DEPRLA N° 4816 recaída en el SIGEA N° 12146-29-2011. Seguidamente, también agregado por cuerda, se encuentra el SIGEA N° 12049-1119-2013 mediante el cual el Director Nacional de Control Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable solicita a la DGA informe respecto de la situación de la firma RED SURCOS S.A. ante dicho organismo. A continuación, luce agregado el alcance 12048-119-2013/1 conteniendo la Nota N° 14/13.
V. Que, en primer lugar, corresponde me expida respecto del planteo de nulidad efectuado por la actora en su recurso de apelación.
En tal sentido, la actora sostiene que el accionar del servicio aduanero ha vulnerado de modo flagrante el principio del debido proceso y el derecho de defensa en juicio avalados constitucionalmente, en tanto entiende que se constataron contradicciones, irregularidades y/o dilaciones en el trámite del procedimiento aduanero. Para fundamentar dicho planteo, efectúa ciertas afirmaciones tales como el hecho de que la mercadería no se encontraba vencida al momento de la importación, que no se constataron derrames o fugas, que la mercadería contaba con advertencias de seguridad y, finalmente, que existieron graves irregularidades en torno a los análisis de las muestras, y a la falta de motivación de la denegatoria del pedido de destrucción, lo cual habría coartado su derecho de defensa.
Que, cabe señalar que el planteo de nulidad efectuado por la actora se encuentra directamente vinculado con los agravios que sustentan la apelación, de modo que como lo enseña Francesco Carnelutti, “... del principio de la absorción de la invalidación en la impugnación deriva también para el proceso penal la regla formulada por los estudiosos del proceso civil en el sentido de que los vicios de la providencia impugnada se convierten en motivos de impugnación; esto quiere decir que en cuanto una providencia viciada sea impugnable, el poder de invalidación no concurre con el de impugnación, sino que en el mismo es absorbido como en la rescisión es absorbida la anulación. Tal absorción está al punto de llegada de una evolución histórica que aquí ni siquiera en sus puntos generales podría trazar; en línea muy general, indico sólo que la rescisión del acto injusto constituye un paso adelante sobre la anulación del acto viciado; en esto se manifiesta el pensamiento, lentamente formado, de que los requisitos del acto y, en particular, los requisitos formales valen no por sí sino como medios al fin de su justicia, la cual verdad, aun cuando obvia, no ha tenido un camino fácil en la historia del derecho ...” (Lecciones sobre el proceso penal. Vol. III, pág. 217. Bosch y Cía. editores. Buenos Aires. 1950). Por ende, habiéndose desplegado como sustento de la nulidad impetrada fundamentos que guardan directa relación con los agravios de fondo, cabe concluir que debe rechazarse la cuestión de nulidad en cuanto a tratársela autónomamente. Ello, sin costas por su tratamiento integrativo con el fondo.
VI. Que corresponde resolver en autos si la resolución aquí apelada resulta ajustada a derecho o no, en cuanto condena a la firma RED SURCOS S.A. por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A., respecto de la destinación de importación N° 11 001 IC06 000339 G, en razón de que el servicio aduanero entendió que la mercadería allí documentada resultaba de importación prohibida, en tanto considera que la misma se trata de un “residuo peligroso”.
El Código aduanero tutela el principio de la veracidad y exactitud de las declaraciones y manifestaciones que se presentan ante las aduanas.
Específicamente, el art. 954, ap. 1, inc b) del C.A. dispone: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción”.
Por su parte, dicho cuerpo normativo, contempla en su Sección VIII a las prohibiciones a la importación y a la exportación, distinguiendo entre prohibiciones económicas y no económicas, así como entre prohibiciones absolutas y relativas.
En el caso que nos ocupa, nos hallamos ante una prohibición de naturaleza no económica (establecida por razones de “salud pública, política alimentaria o sanidad animal o vegetal” -conf. art. 610, inc. e), del C.A.- o bien de “preservación del ambiente, conservación de los recursos naturales y prevención de la contaminación” -conf. art. 610, inc. h), del C.A.-), y relativa, porque permite superar la prohibición mediante el cumplimiento de determinados requisitos (conf. art. 612 del C.A.).
Las prohibiciones de naturaleza no económica constituyen disposiciones que impiden o limitan la introducción de mercaderías al territorio aduanero, y como tales, pueden estar plasmadas en normas que expresamente prohíban la importación de cierta mercadería, como también, mediante el sometimiento de la mercadería a restricciones, normas de calidad o de acondicionamiento, o a formalidades particulares.
Asimismo, la exigencia de la autorización previa, como condición indispensable para liberar a plaza la mercadería ingresada al territorio aduanero, implica que dicha importación se halla sujeta a una prohibición relativa en atención a su alcance, según se prevé en los arts. 608 inc. b), y 612 del C.A..
En el Código Aduanero no existe disposición alguna que permita diferenciar entre restricciones operativas y prohibiciones relativas, cuando se trata de restricciones que impiden la importación o la exportación si no se cumplen con los requisitos previstos en la legislación, como lo son las licencias o autorizaciones de importación, que requieren la intervención de una autoridad administrativa que debe otorgar la licencia o el certificado de que se trate, como condición sine qua non para importar o exportar determinada mercadería. (“Rohm & Haas Argentina S.A. s/apelación” TF N° 21.555-A, Sala F, sentencia 16/07/2010)
VII. Que, en el caso de autos, y conforme surge de las actuaciones administrativas, la firma RED SURCOS S.A. importó mediante el DI N° 11 001 IC06 000399 G, oficializado el 12/01/2011, 16.000 litros (800 tambores de 20 litros c/u) de la mercadería clasificada en la PA N° 3808.50.21.100E, a base de “metamidofos”, cuyo vencimiento operaba en el mes de Junio de 2012. A fin de proceder con dicha importación, se declaró en el campo respectivo y se acompañó junto al referido despacho, el Certificado de Autorización de Importación Nro. 76842 expedido en fecha 11/01/2011 por SENASA. (ver fs. 7 de las actuaciones administrativas).
Con fecha 11/02/2011 la Aduana efectuó la denuncia del despacho antes referido en los términos del art. 954 inc. b) del C.A., por considerar que el producto importado resultó ser mercadería prohibida s/Ley 25.278/00 Arts. 13 incs. 2, 3, 4 y 5, y art. 14 Mercadería incluida en el Anexo III de la mencionada Ley, clasificada como mercadería extremadamente peligrosa. (ver fs. 1 de las act. adm.). Ello, en base a lo informado por la División Verificación con misma fecha en relación a que la mercadería –refiriéndose a los envases- se encontraba “… en mala condición, algunos derramados y/o con fugas, conteniendo un líquido de olor irritante a las vías respiratorias. Los envases se encuentran SIN ETIQUETAR, SIN IDENTIFICACIÓN NI DENOMINACIÓN, tampoco presenta advertencias de peligrosidad y riesgo para la salud y el medio ambiente, según lo dispuesto por la Ley 25.278/00 en sus arts. 13 inc. 2, 3, 4 y 5 y art. 14. Mercadería incluida en el Anexo III de la mencionada Ley en concordancia con el Convenio de Rotterdam y clasificada como ´MERCADERÍA EXTREMADAMENTE PELIGROSA´”. (ver fs. 4 act. adm.)
Cabe señalar que, junto con la documentación complementaria del despacho de importación involucrado en autos, se agregó una muestra de la etiqueta contenida en los bidones, la cual contiene en idioma inglés la denominación del producto y el porcentaje en su contenido “METAMIDOPHOS 60% SL”, el código “PC 55001697/1371, el contenido del envase “20 LTR NET / DRUM”, el peso “GROSS WEIGHT: 25.100 KG”, número de serie o lote “BATCH NO: 10/A/01”, identificación numérica según la ONU “UN NO: 3018”, clase de producto también en función a códigos de la ONU “CLASS: 6.1”, fecha de elaboración “MANUFACTURING DATE: JULY-2010”, fecha de vencimiento “EXPIRY DATE: JUNE-2012”, origen “ORIGINAL INDIA” y número “NO: 6”.
Asimismo, del correspondiente campo del DI surge que se presentó la autorización de SENASA bajo el código “AUTOSENASAGRO = 76842”. Dicha autorización corresponde al Certificado de Autorización de Importación, el cual también luce agregado dentro de la carpeta del despacho y refiere como fecha de emisión el 11/01/2011. El mismo indica los datos referidos a la denominación química y comercial del producto, su tipo, cantidad, unidad de medida, peso, cantidad de envases, tipo de envases, moneda, valor CIF, forma de pago, país de origen, lugar de embarque, aduana de ingreso, fabricante, establecimiento sintetizador, vendedor e importador, despachante, puerto de llegada, puerto de salida, medio de transporte, nombre, fecha de llegada, fecha de salida, dirección de depósito y de planta, firma del apoderado de la empresa, del despachante y del supervisor técnico de SENASA y, por último, el sello respectivo -que cobra aquí suma importancia- el cual reza: “SENASA –D.A.P.F. y V.- DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO QUE LE COMPETE A ESTE SERVICIO SE AUTORIZA LA IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN DE LA PARTIDA DE QUE TRATA EL PRESENTE FORMULARIO.” (ver fs. 7 act. adm.)
La apertura de sumario de fecha 26/10/2011 esgrime las mismas circunstancias de imputación que las contenidas en la denuncia, basadas en la mala condición de los envases, a la falta de etiquetado y de advertencias respecto de peligrosidad y riesgo para la salud y el medio ambiente, de conformidad con la Ley 25.278 y el Convenio de Rotterdam.
Por su parte, la División Prohibiciones No Económicas de la Aduana, mediante NOTA N° 10/2012 de fecha 18/01/12, ordena una serie de actos como medida para mejor proveer “atendiendo al grado de peligrosidad de la mercadería”, entre ellos, cursar nota al SENASA a efectos de que informara respecto de la validez del certificado, que se analice la reexportación de la mercadería y, especialmente, se hace alusión a la fecha de vencimiento de la mercadería por lo que sugiere el urgente trámite “… a efectos de evitar el acontecer del vencimiento en la República Argentina, ya que de esto suceder, la operación se transformaría en una reexportación de residuos peligrosos.”. (ver fs. 15/16 act. adm.)
A su turno, con fecha 19/03/2012, la Dirección de Agroquímicos y Biológicos del SENASA informa que “… ha emitido el Certificado de Autorización de Importación N° 76842 con fecha 11/01/2011. Mediante el CAI citado se ha autorizado la importación, a la Firma RED SURCOS S.A. del Producto Formulado Marca Comercial METAMIDOFOS 60DVA, inscripto en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal con el N° 34079, de la firma HANDELSGESELLSCHAFT DETLEF VON APPEN. …” (ver fs. 21 act. adm.)
Cursando el mes de vencimiento de la mercadería se produjeron dos actos administrativos relevantes a los fines de la prosecución del trámite del sumario. Por un lado, con fecha 18/06/12, se labró un acta de constatación en el depósito CARESTIBA S.A. donde intervinieron representantes de la Sección Emergencias Ambientales, SENASA, Verificación Secc. B de Productos Químicos de la DGA, el despachante, RED SURCOS S.A., y del depósito. En dicha oportunidad, se constató que “… se realizó una inspección sobre un contenedor de 20 pies identificado con el número 220196/1 ubicado en el playón de maniobras del depósito fiscal, el cual contiene 800 envases de 20 litros de capacidad conteniendo en su interior una sustancia líquida presumiblemente un Insecticida acaricida en todos ellos, con principio activo Metamidofos (organofosforado), una vez constituidos en el lugar el personal de la Sección Emergencias Ambientales realizó una inspección ocular de la mercancía, corroborando que no se encuentra derrame en su interior, constatando que los contenedores de 20 litros de capacidad carecen de rotulado identificatorio en cuanto al nombre comercial o denominación del mismo, solo se observa sobre ellos pictograma correspondiente a la clase 6.1 (tóxico) y el correspondiente al contaminante marino, código IMDG 3H1/Z1.8/100/0510/IND/95324304. …” y se hace referencia a la recolección de tres muestras de la mercadería inspeccionada. (ver fs. 33 de las act. adm.). Por el otro, y como resultado del estudio de la muestra obtenida por el SENASA, dicho organismo informa en fecha 22/06/12, que la mercadería se encuentra mal estibada y presume un derrame, ante lo cual sugiere la reexportación de la misma e indica que deberá tramitarse el certificado de autorización de exportación ante la Dirección de Agroquímicos y Biológicos. En este punto resulta oportuno señalar la contradicción existente entre lo manifestado por la aduana al momento de la verificación de la mercadería (y en base a lo cual se efectúa la correspondiente denuncia), y lo declarado en el acta de constatación (en presencia de los representantes referidos en el párrafo anterior), en relación a la presencia de derrames o fugas. Aunque, por su parte, en ambas ocasiones se hace referencia a la falta de etiquetado o rotulado identificatorio.
Una vez acaecido el mes de vencimiento de la mercadería en trato, se sucedieron en sede administrativa el resto de los actos atinentes a la resolución del sumario. Así, el dictado de la Resolución DE PRLA N° 4816 de fecha 1/8/12 que ordena la reexportación de la mercadería, y el Acta de fecha 21/01/13 donde se indican los requisitos necesarios a los fines de cumplir con dicha reexportación, en base a lo cual la firma arguye la dificultad de poder cumplir con los mismos, atento los tiempos de otorgamiento de los trámites, la voluminosa documentación exigida y la falta de relación comercial con el proveedor del exterior para concretar la recepción de la mercadería, culminando por solicitar la destrucción de la mercadería. (ver fs. 39, 44, 62 y 122 de las act. adm.). Finalmente, con fecha 30/9/13 se corre la vista respectiva, y pese a que, por pedido de RED SURCOS S.A., SENASA otorgó una extensión del plazo de vigencia de la mercadería hasta el 19/07/14, el servicio aduanero consideró que el mismo no era vinculante (ver fs. 76, 78 y 83/84 act. adm.). Resulta asimismo relevante el Protocolo de Análisis LAB Nro. 84927 emitido por el ITEM con fecha 14/03/14, el cual concluye que “La muestra informada mediante protocolo 84.927 se trata de Metamidofos en solvente orgánico, no pudiéndose valorar por falta de patrón.” (ver fs. 118/119 act. adm.)
De lo expuesto hasta aquí, se puede afirmar que no se encuentra controvertido que la mercadería importada se trata de mercadería peligrosa en tanto efectivamente la denominación METAMIDOFOS se encuentra incorporada al Anexo III de la Ley 25.278 y que, a los fines de lograr la importación de la misma, la firma RED SURCOS S.A. tramitó el correspondiente Certificado de Autorización de Importación, el cual se acompañó junto con el despacho de importación. Asimismo, se destaca que la mercadería no se encontraba vencida al momento de su importación y que, como se vio, dicho vencimiento aconteció durante el trámite del sumario aduanero. Ahora bien, corresponde analizar la normativa que rige la materia para corroborar si los hechos aquí descriptos se subsumen bajo algún tipo infraccional previsto en el Código Aduanero, especialmente la infracción de declaración inexacta contemplada en el artículo 954 inc. b), conforme a la cual se condena a la aquí actora en la resolución aduanera.
VIII. Que, la normativa invocada por la Aduana al momento de denunciar a la firma RED SURCOS S.A. por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. b) del CA, resulta ser la Ley 25.278, que incorpora a la legislación nacional el Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, adoptado en Rotterdam - Reino de los Países Bajos, el 20 de septiembre de 1998.
La Aduana detalló en la denuncia especialmente el Art. 13, incisos 2, 3, 4 y 5, y el Art. 14 de la mencionada ley. El artículo 13, en los incisos citados, establece: “… 2. Cada Parte, sin perjuicio de cualesquiera requisitos impuestos por la Parte importadora, requerirá que los productos químicos enumerados en el anexo III y los que estén prohibidos o rigurosamente restringidos en su territorio estén sujetos, cuando se exporten, a requisitos de etiquetado que aseguren la presencia de información adecuada con respecto a los riesgos y/o los peligros para la salud humana o el medio ambiente, teniendo en cuenta las normas internacionales pertinentes. 3. Cada Parte, sin perjuicio de cualesquiera requisitos impuestos por la Parte importadora, requerirá que los productos químicos sujetos a requisitos de etiquetado por motivos ambientales o de salud en su territorio estén sujetos, cuando se exporten, a requisitos de etiquetado que aseguren la presencia de información adecuada con respecto a los riesgos y/o los peligros para la salud humana o el medio ambiente, teniendo en cuenta las normas internacionales pertinentes. 4. En relación con los productos químicos a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo que se destinen a usos laborales, cada Parte exportadora requerirá que se remita al importador una hoja de datos de seguridad, conforme a un formato internacionalmente aceptado, que contenga la información más actualizada disponible. 5. En la medida de lo posible, la información contenida en la etiqueta y en la hoja de datos de seguridad deberá figurar al menos en uno de los idiomas oficiales de la Parte importadora. …”.
Por su parte el artículo 14 reza: “1. Cada Parte, cuando proceda y de conformidad con los objetivos del presente Convenio, facilitará: a) El intercambio de información científica, técnica, económica y jurídica relativa a los productos químicos incluidos en el ámbito de aplicación del presente convenio, incluida información toxicológica, ecotoxicológica y sobre seguridad; b) La transmisión de información de dominio público sobre medidas reglamentarias nacionales relacionadas con los objetivos del presente Convenio; c) La transmisión de información a otras Partes, directamente o por conducto de la Secretaría, sobre las medidas que restrinjan substancialmente uno o más usos del producto químico, según proceda. 2.
Las Partes que intercambien información en virtud del presente Convenio protegerán la información confidencial según hayan acordado mutuamente. 3. A los efectos del presente Convenio no se considerará confidencial la siguiente información: a) La información a que se hace referencia en los anexos I y IV, presentada de conformidad con los artículos 5 y 6, respectivamente; b) La información que figura en la hoja de datos de seguridad a que se hace referencia en el párrafo 4 del artículo 13; c) La fecha de caducidad del producto químico; d) La información sobre medidas de precaución, incluidas la clasificación de los peligros, la naturaleza del riesgo y las advertencias de seguridad pertinentes; y e) El resumen de los resultados de los ensayos toxicológicos, ecotoxicológicos. 4.
La fecha de producción no se considerará normalmente confidencial a los efectos del presente Convenio. 5. Toda Parte que necesite información sobre movimientos en tránsito de productos químicos incluidos en el anexo III a través de su territorio deberá comunicarlo a la Secretaría, que informará al efecto a todas las Partes.”. De lo expuesto se colige que el régimen establecido para este tipo de productos ha tenido por objeto establecer por un lado, las especiales exigencias impuestas por el país de importación (como por ejemplo la presentación del correspondiente Certificado de Autorización de Importación expedido por el SENASA) y, por el otro, el cumplimiento de ciertos requisitos de etiquetado a fin de informar respecto de los riesgos y/o peligros para la salud humana o el medio ambiente, constituyéndose así un mecanismo de certificación/verificación previo al libramiento a plaza de la mercadería con la finalidad de asegurar una adecuada comercialización en el mercado interno, garantizando a los consumidores la seguridad en la manipulación y uso del producto químico respectivo.
No se advierte de la lectura de la norma en estudio el establecimiento de prohibición expresa alguna para el ingreso a plaza de esta mercadería, sino una restricción vinculante para los países que suscribieron el Convenio, que en definitiva los obliga a cumplir con ciertos requisitos esenciales de seguridad de la mercadería a los fines de su ulterior comercialización, por lo cual, su falta de cumplimiento no resulta punible en los términos del art. 954 ap. 1. inc. b) del C.A..
Consecuentemente, no puede considerarse que en el caso de autos haya mediado una declaración errónea que pueda tener como efecto “una transgresión a una prohibición a la importación”, elemento éste último cuya existencia resulta necesaria a fin de poder considerar configurado el tipo legal previsto por el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A.. Máxime cuando el Certificado de Autorización de Importación fue oportunamente otorgado por el SENASA y presentado junto al despacho de importación respectivo, sin haberse cuestionado en ningún momento su contenido u otorgamiento. Asimismo, adquiere especial importancia el hecho de que la mercadería no se encontraba vencida al momento de oficializarse el despacho ni de otorgarse el CAI respectivo. Tal es así, que la propia División de Prohibiciones No Económicas encarece el urgente trámite del sumario teniendo en cuenta el vencimiento, en tanto considera que de acontecer el mismo, se transformaría en reexportación de residuos peligrosos (ver fs. 15 de las act. adm.), para lo cual existe otro régimen específico normado en la Ley 24.051, y su Decreto Reglamentario N° 831/93, y el Convenio de Basilea incorporado a la legislación nacional mediante Ley N° 23.922. De este modo, y faltando uno de los elementos integrantes del tipo infraccional en cuestión, no puede considerarse configurada en autos la infracción allí prevista y penada.
A mayor abundamiento, cabe señalar que con fecha 14/04/16 se dictó la Resolución N° 149/16 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria que expresamente prohibió “… a partir del 1° de julio de 2016, la elaboración, importación y fraccionamiento de las sustancias activas Metil Azinfos y Metamidofos y sus productos formulados. …”. No obstante, la Resolución N°110/2021 de fecha 12/04/21 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (modif. por Resolución 213/2021), estableció en sus considerandos que “ … existen productos químicos listados en el Anexo III del Convenio de Rotterdam que se encuentran regulados por estas normas, debiéndose excluirse del alcance de la presente aquellos para los cuales se ha establecido una prohibición absoluta para la importación o exportación, y regular de manera distinta aquellos que cuentan con restricciones específicas. …” y, en base a ello, resolvió establecer un procedimiento de importación y exportación para ciertos productos químicos sujetos al Consentimiento Fundamentado Previo (CFP) conforme a la Ley Nº 25.278 que aprueba el Convenio de Rotterdam, estableciendo en la actualidad en su Anexo I cuáles son dichos productos químicos, entre los cuales se encuentran los METAMIDOFOS.
IX. Que, no obstante lo expuesto precedentemente en el sentido de que no se encuentra configurada la infracción de declaración inexacta prevista en el art. 954 del C.A., corresponde determinar si el accionar de la recurrente resulta de todos modos sancionable bajo alguno de los supuestos establecidos en el Código Aduanero, para lo cual este Tribunal resulta competente por aplicación de lo dispuesto en el art. 1143 en cuanto faculta para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso, independientemente de lo alegado por las partes.
A mi criterio, la conducta de la actora configura la infracción formal prevista y penada en el art. 995 del C.A., en cuanto se advierte de la muestra de etiquetado obrante en las actuaciones administrativas (ver fs. 7 act. adm.) que la información contenida en la misma resulta insuficiente a los fines de cumplir con lo establecido en la Ley 25.278 en referencia a los riesgos y/o peligros que para la salud humana o el medio ambiente significan este tipo de productos. Si bien no se encuentran detallados en la norma cuáles son los requisitos de etiquetado necesarios, se considera prudente la aplicación de un lineamiento similar al establecido para el ámbito laboral por el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). En consecuencia, hubo una transgresión de los deberes impuestos en la legislación aduanera.
La especial relación que se entabla entre el servicio aduanero y las personas que desarrollan su actividad profesional en el área del comercio exterior, torna aplicable el principio general de derecho receptado en el art. 1725 del Código Civil y Comercial de la Nación, conforme al cual, “Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. …”
La finalidad de la sanción impuesta en el art. 995 del C.A. es desalentar el incumplimiento de las obligaciones a cargo de los sujetos intervinientes en la operatoria aduanera, a efectos de prevenir y evitar la violación de las disposiciones legales.
En atención a las circunstancias y la gravedad de la falta cometida, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 915 del C.A., considero ajustado a derecho imponer una multa de DIEZ MIL PESOS ($10.000.-). Ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 995 del C.A.: “El que transgrediere los deberes impuestos en este Código o en la reglamentación que en su consecuencia se dictare, será sancionado con una multa de PESOS UN MIL ($ 1.000) a PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) cuando el hecho no tuviere prevista una sanción específica en este Código y produjere o hubiere podido producir un perjuicio fiscal o afectare o hubiere podido afectar el control aduanero.”
El distinto encuadre legal que se efectúa en autos, de ninguna manera afecta la garantía de la defensa en juicio, ya que se juzgaron los mismos hechos que fueron objeto de debate y prueba en la tramitación del sumario, y encuentra su justificación en la naturaleza del proceso, en el que prima la búsqueda de la verdad objetiva de los hechos, constituyendo un deber el encuadre de los mismos dentro de las normas que resulten aplicables. En este sentido, la CSJN ha afirmado que “… la normativa procesal, obviamente indispensable y jurídicamente valiosa, no se reduce a una mera técnica de organización formal de los procesos sino que, en su ámbito específico, tiene como finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras de lograr la concreción del valor justicia en cada caso y salvaguardar la garantía de la defensa en juicio, todo lo cual no puede lograrse si se rehúye atender a la verdad objetiva de los hechos que de alguna manera aparecen en la causa como de decisiva relevancia para la justa decisión del litigio…” (Fallos 302:1611).
Asimismo, corresponde señalar que tampoco se viola el principio de la reformatio in pejus, en tanto no se agrava la situación del recurrente.
En consecuencia, corresponde reencuadrar la conducta imputada y condenar a la actora en los términos del art. 995 del C.A..
X. Que en virtud de cómo se resuelve la presente estimo conveniente imponer las costas conforme los respectivos vencimientos (art. 1163 del C.A.).
Que, por todo lo expuesto, voto por:
1. Revocar la Resolución DE PRLA Nº 2679/2016 dictada en la Actuación SIGEA Nº 12146-29-2011, mediante la cual se condenó a la firma RED SURCOS S.A. por la comisión de la infracción tipificada en el inc. b), ap. 1 del art. 954 del C.A., al pago de una multa equivalente a $ 232.315,20.-
2. Reencuadrar la conducta de la firma RED SURCOS S.A. y condenarla en los términos del art. 995 del C.A., imponiendo al respecto una multa cuyo monto asciende a la suma de pesos diez mil ($ 10.000.-).
3. Costas según los respectivos vencimientos, las que se imponen en un 5% a la actora y un 95% al fisco. El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
I. Que adhiero al desarrollo efectuado en el voto del colega que me antecede en el orden de votación, en cuanto resuelve revocar la resolución DE PRLA N° 2679/2016 apelada en autos.
II. Sin embargo discrepo en cuanto al reencuadre efectuado, de la conducta imputada, por el que se condena a la actora en los términos del art. 995 del C.A.
Al respecto, encuentro que la facultad de reencuadrar la decisión recurrida no es aceptable, más allá del carácter eminentemente reglado del acto administrativo sancionador. Es que, en efecto, la especificidad de la materia sancionadora y, en consecuencia, la rigurosa observancia del principio de inocencia me llevan a la convicción de que cualquier modificación del contenido de la medida sancionatoria debe encontrarse precedida de la sustanciación de un procedimiento contradictorio que no puede darse en esta etapa revisora.
Por todo lo expuesto, voto por:
Revocar la Resolución DE PRLA N° 2679/2016 dictada en la actuación SIGEA N°12146-29-2011, mediante la cual se condenó a la firma RED SURCOS SA por la comisión de la infracción tipificada en el inc. b), ap. 1 del art. 954 del C.A. al pago de una multa equivalente a $232.315,20. Con costas.-
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Revocar la Resolución DE PRLA Nº 2679/2016 dictada en la Actuación SIGEA Nº 12146-29-2011, mediante la cual se condenó a la firma RED SURCOS S.A. por la comisión de la infracción tipificada en el inc. b), ap. 1 del art. 954 del C.A., al pago de una multa equivalente a $ 232.315,20.
2. Reencuadrar la conducta de la firma RED SURCOS S.A. y condenarla en los términos del art. 995 del C.A., imponiendo al respecto una multa cuyo monto asciende a la suma de pesos diez mil ($ 10.000.-).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas.
Date: 2021.12.29 09:15:33 ART Date: 2021.12.29 11:56:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.12.29 13:38:10 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.12.29 13:39:34 -03:00
Fin de la sentencia