Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 36.429-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución Nº 432/2015 (AD SALO) dictada en el trámite de la Actuación Nº 13289-29703- 2013, y en consecuencia, los Cargos Nros. 2356/2023 y 2357/2013, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-49713480-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 14 de Mayo de 2024 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Miguel N. Licht, Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura, a fin de resolver en los autos caratulados: “REFINERÍA DEL NORTE S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ Apelación”, expediente Nº 36.429-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el marco de estas actuaciones, se impugnó el acto administrativo que asume la obligación tributaria, fundamentado en los descuentos aplicados en los destinos de exportación. La decisión administrativa se sustenta en la notoria disparidad de los descuentos efectuados en comparación con los estándares habituales en la práctica comercial. Cabe destacar que la resolución no disputa los precios declarados, sino que cuestiona la idoneidad de los descuentos realizados, argumentando que estos parecen desviarse notables de circunstancias comerciales habituales, sugiriendo que podrían tener su justificación solo en condiciones excepcionales y externas, y no tanto en factores. intrínsecos y subjetivos.
II. La recurrente relata que las operaciones objeto de cuestionamiento se respaldaron bajo el régimen de precios revisables, por lo cual debía presentar los contratos al momento de formalizar los destinos. Argumenta que cada contrato especificaba diferentes fórmulas para la determinación de precios, estableciendo en todos los casos una deducción de un monto fijo en dólares, fluctuando entre 14 y 24 dólares según el contrato en cuestión. Sostiene que todas las operaciones requerían una autorización expresa de la autoridad competente, la cual convalidaba tanto el tipo de mercadería exportada como la cantidad y el precio. En este contexto, exponen su sorpresa al constatar años después que la Aduana consideró que el precio declarado en todas estas operaciones no constituía una base adecuada de valoración, basándose únicamente en la presunta existencia de exportaciones en el sur del país donde el descuento era inferior al documentado en el presente caso.
III. En las condiciones mencionadas, considero que el recurrente tiene fundamentos válidos al cuestionar la validez del acto administrativo, ya que este no constituye una derivación razonada del derecho vigente conforme a las circunstancias probadas en la causa. En efecto, la decisión que objetó las deducciones de un monto fijo por tonelada estipuladas en los contratos se revela como arbitraria, dado que confunde dicha práctica con descuentos o bonificaciones basadas en la cantidad, lo cual denota un enfoque dogmático que, carente de motivación, resulta exclusivamente de la voluntad del juez administrativo.
IV. En este sentido, el acto administrativo que realizó el ajuste fiscal en virtud de las disposiciones del artículo 740 del Código Aduanero es arbitrario. En el caso concreto, resultaba imperativo aplicar lo dispuesto en los artículos 745, 746, 747 y 748 del Código Aduanero respecto a las facultades de la aduana para aceptar o no el precio documentado, y para realizar estudios y ajustes de valor entre el precio pagado o por pagar y el precio facturado a efectos del pago de los tributos, siempre que la aduana cuente con antecedentes que justifiquen dicha acción y que los valores declarados difieran de los precios corrientes considerando los mismos criterios y circunstancias de la operación.
En el presente caso, el ajuste, según se desprende del Informe Técnico Nro. 7/2013 (DV MICO), se llevó a cabo mediante la aplicación del artículo 740 del Código Aduanero, omitiendo el artículo 748 y el procedimiento establecido por la Resolución 620/99, específicamente el punto 2.1.2., que requiere la publicación en el Boletín Oficial por un día del listado de los ajustes de valor que la aduana estime aplicable, indicando los fundamentos de los mismos. Asimismo, permite al exportador, dentro de un plazo de quince días contados a partir de la publicación, suministrar elementos o explicaciones que justifiquen el valor declarado y que permitan a la autoridad aduanera determinar la base de valoración aplicable, ya sea ratificando o modificando su posición. inicial.
Estos requisitos no fueron cumplidos por la Aduana, lo cual determina el desenlace del litigio en el entendimiento que las exportaciones del año 2008 y 2009 realizadas por la recurrente debieron ser cuestionadas en el marco de un procedimiento de ajuste de valor.
V. En cambio, el organismo aduanero se limitó a hacer un ajuste de valor basado en presuntas operaciones de exportación realizadas “por el sur de nuestro país” sin adjuntar ningún registro de las mismas. Nos encontramos entonces, frente a un ajuste de valor basado en simples suposiciones, ya que no se encuentra en las actuaciones ningún análisis que respalde lo afirmado por el servicio aduanero en este sentido. El organismo aduanero descartó el precio documentado como base de valoración de la mercadería exportada, sustituyéndolo por otros indicados por ellos mismos, sin especificar cuál fue la mercadería considerada, el régimen bajo el cual se exportó, el país de destino, las condiciones de exportación, el precio considerado adecuado para establecer la nueva base de valoración en aduana, etc.
VI. En resumen, al no encontrarse circunstancias que justifiquen la inicial duda sobre la veracidad del precio declarado y no existir constancia de los antecedentes utilizados por el servicio aduanero para descartarlo, la inadmisibilidad de los descuentos aplicados en virtud de la normativa alegada por la Aduana no puede considerarse correcta. Por lo tanto, queda sin sustento el ajuste realizado en la forma en que fue llevado a cabo.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
Revocar la Resolución Nº 432/2015 (AD SALO) dictada en el trámite de la Actuación Nº 13289-29703- 2013, y en consecuencia, los Cargos Nros. 2356/2023 y 2357/2013, con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución Nº 432/2015 (AD SALO) dictada en el trámite de la Actuación Nº 13289-29703- 2013, y en consecuencia, los Cargos Nros. 2356/2023 y 2357/2013, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2024.05.10 11:12:17 ART Date: 2024.05.10 12:00:12 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.14 13:45:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.14 13:45:45 -03:00
Fin de la sentencia