Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 36429-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión de fs. 130/131; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
2Modificar el auto regulatorio de fs. 144/146 y regular los honorarios por la actuación ante esta Cámara de conformidad con lo dispuesto en el considerando 7°.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
1460/2025 REFINERIA DEL NORTE SA (TF 36429-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 27 de marzo de 2025.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 130/131, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución AD SALO 432/15, dictada en la actuación SIGEA 13289-29703-2013 y, en consecuencia, los cargos 2356/13 y 2357/13, formulados en concepto de diferencia tributaria con relación a las destinaciones de exportación 09 057 EC08 21K y 18Z. Impuso las costas al demandado.
Para resolver como lo hizo, tuvo en cuenta que Refinería del Norte SA había exportado nafta para uso petroquímico a la República Federativa de Brasil, bajo el régimen de precios revisables, razón por la cual debió presentar contratos que tenían distintas fórmulas de determinación del precio. Añadió que, en todos los casos, se habían aplicado reducciones de un monto fijo, que el servicio aduanero objetó en el entendimiento de que se desviaban notablemente de los descuentos comerciales habituales.
Precisó que el ajuste del valor declarado y el consiguiente reclamo tributario no se habían sustentado en los artículos 746 ó 748 del Código Aduanero, ni habían respetado el procedimiento previsto por la resolución 620/99, sino que el servicio respectivo había observado los descuentos aplicados por la empresa con arreglo a lo previsto en el artículo 740 del código de la materia, que establece: “El valor imponible se determinará suponiendo que la venta se limita a la cantidad de mercadería a valorar. No obstante, cuando se tratare de envíos sucesivos o escalonados o de despachos fraccionados que correspondieren a una misma venta, los descuentos o bonificaciones en función de la cantidad serán admisibles en las condiciones y dentro de las tolerancias que estableciere la reglamentación”. Remitió a los términos del informe técnico producido en sede aduanera, donde los descuentos en cuestión fueron tildados de irrazonables en razón de su cuantía, y tomando en consideración el valor de presuntas operaciones de exportación realizadas “por el sur de nuestro país”, sin adjuntar ningún registro de aquéllas; por lo que, en definitiva, concluyó que el ajuste carecía de sustento.
2. Que, disconforme, a fs. 138/139 interpuso apelación el Fisco Nacional; que se concedió a fs. 145vta., se fundó a fs. 149/152vta. y fue replicada a fs. 169/175.
Efectuó una síntesis de los antecedentes del caso y de los informes producidos en sede aduanera, en los que concluyó que los descuentos aplicados por la actora se apartaron en forma notoria de los normales en la práctica comercial. Alegó tener cierto margen de discrecionalidad para fijar el valor de las mercaderías, y que la decisión apelada había invertido injustamente la carga de la prueba ya que, a su entender, incumbía a la actora justificar la veracidad de las declaraciones en que sustentaba la impugnación de los cargos.
Indicó que el valor fijado no había sido consecuencia de un ajuste en sentido “estricto” sino “amplio”. Acto seguido, refirió a las atribuciones que le reconoce el artículo 9°, apartado 2°, incisos a, b y d del decreto 618/97 para objetar el valor de transacción declarado por la actora; así como a lo dispuesto por “el art. 17 del propio Acuerdo y por la Opinión Consultiva 19.1 del Comité Técnico de Valor del Consejo de Cooperación Aduanera” (fs. 150vta.).
Concluyó en que los informes producidos en sede aduanera daban sustento suficiente para desestimar los descuentos y que, por el contrario, la accionante no había cumplido con la carga de respaldarlos mediante pruebas categóricas.
3. Que a fs. 144/146 se regularon los honorarios de la representación letrada de la parte actora; que fueron apelados por bajos a fs. 158/161 y por altos a fs. 165/167. Ambos recursos se concedieron a fs. 178, y el letrado de la actora contestó el traslado conferido a fs. 182/183vta.
4. Que, ante todo, corresponde aclarar que, en el procedimiento de ajuste de valor, el que afirma el hecho que origina el conflicto es el servicio aduanero; quien, por lo tanto, debe probar la veracidad de su cuestionamiento y, sólo en caso de lograrlo, transfiere al importador o exportador la obligación de demostrar la legitimidad de su declaración. Es decir que, mientras aquél no produzca prueba eficiente respecto de la necesidad de un ajuste, ninguna carga pesa sobre el particular (doctr. esta Sala, causa “Macnet SA (TF 14723-A) c/ DGA”, sent. del 13/9/05, entre otras).
Cabe admitir, entonces, que, así como la Aduana no está obligada a aceptar precios de transacción declarados que no se ajusten a los requisitos de la norma de valoración que se desarrolla en los artículos 735 a 744 del Código Aduanero, tampoco se encuentra facultada para fijar otros que adolezcan de similares vicios.
5. Que, en atención al contenido del memorial de agravios, no es ocioso aclarar que las determinaciones tributarias impugnadas en este caso reconocen su causa en exportaciones efectuadas con arreglo a la norma de valoración que rige en esa materia. Esto es lo que se desprende de los antecedentes de la actuación y los términos de la resolución AD SALO 432/15, que –en concreto– invocó lo dispuesto por el artículo 740 del Código Aduanero (v. fs. 6).
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1460/2025 REFINERIA DEL NORTE SA (TF 36429-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Se ha visto que, con sustento en lo previsto por esa última norma, el tribunal de origen declaró que el cargo formulado carecía de causa y motivación. En sustancia, sostuvo que el reclamo tributario no había estado precedido de una investigación seria, que permitiese demostrar la existencia y las particularidades de los antecedentes que sustentarían la tacha de anormalidad con respecto a los descuentos declarados por la actora.
Tales argumentos no fueron rebatidos con la suficiencia que el caso requería. En particular, el Fisco no se hizo cargo del hecho de no haber recabado antecedentes idóneos y comprobables a fin de justificar que los descuentos en cuestión se apartaban de los usuales en la práctica comercial. Por el contrario, se limitó a remitir a los informes producidos en sede aduanera y a efectuar consideraciones generales sobre los principios que inspiran la determinación del valor imponible y las cargas probatorias que rigen en el marco de aquel procedimiento, incluso con referencia a normas aplicables en materia de importación.
En esas condiciones, el recurso no puede prosperar.
6. Que, sólo a mayor abundamiento, debe recordarse que las conclusiones sobre los hechos probados se encuentran, en principio, marginadas del examen que corresponde realizar a esta Cámara, atento a la limitación que surge del artículo 1180, apartado b, del Código Aduanero.
Esto es así a menos que, del ejercicio por parte del Tribunal Fiscal de la Nación de su facultad para apreciar las cuestiones fácticas, surja que hubiera mediado arbitrariedad o un error de magnitud suficiente para apartar la aplicación del mentado principio (cfr. Fallos 300:985; Sala I, causa “Scioli”, sent. del 14/12/93; Sala III, causa “Schmid, Walter Edmundo”, sent. del 26/10/84; Sala V, causas “Aspitarte y Cía S.a.”, sent. del 14/8/95, “Seysu S.R.L.”, sent. del 25/3/96, “Zeneca S.A.”, sent. del 26/8/98 y “DGA (en autos Procter & Gamble Soc. Col TF 19609- A)”, sent. del 21/9/06; entre otras).
Toda vez que esos extremos no fueron alegados ni mucho menos demostrados por el recurrente, tampoco cabría apartarse de la valoración de los hechos y de las pruebas que se hizo en la anterior instancia (en similar sentido, cfr. esta Sala, causa 56586/15 “Patagonian Fruits Trade SA c/ DGA”, sent. del 28/4/16). Lo expuesto conduce a rechazar el recurso del Fisco y a confirmar la decisión de fs. 130/131; con costas al vencido (art. 68, primer párr., del CPCCN).
7. Que, resta tratar las apelaciones interpuestas contra el auto regulatorio de fs. 144/146.
En atención a los planteos formulados por las partes, se remite al criterio expuesto por este Tribunal en cuanto a que, para establecer la base regulatoria de los honorarios en casos como el presente, en que se cuestionan liquidaciones de tributos aduaneros que se determinan en dólares estadounidenses (arg. art. 20, ley 23.905), resulta equitativo estar a la cotización de la moneda vigente a la fecha de interposición de la acción (2/10/15); que es la misma que se toma en cuenta para determinar el monto del litigio y abonar la tasa de actuación (cfr. causa 15539/19 “Wintershall Energía SA c/ DGA”, sent. del 17/2/20, entre muchas otras). Esto así, sin perjuicio de la facultad de los jueces de la causa de computar en la base regulatoria los intereses devengados durante la tramitación de la causa, a fin de actualizar el valor discutido a los fines arancelarios, para respetar el derecho de propiedad y la justa retribución que garantizan los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, asegurando así una razonable contraprestación por la labor profesional desarrollada que, de lo contrario, se vería cercenada por el solo hecho de que la ley 21.839 no contiene una clara e indubitable disposición legal al respecto (doctr. Fallos 296:168). El Tribunal considera necesario revisar su anterior criterio (aplicado, entre otras, en la causa 32765/99 “ENTEL (EL) c/ Telefónica de Argentina SA s/ contrato administrativo”, resol. del 22/3/22) y ejercer esta facultad en el caso, con relación a todas las etapas del pleito.
Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, el monto discutido en el juicio, el resultado obtenido y la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por Enrique Benítez Cruz en carácter de letrado apoderado, durante las dos primeras etapas del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde ELEVAR los emolumentos fijados a su favor a la suma de $1.437.777,44 (arts. 6º, 7º, 9º, 37, 38 y ccds. de la ley 21.839, modif. por ley 24.432).
Por otra parte, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión en debate, el resultado obtenido y el monto del asunto; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por el citado profesional durante la tercera etapa del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde REDUCIR sus honorarios a la suma de $2.047.220,64 ⸻equivalente a la cantidad de 30,27 UMA⸻ (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423, y resol. CSJN SGA 237/25); los que también se encuentran a cargo de la parte actora. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley 27.423, corresponde REGULAR los honorarios del Dr. Enrique Benítez Cruz por su actuación en esta instancia (cfr. contestación de agravios de fs. 169/175) en la suma de $1.045.499,42 ⸻equivalentes a la cantidad de 15,46 UMA⸻.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
1460/2025 REFINERIA DEL NORTE SA (TF 36429-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Se deja constancia que la regulación que antecede no incluye el Impuesto al Valor Agregado, monto que ⸻en su caso⸻ deberá ser adicionado conforme a la situación del profesional interviniente frente al citado tributo. Además, deberá cancelarse –en lo pertinente– de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión de fs. 130/131; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
2. Modificar el auto regulatorio de fs. 144/146 y regular los honorarios por la actuación ante esta Cámara de conformidad con lo dispuesto en el considerando 7°. Regístrese, notifíquese y siga la causa según su estado (v. DEOX enviado el 17/3/25).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia