Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 38043-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión de fs. 202/205; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
2Modificar el auto regulatorio de fs. 211/22 y regular los honorarios por la actuación ante esta Cámara de conformidad con lo dispuesto en el considerando 7°.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
19182/2024 REFINERIA DEL NORTE SA (TF 38043-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 13 de mayo de 2025.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 202/205, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución AD SALO 55/17, dictada en la actuación SIGEA 13289-31086-2013 y, en consecuencia, los cargos2211 y 2212 de 2013, formulados en concepto de diferencia tributaria con relación a las destinaciones de exportación 09 057 EC08 22L y 28 R. Impuso las costas al demandado.
Para resolver como lo hizo, en lo que ahora interesa señalar, tuvo en cuenta que Refinería del Norte SA había exportado nafta bajo el régimen de precios revisables, razón por la cual debió presentar contratos que tenían distintas fórmulas de determinación del precio. Añadió que, en todos los casos, se habían aplicado reducciones que el servicio aduanero objetó en el entendimiento de que se desviaban notablemente de los descuentos comerciales habituales.
Precisó que la Aduana había observado los descuentos aplicados por la empresa con arreglo a lo previsto en el artículo 740 del código de la materia, que establece: “El valor imponible se determinará suponiendo que la venta se limita a la cantidad de mercadería a valorar. No obstante, cuando se tratare de envíos sucesivos o escalonados o de despachos fraccionados que correspondieren a una misma venta, los descuentos o bonificaciones en función de la cantidad serán admisibles en las condiciones y dentro de las tolerancias que estableciere la reglamentación”.
Remitió a los términos del informe técnico producido en sede aduanera, donde los referidos descuentos fueron tildados de irrazonables en razón de su cuantía, y tomando en consideración el valor de presuntas operaciones de exportación realizadas por el sur de nuestro país.
Sin embargo, advirtió que el procedimiento tuvo distintas falencias, ya que nunca se agregaron las carpetas originales de los permisos de embarque involucrados en la actuación, ni los contratos de compra venta celebrados por la exportadora; sin que los datos obrantes en esos documentos pudiesen considerarse suplidos a partir de las impresiones del sistema informático de la Aduana. Además, objetó que no se hubiesen agregado documentos que respaldasen los supuestos antecedentes tenidos en cuenta para cuestionar los descuentos de la actora; los que, por otra parte, fueron justificados por aquélla con prueba complementaria, como una certificación contable y un listado de exportaciones de idéntica mercadería, documentadas el mismo año, hacia el mismo destino y por similares cantidades a las cuestionadas.
En razón de todo lo expuesto, concluyó que el ajuste no se había sustentado adecuadamente, conforme a la normativa vigente, y dejó sin efecto los cargos.
2. Que, disconforme, a fs. 257 interpuso apelación el Fisco Nacional; que se concedió a fs. 258, se fundó a fs. 262/273 y fue replicada a fs. 277/284. Efectuó una síntesis de los antecedentes del caso y de los informes producidos en sede aduanera, en los que concluyó que los descuentos aplicados por la actora se apartaron en forma notoria de los normales en la práctica comercial. Alegó tener cierto margen de discrecionalidad para fijar el valor de las mercaderías, y que la decisión apelada había invertido injustamente la carga de la prueba ya que, a su entender, incumbía a la actora justificar la veracidad de las declaraciones en que sustentaba la impugnación de los cargos. Citó jurisprudencia en sustento de esta interpretación.
Indicó que el valor declarado no fue objeto de un ajuste en los términos del artículo 748 del Código Aduanero, sino que se objetaron descuentos con arreglo a lo previsto en el artículo 740 del mismo código y su reglamentación, y que la recurrente no alcanzó a justificar sus descuentos, los que en todos los casos oscilaban entre los 14 y los 24 dólares por tonelada. Calificó los argumentos de la actora como dogmáticos e inverosímiles (fs. 268). Y reiteró cuál era el correcto encuadre normativo de los cargos aduaneros (v. fs. 266/vta. y 270/vta). En suma, sostuvo que el informe producido en sede aduanera daba sustento suficiente para desestimar los descuentos y que, por el contrario, la accionante no había cumplido con la carga de respaldarlos mediante pruebas categóricas.
3. Que a fs. 211/212 se regularon los honorarios de la representación letrada de la parte actora; que fueron apelados por bajos a fs. 217/220 y 222/224, y por altos a fs. 232/240. Los recursos se concedieron a fs. 226 y 241, y a fs. 245/247vta. los letrados de la actora contestaron el traslado conferido.
4. Que, ante todo, corresponde aclarar que, en el procedimiento de ajuste de valor, el que afirma el hecho que origina el conflicto es el servicio aduanero; quien, por lo tanto, debe probar la veracidad de su cuestionamiento y, sólo en caso de lograrlo, transfiere al importador o exportador la obligación de demostrar la legitimidad de su declaración. Es decir que, mientras aquél no produzca prueba eficiente respecto de la necesidad de un ajuste, ninguna carga pesa sobre el particular (doctr. esta Sala, causa “Macnet SA (TF 14723-A) c/ DGA”, sent. del 13/9/05, entre otras).
Cabe admitir, entonces, que, así como la Aduana no está obligada a aceptar precios de transacción declarados que no se ajusten a los requisitos de la norma de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 19182/2024 REFINERIA DEL NORTE SA (TF 38043-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO valoración que se desarrolla en los artículos 735 a 744 del Código Aduanero, tampoco se encuentra facultada para fijar otros que adolezcan de similares vicios.
5. Que las determinaciones tributarias impugnadas en este caso reconocen su causa en lo dispuesto por el artículo 740 del Código Aduanero (v. fs. 5). Se ha visto que, con sustento en lo previsto por esa última norma, el tribunal administrativo de origen declaró que el cargo formulado carecía de causa y motivación. En sustancia, sostuvo que el reclamo tributario no había estado precedido de una investigación seria, que permitiese demostrar la existencia y las particularidades de los antecedentes que sustentarían la tacha de anormalidad con respecto a los descuentos declarados por la actora.
Tales argumentos no fueron rebatidos con la suficiencia que el caso requería. En particular, el Fisco no se hizo cargo de la falta de agregación de las carpetas originales de los permisos de embarque, ni del hecho de no haber recabado antecedentes idóneos y comprobables a fin de justificar que los descuentos en cuestión se apartaban de los usuales en la práctica comercial. Por el contrario, se limitó a remitir a los informes producidos en sede aduanera y a efectuar consideraciones generales sobre los principios que inspiran la determinación del valor imponible y las cargas probatorias que rigen en el marco de aquel procedimiento.
En esas condiciones, el recurso no puede prosperar.
6. Que, sólo a mayor abundamiento, debe recordarse que las conclusiones sobre los hechos probados se encuentran, en principio, marginadas del examen que corresponde realizar a esta Cámara, atento a la limitación que surge del artículo 1180, apartado b, del Código Aduanero.
Esto es así a menos que, del ejercicio por parte del Tribunal Fiscal de la Nación de su facultad para apreciar las cuestiones fácticas, surja que hubiera mediado arbitrariedad o un error de magnitud suficiente para apartar la aplicación del mentado principio (cfr. Fallos 300:985; Sala I, causa “Scioli”, sent. del 14/12/93; Sala III, causa “Schmid, Walter Edmundo”, sent. del 26/10/84; Sala V, causas “Aspitarte y Cía S.a.”, sent. del 14/8/95, “Seysu S.R.L.”, sent. del 25/3/96, “Zeneca S.A.”, sent. del 26/8/98 y “DGA (en autos Procter & Gamble Soc. Col TF 19609- A)”, sent. del 21/9/06; entre otras).
Toda vez que esos extremos no fueron alegados ni mucho menos demostrados por el recurrente, tampoco cabría apartarse de la valoración de los hechos y de las pruebas que se hizo en la anterior instancia (en similar sentido, cfr. esta Sala, causa 56586/15 “Patagonian Fruits Trade SA c/ DGA”, sent. del 28/4/16). Lo expuesto conduce a rechazar el recurso del Fisco y a confirmar la decisión de fs. 202/205; con costas al vencido (art. 68, primer párr., del CPCCN).
7. Que, resta tratar las apelaciones interpuestas contra el auto regulatorio de fs. 211/212.
En atención a los planteos formulados por las partes, se remite al criterio expuesto por este Tribunal en cuanto a que, para establecer la base regulatoria de los honorarios en casos como el presente, en que se cuestionan liquidaciones de tributos aduaneros que se determinan en dólares estadounidenses (arg. art. 20, ley 23.905), resulta equitativo estar a la cotización de la moneda vigente a la fecha de interposición de la acción (31/5/17, v. fs. 1); que es la misma que se toma en cuenta para determinar el monto del litigio y abonar la tasa de actuación (cfr. causa 15539/19 “Wintershall Energía SA c/ DGA”, sent. del 17/2/20, entre muchas otras). Esto así, sin perjuicio de la facultad de los jueces de la causa de computar en la base regulatoria los intereses devengados durante la tramitación de la causa, a fin de actualizar el valor discutido a los fines arancelarios, para respetar el derecho de propiedad y la justa retribución que garantizan los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, asegurando así una razonable contraprestación por la labor profesional desarrollada que, de lo contrario, se vería cercenada por el solo hecho de que la ley 21.839 no contiene una clara e indubitable disposición legal al respecto (doctr. Fallos 296:168). El Tribunal considera necesario revisar su anterior criterio (aplicado, entre otras, en la causa 32765/99 “ENTEL (EL) c/ Telefónica de Argentina SA s/ contrato administrativo”, resol. del 22/3/22) y ejercer esta facultad en el caso, con relación a todas las etapas del pleito.
Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, el monto discutido en el juicio, el resultado obtenido y la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por Juan Patricio Cotter en el doble carácter de letrado apoderado, durante las dos primeras etapas del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde ELEVAR los emolumentos fijados a su favor a la suma de $3.669.955,192 (arts. 6º, 7º, 9º, 37, 38 y ccds. de la ley 21.839, modif. por ley 24.432).
Por otra parte, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión en debate, el resultado obtenido y el monto del asunto; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por Juan Patricio Cotter -en carácter de copatrocinante- y por Enrique Benítez Cruz -en carácter de copatrocinante y apoderado-, durante la tercera etapa del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación (v. fs. 191/196vta.), corresponde REDUCIR sus honorarios a las sumas de $896.805 ⸻equivalentes a la cantidad de 13 UMA⸻ y $1.586.655 ⸻ CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 19182/2024 REFINERIA DEL NORTE SA (TF 38043-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO equivalentes a la cantidad de 23 UMA⸻, respectivamente (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423, y resol. CSJN SGA 580/25). Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley 27.423, corresponde REGULAR los honorarios del Dr. Enrique Benítez Cruz por su actuación en el doble carácter en esta instancia (cfr. contestación de agravios de fs. 277/284) en la suma de $ 2.173.027,5⸻equivalentes a la cantidad de 31,5 UMA⸻.
Se deja constancia que la regulación que antecede no incluye el Impuesto al Valor Agregado, monto que ⸻en su caso⸻ deberá ser adicionado conforme a la situación del profesional interviniente frente al citado tributo. Además, deberá cancelarse –en lo pertinente– de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión de fs. 202/205; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
2. Modificar el auto regulatorio de fs. 211/22 y regular los honorarios por la actuación ante esta Cámara de conformidad con lo dispuesto en el considerando 7°. Regístrese, notifíquese y siga la causa según su estado (v. DEOX enviado el 10/12/24).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia