Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 154245812-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, reconocer el derecho de la firma Refinería del Norte SA a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa con más los intereses, de conformidad con lo establecido en los Considerandos XII y XIII, con costas de ambas instancias a la parte demandada.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que -por hallarse vacante dos cargos de jueces de esta Sala- suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
CAUSA N° 1.471/2025; REFINERIA DEL NORTE SA (TF 154245812-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de marzo de 2026.- SE Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso.
A raíz de las operaciones de exportación registradas en el permiso de embarque 18 045 EC01 001305 G, la empresa Refinería del Norte SA pagó los derechos de exportación exigidos en virtud del Decreto N° 793/2018. En el entendimiento de que dicha norma era inconstitucional, promovió reclamo de repetición para que se le restituyera el importe de $ 338.937,94. Dicha solicitud fue denegada por la Dirección de Aduana de Pocitos mediante la RESOL -2023-125-E-AFIP-ADPOCI#SDGOAI del 11/12/2023 y, contra esa decisión, la actora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, el que fue rechazado.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación.
En este entendimiento, la Sala "G" del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante la sentencia del 25/06/2024, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la firma Refinería del Norte SA y, en consecuencia, confirmó la RESOL-2023-125-E-AFIP -ADPOCI#SDGOAI, por cuyo intermedio la Dirección de Aduana de Pocitos había decidido no hacer lugar al reclamo de repetición promovido por la parte actora a los fines de que se le devolvieran las sumas abonadas en concepto de derecho de exportación conforme a la alícuota impuesta por el Decreto N° 793/2018, con respecto a las mercaderías que fueron objeto de las operaciones de exportación documentadas a través del PE 18 045 EC01 001305 G (dictada en el expediente administrativo SIGEA Nº 19144-9569-2019, que se encuentra digitalizado en el DEO 17310273, cfr., páginas 5/25, 37/39 y 178/181).
Asimismo, impuso las costas por su orden.
Para así decidir, sostuvo que las actuaciones administrativas se habían iniciado con la solicitud de restitución interpuesta por la firma Refinería del Norte SA, mediante la cual había solicitado la devolución de la suma de $ 338.937,94 en concepto de derechos de exportación en el marco de la exportación documentada en el PE 18 045 EC01 001305 G establecidos por el Decreto N° 793/18 (cfr., páginas 124/130 del DEO 17310273). Seguidamente, advirtió que las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022, “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación”, en donde por mayoría acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
En virtud de lo expuesto, rechazó la pretensión de la devolución de los derechos de exportación abonados por la actora.
III. Agravios de la parte actora.
Contra aquel pronunciamiento, la parte actora interpone recurso de apelación y lo funda el 06/08/2024, cuyo traslado fue replicado por el Fisco Nacional el 03/09/2024 (cfr., páginas 206, 212/239 y 246/273 del DEO 17310273).
Luego de hacer una reseña de los antecedentes de la causa, de los fundamentos expuestos por el Tribunal Fiscal y de la doctrina plenaria sentada por aquel tribunal, expresa que en el caso se discutía la constitucionalidad del Decreto N° 793/18.
CAUSA N° 1.471/2025; REFINERIA DEL NORTE SA (TF 154245812-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Entiende que la sentencia del tribunal administrativo omite la jurisprudencia de este fuero y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaran la inconstitucionalidad del Decreto N° 793/18 desde su sanción hasta la entrada en vigencia de la ley que lo ratificó.
Sostiene que el derecho de exportación creado por el Decreto N° 793/18 es ilegítimo. En efecto, siguiendo los lineamientos del máximo tribunal en “Camaronera Patagónica”, afirma que los derechos de exportación adquieren constitucionalidad recién a partir de la vigencia de la Ley N° 27.467 que ratificó el decreto, a la vez que determinó con una clara política legislativa la posibilidad del Poder Ejecutivo de modificar exclusivamente la alícuota de los derechos de exportación y con expresa limitación del máximo en dicho parámetro.
En este marco, aduce que el Decreto N° 793/18 no es un reglamento ejecutivo promulgado en ejercicio de facultades propias del Poder Ejecutivo Nacional y que el art. 755 del código aduanero no es una norma delegante válida.
En este contexto, señala que la doctrina y la jurisprudencia han coincidido desde antiguo en que los derechos de aduana -y en lo que aquí especialmente interesa, los derechos de exportación- son tributos que clasifican en la categoría de impuestos, teniendo en cuenta la división tripartita de los recursos tributarios en impuestos, contribuciones y tasas.
De este modo, sostiene que a los fines de su imposición, deben tenerse en cuenta una serie de derechos y garantías a favor de los obligados tributarios contenidos en la Constitución, que comprende, entre otros, el principio de legalidad.
Pone de relieve que este principio constituye una garantía esencial en el derecho constitucional tributario, en cuya virtud se requiere que todo tributo sea sancionado por una ley material y formal, entendida ésta como la disposición que emana del órgano constitucional que tiene la potestad legislativa, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución para la sanción de las leyes.
IV. Agravios del Fisco Nacional.
A su turno, el Fisco Nacional deduce recurso de apelación y expresa agravios el 02/07/2024, siendo replicados por la parte actora el 11/09/2024 (cfr., páginas 185/194 y 276/284 del DEO 17310273).
El Fisco Nacional limita sus agravios al régimen de costas impuesto por el Tribunal a quo.
Sostiene que en el caso no se encuentran reunidos los requisitos para apartarse del principio objetivo de la derrota, sentado como regla general en materia de costas en el Código de rito.
V. Dictamen del Ministerio Público Fiscal.
Con fecha 06/02/2026, el señor fiscal general ante esta instancia sostuvo que las cuestiones vinculadas a la constitucionalidad de las normas impugnadas resultaban sustancialmente análogas a la examinadas en su dictamen del 19/12/2024 en la Causa N° 21.503/2024, caratulada “Refinería del Norte S.A. (TF 154279200-A) c/ dirección general de aduanas s/ recurso directo de organismo externo”, a cuyos términos consideró que cabía remitirse por razones de brevedad.
VI. Alcances del pronunciamiento.
De manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir a las apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de esta Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “Caratelli, Stolano c/EN -AFIP- s/ Proceso de Conocimiento”, del 08/03/22¸ “Construmex SA c/EN -DNV- s/ Proceso de Conocimiento”, del 08/11/22, “Hilado S.A. c/ EN – AFIP – DGA s/ Dirección General de Aduanas”; del 21/12/2023; “Western Union CAUSA N° 1.471/2025; REFINERIA DEL NORTE SA (TF 154245812-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Financial Services Argentina SRL c/ EN-AFIP-DGI s/Proceso de conocimiento”, del 11/04/2024, “Morlacchi, Enzio Enrique c/EN -AFIP-LEY 20628 s/amparo ley 16.986”, del 11/07/2024, “ Expanobras SRL c/EDENOR S.A s/Proceso de Conocimiento”, del 20/05/2025 y sus citas).
VII. Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho.
En este orden de ideas, es menester recordar que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, puesto que, en virtud de lo normado por el art. 1180 del Código Aduanero, está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “Renault Argentina SA”, del 7/3/1995; “SIAT SA (TF 16680-A) c/ DGA”, del 14/11/2009; “ Agencia Maritima Tagsa SA (TF 18034-A) c/ DGA”, Causa Nº 25.245/2005, del 20/10/2011; “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 6.774/2015, del 15/12/2016; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455 -A c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/2018; “Odfjell Argentina SA c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 28.558/2018, del 26/2/2019, “Novartis Argentina SA (TF 28664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5609/2016, del 21/6/2019; “ Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/2021; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/2022 y, “ Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/2022, entre muchos otros).
VIII. Delimitación de la cuestión a resolver y circunstancias de hecho relevantes para la resolución del caso. Así las cosas, corresponde precisar que en el caso corresponde determinar si los derechos de exportación abonados por la firma Refinería del Norte SA, conforme a las disposiciones del Decreto N° 793/18 (B.O. 04/09/2018), resultan o no ajustados a derecho.
En este sentido, cabe precisar que las actuaciones administrativas SIGEA 19144-9569-2019 fueron iniciadas con el reclamo de repetición promovido por la firma Refinería del Norte SA para que se le restituyeran las sumas abonadas en concepto de derechos de exportación por aplicación del Decreto N° 793/2018 con relación a las operaciones registradas en el PE 18 045 EC01 001305 G (cfr., páginas 124/130 del DEO 17310273).
Dicha petición fue rechazada por la Dirección de Aduana de Pocitos por medio de la RESOL-2023-125-E-AFIP -ADPOCI#SDGOAI del 11/12/2023 (cfr., páginas 37/39, id. cit.). Ello motivó que, con fecha 29/12/2023, la parte actora interpusiera recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (cfr., páginas 5/25, íd. cit.), el cual -como se adelantó- fue rechazado el 25/06/2024 (cfr., páginas 178/181, id. cit.).
IX. Reseña de las normas aplicables a la controversia.
Sentado lo expuesto, corresponde describir el plexo normativo aplicable. En este orden de ideas, cabe señalar que la Constitución Nacional dispone lo siguiente: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca” (art. 76, primer párrafo, de la Constitución Nacional).
Por otro lado, en su art. 99 prevé que el Presidente de la Nación posee diversas atribuciones, entre las que se encuentran -en lo CAUSA N° 1.471/2025; REFINERIA DEL NORTE SA (TF 154245812-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO que aquí interesa- las siguientes: (i) expedirá las instrucciones y reglamentos que sean necesarias para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias (inc. 2º); (ii) es quien participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar, pero no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo (inc. 3º). Asimismo, en el mismo inciso se dispone que “ solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”. A tal fin, “El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso” (art. 99, inc. 3º).
A su vez el art. 100 establece que tanto el jefe de gabinete de ministros como los demás ministros secretarios no solo tienen a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, sino que también a ellos les corresponde refrendar y legalizar los actos del presidente por medio de su firma, los cuales sin dicho requisito, carecen de eficacia. Además, el mencionado artículo determina que el jefe de gabinete de ministros es a quien le corresponde refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los cuales también estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente (inc. 12).
Por su parte, el art. 755 del Código Aduanero establece que el Poder Ejecutivo podrá “a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modificar el derecho de exportación establecido”.
X. Jurisprudencia de la Corte Suprema aplicable al caso.
Por otro lado, cabe puntualizar que en el precedente registrado en Fallos: 337:388, “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/ Amparo”, del 15/04/2014, la mayoría del Máximo Tribunal destacó la indudable naturaleza tributaria de este derecho de exportación.
Ello así, señaló que se trataba de un “tributo cuya definición puede comprenderse en el artículo 724 del Código Aduanero, en tanto grava el hecho de la exportación misma de la mercadería, para consumo, involucrando una carga pecuniaria coactiva para el sujeto pasivo que realice la acción gravada prevista por la norma, con destino a las arcas públicas” (considerando 6º). Asimismo, destacó que en el Código Aduanero se determinó la posibilidad de que este tipo de gravámenes fuera establecido con finalidad recaudatoria, es decir, para nutrir el erario público y, también con el objeto de cumplir con los demás fines estatales.
En este sentido, la Corte Suprema mencionó que “las razones que se invocaron para dictar la resolución 11/02 se inscriben dentro de tal caracterización pues en los considerandos que precedieron a dicha norma se aludió al fuerte deterioro de los ingresos fiscales (…) No obstante ello, corresponde reiterar que el CAUSA N° 1.471/2025; REFINERIA DEL NORTE SA (TF 154245812-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ‘derecho’ establecido por la resolución mencionada es por su naturaleza un tributo –específicamente, un impuesto–, más allá de los fines que con él se hayan querido lograr” (considerando 7º). Así las cosas, y luego de señalar que la controversia suscitada requería el examen de compatibilidad de las normas en debate -especialmente el art. 755 del Código Aduanero y la resolución 11/02- con las que la Constitución Nacional fijó para el establecimiento de los gravámenes, afirmó que “nuestra Ley Fundamental prescribe, de manera reiterada y como regla primordial, tanto en el art. 4º como en los arts. 17 y 52, que solo el Congreso impone las contribuciones referidas en el primero de ellos ”, y puntualizó que el principio de legalidad o reserva de ley, de raigambre constitucional “abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones” (considerando 8º).
A continuación, en relación con el principio de reserva de ley en materia tributaria indicó que el mismo no cede en el supuesto de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa, recordando que ella misma sostuvo al respecto que “los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo” (considerando 9º). A partir de tal premisa, destacó que el legislador no había determinado de manera cierta e indudable la forma de cuantificar la prestación, sino que había recurrido a lo dispuesto por la resolución 11/02, de manera que el Congreso Nacional no había previsto cuál era la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación. Por lo tanto, concluyó que “al guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados” (considerando 9º, último párrafo).
Seguidamente, en el considerando 10 explicó la utilidad que revisten los tributos aduaneros como herramienta estadual frente a las fluctuaciones que presenta el comercio internacional, exponiendo que en el ámbito de los derechos aduaneros “cobra relevancia la doctrina según la cual ‘tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida’”. A continuación, mencionó que en ese contexto, resultaba admisible que el Congreso atribuyera al Poder Ejecutivo determinadas facultades, las que se ceñirían exclusivamente al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, consistiendo por lo tanto en autoriza elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijaran pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa.
A partir de este análisis la Corte Suprema concluyó que la resolución 11/02 resultaba inválida.
Sin embargo, en el considerando 11 desechó que pudiera desconocerse que la Ley 25.645 había aprobado “la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma de 1994”, destacando que “Es evidente que los términos empleados por el legislador al sancionar la ley 25.645 constituyen una clara manifestación de su decisión política de ratificar la legislación delegada dictada hasta el 24 de agosto de 2002…”, lo cual representó “…la voluntad expresa del Congreso CAUSA N° 1.471/2025; REFINERIA DEL NORTE SA (TF 154245812-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Nacional en la materia y solo pueden ser interpretados en el sentido de que quiso conferir rango de ley al contenido de todas las normas delegadas dictadas con anterioridad a su entrada en vigencia”. Por lo tanto, negando que la Ley N° 25.645 pudiera convalidar retroactivamente una norma que adolecía de nulidad absoluta e insanable como la resolución 11/02, declaró que no existía “razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia…”, resolviendo que la invalidez del reglamento se circunscribía al período comprendido entre el 05/06/2002 y el 24/08/2002, momento -este último- a partir del cual había comenzado a regir la Ley N° 25.645.
XI. Precedentes análogos dictados por esta Sala. Teniendo en consideración todo lo expuesto, resulta conveniente destacar que la presente cuestión ya ha sido examinada por esta Sala en el precedente “Catajuy SRL c/ EN DGA s/ DGA”, Causa N° 377/2021, del 18/10/2022 (criterio reiterado por esta Sala -en su actual integración-, in re “Over Organización Veterinaria Regional SRL c/ EN-DGA – SIGEA 13289/3919/2019 s/ Dirección General de Aduanas”, Causa Nº 42.682/2022, del 14/05/2024; y en la anterior composición in rebus “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25041338-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 26.963/2022, del 29/12/2022; “Argen Pork Export Consorcio de Cooperación c/ EN -AFIP- DGA s/ DGA”, Causa N° 62.761/2019, del 3/2/2023; “El Galgo SA c/ EN –AFIP DGA s/ DGA”, Causa Nº 14.520/2020, del 28/3/2023; “Arcor SAIC (TF 69421146-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo ”, Causa Nº 23.225/2023, del 7/11/2023; y “Arcor SAIC (TF 69398395-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 26.774/23, del 21/11/2023).
En dicho precedente, se señaló que la ratificación legislativa, como regla general, carecía de efectos retroactivos respecto de los decretos que adolecían de vicios en su origen, al tiempo que se explicaron las razones del apartamiento a lo resuelto por esta Sala en el precedente “Patagonic Gas SRL c/ EN -AFIP- DGA s/ Amparo”, Causa N° 74.554/2018, del 14/11/2019.
En cuanto al fondo del asunto, se desestimó la tesis sostenida por la demandada, dirigida a subsumir el Decreto N° 793/18 en las facultades del art. 99, inc. 2 de la Constitución Nacional, atento a la preponderancia que en materia tributaria posee el principio de legalidad.
Asimismo, se puso de resalto que si bien al dictarse el decreto en cuestión regía la Ley N° 26.122, ello no tornaba diferente la situación a la decidida por la Corte Suprema en la causa “ Camaronera Patagónica SA”, ya que en ambos casos el vicio era congénito y superado por la ley posterior sancionada por el Poder Legislativo.
A su vez, con base en lo dispuesto en el art. 82 de la Ley N° 27.467, se dispuso que el Decreto N° 793/18 -aquí cuestionadocareció de vigencia entre el 04/09/2018 -fecha de entrada en vigor del aludido decreto- y el 13/12/2018 -fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.467- (cfr. esta Sala, in re, “Over Organización Veterinaria Regional SRL" ya citado), por lo que correspondía reconocer el derecho al reintegro de los derechos de exportación abonados en dicho período.
XII. Aplicación de los precedentes de la Sala al caso bajo análisis.
De conformidad con todo lo reseñado y explicado, y advirtiendo que el planteo de autos guarda semejanza sustancial con las causas mencionadas en el considerando que antecede -ello, tanto desde el plano fáctico como jurídico-, en línea con lo allí resuelto, corresponde admitir los agravios presentados por la firma actora y, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia apelada.
Por ello, toda vez que las operaciones de exportación vinculadas a la destinación 18 045 EC01 001305 G, tuvieron lugar con anterioridad al 13/12/2018 -concretamente fueron oficializadas el 30/10/2018 (cfr., páginas 137/139 de la documentación acompañada CAUSA N° 1.471/2025; REFINERIA DEL NORTE SA (TF 154245812-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO vía DEO ya citada)-, deberá reintegrarse la suma reclamada por la firma actora.
XIII. Intereses.
En cuanto a los intereses que habrán de adicionarse a las sumas a reintegrar (art. 811 del Código Aduanero), toda vez que el reclamo de repetición -SIGEA 19144-9569-2019- fue presentado el 02/09/2019 (ver cargo obrante en página 124, id. cit.), los intereses deberán calcularse de la siguiente manera: (i) desde el momento de presentación del reclamo y hasta el 31/08/2022, conforme a la tasa prevista en la resolución 598/2019 del Ministerio de Hacienda (cfr. artículo 10, vigente a partir del 01/08/2019); (ii) desde el 01/09/2022 y hasta el 31/01/2024, de acuerdo con la establecida en la resolución 559/2022 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 9º); (iii) desde el 01/02/2024 y hasta el 28/02/2025, de conformidad con la contemplada en la resolución 3/2024 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 10); (iv) desde el 01/03/2025 y hasta el 30/06/2025 según la tasa contemplada en la resolución 199/2025 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 3º); (v) a partir del 01/07/2025 según la tasa prevista la resolución 823/2025 del Ministerio de Economía; o la que la sustituya, hasta el momento del efectivo pago (esta Sala, in rebus: “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA (TF 28712-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 43.705/2023, del 02/02/2024; “Minera Santa Cruz S.A. (TF 27393717 -A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 34.659/2023, del 12/03/2024, entre otras) y en las condiciones establecidas por la CSJN en la Causa “Cencosud (TF 29.535-A) c/ DGA", del 15/05/2014, y de conformidad con la liquidación que deberá practicarse oportunamente (cfr. esta Sala, Causa N° 43.700/2023 “Genoma Laboratories SA c/EN–AFIP–DGA–SIGEA 19144–10022–2019 s/Dirección General de Aduanas”, del 05/11/2024).
XIV. Costas.
Por último, en cuanto a la imposición de costas, teniendo en cuenta que en esta instancia se resuelve revocar el decisorio de la anterior instancia, y que tampoco se advierte la existencia de cuestiones suficientes para que el Tribunal se aparte del principio general de la derrota, corresponde imponerlas -en ambas instancias- a la parte demandada (arts. 68, primera parte, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
En virtud de lo expuesto, SE RESUELVE: hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, reconocer el derecho de la firma Refinería del Norte SA a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa con más los intereses, de conformidad con lo establecido en los Considerandos XII y XIII, con costas de ambas instancias a la parte demandada.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que -por hallarse vacante dos cargos de jueces de esta Sala- suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese a las partes, así como al señor Fiscal General y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia