Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa R-870/23-IMC-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora en PE984237-2023.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: R-870/23-IMC-TSJ Sentencia N°: 1141 Actor: REDEL OSVALDO ANIBAL Demandado: MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 22/11/23 TOMO XIX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1141 FOLIO Nº 3697/3701 PROT. ELECT. TSS1 028 C.231
Río Gallegos, 22 de noviembre de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “REDEL OSVALDO ANIBAL C/ MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR”, Expte. N° R-870/23-IMC-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud de la medida cautelar innovativa solicitada por el Sr. Osvaldo Aníbal Redel, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Héctor Marcelo Magallán, en los autos principales tendiente a que se ordene la indisponibilidad del inmueble objeto de litigio por parte de la Municipalidad de Pico Truncado (cfr. PE984237-2023 y certif. obrante en PE1020475-2023).- En dichos actuados el actor interpone demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Pico Truncado, con el objeto que se revoque y se deje sin efecto el Decreto Municipal Nº 0944/23, que confirmó la Resolución Municipal N° 0253/05-OCT-2022 (incorrectamente citada en la demanda como 0256/05-OCT-2022) la que a su turno dejó sin efecto la Resolución Municipal Nº 5311/11 (erróneamente individualizada por el actor como 53-13-OCT-2011), toda vez que dicho acto le causaría un perjuicio irreparable. Asimismo, solicita la Inconstitucionalidad del artículo 21 (ante último párrafo) de la Ordenanza Municipal Nº 1838/17, toda vez que representaría un enriquecimiento ilícito por parte de la administración pública y/o terceros beneficiarios. También peticiona cautelarmente se ordene la suspensión del Decreto Municipal Nº 0944 (cfr. PE cit., pág. 1), lo que motiva la formación del presente incidente dispuesto en la providencia PE631657-2023 (cfr. PE1020475-2023).- En su escrito inicial, expresa que la Resolución Municipal N° 0253/05-OCT-2022, se encuentra viciada, ya que que la misma no habría sido refrendada por la autoridad máxima del Municipio y, por ello, sería un acto infundado. Refiere que se vulneraron las formas del acto administrativo. Manifiesta que no se le permitió ejercer su derecho de defensa, ni ser oído. Por estos motivos, solicita se declare nula la Resolución Municipal citada (cfr. PE cit., pág. 2).- Agrega que pretender el cumplimiento del contrato de su parte, cuando el Municipio le impidió satisfacer las obligaciones a su cargo, es una causa de justificación suficiente para dejar sin efecto la Resolución Municipal N° 0253/2022 (cfr. PE cit., pág. 3).-
Dice que al momento de dictarse la resolución atacada, se encontraría vigente una ordenanza local que suspendía los plazos para el cumplimiento de los requisitos del Capítulo IV, artículo 16, incisos a) y b) de la Ordenanza 1838-17, norma esta que, según indica, regula el otorgamiento de tierras fiscales (cfr. PE cit., pág. 4).-
Refiere que: “…no menos importante es el cambio de ordenanza, hasta el año 2017 estuvo imperante la ordenanza 024 y posterior (sic) la 1838. Es interesante tener en cuenta el art. 20 de la ordenanza 1838, toda vez que no se cumplieron los tres años, que exigen (sic) la ordenanza” (cfr. PE y pág. cits.).-
Corrido el traslado a la demandada, se presenta la Municipalidad de Pico Truncado, a través de su letrado apoderado Dr. Francisco Bernardino Ojeda (cfr. PE1069138-2023).-
Mediante PE1074381-2023 se dispone tener por contestado en forma extemporáneo por la parte demandada el traslado de la medida cautelar dispuesto en la providencia PE1020475-2023 y, en consecuencia, se ordenó el desglose de la presentación obrante en PE1069138-2023 (código de validación: x4iwnb).-
A su turno, el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo dictamina en sentido negativo, considerando que no debe hacerse lugar a la medida cautelar peticionada (cfr. PE1092508-2023).-
Se dispone pasar las presentes actuaciones al Acuerdo para resolver en PE676588-2023.-
II. Ahora bien, como punto de partida debemos señalar que el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley N° 2600, tipifica, en el Título VI, tres tipos de pretensiones cautelares: la suspensión de la ejecución de un acto administrativo (arts. 33 y ss), las medidas positivas (art. 31) y las medidas urgentes (art. 25).-
Así, se ha dicho que: “‘Se entiende por suspensión de la ejecución del acto administrativo la interrupción temporal y absoluta o relativa de dicha ejecución. Esta interrupción no puede ser permanente, porque entonces implicaría un caso de revocación y como en cuanto a su extensión puede alcanzar a la totalidad de las declaraciones contenidas en el acto administrativo o solamente parte de las mismas, decimos, con Retortillo González, que esa interrupción puede ser absoluta cuando se refiere al primero de los supuestos, y relativa cuando alcanza solamente al segundo de ellos.’ (cfr. Gallegos Fedriani, Pablo O.: ‘Las medidas Cautelares contra la Administración Pública’, 2ª edición, actualizada, Ed.
Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2006, pág. 216).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIX, Reg. 1133, Folio 3659/3664 y Reg. 1134, Folio 3665/3668).- El principal efecto de este tipo de medida cautelar, es según surge también de nuestro ordenamiento, privar al acto -siempre de manera provisoria- de uno de sus caracteres, esto es, de su ejecutoriedad o ejecución forzosa. Esta medida reviste una fundamental importancia para el particular, dado que como consecuencia de dicha nota específica la Administración puede ejecutar de oficio sus propios actos administrativos (cfr. art. 12 de la Ley Nº 1260 de Procedimientos Administrativos).- La otra medida cautelar que encontramos legislada es la de contenido positivo, prevista en artículo 31 del CPCA, Ley Nº 2600, y es aquella consistente en la emisión de un mandato judicial tendiente a imponerle a la autoridad pública demandada una conducta determinada.
Este tipo de medidas se aplican ante lo que se denomina los actos negativos de la Administración, o sea cuando se niega al particular el dictado de un acto favorable (cfr. Hutchinson, Tomás: “Derecho Procesal Administrativo”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2009, Tomo III, pág. 599). Para su dictado, la norma exige la demostración de la verosimilitud del derecho, la existencia de una obligación pública por parte de la demandada, y el peligro cierto de que la demora en su otorgamiento pudiere causar un daño irreversible, imposible de reparar en la sentencia (cfr. art. 31 del CPCA, Ley Nº 2600).- Por último, el artículo 25 del CPCA, Ley Nº 2600, regula las llamadas medidas urgentes, que son aquellas: “...‘...que según las circunstancias, aparezcan como las más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión de fondo’ (cfr. art. cit.).
Recuerda Hutchinson, que el campo de las medidas cautelares es muy fértil y suelen presentarse situaciones atípicas, es por tal motivo que muchos códigos provinciales regulan este tipo de medidas ‘...con lo cual se habilita al tribunal para decretar cualquier clase de medida precautoria siempre que ella sea idónea para el aseguramiento provisorio del derecho...’ (cfr. autor y obra cit., Tomo III, pág. 617). Para la procedencia de tales medidas, el ordenamiento procesal requiere que se ostente un derecho subjetivo a la actividad omitida, y que el derecho alegado por la actuación material impugnada aparezca razonablemente acreditado (conf. art. 26 del CPCA, Ley Nº 2600). De lo expuesto, surge que el legislador ha dejado reservado el dictado de este tipo de medidas urgentes sólo ante la actividad material u omisiva de la administración.
O sea, ante los hechos de la administración, es decir, frente al comportamiento material no antecedido de acto administrativo alguno (conf. Balbín, Carlos F., ‘Tratado de Derecho Administrativo’, La Ley 2º Ed., actualizada y ampliada, 2015, Tomo III, pág 274), y ante las omisiones estatales, las cuales consisten en una inactividad material de la administración en el marco de una obligación a su cargo (conf. Balbín, Carlos F., ob. cit., Tomo III, pág. 280), quedando, por último, en este artículo también comprendidas aquellas actuaciones materiales carentes de sustento o cobertura jurídica, es decir las llamadas vías de hecho de la Administración.” (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos XVII, Reg. 1031, Folio 3208/3211 y XVIII, Reg. 1120, Folio 3603/3607).- Sin perjuicio de lo expuesto, debemos recordar que la enumeración transcripta no crea un régimen legal de “numerus clausus”, ya que queda abierta la posibilidad de su ampliación.-
III. Sentado lo anterior, a los fines de resolver la cuestión planteada, debe analizarse si se encuentran acreditados los presupuestos genéricos para la procedencia de toda medida cautelar, en orden a lo normado por el artículo 25 y ss del CPCA, Ley Nº 2600, esto es, verosimilitud del derecho y peligro en la demora.-
Conviene precisar que el juzgamiento de este tipo de pretensiones se despacha con una cognición mucho más expeditiva y superficial que la ordinaria, de modo tal que puede ser modificado en la sentencia definitiva, por lo que ni el otorgamiento de la medida prejuzga sobre el mérito de la causa, ni el consentimiento de aquélla implica aceptación de la procedencia del derecho a juzgar en la sentencia definitiva (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVIII, Registro N° 1079, Folio N° 3445/3447, entre otros).- Todo razonamiento a efectuarse en la materia que nos ocupa debe hacerse teniendo especialmente en cuenta que los actos administrativos se presumen legítimos (cfr. art. 12 de la Ley Nº 1260).-
En este terreno también debe observarse una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión porque la decisión es netamente excepcional, habida cuenta que configura un anticipo de jurisdicción favorable (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 937, Folio 2811/2813, entre otros).-
Conforme se ha manifestado en doctrina, debemos destacar que la medida cautelar innovativa también es de carácter extraordinaria pues, además de los recaudos propios de toda pretensión cautelar, exige uno que le es específico y característico: la irreparabilidad del daño inflingido por la situación de hecho o de derecho que se pretende innovar (cfr. Gallegos Fedriani Pablo O.: “Las Medidas Cautelares contra la Administración Pública”, 2° Edición actualizada, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, 2006, pág. 135).- Teniendo en cuenta las pautas reseñadas se resolverá en los presentes.-
IV. Debemos decir que, en la especie, la medida precautoria requerida consiste en la suspensión de la ejecución de un acto administrativo, ya que la parte actora -al fundar su pedido- solicita que: “…cautelarmente se ordene la suspensión del Decreto Municipal Nº 0944...” (cfr. PE984237-2023, pág. 1).-
Este tipo de pretensión constituye la medida cautelar por antonomasia del proceso contencioso administrativo, cuyo efecto principal -como se dijo- es privar al acto -siempre de manera provisoria- de uno de sus caracteres, esto es, de su ejecutoriedad o ejecución forzosa.-
Es que la suspensión del acto administrativo no es más que una expresión particular de la prohibición jurisdiccional de innovar, cuando ella es decretada frente a la Administración Pública. Así, se ha dicho que: “...‘…la suspensión del acto administrativo configura una prohibición de innovar consistente en detener, durante la sustanciación del proceso, los efectos jurídicos y fácticos de ese acto…’ (Palacio, Lino E. Derecho Procesal Civil Tº VIII, Procesos Cautelares y voluntarios, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1985, pag. 194).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos XI, Reg. 773, Folio 2184/2186 y XIX, Reg. 1133, Folio 3659/3664 cit.).- El principio de ejecutividad de los actos administrativos impide que el planteamiento judicial de una controversia sobre la legalidad del acto altere el desenvolvimiento de su eficacia material, excepto que el juez dicte una cautelar como es la suspensión del efecto o de la ejecución del acto.-
Este tipo de cautelar se ha establecido, entonces, con el propósito de evitar que los perjuicios, que de por sí habrán de seguirse del desbordamiento del marco legal en que incurre el acto administrativo cuestionado, aumenten irremediablemente como consecuencia de la tardanza de los procesos judiciales (cfr. Hutchinson, Tomás: “Derecho Procesal Administrativo”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2009, Tomo III, pág. 564).-
Esta vía armoniza el principio de ejecutividad de los actos administrativos y el derecho a una tutela judicial efectiva por parte del administrado, satisfaciendo la imperiosa necesidad constitucional de garantizar la plena eficiencia de la decisión jurisdiccional (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIX, Reg. 1121, Folio 3608/3610).-
V. Atendiendo al carácter de la medida peticionada, resulta menester verificar si concurren los recaudos previstos en el artículo 33 y ss. del CPCA, Ley Nº 2600, a los fines de meritar su procedencia, todo ello sin perjuicio que el actor no dedica apartado alguno en su demanda a fin de explicitar mínimamente, la concurrencia en el caso de los presupuestos de procedencia señalados.-
En cuanto al primero de los presupuestos, es decir, el de la verosimilitud del derecho, resulta oportuno considerar que para derrumbar la enunciada presunción de legitimidad de la actuación administrativa, aquella debe emerger con indiscutible nitidez (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos XIII, Reg. 852, Folio 2419/2422; XIV, Reg. 900, Folio 2636/2639, y Reg. 930, Folio 2771/2775, entre otros), lo cual, en principio, no se advierte en el caso de autos.- En este sentido, se observa que mediante el Decreto Nº 0944 del 20 de marzo de 2023, se ratifica la Resolución Municipal N° 0253 del 5 de octubre de 2022, mediante la cual se dejó sin efecto la Resolución Municipal N° 5311 del 13 de octubre del 2011 donde se preadjudicaba a favor del Sr.
Osvaldo Aníbal Redel el lote fiscal identificado catastralmente como 6 11 00 00 1 021301 001 de la localidad de Pico Truncado y, en consecuencia, se declara la libre disponibilidad del mencionado inmueble (cfr. PE984237-2023, IND00021735.pdf, págs., 32/33).- De la lectura de los considerandos de la Resolución N° 0253/22, surge que dicha decisión obedeció a que: “…a fs. 11 obra notificación de la Dirección de Tierras de fecha 22 de junio de 2015, mediante la cual se le comunica que se realizó inspección en la Parcela 001 de la Manzana 021301…donde se pudo constatar que la misma se encuentra sin continuidad de obra. Por lo expuesto se le comunica que el lote mencionado se encuentra en Vía de Caducidad, por no haber dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 36° de la Ordenanza 024/1984 […] a fs. 13 obra notificación del Departamento de Tierras de fecha 31 de julio de 2015, mediante la cual se le comunica…que tendrá un periodo de sesenta (60) días para dar continuidad a la obra y que dentro de ese lapso se realizará inspecciones en el lugar para corroborar…a fs. 15 obra inspección ‘In Situ’ de fecha 26 de septiembre de 2018 del lote…el cual se encuentra con maleza y en estado abandonado y Baldío…a fs. 15 obra inspección ‘In Situ’ de fecha 18 de febrero de 2019 del lote…el cual se encuentra con maleza y en estado abandonado y Baldío…a fs. 15 obra inspección ‘In Situ’ de fecha 12 de agosto de 2022 del lote…el cual se encuentra con maleza y en estado abandonado y Baldío” (cfr.
PE cit., IND00021734.pdf, pág. 27).- De lo expuesto surge que no emana, “prima facie”, una arbitrariedad o una ilegalidad manifiesta en la actividad de la Administración, ya que esta se encuentra, en principio, fundada, y obedece al ejercicio de potestades constitucionales y legales pertinentes; ello, claro está, sin perjuicio del oportuno mérito que sobre la cuestión de fondo le corresponda realizar a este Alto Cuerpo al momento de dictar sentencia definitiva (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos XI, Reg. 781, Folio 2199/2201; XII, Reg. 835, Folio 2369/2371; XIII, Reg. 852, Folio 2419/2422; y XV, Reg. 961, Folio 2914/2916; entre otros).- En ese mismo andarivel este Alto Tribunal sostuvo que: “Corresponde recordar que, como bien señala Eduardo García de Enterría, la protección cautelar no debe ser otorgada si a la pretensión del demandante le falta la apariencia del buen derecho, o dicho desde otra perspectiva, si la posición de la administración aparece ‘prima facie’ como fundada (cfr. aut. cit.: ‘La batalla por las medidas cautelares’, Ed.
Civitas, Madrid, 1995, citado por Hutchinson, Tomás: ‘Derecho Procesal Administrativo’, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2009, Tomo III, págs. 573/574).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVIII, Reg. 1120, Folio 3603/3607 cit.).- Respecto del peligro en la demora, amén que el accionante no realiza ninguna argumentación a fin de resaltar su concurrencia en el caso, debemos señalar que del estudio de las actuaciones no surge con claridad que exista un peligro inminente de tal gravedad que amerite el dictado de la medida cautelar que se peticiona, ni mucho menos que el hipotético perjuicio sea irreparable posteriormente. Debe señalarse, en tal sentido, que: “Si bien en el caso de la apariencia de buen derecho el tribunal hace un preventivo cálculo de probabilidad en el caso del peligro en la demora debe alcanzar su fuerte probabilidad (lindando con la certeza) y no la verosimilitud.
Así el peticionante debe probar las circunstancias que configuran el peligro en la demora…” (cfr. Hutchinson, Tomás: “Derecho Procesal Administrativo”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2009, Tomo III, pág. 512).- Además, en relación con los perjuicios que la conducta estatal pudiere causarle al actor, hemos de destacar que la eventual disposición que el Municipio podría hacer del inmueble que le desadjudicó en el año 2022, no le generaría a aquél, en principio, un perjuicio de imposible o difícil reparación dado que nada impediría que, en caso de obtener una sentencia definitiva favorable logre una justa reparación integral de los daños y perjuicios que le hubiera ocasionado el acto (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos IX, Reg. 722, Folio 2036/2037; Reg. 743, Folio 2096/2098; y XV, Reg. 978, Folio 2984/2986, entre otros).
Asimismo, debe tenerse en cuenta la solvencia de la parte demandada, la cual en este caso resulta notoria. No nos parece aventurado pensar entonces que, de lograr el actor una sentencia de fondo favorable a su pretensión, no pueda el demandado hacer frente a los resarcimientos que, eventualmente, pudieran corresponderle por derecho al Sr. Osvaldo Aníbal Redel.- Este Alto Cuerpo ha sostenido que: “‘…La apreciación sobre la concurrencia de los extremos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora se torna aún más rígida cuando se trata de medidas cautelares vinculadas a actos administrativos…las que en principio no proceden. Ello así, habida cuenta de la presunción de validez que los mismos ostentan; doctrina que según ha expresado el máximo Tribunal de la Nación, solo debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosimiles.
Es que en mérito a la presunción de legitimidad de que gozan los actos emanados de los órganos del Estado, hace que su ejecutoriedad no pueda ser detenida por la justicia, sino mediando graves circunstancias. Para tales supuestos, debe el peticionante demostrar prima facie, la arbitrariedad del acto o la violación de la ley pues mientras no se destruya tal presunción no se configura la necesaria verosimilitud del derecho que torna viable la protección cautelar, como asimismo el perjuicio irreparable que le ocasiona, requisitos que derivan tanto de la naturaleza de la institución como de la aplicación de los principios generales que imperan la materia (art. 230 del CPCC).’ (cfr. SCBA: Sum. ‘Transportes Unidos de Merlo S.A.C.I. e I. c/ Municipalidad de Morón y otro s/ Amparo’, CC0002 SM 55127 RSI-158-4 I 03/05/2004).” (cfr.
TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVIII, Reg. 1095, Folio 3502/3505, entre otros).-
VI. Asimismo, el hecho de no encontrarse configurados los presupuestos a los que se hizo referencia más arriba, exime a este Alto Cuerpo de ponderar la afectación del interés público, puesto que estos requisitos deben hallarse siempre presentes, ya que no funcionan de forma alternativa sino complementaria (cfr. Hutchinson, Tomás, ob. y tomo cit., pág. 515; Treacy, Guillermo: “Las Medidas Cautelares y la Administración Pública: La difícil conciliación del interés público con el privado”, en Balbín, Carlos F. -Director-, “Proceso Contencioso Administrativo Federal”, Tomo I, pág. 610; y la jurisprudencia allí citada) (TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos XVII, Reg. 1031, Folio 3208/3211; y XIX, Reg. 1130, Folio 3640/3644, entre otros).-
VII. Finalmente, cabe poner de resalto que la decisión a la que se arriba es provisoria y no implica prejuzgamiento alguno sobre el fondo de la cuestión a debatirse en el proceso principal.-
Por ello, y considerando que no se ha acreditado, dentro del estrecho margen de conocimiento del presente incidente, que la actuación Municipal responda a un accionar irrazonable o arbitrario, como así tampoco el requisito del peligro en la demora, corresponde no hacer lugar a la medida cautelar peticionada, imponiendo las costas en el orden causado en virtud de lo estipulado por al artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600.-
Que, en atención a las consideraciones expuestas y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora en PE984237-2023.-
3. Regístrese y notifíquese. Oportunamente, acumúlense las presentes actuaciones al principal.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1028C.231 Tomo: XIX Sentencia: 1141 Folio N°: 3697/3701 Secretaría: 1
Fin de la sentencia