Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 4149
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.-
Costas de Alzada, a la actora (art. 68 del C.P.C.C.).-
Causa Nº MO-4149-08 R.S. 95/2017
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 06 de Junio de 2017, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Felipe Augusto Ferrari, para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "MARAZZA JORGE OMAR C/ PALACIOS JOSE ALEJANDRO Y OTRO/A S/ REDARGUCION DE FALSEDAD", Causa N º MO-4149-08 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: FERRARI-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR FERRARI , dijo:
1. La Sra. Juez de Grado a fs. 161/2 resolvió declarar la caducidad de la instancia, con costas a la parte actora, quien apeló dicha declaración a fs. 168, concediéndose el recurso en relación a fs. 169, fundándoselo con el memorial de fs. 170/1, que fuera replicado a fs. 177/8.-
2. Los fundamentos recursivos giran, mayormente, en rededor de la no contestación, por parte del escribano, del oficio que le fuera cursado; argumentando, asimismo, acerca de la fecha de recepción del oficio en la escribanía y que, en base a ello, descontando suspensiones de términos por medidas de fuerza y feria, no debería haberse producido la caducidad.-
A los términos del memorial cabe remitirse brevitatis causae .-
2. Llegados los autos a la Alzada a fs. 124vta., se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Planteado como viene el recurso, considero necesario comenzar realizando una breve introducción conceptual sobre la caducidad de instancia, la cual sabemos que se encuentra legislada en nuestra Provincia de Buenos Aires por los arts. 310 y cc del C.P.C.C.-
La caducidad de la instancia, que es uno de los modos anormales de terminación del proceso, apunta a objetivos en los cuales está interesado el servicio de justicia a través del principio de economía procesal (Arts. 34 inc, 5 e del C.P.C.C.) y la paz social a través del interés particular de quien está encartado en un litigio y que viene asistido del legítimo derecho de ver finiquitada la incertidumbre que todo reclamo implica.-
Hace a los principiosínsitos en la economía procesal el descongestionamiento del servicio de justicia cuando quien ha promovido una acción exterioriza desinterés en su prosecución a través de la falta de impulso procesal por el plazo que la ley fija, plazo que tiene carácter de presunción "iuris et de iure".-
Y hace a la paz social en tanto la subsistencia de litigios individuales atenta contra la misma existiendo asimismo un tutelable interés de los individuos en ver dirimidos sus conflictos de intereses.-
Como bien dicen Morello-Sosa-Berizonce (Códigos Procesales IV A, pág. 24) citando a Lascano "la caducidad se funda menos en la presunta voluntad de las partes de abandonar el juicio, que en la necesidad pública o social de que las acciones ante la justicia no se demoren indebidamente en su tramitación; más que una sanción para con el litigante remiso, la caducidad se propone dar fin a la situación patológica que supone la litis o apurar la realización de los efectos jurídicos que se persiguen con el proceso".-
Y el tema se emparenta también con el principio dispositivo que inspira nuestro sistema procesal civil en el cual los titulares del interés litigioso asumen no sólo la carga de la afirmación y de la prueba sino también de la activación del proceso (Cfe. Morello, obra citada página 23).-
Sentado ello, cabe señalar que -en el caso- el último acto procesal antes de la declaración de caducidad, exteriorizado en el expediente, databa del 2 de Marzo de 2016 (fs. 159vta.).-
Con lo cual, era indisputable que -al momento de decretarla- habían transcurrido los tres meses para provocar la perención.-
Ahora bien, la apelante viene a la Alzada sosteniendo varias cuestiones.-
La primera: vinculada con la falta de contestación del oficio librado a la escribanía; al respecto cabe señalar que la falta de contestación ninguna incidencia tenía respecto del plazo de caducidad que venía corriendo, pues el art. 313 del CPCC no prevé que la falta de contestación de un oficio obste el decreto de caducidad ni suspenda los términos.-
A todo evento, lo que correspondía era pedir una reiteración (doct. art. 400 CPCC), lo que incluso hubiera sido demostrativo de su interés en el pleito, cosa que nunca sucedió .-
La segunda: vinculada con la fecha de diligenciamiento.-
En tal sentido, no dejo de advertir que -recién al apelar (en Octubre de 2016 )- viene la quejosa a aportar la constancia de fs. 167, entregada en la escribanía en Mayo de ese año; o sea, cinco meses antes . Lo que no constituye sino una muestra mas de su desinterés procesal.-
Por lo demás, el oficio en cuestión habría sido diligenciado en el mes de Mayo de 2016; o sea mas de dos meses después de su retiro; sin que podamos dejar de advertir que, para confeccionarlo, el libramiento había sido ordenado en Octubre de 2015 y recién se lo trajo en Febrero de 2016 (ver fs. 158vta./159), cuestiones -todas estas- confirmatorias del poco interés procesal de la parte actora.-
Ahora bien, y dado que no se le confirió traslado de la petición de fs. 160 (lo que amerita un abordaje amplio de las cuestiones en la segunda instancia a fin de compatibilizar el ejercicio de la defensa en juicio con el principio de conservación de los actos procesales -esta Sala en causa nro. 62967 R.S. 75/16-), cabe señalar que aun aunque ponderáramos -en pleno beneficio de la quejosa- la constancia tardíamente aportada a fs. 167 no lleva razón la apelante en cuanto sostiene que la caducidad no se habría producido, si computamos el lapso transcurrido desde esa fecha hasta que la Sra. Juez termina decretándola, descontando -obviamente- la feria judicial invernal de ese año (art. 311 CPCC) mas no las fechas de suspensión de términos por huelgas, pues ello no procede atento la clara letra del art. 311 en cuestión (esta Sala en causa nro. 49.828 R.S. 130/13).-
Incluso, la inactividad -posterior al decreto de caducidad- siguió, y la actora recién volvió a intervenir en el procedimiento, cuando fue notificada del auto apelado (en Octubre de 2016).-
O sea, y recapitulando, por mas que computemos la fecha del diligenciamiento de fs. 167, a partir de allí el lapso trimestral de inactividad transcurrió holgadamente.-
Por lo demás, no estoy observando la situación desde la estrecha mirilla de lo acontecido con anterioridad al decreto de caducidad sino desde una mucho mas amplia: el presente proceso fue iniciado en el año 2008 (fs. 5) y es muy poco lo que avanzó en casi nueve años de tramitación, no habiéndose llegado siquiera a la apertura a prueba.-
Es mas, la cuestión del libramiento del oficio pendiente (tarea por demás sencilla) llevaba insumido mas de un año al momento de decretarse la caducidad y muy poco había hecho la parte actora (quien lo había ofrecido, ver fs. 4) para dinamizar su tramitación; tema al que ya me he referido.-
Luego, y por mas que el criterio en materia de caducidad de instancia haya de ser restrictivo, coincido con la decisión que llega apelada.-
En relación al carácter restrictivo en materia de caducidad de instancia desde el Tribunal se ha señalado que si bien es cierto que la caducidad de instancia deba apreciarse con criterio restrictivo, y de eso no hay dudas (esta Sala en causa nro. 42.515 R.S. 329/02, entre otros); tampoco hay dudas de que, cuando evidentemente están dadas las circunstancias para hacerlo, la caducidad debe decretarse, especialmente cuando -por más restrictividad que le pongamos al prisma interpretativo- el desinterés por el impulso del proceso es evidente (esta Sala en causa nro. 58.744 R.S. 23/12) como ha acontecido en las presentes actuaciones, y mas aun cuando la existencia de este proceso implica la suspensión de otro (art. 393 del CPCC) lo que -obviamente- amerita -desde mi punto de vista y en los términos del art. 15 de la Const. Pcial.- una vigilancia mas intensa en cuanto a su impulso procesal.-
Así, teniendo en cuenta tales fundamentos, habiendo transcurrido el plazo idóneo para la producción de la caducidad y dentro de los límites de los agravios, considero que se deberá confirmar el decisorio recurrido en todo cuanto fuera materia de agravios.-
Ello, con costas a la parte actora atento a su carácter de vencida (art. 68 del C.P.C.C.).-
Si mi propuesta es compartida se deberá confirmar la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio, con costas a la actora (art. 68 del C.P.C.C.).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Ferrari.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.-
Costas de Alzada, a la actora (art. 68 del C.P.C.C.).-
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
si///
///guen las firmas.-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. FELIPE AUGUSTO FERRARI
Juez Juez
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia