Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 140604
EXPEDIENTE N° 174656/140604 JUZGADO N° 3
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia única en los autos caratulados "ESPOSITO ANGELA Y OT. C/ MEHAMED SUHIT LEONARDO A. S/ REIVINDICACION" -expte. nº 174.656- y "ESPOSITO, José y ot. MEHAMED SUIT, Leonardo Alberto y ot. s. REDARGUCIÓN DE FALSEDAD" - expte. nº 140604- habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia única de fecha 06.10.2021?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I. En la sentencia única dictada el 06.10.2021, el Sr. Juez de primera instancia declaró inexistentes los actos jurídicos instrumentados en el boleto de compraventa fechado 13 de agosto de 2001, en la escritura Nº 83 de fecha 28 de junio de 2002 y en la escritura Nº 158 de fecha 4 de octubre de 2002, estas dos últimas pasadas ante la escribana Juana Basso.
Consecuentemente, hizo lugar a la acción de reivindicación promovida por Ángela Espósito, Manuel Espósito, José Espósito, Ángel Espósito, Antonio Espósito (todos ellos fallecidos durante el curso del proceso, continuando la acción sus respectivos herederos) y Florencio Espósito contra Leonardo Alberto Mehamed Suhit, a quien condenó a restituir a los demandantes los inmuebles ubicados en el partido de Balcarce identificados catastralmente como: a) Circ. IX, Parcela 993-aa, matrícula 17.950; b) Circ. IX, Parcela 993-ab, matrícula 17.951; c) Circ. IX, Parcela 993-ar, matrícula 17.953; y d) Circ. IX, Parcela 993-z, matrícula 17.952. Todos, libres de ocupantes y en estado de que los reivindicantes puedan entrar en su posesión, dentro del plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de lanzamiento por medio de la fuerza pública.
No obstante, desestimó la acción de reivindicación promovida entre las mismas partes con relación a la parcela identificada catastralmente como Circ. IX, Parcela 993-ap, matrícula 15.954 pues no integraba el reclamo reinvidicatorio ni fue demostrado que esté ocupada por el demandado.
Impuso las costas de la causa principal, así como del incidente, a los demandados vencidos, con excepción de las costas referidas a la acción reivindicatoria con relación a la parcela 993-ap que quedaron a cargo de los actores. Postergó la regulación de los honorarios.
La decisión se sustentó en que fue demostrado que la operación contenida en los instrumentos indicados es una transmisión a non domino que hace inaplicable la protección del tercero adquirente de buena fe del art. 1051 del Código Civil derogado - que rige al caso pues todos los hechos ventilados a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (art 7)- conforme la doctrina de la SCBA que lo califica de inexistente.
Explicó que fue acreditado con la pericia caligráfica producida en el incidente de redargución de falsedad que las firmas insertas en el boleto de compraventa (que luego habría sido cedido al demandado) y en el poder pasado por en la escritura nº 83 del 28.06.2002 no corresponden a la Sra. Mercedes Espósito Méndez, titular registral de los bienes objeto de estos autos.
Tuvo en cuenta, además, las siguientes circunstancias: a) los antecedentes de diferentes irregularidades informados en la causa nº 9028/05 por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, el Juzgado Notarial y por órganos judiciales del fuero penal, con relación a la actuación de la escribana Juana Basso en el ejercicio de su función a la cual calificó cuanto menos de dudosa, lo que corrobora un modo de operar de ésta; b) la Sra. Mercedes Espósito Méndez no se hallaba en condiciones de comprender cabalmente el alcance y significación de los actos, pues no sólo era analfabeta, sino que tenía deteriorada su salud mental, de acuerdo a lo informado por los testigos que declararon en la causa; c) la Sra. Espósito Méndez a su muerte no se había desprendido de la posesión de los bienes inmuebles; d) no se logró determinar que ella recibió el precio que se dijo haber pagado en el boleto e incluso quedó demostrado que el adquirente Rubén Héctor Enriquez (que luego cedió al Dr. Mehamed Suhit) carecía de capacidad económica para afrontar el pago que supuestamente allí se había realizado; e) no hay prueba de que el demandado tuviera la posesión de los bienes antes de la muerte de la Sra. Espósito Méndez.
Afirmó que los hechos descriptos, debidamente acreditados, por su número, precisión, gravedad y concordancia generan la convicción de que Mercedes Espósito Méndez fue completamente ajena al boleto de compraventa y al poder ya indicados, por lo que la compraventa instrumentada en la escritura nº158 del 04.10.2002 fue inhábil para conferir derecho alguno al demandado sobre los inmuebles a los que se aquella se refieren.
Consideró que lo expuesto era suficiente para desechar los planteos de excepción de falta de legitimación activa y la caducidad del incidente de redargución de falsedad efectuados por la parte demandada.
En lo tocante al incidente, señaló que la extemporaneidad no puede justificar el desapoderamiento, máxime cuando desde el primer momento fue desconocida la eficacia de los actos que habrían servido como antecedentes. Sostuvo que la inexistencia de un acto jurídico puede ser declarada de oficio, sin debate alguno pues, como en el caso de autos, a tenor de los elementos de prueba reunidos, se presentó forma manifiesta.
De todos modos, dejó aclarado que aún si se entendiera que era preciso transitar el incidente de redargución de falsedad, no habría operado la caducidad del art. 393 del CPCC invocada por el demandado, pues afirmó que es claro que los actores recién pudieron hacerse una idea completa y precisa sobre las irregularidades de las escrituras impugnadas con el conocimiento de la falsedad del poder, al que pudieron acceder con la entrega de las copias certificadas que efectuó el notario Raúl Félix Martínez - depositario judicial de los protocolos correspondientes a la escribana Basso-, que tuvo lugar el 05.04.2005.
II. Apeló el demandado. Fundó su recurso con presentaciones idénticas en ambas causas acumuladas el 31.5.2022, que fueron respondidas por los actores el 21.6.2022
Pidió la nulidad de la sentencia y luego expuso diferentes agravios tendientes a su revocación, los que pueden sintetizarse del siguiente modo:
1. En primer lugar, cuestionó la decisión acerca de la temporaneidad del incidente de redargución de falsedad.
Sostuvo que pasado el término establecido por el art.393 del CPCC se produce la caducidad del derecho a plantearlo, por lo que conservan plena fe las circunstancias pasadas por ante el oficial público en las escrituras.
Afirmó que los actores tomaron conocimiento de la existencia de los instrumentos públicos en los siguientes momentos: a) el 24.04.2003 cuando se adjuntó a los autos "Espósito Angela y otros s. medidas cautelares" (fs. 128 expte. nº 9982/03) un copia certificada de la escritura traslativa de dominio nº158, en donde constaba la existencia del poder contenido en la escritura nº 83; b) con fecha 09.05.2003, cuando el apoderado Dr. César Romera -apoderado de la contraria- retiró copia de la escritura traslativa de dominio de ese expediente (fs.131), tomando conocimiento tanto del poder, como del boleto y la cesión a favor de su parte; c) el 12.5.2003 en esa causa, el mismo letrado al presentar un escrito en el que impugnó las escrituras nº83 (poder) y nº158 (traslativa de dominio); d) en el expediente de reivindicación, mediante la presentación del 05.02.2004 (fs.131/140) en la que los actores vuelven a impugnar dichas escrituras; e) no iniciaron el incidente cuando el Juez así se los indicó en el auto de fecha 15.02.2005, mediante un proveído que se encuentra firme.
2. El segundo agravio está referido al rechazo de su defensa de falta de legitimación activa para la promoción de la acción de reivindicación con relación a los bienes en cuestión.
Sostuvo que el Juez se ha equivocado al considerar que los bienes integraban el acervo, toda vez que la causante ya se había desprendido de ellos mediante un acto de disposición válido, habiéndose inscripto el dominio a su favor, tal como los letrados de los actores ya habían tomado conocimiento antes de trabar las medidas cautelares.
Adujo que no corresponde la aplicación de la figura de la posesión hereditaria fijada por los arts. 3412 y 3413 del C.Civil respecto de los actores, que eran medio hermanos de la difunta, y que recién la tuvieron el 24 de marzo de 2004 al dictarse al declaratoria de herederos.
A su entender, los accionantes aseveraron falsamente que la causante era la titular registral a fs. 69 del sucesorio y que incurrieron en estafa procesal al solicitar las cautelares, pues no acompañaron certificados de dominio actualizados, que son los únicos que acreditan el domino conforme el art. 22 de la ley 17.801.
Hizo un relato sobre lo acontecido en el expediente de medidas cautelares y, siguiendo lo prescrito en el art. 2789 del C.Civ., concluyó que los actores no pudieron demostrar su "título causa" y que su derecho a poseer sea anterior a la posesión de su parte.
Señaló que la reivindicación debe ser promovida por quien no se ha desprendido voluntariamente de la posesión, aun cuando ese desprendimiento haya sido efectuado por sus antecesores al dominio. Citó doctrina de la SCBA en tal sentido.
3. También se quejó de la valoración de la pericia caligráfica.
Sostuvo que no hay elementos de convicción para aseverar que la causante no ha intervenido en los instrumentos o documentos que se mencionan en la sentencia.
Afirmó que tal circunstancia jamás fue probada por cuanto el incidente de redargución de falsedad fue extemporáneamente iniciado, operando la caducidad, y los documentos impugnados hicieron y hacen plena fe de su contenido.
Dijo que el Juez debió poner en primer orden el texto de la ley (arts.993 del C. Civ. y 393 del CPCC) y que no es cierto lo señalado en cuanto a que su parte tan sólo "discrepó" con lo informado por la experta y que no aportó elementos de valor y de consideración capaces de desvirtuar la conclusión, o no indicó el error o el uso inadecuado de los conocimientos en los que se habría incurrido.
Sobre este punto expresó que, conforme surge de fs. 779/780 del incidente de redargución de falsedad, pidió explicaciones y luego las sostuvo a fs. 809/810, manifestando que era probable que la causante hubiera intentado copiar sus firmas pues era su costumbre realizar esa maniobra dado que era analfabeta, por lo que "la forma de realizar un acto jurídico otorgado por un acto jurídico otorgado por una persona analfabeta debía ser por un instrumento público como de hecho se realizó" (sic)
Afirmó que no le fueron brindadas las explicaciones y aclaraciones que planteó de manera precisa, ni se indicó el lugar físico en el que se encontraron los documentos indubitados, pese a que solicitó en reiteradas oportunidades que se pusieran a su vista.
A su vez, cuestionó la valoración que se hizo del informe extrajudicial de la perito calígrafa Andrea Valeria Vallejos presentado por la contraria, en tanto es una prueba preconstituida por esa parte. Señaló que dicho dictamen se realizó sobre la base de fotocopias.
También se quejó del valor probatorio que dice que el Juez asignó a las actas [notariales] extrajudiciales preconstituidas por los actores, sin control de su parte. Destacó que los testimonios rendidos en autos son idénticos a los contenidos en esos instrumentos, están íntimamente relacionados y son conniventes entre sí, siendo un martillero, un empleado y el escribano de confianza de la contraria.
Recordó que al contestar la demanda expresamente los calificó de nulos, contradictorios y teñidos de parcialidad y sostuvo que, no obstante, el Juez se refirió a ellos, coincidiendo con la postura de los reclamantes y sin tomar en cuenta ninguna de las suyas.
Dijo que otra prueba de ello es la adhesión sin hesitación del magistrado a la teoría de la inexistencia y la prescindencia del incidente de redargución de falsedad, arribando a la conclusión de que resolvió "con el diario del lunes" (sic)
4. Cuestionó también las costas y pidió que sean impuestas a la contraria.
5. Hizo reserva de plantear el caso federal.
III.1. Debo señalar en primer término que no encuentro en la sentencia dictada un defecto que acarree la nulidad que ha pedido el recurrente.
a) La nulidad de las sentencias sólo procede cuando adolecen de vicios o defectos de forma o construcción que las descalifiquen como actos jurisdiccionales, es decir, cuando se ha dictado sin sujeción a los requisitos que emanan de la Constitución o los establecidos legalmente (de tiempo, lugar y forma prescriptos por la ley procesal) y siempre que tales vicios no puedan ser reparados al tratarse el recurso de apelación (argto. art 253 del CPC, esta Sala, causa n° 157.534 RSD 284 del 16.10.2014; 173.604 RSD del 21.04.22 entre otras)
Una sentencia para ser intrínsecamente válida debe dictarse, además, respetando los principios que hacen al debido proceso y al ejercicio del derecho de defensa, de raigambre constitucional y supranacional, toda vez que dentro de los deberes de los magistrados asume fundamental importancia que las resoluciones se ajusten fielmente a los postulados dogmáticos de nuestra codificación suprema, local y tratados internacionales de jerarquía constitucional, según corresponda (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8 CADH;11 y 15 CPBA; Sosa G. "Recaudos constitucionales para una sentencia válida. Contenido y motivación", JA 1981-III-781).
En este contexto, la sentencia debe contener un adecuado tratamiento de las cuestiones planteadas por las partes, lo cual supone que la Jueza o el Juez: a) considere cada una de ellas, en forma individualizada, respetando celosamente el principio de congruencia (arts. 168 Const. Prov.; 34 inc. 4°, 161 inc. 1° y 2°, 163 inc. 4° del CPC), b) postule, en forma expresa, precisa y positiva la forma en que tales cuestiones deben de resolverse (arts. 15 del Cód. CivIl; 34 inc. 4°, 161 inc. 2° y 163 inc. 6° del CPC) y c) explicite las razones o fundamentos normativos, fácticos, morales, etc. que justifican la solución elegida (arts. 1, 17 y 18 de la Constitución Nacional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 168 y 171 de la Constitución Provincial; 34 inc. 4°, 161 inc. 1° y 163 inc. 4° y 5 del Código de Procedimientos provincial).
El derecho de las partes a obtener de la jurisdicción una sentencia motivada, se traduce normativamente en el deber que tienen las juezas y los jueces de desplegar en sus resoluciones una fundamentación suficiente, que contenga las razones expuestas en forma clara y coherente, que concurran en un razonamiento inteligible y que dé soporte a la aceptabilidad de la decisión (esta sala causa nº 150204 "González, Jorge Oscar c. Clínica del Niño Mar del Plata s. ejecución de sentencia" RSI 126, fº215/8 del 29.03.2012; Perelman, Chaim, La lógica jurídica y la nueva retórica. París, Dalloz, 1976, p. 55).
b) En cuanto a su forma, la sentencia apelada reúne los recaudos que establece el Código Procesal en los arts.34 inc 2, 3, 4; 163 y cdtes.
A su vez, confrontando lo invocado por las partes en sus escritos de demanda y contestación, como la prueba ofrecida y producida, se observa que la decisión recayó sobre todos y cada uno de los temas propuestos, con lo cual no encuentro que se haya violentado ninguno de los postulados que hacen a la garantía del debido proceso.
Por otra parte, el apelante en ningún pasaje de la expresión de agravios se explayó sobre esa tesis inicial de nulidad, señalando cuáles serían los motivos que conducirían a su declaración.
En atención a lo expuesto, corresponde rechazar el planteo realizado en tal sentido.
III.2. Tampoco considero que el recurrente tenga razón en las quejas que ha presentado para obtener la revocación de la sentencia.
Puso erróneamente el foco de su crítica en que habría operado la caducidad dispuesta por el art. 393 del CPCC respecto el incidente de redargución de falsedad sosteniendo, así, que ha quedado plenamente firme la eficacia del poder extendido en la escritura nº83 con el que se acreditó la representación de la Sra. Mercedes Espósito Méndez, en la escritura traslativa de dominio suscripta a su favor.
A través de ese razonamiento central sostuvo toda su línea argumentativa, consistente en la falta de legitimación de los herederos de la Sra. Espósito Méndez para demandar, pues las parcelas de campo objeto de este proceso habrían sido vendidas por la causante y, por ende, no integrarían el acervo hereditario y nunca habrían tenido la posesión, pues su parte las adquirió mediante la cesión del boleto de compraventa, otorgándose la escritura traslativa de dominio.
Pero pasa por alto un elemento que es decisivo en la causa: está demostrado que esa venta y la consecuente transmisión del dominio fueron otorgadas por quien no estaba legitimado.
No pertenecen a la causante las firmas insertas en el boleto y en el poder que han servido de base para concretar la operación. A su vez, el poder carece de la autorización de notario y presenta vicios insalvables que provocan su nulidad absoluta.
Ha operado lo que se califica como "transmisión a non domino", efectuada sobre instrumentos falsos y un poder jamás otorgado.
Es decir, está acreditada la transferencia de esos bienes sin intervención alguna de la Sra. Mercedes Espósito Méndez (art. 375 del CPC). No encuentro un argumento eficaz que permita al demandado impedir los efectos reipersecutorios como consecuencia de la inevitable declaración de ineficacia de los instrumentos que han servido para perpetrar el despojo (arts. 1051, 2778 del CCiv; argto. art. 392 del CCyC)
III.2.1.. En mi opinión, yerra el recurrente al insistir sobre la caducidad del incidente de redargución de falsedad. El planteo luce como un mero artificio que en modo alguno puede justificar lo sucedido.
a. En primer lugar porque, tal como lo señaló el Juez, se promovió dentro del plazo de 10 días del art 393 del CPC, contados desde el momento en que los reclamantes tomaron conocimiento de la falsedad del poder contenido en la escritura nº83, luego de que su copia le fuera entregada por el notario Raúl Félix Martínez - depositario judicial de los protocolos correspondientes a la escribana Basso-, el 05.04.2005.
En ninguna de las instancias anteriores que menciona el demandado el poder fue exhibido.
Veamos:
En el expediente de medidas cautelares que tengo a la vista ("Espósito, Angela y otros s. materia a categorizar"), el Dr. Mehamed Suhit acompañó únicamente copia de la escritura traslativa de dominio nº158 y no de la escritura de poder nº83 (fs.128). Ergo, el juego de copias que retiró el Dr. Romera (letrado apoderado de los actores) a fs.131 no lo contenía.
La negativa expuesta por el Dr. Romera a fs. 218 del mismo expediente sobre la validez de los instrumentos, además de haberse realizado sobre la base del imperativo que surge de los arts. 175, 180, 354 y cdtes. del CPC, se orientó al negocio contenido en ellos, señalando el estado de salud física y mental de la Sra. Espósito Méndez y circunstancias relativas a la posesión y el pago de precio. En ningún pasaje de esa presentación se alude a la falsedad material que luego se constataría al serle exhibido el poder.
Tampoco tiene relevancia la otra oportunidad señalada por el recurrente, esto es en el expediente de reivindicación mediante la presentación del Dr. Romera del 05.02.2004 (fs.131/140). Expresamente en el punto V.5.4. el letrado
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.