Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 36.432-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución n° 430/15, dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo, en la actuación SIGEA n° 13289-29699-2013 y, por ende, los cargos nros. 2192 y 2193, ambos del año 2013, formulados en relación con las destinaciones de exportación 09057EC0830K y 09057EC0846R.
2Costas a la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-105263554-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 7 de Septiembre de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante de la Vocalía de la 18ª Nominación) y los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para dictar sentencia en los autos caratulados “REFINERÍA DEL NORTE S.A. c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, expediente N° 36.432-A, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. A fs. 10/18 se presenta la firma REFINERÍA DEL NORTE S.A e interpone recurso de apelación contra la resolución n° 430/15, dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo, en cuanto decidió confirmar la determinación tributaria plasmada en los cargos nros. 2192 y 2193, ambos del año 2013, rechazando así la impugnación deducida. Señala que mediante los PE 09057EC0830K y 09057EC0846R, documentó la exportación de nafta petroquímica con destino a Brasil, bajó el régimen de precios revisables motivo por el cual debió presentar los contratos al momento de documentar las destinaciones ES02. Relata que cada contrato contenía una fórmula de determinación del precio y, en todos los casos, sobre el precio por unidad, se aplicaba una deducción de un monto fijo en dólares, el que dependiendo del contrato oscilaba entre los 14 y 24 dólares por tonelada.
Afirma que todas esas exportaciones requerían una autorización expresa por parte de la Secretaría de Energía, previo a su oficialización, siendo que al momento de la exportación, ni la cantidad ni el precio merecieron ningún tipo de cuestionamiento por parte de la Secretaría de Energía ni de la Aduana. Agrega que años después la Aduana cuestionó los descuentos contenidos en las fórmulas de determinación del precio con fundamento en la existencia de exportaciones realizadas ‘por el sur de nuestro país’ en las que el descuento resulta ser inferior al documentado en los PE mencionados. Plantea la nulidad de los cargos con fundamento en su falta de causa (por no encontrarse fundados en los antecedentes y circunstancias de hecho –por considerarse descuentos por cantidad a deducciones que no lo son- ni en el derecho aplicable), de motivación (que resulta insuficiente, contradictoria y no se basa en los hechos ni el derecho aplicable, además de que no se agregaron los permisos de embarque por lo que no se puede determinar la cantidad de mercadería exportada, cuánto se pagó en concepto de derechos de exportación y sobre qué base de cálculo se efectuó el pago) y vicios en el procedimiento (por no seguir los lineamientos de la Resolución General AFIP 620/99).
Niega que la deducción de un importe fijo por tonelada que resultaba de la fórmula de conformación del precio en el respectivo contrato, constituya un descuento por cantidad en los términos del art. 740 del C.A., siendo que ello no surge del contrato analizado y que fuera aprobado por la Secretaría de Energía. Sostiene que aún en el caso en que se considere como un descuento, su admisibilidad o inadmisibilidad debería estar determinada por la reglamentación aplicable, no existiendo dicha reglamentación. Refiere a las normas de valoración contenidas en el Código Aduanero para afirmar que el precio declarado cumple con dichas normas para ser considerado como base imponible. Manifiesta que si bien la Aduana sostiene que no aplicó el art. 748 del C.A., lo cierto es que basa la supuesta inadmisibilidad de los supuestos descuentos en antecedentes de exportación del sur de nuestro país, que no cita ni detalla y que serían comparables con las operaciones en trato.
Ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 26/34 se presenta el representante fiscal y contesta el traslado que le fuera conferido. Realiza una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por la recurrente y, seguidamente, efectúa una reseña de lo acontecido en sede administrativa. Respecto de la nulidad opuesta por la contraria, señala que del informe técnico obrante en las actuaciones surgen las razones de hecho y de derecho que determinaron la formulación de los cargos. Agrega que existiendo una etapa posterior a la administrativa no se produce una efectiva violación. Cita jurisprudencia. Refiere al art. 740 del Código Aduanero y art. 90 del decreto 1001/82. Agrega que en el caso el servicio aduanero no objeta los precios de transacción determinados en los contratos sino que considera inadmisibles los descuentos practicados, por apartarse notoriamente de los descuentos que se consideran normales en la práctica comercial. Manifiesta que los descuentos no fueron justificados por la empresa exportadora. Sostiene que las operaciones de exportación deben adaptarse a la noción teórica de valor en sus elementos; precio, cantidad, tiempo, lugar y nivel comercial, siendo que el precio FOB debe ajustarse cuando no se haya convenido una venta al contado, por inclusión de los gastos del art. 739 del CA y por descuentos o bonificaciones que no corresponden. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, efectúa reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución aduanera, con costas.
III. Que a fs. 33 se abre la causa a prueba, la que obra agregada a fs. 45/56, 69/70, 73/74 y 91/94. A fs. 96 se certifica la conclusión del período probatorio. A continuación se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen para alegar, obrando el alegato de la actora a fs. 109/111. A fs. 112 se deja constancia que el Fisco no hizo uso del derecho conferido. A continuación quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Que de la compulsa de las actuaciones SIGEA n° 13289-29699-2013 resulta que las mismas se inician con el recurso de impugnación interpuesto el 26/8/13 por REFINERÍA DEL NORTE SA contra los cargos 2192 y 2193/2013. A fs. 11/20 obra listado de destinaciones de exportación de los años 2008 y 2009 acompañado por la firma exportadora. A fs. 21/22 obra el Informe Técnico Nro. 5/13 (DV MICO), fundamento de los cargos formulados. A fs. 23/25 obra liquidación de la diferencia tributaria en concepto de derechos de exportación. A fs. 26 y 28 lucen los cargos Nros. 2192/13 y 2193/13 y su intimación de pago a la firma exportadora. A fs. 35 obra la notificación de los cargos mencionados en fecha 7/8/13. A fs. 41/42 luce certificación contable acompañada por la firma Refinería del Norte SA. A fs. 52/59 se agregan impresiones de pantalla correspondientes a las destinaciones de exportación aquí involucradas. A fs. 60/61 se emite el dictamen Nro. 278/15. A fs. 62/66 se dicta la resolución nro. 430/15 (AD SALO), aquí apelada.
V. Que con relación al planteo de nulidad interpuesto por la actora respecto de falta de causa, motivación y vicios en el procedimiento para efectuar el ajuste del caso, cabe advertir que sus argumentos guardan estricta relación con el fondo del asunto, razón por la cual su tratamiento se efectuará conjuntamente con el mismo.
Que, en consecuencia, corresponde decidir a este Tribunal si se ajusta o no a derecho la resolución aduanera apelada, en cuanto exige a la actora el pago de una diferencia tributaria, mediante los cargos Nros. 2192/13 y 2193/13, como consecuencia del ajuste practicado por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo, en los términos del art. 740 del C.A., en relación a las destinaciones de exportación nros. 09057EC0830K y 09057EC0846R.
Que por dicha destinación, la firma REFINERÍA DEL NORTE S.A. exportó nafta para uso petroquímico a Brasil, bajo el régimen de precios revisables, razón por la cual, explica la actora y no se encuentra discutido en autos, debió presentar los contratos que contenían distintas fórmulas de determinación del precio (el que no fue objetado por la Aduana), siendo que en algunos casos se consideraban las cotizaciones internacionales publicadas en días anteriores y subsiguientes a la fecha de emisión del documento de transporte y en otros la cotización del último mes. En todos los casos se aplicaba una deducción de un monto fijo en dólares, que dependiendo del contrato oscilaba entre los 14 y 24 dólares por tonelada.
VI. Que la valoración de mercaderías en aduana en materia de exportación debe realizarse con sujeción a lo dispuesto en el Código Aduanero. En tal sentido, el art. 735 de dicho cuerpo legal determina que para la aplicación del derecho de exportación ad valorem, el valor imponible de la mercadería que se exportare para consumo es el valor FOB, FOT o FOR, dependiendo del medio de transporte que se utilice, entre un comprador y un vendedor independiente uno de otro, en el momento en que determinan los arts. 726, 727 ó 729 en cada supuesto, como consecuencia de una venta al contado.
Que el legislador, en materia de exportación, ha adoptado la noción teórica del valor imponible, en base a un precio al que cualquier vendedor podría entregar la mercadería que se exportare -art. 745-, como consecuencia de una venta efectuada entre un comprador y un vendedor independiente uno de otro -arts. 735 y 742-. En los artículos subsiguientes -hasta el art. 750- se precisan los elementos o condiciones que integran el concepto o noción teórica de valor imponible, como son el precio, la cantidad, el tiempo, el lugar y el nivel comercial.
Que la facultad de la Aduana para observar y ajustar el valor documentado surge del art. 747 del C.A., que dispone que “Se aceptará el precio pagado o por pagar, y en tal caso se valorará la mercadería de conformidad con lo previsto en el art. 746, ap. 1, si el exportador demostrare que dicho precio no difiere sustancialmente de alguno de los valores corrientes y resultante de tomar en consideración el art. 748, incs. a), b) o c). No obstante, si el servicio aduanero dispusiere igualmente de antecedentes, tomando en consideración los mismos criterios, que difieren notoriamente del precio pagado o por pagar, podrá exigir del exportador que justifique su precio de transacción bajo apercibimiento de no considerarlo aceptable”.
Que, no obstante, en el caso, el servicio aduanero no efectuó un ajuste del valor declarado, en los términos de los arts. 746 o 748 del C.A., sino que observó los descuentos aplicados a la destinación en trato, en los términos del art. 740 C.A. que establece: “El valor imponible se determinará suponiendo que la venta se limita a la cantidad de mercadería a valorar. No obstante, cuando se tratare de envíos sucesivos o escalonados o de despachos fraccionados que correspondieren a una misma venta, los descuentos o bonificaciones en función de la cantidad serán admisibles en las condiciones y dentro de las tolerancias que estableciere la reglamentación”.
El art. 90 del Decreto Reglamentario 1001/82, prevé que a los fines del art. 740 del C.A. “1. El servicio aduanero admitirá los descuentos o bonificaciones en la compraventa en función de la cantidad vendida, aun cuando se tratare de mercadería a exportar mediante envíos sucesivos o escalonados o de despachos fraccionados, siempre que correspondieren a una misma venta, que el precio unitario final resultare normal en operaciones comerciales usuales y que exista compromiso en firme de exportar el total de la mercadería dentro de los seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cumplido del primer embarque…”.
VII. Que del Informe Técnico N° 5/13 (DV MICO) –obrante a fs. 21/22 de las act. adm. y único fundamento de los cargos formulados en autos- resulta que el servicio aduanero no objetó los precios de transacción determinados en los contratos involucrados en autos, los que –se aclara- no obran agregados en las actuaciones administrativas. Sino que consideró inadmisibles los descuentos pactados en dichos contratos por apartarse notoriamente de los que se consideran normales en la práctica comercial. En tal sentido sostuvo en dicho informe que: “…se ha considerado que los descuentos mencionados en los contratos de la firma REFINERÍA DEL NORTE S.A. En el punto 8 –PRECIO, No se consideran dentro de un concepto ‘normal o habitual’, sino que resulta irrazonable por la cuantía o monto (se han observado descuentos de esta índole en destinaciones de exportación realizadas por el sur de nuestro país), donde el monto deducible del precio que se efectuaba rondaba los U$S 9 (nueve) por TN, a diferencia de los casos que nos ocupan donde los montos oscilan entre de U$S 14,98 (catorce con noventa y ocho) y U$S 24,50 (veinticuatro con cincuenta), por TN”.
Es decir, que el servicio aduanero consideró que la cuantía de los descuentos aplicados en el contrato respectivo eran inadmisibles, en comparación con supuestas operaciones de exportación realizadas por el sur de nuestro país, en las que se habría deducido un importe de u$s 9 por tonelada.
Que desde ya se adelanta que el ajuste efectuado por el servicio aduanero respecto de los descuentos aplicados en autos, carece de toda fundamentación y resulta arbitrario. Ello por las siguientes razones: • Tanto el art. 740 del C.A. como el art. 90 del decreto reglamentario 1001/82 se refieren a los descuentos por cantidad cuando se tratare de envíos sucesivos o escalonados o de despachos fraccionados, lo que no acontece en autos. Por el contrario, el propio servicio aduanero reconoce en su informe técnico que a los precios FOB se les aplica un descuento fijo que está pactado en el propio contrato. Es decir, no se encuentra acreditado que los descuentos aplicados sean por cantidad, pero sí se infiere del informe técnico de la Aduana que la aplicación de descuentos resulta ser una práctica usual en este tipo de operatoria.
• El único fundamento del descarte del monto de los descuentos aplicados resulta ser la siguiente frase del Informe Técnico “se han observado descuentos de esta índole en destinaciones de exportación realizadas por el sur de nuestro país, donde el monto deducible del precio que se efectuaba rondaba los U$S 9 (nueve) por TN”. La Aduana no agregó dichas supuestas destinaciones a las actuaciones administrativas, ni documentación alguna vinculada a las mismas, a los efectos de que este Tribunal pueda analizar si los descuentos aplicados, podrían resultar inadmisibles o –al menos- excesivos. • No se encuentra previsto en las normas en que se fundamenta el descarte del monto de los descuentos en autos, cuáles serían los usuales o normales, máxime teniendo en cuenta que –tal como se dijo- los supuestos allí contemplados y referidos específicamente a la cantidad de mercadería, no se configuran en el caso en cuestión.
• La Aduana sostiene tanto en el informe técnico como en la resolución apelada, que no cuestiona el valor declarado. No obstante, según resulta del propio informe técnico, el descuento aplicado hace al precio declarado, ya que está previsto en la fórmula para calcular el precio que surge del propio contrato, por lo que siguiendo este razonamiento, el servicio aduanero efectúa –en definitiva- un ajuste del valor declarado, no habiendo seguido –en dicho caso- los procedimientos y fundamentos exigidos al respecto por las normas de valoración.
Que debe tenerse presente que, tanto en importación como en exportación, el valor de transacción constituye el criterio principal de valoración y, el hecho de que el servicio aduanero goce de cierta discrecionalidad para descartarlo, no implica que su actuar no deba ser justificado acabadamente. Que, sobre el tema, ha dispuesto la CSJN en relación al valor de la mercadería en materia de exportación “ Que si bien es cierto que la autoridad aduanera tiene un relativo margen de discrecionalidad para determinar el valor de las mercancías exportadas (Fallos: 286:225), ello no la exime de respetar los recaudos que el decreto-ley 19.549/72 exige para la validez de los actos administrativos, pues el ejercicio de facultades discrecionales no implica en absoluto un ámbito de actuación desvinculado del orden jurídico (Fallos:315:1361)”. Seguidamente, agrega que “Al respecto, esta Corte tiene dicho que 'la circunstancia de que la entidad administrativa obrare en ejercicio de facultades discrecionales, en manera alguna puede constituir un justificativo de su conducta arbitraria, como tampoco de la omisión de los recaudos que, para el dictado de todo acto administrativo, exige la ley 19.549. Es precisamente la legitimidad -constituida por la legalidad y la razonabilidad- con que se ejercen tales facultades, el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte interesada, verificar el cumplimiento de dichas exigencias" (Fallos: 331: 735 y sus citas; y causa M.53.XLIV. "Micheli, Julieta Ethel c/ EN - MO Justicia y 00.1:11:1. - resol. 313/00 - s/ empleo público", Fallos:332:2741)' -ver 1º y 2º párrafo del considerando 7º del fallo de la CSJN, recaído en fecha 1/10/2013, en autos “YPF S.A. (TF 27.508-A) c/DGA”-.
Que, por su parte, cabe mencionar la respuesta a uno de los oficios ordenados en autos, dirigido a la Secretaría de Energía para que informe la incidencia de los descuentos en el mercado de combustibles –específicamente naftas petroquímicas- y el descuento habitual por cantidad utilizado en el mercado de combustible para la mercadería mencionada. Según surge de fs. 69/70 de autos, el Secretario de la Secretaría de Energía señaló lo siguiente: “Dentro de las modalidades de compraventa de nafta virgen para uso petroquímico suelen utilizarse tanto las licitaciones con base de precios internacionales tomadas de las referencias de la agencia de información sobre precios de petróleo, gas, energía y minerales en general llamada Platt´s o bien, efectuarse ventas a granel de manera ‘spot’ (o sea, al precio del mercado del momento específico en el que se efectúa y agota la compra-venta de modo espontáneo) donde el indicador del precio puede ser la base internacional y las alternativas que negocien las partes según las contingencias del caso, como ser: fletamentos, distancias desde el despacho hacia el punto de entrega, capacidad de almacenaje, volúmenes y excedentes. Por lo tanto, no puede cifrarse con exactitud ni el descuento habitual ni la incidencia del descuento en las operaciones de mercado de nafta virgen” (el subrayado y resaltado me pertenece).
Que de dicha respuesta cabe inferir claramente que no resulta posible determinar cuál sería –en el caso de esta modalidad de operación- un descuento habitual o admisible conforme una pauta general, tal como pretende aplicar el servicio aduanero, ya que en cada caso dependerá de las circunstancias de la operatoria en particular.
Por otro lado, también cabe inferir que los descuentos aplicables a cada operatoria, forman parte del indicador del precio y no se relacionan especialmente con la cantidad de mercadería comprendida en la operatoria de que se trate, sino que dependen de la incidencia de varios factores, como el transporte, distancia, flete, etc.
Que las circunstancias expuestas en la presente, permiten concluir que el descarte por parte de la Aduana del monto de los descuentos aplicados según el contrato involucrado, resulta improcedente y carente de todo sustento, siendo por ende, arbitrario e irrazonable.
Que, en consecuencia, no resulta ajustado a derecho el reclamo efectuado por el servicio aduanero en concepto de diferencia de derechos de exportación, por lo que corresponde revocar la resolución apelada. Que por la forma en que se resuelve, no corresponde tratar las demás cuestiones planteadas.
Por ello, VOTO POR:
1. Revocar la resolución n° 430/15, dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo, en la actuación SIGEA n° 13289-29699-2013 y, por ende, los cargos nros. 2192 y 2193, ambos del año 2013, formulados en relación con las destinaciones de exportación 09057EC0830K y 09057EC0846R.
2. Costas a la demandada.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Revocar la resolución n° 430/15, dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo, en la actuación SIGEA n° 13289-29699-2013 y, por ende, los cargos nros. 2192 y 2193, ambos del año 2013, formulados en relación con las destinaciones de exportación 09057EC0830K y 09057EC0846R.
2. Costas a la demandada.
Regístrese y notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente la Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante de la Vocalía 18ª Nominación) y los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2023.09.04 09:54:05 -03:00 Date: 2023.09.07 12:40:32 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.07 13:40:30 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.07 13:40:31 -03:00
Fin de la sentencia